CSJ - SL2933-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2933-2023 Radicación n.° 98039 Acta 42 Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUAN GAVIRIA JANSA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 24 de octubre de 2022, en el proceso que instauró JOSÉ DE JESÚS ORTIZ IBARRA en contra suya,

de METALMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIA

S.A.S. – METALCONT DE COLOMBIA S.A.S. y de MARÍA

GEORGINA CÁRDENAS MOLANO.

I. ANTECEDENTES José de Jesús Ortiz Ibarra demandó a Juan Gaviria Jansa, a Metalmecánica y Construcciones de Colombia S.A.S. (en adelante, Metalcont S.A.S.) y a Maria Georgina Cárdenas Molano, con el propósito de que se declarara que

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Radicación n.° 98039 con todos ellos celebró un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de octubre de 2013 «[…] y hasta la época en que adquiera firmeza la Sentencia de Mérito que resuelva las pretensiones incoadas, máxime la estabilidad reforzada del demandante». En consecuencia, pidió que se los condenara «[…] de manera individual o conjunta», al pago de los salarios, las horas extras, recargos, las primas de servicios y las vacaciones, causados desde el 1º de diciembre de 2014; de

las cesantías y sus intereses, las dotaciones, el subsidio familiar y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, causados desde el 1º de octubre de 2013; de la indemnización moratoria por no consignación de las cesantías; de los intereses moratorios y del daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la vida en relación por culpa patronal. También pretendió que se le ordenara el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez y de los intereses moratorios sobre las mesadas causadas desde el 14 de marzo de 2014 o, en subsidio, su indexación y que se oficiara al Ministerio de Trabajo para que adelantara las investigaciones correspondientes. Narró que el 1º de octubre de 2013 inició labores en la Finca Soacata, municipio de Madrid (Cundinamarca), al servicio de María Georgina Cárdenas Molano, ejecutando las funciones de «[…] ordeño, cercado, jardinería, tractorista, vigilancia y demás labores afines a este predio agropecuario»,

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Radicación n.° 98039 en una jornada de lunes a domingo, de 3 de la mañana a 8 de la noche, y con un salario de $800.000 mensuales; para lo cual se le facilitó una vivienda en la cual residía con su familia. Agregó que la señora Cárdenas y su esposo, Juan Gaviria Jansa, administraban la finca en conjunto con la empresa Metalcont S.A.S., de la cual eran accionistas. Contó que el 14 de marzo de 2014 el capataz de la finca,

Héctor Alfonso Gómez Bastidas, le ordenó bajar del tractor que estaba maniobrando y que «[…] pasara la tolva – cortapasto– hacia el remolque». Añadió que mientras cumplía esta directriz, el señor Gómez Bastidas se subió al tractor y lo puso en marcha, de tal suerte que «[…] el cardan se soltó de la cortadora, envolviéndole la bota y el pantalón al señor Ortiz Ibarra, causándole la amputación de su pierna derecha». Señaló que el señor Andrés Silva fue testigo del suceso. Informó que interpuso acción de tutela contra los demandados, fallada a su favor, ordenando que reconocieran la vigencia del contrato de trabajo, lo reubicaran en su cargo, le pagaran las acreencias laborales y asumieran los costos del trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral y de rehabilitación. Anotó que, en abril de 2014, el señor Gaviria Jansa efectuó unos depósitos judiciales y que el 10 de junio de 2015 radicó denuncia contra aquel y su esposa por una documentación presuntamente alterada en relación con dichos pagos. Manifestó que fue dictaminado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con una pérdida de capacidad

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Radicación n.° 98039 laboral del 50,30% y fecha de estructuración 14 de marzo de 2014, esto es, el día del accidente. Aseguró que, con ocasión de este, padeció los daños cuya indemnización reclama; que quedó en estado de invalidez; que las demandadas debían asumir el pago de su

pensión al no haberlo afiliado al Sistema de Seguridad Social; que se le adeudaban todas las acreencias pretendidas y que no había renunciado a su contrato ni existía autorización del Ministerio de Trabajo para despedirlo. Dijo, por último, que el 23 de febrero de 2017, el Juzgado Penal Municipal de Funza adelantó la audiencia de formulación de imputación contra Héctor Alfonso Gómez Bastidas, capataz de la finca. Mediante único memorial, Juan Gaviria Jansa y Metalcont S.A.S. contestaron la demanda y se opusieron a las pretensiones. Respecto de los hechos, Metalcont S.A.S. rechazó la calidad de empleador del demandante, mientras que el señor Gaviria Jansa la aceptó únicamente por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2013 y el 5 de febrero de 2014, fecha en la que el trabajador presentó su renuncia. Señalaron que este último desempeñó labores agrícolas y validaron la calidad de cónyuges de los codemandados. Negaron, que al señor Ortiz se le hubiera suministrado vivienda, que Metalcont S.A.S. administrara la finca Soacata

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Radicación n.° 98039 y que la señora Cárdenas Molano fuera accionista de esa sociedad. Dijeron que no les constaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente ni la participación del capataz en el mismo. Ratificaron lo atinente a los fallos de tutela, afirmaron que dieron cumplimiento a ellos y negaron

que conocían la denuncia citada en la demanda. Confirmaron la existencia de la pérdida de capacidad laboral y el porcentaje dictaminado en primera instancia por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez. Manifestaron que no conocían la decisión de la Nacional y que, en todo caso, una eventual pensión por invalidez debía asumirla la ARL Positiva, a la que se encontraba afiliado el demandante. Indicaron que, al no tener la calidad de empleadores, no les eran oponibles las pretensiones sobre una supuesta culpa patronal. Por último, acotaron que no conocían del proceso en contra del capataz, pero que en la demanda se referenciaba su imputación de cargos por el presunto delito de lesiones personales culposas. En su defensa propusieron las excepciones de pago, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones reclamadas, falta de vinculación efectiva del demandante, buena fe y renuncia del trabajador.

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Radicación n.° 98039 María Georgina Cárdenas Molano también dio respuesta a la demanda oponiéndose a lo pretendido. Sobre los hechos, dijo que no le constaba la mayoría, y si bien aceptó que era copropietaria de la finca Soacata, negó que hubiera sido empleadora del demandante, que fuera accionista de Metalcont S.A.S. o que le fuera exigible el pago de acreencias laborales o la culpa patronal. Interpuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de integración del contradictorio en litisconsorcio necesario, inexistencia del contrato de trabajo, interrupción del vínculo laboral, pago, compensación,

prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Funza, (Cundinamarca), mediante fallo del 22 de julio de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor JOSE (sic) DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA y los demandados JUAN GAVIRIA HANSA (sic) y MARIA (sic) GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO, existió una relación laboral regida por dos contratos de trabajo así: uno desde el primero de octubre del año 2013 hasta el 05 de febrero del año 2014 y una segunda relación laboral desde el día 14 de marzo del año 2014 hasta el día primero de abril del año 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: CONDENAR a los demandados MARIA (sic)

GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO y JUAN GAVIRIA HANSA

(sic) a pagar a favor del trabajador JOSE (sic) DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA, los salarios y prestaciones sociales que se hubiesen causado desde el día 14 de marzo del año 2014 hasta el día primero de abril del año 2021, tomando como base de liquidación el salario mínimo mensual legal vigente para cada

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Radicación n.° 98039 anualidad conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, deberá tenerse en cuenta que el empleador realizó abonos por concepto de salarios y prestaciones sociales hasta la fecha de la presentación de la demanda por la suma de veinticinco millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos

sesenta y cuatro pesos ($25 440.964,oo), los cuales deberán ser tenidos en cuenta a la hora de liquidar estos salarios y prestaciones sociales. Igualmente, se autoriza al empleador en el evento de haber cancelado salarios y prestaciones sociales a partir del 14 de marzo del año 2017 y hasta el primero de abril del año 2021, a hacer los descuentos respectivos allegando los soportes de pago de ello; lo contrario deberá cancelar las diferencias por concepto de salarios, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicio que se hubiesen causado durante ese lapso. Igualmente, los valoras (sic) por concepto de compensación por vacaciones causadas desde el día 14 de marzo del año 2014 hasta al primero de abril del año 2021, conforme se expuso en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: CONDENAR a los demandados MARIA (sic)

GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO y JUAN GAVIRIA MANSA

(sic), a realizar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral a favor del señor JOSE (sic) DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA al fondo de pensiones al cual esta (sic) afiliado, en este caso PORVENIR, tomando como ingreso base de cotización el salario mínimo mensual legal vigente por los períodos comprendidos del primero de octubre del año 2013 al 05 de febrero del año 2014 y del 14 de marzo del 2014 al primero de abril del año 2021; para tal efecto, se ORDENA la expedición de los oficios con destino al fondo respectivo para que emita el correspondiente calculo actuarial; al fondo se le otorga un plazo

de 30 días contabilizados a partir de la radicación del oficio para que emita el cálculo actuarial, y una vez emitido el cálculo actuarial los empleadores tendrán un término de 30 días para realizar el pago de los aportes al sistema en la forma antes indicada.

CUARTO: DECLARAR que el día 14 de marzo del año 2014 el señor JOSE (sic) DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA sufrió un accidente de trabajo que le generó una pérdida de capacidad laboral del 50,3%, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia y con fecha de estructuración el día 14 de marzo del año 2015.

QUINTO: CONDENAR a los señores JUAN GAVIRIA HANSA (sic) y MARIA (sic) GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO a pagar a favor del trabajador JOSE (sic) DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA

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Radicación n.° 98039 la pensión de invalidez a que tiene derecho, en cuantía inicial de un salario mínimo mensual legal vigente a partir del día 14 de marzo del año 2015, para lo cual deberá pagar las mesadas causadas desde esa fecha hasta el día en que empiece a pagar la prestación pensional debidamente indexadas conforme al IPC que certifique el DAÑE para cada anualidad.

SEXTO: CONDENAR a los señores JUAN GAVIRIA HANSA (sic) y MARIA (sic) GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO a asumir todos los gastos, todas las prestaciones asistenciales que

requiera el trabajador JOSE (sic) DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA tendientes a su recuperación o rehabilitación y conforme le señala la ley 1562 de 2012, la ley 702 del 2002 y el Decreto único reglamentario 1072 del año 2015.

SÉPTIMO: DECLARAR que el accidente de trabajo ocurrido por el trabajador JOSE (sic) DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA el día 14 de marzo del año 2014 se presentó por culpa comprobada del empleador conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

OCTAVO: CONDENAR a los señores JUAN GAVIRIA HANSA (sic) Y MARIA (sic) GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO a pagar por concepto de daños y perjuicios las siguientes sumas de dinero: Por concepto daños morales: 10 Salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por concepto de daño de vida en relación: 5 Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por concepto del lucro cesante consolidado: La suma de setenta y nueve millones setecientos setenta y ocho mil setecientos noventa y cinco pesos ($79’778.795). Por concepto de lucro cesante futuro: La suma de ciento catorce millones doscientos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y dos pesos ($114.285.262). […] Lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

NOVENO: ABSOLVER a los demandados JUAN GAVIRIA HANSA

(sic) y MARIA (sic) GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO de las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción a favor de JUAN GAVIRIA HANSA (sic) y MARIA

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Radicación n.° 98039 (sic) GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO, y DECLARAR probada parcialmente la excepción de pago también en favor de estos mismos demandados, DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa a favor de METALCON METALMECANICA (sic) DE COLOMBIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. En consecuencia, se ABSUELVE a METALMECANICA (sic) Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S METALCON de la totalidad de las pretensiones de la demanda. Mediante auto del 27 de julio de 2022, corrigió su decisión en los siguientes términos, […] se corrige el ordinal octavo de la sentencia proferida el 22 de julio de 2022, el cual quedará así: “OCTAVO: CONDENAR a los señores JUAN GAVIRIA HANSA (sic) Y MARIA (sic) GEORGINA CARDENAS (sic) MOLANO a pagar por concepto de daños y perjuicios las siguientes sumas de dinero: Por concepto de daños morales: 10 Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por concepto de daño de vida en relación: 5 Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por concepto del lucro cesante consolidado: La suma de cincuenta y cinco millones ochenta y seis mil cuatrocientos ocho pesos ($55’086.408).

Por concepto de lucro cesante futuro: La suma de ochenta y un millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos ($81’884.477). […] En lo demás, se mantiene incólume la sentencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por todos los participantes en el proceso, la Sala Laboral del Tribunal

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Radicación n.° 98039 Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante fallo del 24 de octubre de 2022, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 22 de julio de 2022, proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Funza, dentro del proceso ordinario laboral de JOSÉ DE JESUS (sic) ORTIZ IBARRA contra JUAN GAVIRIA JANSA y otros, en cuando (sic) declaró los contratos de trabajo con la señora María Georgina Cárdenas Molano y la condenó a pagar los conceptos relacionados en el fallo; para en su lugar, absolver a dicha demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 8° para condenar al demandado Juan Gaviria Jansa, al pago de 25 SMLMV por concepto de daños morales y 20 SMLMV por concepto de perjuicios a la vida de relación a favor del demandante.

TERCERO: MODIFICAR el auto del 27 de julio de 2022, que a su vez corrigió el ordinal 8° de la sentencia proferida el 22 del mismo mes y año, en cuanto se condena al demandado Juan

Gaviria Jansa por concepto de lucro cesante consolidado en la suma de $8.194.051,52. El lucro cesante futuro no se modificará el señalado en auto del 27 de julio del año en curso.

CUARTO: CONFIRMAR la sentencia en lo demás.

El Tribunal se ocupó de revisar si el señor Gaviria Jansa y la señora Cárdenas Molano tuvieron la calidad de empleadores, dando por probada la existencia de un primer contrato de trabajo con el demandante, por así haberlo aceptado en la contestación de la demanda, entre el 1º de octubre de 2013 y el 5 de febrero de 2014. Explicó el alcance de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente en lo referido a la carga probatoria en casos de la declaratoria del contrato realidad. Repasó el contenido de las declaraciones extrajudiciales de Pedro Chirivi Wilches y del capataz Héctor Alfonso Gómez Bastidas; la carta de renuncia del 5 de febrero

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Radicación n.° 98039 de 2014; los testimonios de María Zoila Gil, Héctor Alfonso Gómez Bastidas y de Andrés Silva y los interrogatorios de parte rendidos por las partes. Determinó que la señora Cárdenas Molano no ostentó la calidad de empleadora por el contrato laboral vigente entre el 1º de octubre de 2013 y el 5 de febrero de 2014, sino que fue el señor Gaviria Jansa quien lo contrató directamente, ejerció la subordinación y se encargó de los pagos.

Respecto del segundo contrato declarado por el juez, correspondiente al período del 14 de marzo de 2014 al 1º de abril de 2021, reseñó que, a juicio de los demandados, este no existió y que la razón por la que el demandante residía en la finca Soacata, era por su condición de compañero permanente de María Zolia Gil, a quien sí volvieron a contratar desde el 1º de marzo de 2014. Sobre el punto, resumió el reporte de Policía Judicial del 14 de marzo de 2014; los fallos de tutela de primera y segunda instancia, proferidos por el Juez Penal Municipal de Madrid y por el Juez Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Funza; los depósitos judiciales efectuados por Metalcont S.A.S. en cumplimiento de las sentencias de tutela; las historias de cotizaciones y certificados expedidos por Porvenir, Famisanar, Axa Colpatria y Positiva, donde se evidenciaron aportes realizados –desde marzo de 2014 y de forma interrumpida– por Metalcont S.A.S., El Jardín Club Gourmet S.A.S., «VENTISQUERO EU» y «Velandia Torres Omar Orlando»; los

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Radicación n.° 98039 certificados de existencia y representación legal de Metalcont S.A.S., «Ventisquero S.A.S.» y de El Jardín Club Gourmet S.A.S., último en el que figuraba la señora Cárdenas Molano como representante legal y la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Héctor Alfonso Gómez Bastidas,

de 28 de febrero de 2017. También se refirió a los documentos firmados por el demandante y por su compañera permanente –de 14 de enero de 2015 y 28 de febrero de 2014, respectivamente– donde este autorizaba descuentos sobre los salarios y las acreencias laborales y aquella dejaba constancia de haber recibido una vivienda para su residencia; a comprobantes de egreso y recibos de caja; al dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; a los testimonios de Maria Zoila Gil, de Héctor Alfonso Gómez Bastidas y de Andrés Silva y a los interrogatorios de Juan Gaviria Jansa y del demandante. A continuación, precisó que, […] se debe tener en cuenta que la testigo María Zoila Gil, si bien en su relato realizó varias manifestaciones contrarias a lo que se encontró acreditado en el proceso e incluso a lo dicho por el propio demandante, como lo son la fecha de ingreso a laborar en la Finca Soacata pues indicó que lo fue el 1 de noviembre de 2012, asimismo, señaló que el accidente fue el 14 de octubre de 2013, cuando no es objeto de discusión que ese suceso ocurrió el 14 de marzo de 2014, sin embargo, estas inconsistencias, no le quitan credibilidad en lo concerniente a que estaba el 14 de marzo de 2014 en la Finca Soacata, pues los mismos demandados manifestaron que desde el 1 de marzo de ese año, había vuelto a trabajar en la finca, y al ser una de las personas que se encontraba cerca del accidente, aunque como ella misma lo indicó no estaba con el demandante en ese momento preciso, sí le consta que lo acompañaban los señores Andrés Silva y

Alfonso Gómez, y que se hallaba trabajando en la finca, testimonio que si bien es objeto de tacha por el vínculo sentimental que tiene o tenía en ese momento con el demandante

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Radicación n.° 98039 y por el hecho de tener una demanda contra los mismos demandados, tales circunstancias en este caso no impiden darle mérito persuasivo a su dicho, pues este se corrobora con lo indicado por los mismos señores Andrés Silva y Alfonso Gómez, quienes señalaron que el demandante estaba trabajando en la finca Soacata el 14 de marzo de 2014 junto con ellos dos, y si bien los tres testigos manifestaron que don José de Jesús venía trabajando desde antes del accidente, no señalaron con exactitud desde qué día. Ahora, el mismo demandado en el interrogatorio de parte, cuando se le preguntó que si el señor Ortiz estaba manejando un tractor dentro de la finca para realizar las labores propias de la finca, señaló: “No señora, él no trabajaba en la finca SOACATÁ para esa fecha, tal vez estaba e hizo unas labores, tal vez se fue a hacer algo que no le correspondía en absoluto, quien trabajaba allá era su compañera María Zoila Gil”, si bien no aceptó que el demandante estuviera laborando, tampoco descartó que se encontrara realizando alguna labor, aunque fuera por su cuenta. También indicó que él le daba las órdenes al señor Alfonso Gómez, quien era el capataz, para que este se las trasmitiera al actor, y si bien esto lo indica frente al extremo laboral que acepta, resulta relevante porque permite acreditar

que ese era el modus operandi en la finca, situación que es la que los 3 testigos coinciden en indicar que pasó el 14 de marzo de 2014, que fue por orden del señor Juan Gaviria que el señor Ortiz estaba laborando ese día en la finca. Explicó que el hecho de que el señor Gaviria Jansa hubiera pagado incapacidades, salarios y prestaciones sociales con ocasión de una orden de tutela, no lo convertía automáticamente en empleador durante el período controvertido. Reparó en que las sumas desembolsadas al demandante en esas fechas se pagaron por «[…] concepto de trabajos», según se consignó en los comprobantes de egreso y recibos de caja, lo que suponía un indicio de la prestación de servicios luego del accidente e incluso antes del fallo de la acción de tutela.

Luego expuso: El señor Juan Gaviria Jansa aceptó que la empresa Metalcont de Colombia LTDA, de la cual él es representante legal, tuvo la intención de contratar al demandante, porque cuando volvió a la

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Radicación n.° 98039 finca solo se contrató a la señora Zoila, pero que no se hizo porque el demandante no se presentó, sin que el demandado indicara con certeza la fecha que tuvo dicha intención. En todo caso, debe tenerse en cuenta que se trata de manifestaciones en su propio favor con las cuales trata de desvirtuar la existencia del contrato de trabajo para la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo. Sin embargo, no deja de llamar la atención que de acuerdo a la certificación expedida por ARL AXA COLPATRIA, el demandante estuvo afiliado a través de la empresa Metalcont de

Colombia LTDA, representada legalmente por el demandado Gaviria, desde el 16 al 17 de marzo de 2014, es decir justo 2 días después del accidente, ocurrido el 14 de marzo de ese año, por tanto, pierde veracidad la afirmación del demandado cuando adujo que fue la inasistencia del actor lo que impidió hacer esa vinculación, y ello porque resulta lógico que si el demandante había acabado de tener un accidente le era imposible asistir, y pues no se probó que dicha intención de vinculación haya sido antes del 14 de marzo de 2014, porque si bien se allegó un formato de novedades de la E.P.S. FAMISANAR LTDA, en la que se relaciona como empleador a Metalmecánica y Construcción de Colombia, cargo tractorista, sin embargo, la fecha de ingreso es ilegible, tampoco se alcanza a ver el sello de radicado completo, además en la contestación el demandado manifestó que en ese documento el demandante había falsificado su firma, documento que si bien no fue tachado en este proceso, como ya se indicó resulta ilegible (pág. 280 PDF 01). Esa afiliación a la ARL, por el contrario, revela que el señor Gaviria trató de enmendar la desprotección en que estaba el demandante en el momento de ocurrencia del accidente y trasladar las consecuencias del mismo a la administradora de riesgos laborales, y aunque la juez fue un poco tímida en este aspecto, para la Sala, es evidente que esa afiliación tuvo el propósito claro de poner a salvo al empleador de los efectos de su omisión frente a la seguridad social, y es un

elemento que refuerza el convencimiento de que para ese momento el actor le prestaba los servicios en la finca. Los documentos antes referidos corroboran la manifestación de los testigos, cuando afirmaron que después del accidente, el demandante continúo (sic) prestando sus servicios en la finca SOACATA. Ahora, si bien los demandados insisten en que de acuerdo con la certificación expedida por Positiva Compañía de Seguros el 4 de abril de 2014, el demandante estaba afiliado a través de la empresa Ventisquero EU desde el 8 de febrero de 2014, documento que para ellos acredita que el demandante se vinculó a otra empresa, lo que impide que se declare un nuevo contrato con ellos; sin embargo, esta documental no es suficiente para desvirtuar la prestación del servicio en la finca Soacatá (sic), pues resulta mucho más contundente el hecho de que el 14 de marzo de 2014 el demandante estaba realizando actividades en dicha finca, donde se accidentó. En este aspecto, la Sala comparte el juicioso y minucioso análisis que hizo la juez con respecto a la supuesta relación que el actor tuvo con la sociedad Ventisquero, y que aparece descrita en el fallo de tutela

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Radicación n.° 98039 anexado a los autos, así: “Por su parte, la representante legal de la Finca VEINTISQUERO informó que tuvieron a (sic) intención de contratar al señor José de Jesús Ibarra y su compañera; por lo que elaboraron documentos como: contrato laboral, afiliación a ARL positiva y contrato de arrendamiento de vivienda rural, pero no se

presentó a laborar. Indica, el señor Ortiz y su compañera, al pasar diez (10) días en la finca, deciden regresar a su antiguo trabajo con el señor Gaviria, quien les había prometido afiliarlos a seguridad social y pagarles las obligaciones de ley”. También se relacionó la respuesta que dio la apoderada de la representante legal de POSITIVA S.A. en la acción de tutela, así: “por su parte, ARL POSITIVA indica en su escrito de impugnación que el señor JOSÉ DE JESÚS ORTIZ IBARRA para la fecha del siniestro no se encontraba afiliado a esa Aseguradora de Riesgos Laborales, por lo que nunca existió subrogación de las obligaciones de riesgos a cargo de esta administradora, por lo que no es posible reconozca una prestación derivada de accidente presentado, por ser un evento sin cobertura y no afiliación” (pág. 34 PDF 01). Analizó lo atinente a la fecha de finalización del segundo contrato de trabajo. Recordó que el señor Ortiz Ibarra manifestó, en su interrogatorio de parte, que dejó de laborar en abril de 2021 y que ello era congruente con lo declarado por su compañera permanente, quien dijo que convivió con él hasta mayo de ese año y que para dicho momento aquel aún laboraba en la finca. Acudió al precedente de esta Sala «[…] que indica que cuando no se conocen con exactitud los extremos de la relación laboral, pero se conoce el mes o el año, para el extremo inicial debe tener en cuenta el último día del respectivo mes o año, para el extremo final el primer día, según corresponda», por lo que fijó la fecha de finalización de la

relación laboral en el 1° de abril de 2021, siendo ello coherente con las decisiones de tutela que se impartieron. En cuanto al extremo inicial de la vinculación, explicó que no se probó la prestación de servicios entre el 6 de febrero y el 13 de marzo de 2014; mientras que era innegable

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Radicación n.° 98039 que el 14 de marzo de ese año, día del accidente, él estuvo laborando bajo órdenes del señor Gaviria Jansa, exclusivamente. Corolario de lo anterior, determinó que tampoco frente a este segundo contrato de trabajo se acreditó la calidad de empleadora de la señora Cárdenas Molano, absolviéndola de las pretensiones. Añadió que, probado el accidente, la pérdida de capacidad laboral del trabajador en un 50,30% y la existencia del contrato de trabajo, el siniestro tuvo naturaleza laboral. En cuanto a la culpa patronal, reseñó lo expuesto por el juez, el alcance normativo, la necesidad de evaluar la actitud del empleador o sus representantes de cara a la previsión de los riesgos para evitar accidentes o respecto del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y la exigencia de un nexo causal entre el daño y la conducta del patrono para condenarlo. Recordó el testimonio del capataz y del señor Silva, quienes afirmaron que el cardan de la cortadora que causó las lesiones carecía de protector y que ello se le había puesto de presente al señor Gaviria Jansa en varias oportunidades, sin que lo hubiera corregido. Agregó que este adujo que se

enteró del suceso por una llamada, prestó los primeros auxilios y envió al trabajador a un hospital en Bogotá. Acto seguido, anotó: […] considera el Tribunal que el accidente se debió a culpa del empleador, pues aun sabiendo que el cardan de la máquina no tenía protección indicó a sus trabajadores que trabajaran así, y tal como lo indica el testigo Gómez, de haber tenido dicha protección, el accidente no habría ocurrido o por lo menos, no

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Radicación n.° 98039 hubiera tenido consecuencias graves, como en efecto ocurrió, y de estos elementos aflora que en realidad el accidente se debió a la falta de precaución del empleador demandado y a su falta de diligencia por garantizar un ambiente laboral seguro, lo que sin lugar a dudas ubica su conducta en el campo de la culpa, pues si bien indicó que una vez supo del accidente realizó todo el protocolo necesario para que llegara la ambulancia y lo llevaran al hospital, no acreditó que dicho protocolo, como él lo llama, se hubiera cumplido a cabalidad, pues