CSJ - SL3176-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL3176-2023 Radicación n.° 96310 Acta 31 Bogotá, veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de junio de 2022, dentro del proceso que promovió EIDER HERNÁN BARRETO GAMBOA contra la recurrente, SEGUROS DE VIDA ALFA

SA – VIDALFA SA y la JUNTA REGIONAL DE

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA.

I. ANTECEDENTES Eider Hernán Barreto Gamboa persiguió, mediante demanda laboral ordinaria (f.° 96 – 103), que se modifique la fecha de estructuración de la invalidez consignada en el dictamen n.° 16552523-7184 de 22 de diciembre de 2017,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 96310 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, estableciendo como tal el 22 de mayo de 2016, es decir, el día en que sufrió el accidente de tránsito que le generó un 54,38% de pérdida de capacidad laboral – PCL, de origen común, así como que se reconozca la pensión de invalidez, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que: i) se encuentra afiliado a la AFP Porvenir SA desde enero de 2010, habiendo cotizado entre agosto de 2012 y mayo de 2016 un total de 98 semanas, 51 de las cuales lo fueron en los 3 últimos años anteriores a mayo de 2016; ii) sufrió un accidente de tránsito el 22 de mayo de 2016 que le ocasionó trauma cráneo encefálico severo, trauma cerrado de tórax, hemorragia en ganglio basal izquierdo y tallo cerebral, y otra serie de lesiones especificadas en la historia clínica que obligaron a su reclusión en la UCI de la Clínica Mariángel Dumian Medical en Tuluá hasta el 3 de julio del mismo año, cuando fue trasladado a su residencia en Roldanillo, donde se le continuó prestando atención médica domiciliaria por parte de ASVIDA Y SALUD; iii) a pesar de la terapia intensiva a la que fue sometido, a partir de la fecha del accidente no pudo volver a trabajar, razón por la cual no volvió a cotizar, siendo su madre quien se ha encargado del sostenimiento de la familia; iv) el Departamento de Medicina Laboral, Convenio Seguros de Vida Alfa SA emitió dictamen en el que señaló que tiene una PCL del 54,38% de origen común, con fecha de estructuración 09 de octubre de 2017; v) en vista de que el dictamen no tuvo en cuenta que el accidente de tránsito lo Radicación n.° 96310 sufrió el 22 de mayo de 2016, manifestó la inconformidad frente al mismo y fue remitido a la Junta Regional de

Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, quien confirmó la fecha de estructuración de invalidez; y vi) Porvenir SA negó la pensión de invalidez al no encontrar acreditado el requisito de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha la de estructuración de su PCL. Al dar respuesta a la demanda (f.° 504 – 508), la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca se opuso a cualquier pretensión incoada en su contra y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la valoración hecha al demandante, la PCL de 54,38% otorgada, el origen común de la enfermedad y la fecha de estructuración 09/10/2017; de los demás dijo que no le constaban, no eran ciertos o no eran hechos. En su defensa, sostuvo que la Junta fijó la fecha de estructuración con fundamento en la historia clínica aportada y en la normatividad vigente para el momento de la calificación, esto es, el Decreto 1507 de «2015» (sic) y el Decreto 1072 de 2015, entre otros. Propuso como excepciones las de legitimidad de la calificación dada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez; el carácter técnico – científico del dictamen rendido por las juntas y buena fe (f.° 506 vto. – 507). En respuesta al escrito generatriz (f.° 419 – 430), Porvenir SA se opuso a las pretensiones de la demanda y, en Radicación n.° 96310 cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la valoración hecha

al demandante, la PCL de 54,38% otorgada, el origen común de la enfermedad y la fecha de estructuración 09/10/2017, así como la negativa a reconocer la pensión de invalidez al demandante por no encontrar acreditado el requisito de tener cincuenta (50) semanas cotizadas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. De los demás, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, sostuvo que pese a que el demandante posee una PCL superior al 50%, debe aplicarse la normatividad vigente, es decir, el artículo1.° de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que señala, además, como requisito, haber cotizado al Sistema General de Pensiones cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, lo cual no se cumplió en este caso. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y falta de acreditación de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez; buena fe; afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones; prescripción; culpa exclusiva del accionante y la innominada o genérica (f.° 424 – 429). Por su parte, Vidalfa SA, al responder el libelo genitor (f.° 475 – 482 y 519), manifestó, en general, que se oponía a las pretensiones de la demanda aun cuando algunas no estaban dirigidas en su contra, pero en particular frente a

Radicación n.° 96310 cada una expresó no oponerse y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la emisión del dictamen al demandante, la PCL de 54,38% otorgada, el origen común de la enfermedad y la fecha de estructuración 09 de octubre de

2017. De los demás señaló que no le constaban o no eran ciertos.

En su defensa sostuvo que los dictámenes fueron el resultado de un estudio técnico – científico de acuerdo con lo establecido en el Manual de Calificación, teniendo en cuenta una valoración integral de todas las patologías del accionante, la historia clínica, la valoración física y el conjunto de exámenes practicados; y que para reconocer una pensión de invalidez se debe ser inválido con una PCL igual o superior al 50% y haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; afectación del sostenimiento financiero del Sistema General de Pensiones; buena fe; culpa exclusiva del accionante; prescripción y la innominada o genérica (f.° 480 – 481).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 23 de enero de 2020 (f.° 546 – 547 y archivo digital de audio/video), resolvió: Radicación n.° 96310

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación frente a la reclamación de intereses de mora. Así

mismo, se declarara (sic) probada la excepción de Falta de legitimación en la causa a favor de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., sobre la totalidad de las pretensiones elevadas en la demanda en su contra, y como no probados los demás medios exceptivos aquí formulados por los otros llamados a juicio, conforme como se explicó las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: MODIFICAR el dictamen No. 16552523-7184 del 22 de diciembre de 2017, emanado de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, para determinar como fecha de estructuración de invalidez del señor EIDER HERNAN BARRETO GAMBOA, de condiciones civiles conocidas en el plenario el día 22 de mayo de 2016, acorde con lo expuesto en precedencia.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., a reconocer y pagar pensión de invalidez a favor del señor EIDER HERNAN BARRETO GAMBOA, de condiciones civiles conocidas en autos, a partir del día 23 de mayo de 2016 día siguiente de la estructuración de la invalidez, en razón de 13 mesadas anuales, en cuantía del salario mínimo mensual legal vigente, pensión que se reconocerá hasta que se mantenga el estado de invalidez del demandante conforme las previsiones legales dispuestas en los Art. 38, 39, 69 y 70 de la Ley 100 de 1993 y las normas que los modifiquen con anterioridad. Debiendo al actor como retroactivo pensional con corte al 31 octubre de 2019 la suma de

$35.906.325.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR S.A., a reconocer y pagar a favor del señor EIDER HERNAN BARRETO GAMELA, de condiciones civiles conocidas en autos la indexación sobre los valores aquí reconocido como retroactivo pensional desde la fecha de causación de cada prestación mientras que se reporte su pago, y sobre las mesadas que en el fututo se generen y hasta que se efectúe la inclusión en nómina y el pago total de lo debido.

QUINTO: AUTORIZAR a PORVENIR S.A., que del retroactivo pensional generado por mesadas ordinarias a favor del señor EIDER HERNAN BARRETO GAMBOA, descuente los aportes que en salud que le corresponde efectuar al accionante y sean transferidos de manera directa a la EPS a la que se encuentre afiliado aquel.

SEXTO: LAS COSTAS quedan cargo de la parte vencida en juicio, las cuales se tasarán por Secretaría incluyendo como AGENCIAS EN DERECHO la suma de $4.000.000,00 a cargo de Porvenir S.A., y de 2 SMLMV a cargo de la JUNTA REGIONAL DE Radicación n.° 96310

CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA también a favor de del demandante.

SEPTIMO: sin costas a favor o en contra de SEGUROS DE VIDA

ALFA S A.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali conoció de la apelación de Porvenir SA y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca y, en fallo de 30 de junio de 2022 (f.° PDF 21 - 33,

cuaderno digital del Tribunal), resolvió: PRIMERO.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia No. 003 del 23 de enero de 2020 proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de CONDENAR a PORVENIR S.A., a pagar al señor EIDER HERNÁN BARRETO GAMBOA, de notas civiles conocidas en el proceso, la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($64.456.729), por concepto de mesadas de pensión de invalidez causadas a partir del 22 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2022. Confirmar en lo demás el numeral. SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia. TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, en favor del demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $1.000.000 para cada una de ellas. Las costas impuestas serán liquidadas conforme el Art. 366 del C.G.P. […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si había lugar a modificar la fecha de Radicación n.° 96310 estructuración de la invalidez; de ser así, si procedía el reconocimiento de la pensión de invalidez en favor del actor. En esa dirección, acudió a las sentencias CSJ SL10412022 y CSJ SL18824-2017, de las cuales reprodujo algunos

apartes y extrajo que el juez cuenta con amplias potestades probatorias, hasta el punto de que puede apartarse legítimamente de las valoraciones y conclusiones de los dictámenes, ya que éstos no representan conceptos definitivos e inmutables, sino que son pruebas del proceso que pueden ser revaluadas o desvirtuadas. Entre otras cosas, consideró que la fecha de estructuración de la invalidez puede ser desatendida, siempre que la afección imposibilite al asegurado hacer uso de su fuerza laboral desde una fecha anterior a la estructuración, ya que ésta se conoce al finalizar el proceso de valoración, la cual puede coincidir o no con la fecha de calificación, o con el evento que desencadena la pérdida de capacidad laboral. Estableció que la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, a través del dictamen n.° 16552523-7184 de 22 de diciembre de 2017 (f.° 130 – 137), determinó que el demandante tenía una pérdida de capacidad laboral – PCL del 54,38% de origen común y fecha de estructuración 09 de octubre de 2017, sin que en el proceso se discutiera el porcentaje de la calificación. Radicación n.° 96310 Posteriormente, examinó la certificación de la clínica Mariángel Dumian Medical (f.° 32), en la que se describieron los traumas padecidos por el actor y sus requerimientos de cuidado médico y se indicó que éste ingresó el 22 de mayo de 2016 por accidente de tránsito; y señaló que lo allí dicho se corroboraba con los documentos de la clínica aportados por

la parte demandante (f.° 32 – 112). El Tribunal continuó el análisis de los medios de convicción, expresando que a f.° 8 se encontraba la historia clínica, reporte de 09 de junio de 2016, donde se expresó que el paciente se encontraba en manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, con «EVOLUCIÓN NEUROLÓGICA POBRE»; igualmente, a f.° 114 – 116 reposaba comunicación remitida al actor por la representante legal de Asvida y Salud SAS, en la cual se hacía un reporte sobre los servicios de salud prestados por la entidad, y de donde se extraía que fue trasladado el 03 de julio de 2016, en ambulancia, desde la Clínica Mariángel de Tuluá a su residencia en Roldanillo, para continuar con atención médica domiciliaria. También detalló el colegiado la evaluación al demandante en el mes de enero de 2017 en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle (f.° 254 – 257), en la cual se refirió que presentaba problemas en su atención y concentración; y que su capacidad de aprendizaje de nueva información se encontraba significativamente por debajo de lo esperado para su edad. Radicación n.° 96310 Destacó que, pese a que la documentación relacionada con el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle fue recibida por Porvenir SA, «esta valoración no se encuentra reportada dentro del dictamen realizado por al (sic) JUNTA

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL

CAUCA».

A folios 357 y ss. ubicó el Tribunal el informe de evaluación neuropsicológica, en el que se refirió el accidente

del 22 de mayo de 2016 y se concluyó que el actor presentaba: problemas para comprender y reproducir el lenguaje; dificultades de fluidez fonológica y para dominar palabras de mediano y bajo uso; problemas de memoria inmediata; problemas para codificar información, lo que afectaba el almacenamiento y recobro de la información; la memoria lógica y operativa como deficientes; problemas para elaborar trazos sencillos y complejos; dificultades para solucionar tareas, planear estrategias y elaborar planes; y dificultades en la flexibilidad mental. Sobre los mencionados medios de prueba razonó de la siguiente manera: De los documentos referidos, reporte de la historia clínica del 9 de junio de 2016, informe del HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE de enero de 2017 e informe de evaluación neuropsicológica de septiembre de 2017, se puede apreciar que la condición neurológica del señor EIDER HERNÁN BARRETO GAMBOA, se encuentra deteriorada a raíz de los múltiples traumas sufridos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 22 de mayo de 2016, y si bien para el 9 de junio de 2016 ya se recomienda cuidados en casa (home care), de las posteriores evaluaciones neurológicas es posible notar que si bien el actor ha presentado mejoría, pues el accidente le conllevo un estado de coma, tiene complicaciones para el normal Radicación n.° 96310 desarrollo de sus actividades, dentro de las que se encuentran incluidas la laborales, situación que se corrobora con el reporte de semanas aportado al expediente, pues su ultimo aporte lo fue

para el periodo de mayo de 2016 (f. 171-17202ExpedienteDigitalizadoCdno2.pdf), periodo en el cual ocurrió el accidente, lo que permite establecer que es este evento el “…que desencadena la pérdida de capacidad laboral.” Así las cosas, en virtud de la aplicación del precedente jurisprudencial, considera la Sala que es procedente la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez, para establecer la misma para el 22 de mayo de 2016, tal como lo determinó el a quo. Arguyó que de acuerdo con la fecha de estructuración la normativa que gobernaba el asunto era la de la Ley 860 de 2002, cuyo art. 1.° modificó el art. 39 de la Ley 100 de 1993, el cual estableció como requisito para acceder a la pensión de invalidez tener una PCL superior al 50% y acreditar un mínimo de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; y que de acuerdo al reporte de semanas (f.° 171 – 172), entre el 22 de mayo de 2013 y el 22 de mayo de 2016 el actor contaba con un total de 51,71 cotizadas, corroborando así la totalidad de requisitos exigidos por la Ley. En ese orden, confirmó la decisión de primera instancia y actualizó la condena por concepto de mesadas de la pensión de invalidez causadas a partir del 22 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2022.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Porvenir SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Radicación n.° 96310

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia del a quo y la absuelva de todo lo pedido en su contra.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual no fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de «aplicación indebida del artículo 1° numeral 2° de la Ley 860 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012 (que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005) y 1°, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005».

Expresa que, dada la senda escogida para el embate, acepta las conclusiones de naturaleza fáctica que extrajo el ad quem, en particular, que en el proceso obraba el dictamen elaborado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca de fecha 22 de diciembre de 2017, en el que constaba que el demandante padecía una disminución de la capacidad laboral del 54,38%, estructurada el 09 de octubre de 2017, día para el cual no reunía 50 semanas aportadas en el último trienio. Radicación n.° 96310 A renglón seguido, copia in extenso apartes de la sentencia CSJ SL1021-2019 de la Sala n.° 1 de Descongestión Laboral, para concluir que, […] es claro que la determinación del día de principio de la

invalidez es potestad de las entidades a las que la ley les asignó esa facultad expresa (artículo 142 del Decreto 19 de 2012, que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005) y, por tanto, debe ser con base en el concepto de una de ellas en que el juez soporte su decisión, lo que traído al asunto que nos ocupa deja en evidencia que no era posible para el juez colegiado desconocer la fecha de estructuración de la condición valetudinaria establecida en el dictamen de la Junta Regional de Calificación Invalidez del Valle del Cauca, ni siquiera al amparo de la libertad de apreciación de las pruebas de la que legalmente está investido, pues en todo caso no podía desconocer lo estatuido en el citado artículo 142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005) con respecto a la necesidad de fundar su fallo en una experticia, la que mayor certeza le produjera de haber sido aportadas varias, pero siempre proveniente de alguna de las entidades contempladas en ese precepto. Manifiesta que el desatino cometido por el fallador de segunda instancia consistió en que cuando dictó su providencia soslayó los dictámenes aportados al proceso y que fueron expedidos por las entidades aludidas en el art. 142 del Decreto 019 de 2012. Igualmente, que el mismo juzgador de segundo grado aludió en forma expresa dentro de su fallo a la calificación consignada en el dictamen allegado al expediente, proferido por uno de esos entes autorizados por el multicitado artículo

142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005), es decir, la Junta Regional de Calificación Invalidez del Valle del Cauca. En auxilio de sus dichos, citó la sentencia CC T-094-2022. Radicación n.° 96310 Agrega que no era posible la aplicación del principio de progresividad y, a guisa de ejemplo, cita la sentencia CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 42625; y resalta el principio de primacía del interés general sobre el particular que, en su criterio, debe interpretarse de la mano de la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional a que alude el art. 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual sería lesionado «si se ordena a dicho sistema el reconocer pensiones no establecidas dentro de las normas vigentes en un momento dado». Concluye diciendo que «el Tribunal impartió su condena desconociendo el contenido de unas pruebas que debía tener en cuenta para tal efecto por disposición misma de la ley y porque así lo ha entendido la jurisprudencia reciente, algunos de cuyos ejemplos se transcribieron con antelación […]», medios de convicción en los cuales se estableció como momento de la estructuración de la invalidez el 09 de octubre de 2017, día para el cual el señor Barreto no reunía 50 semanas aportadas en los últimos tres años anteriores, lo que pone de manifiesto el dislate cometido por el juez colegiado al no haber absuelto a Porvenir S.A. de todo lo reclamado en su contra.

VII. RÉPLICA De acuerdo con el informe de Secretaría de 13 de abril

de 2023, «No se recibió escrito de réplica por parte de los opositores». Radicación n.° 96310

VIII. CONSIDERACIONES Aunque el cargo y su demostración están lejos del ideal que la doctrina y la jurisprudencia han trazado respecto de la presentación de la acusación y su desarrollo, la Corte logra extraer una inconformidad relativa a la disquisición jurídica del Tribunal para otorgar la pensión de invalidez, por lo que corresponde, en sede extraordinaria, determinar si se equivocó el sentenciador de segundo grado, tal como lo enrostra la censura.

De conformidad con la senda escogida, no es objeto de discusión en casación que: i) el demandante se encuentra afiliado a la AFP Porvenir SA desde enero de 2010; ii) sufrió un accidente de tránsito el 22 de mayo de 2016, que le ocasionó diversos traumas y lesiones en su cuerpo; iii) el Departamento de Medicina Laboral de Seguros de Vida Alfa SA emitió dictamen en el que señaló que tiene una PCL del 54,38%, de origen común, con fecha de estructuración 09 de octubre de 2017; y iv) la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca confirmó la fecha de estructuración de invalidez. En ese orden, conviene recordar que es cierto que la Sala ya ha manifestado, como lo señaló el Tribunal, que para la valoración de la pérdida de capacidad laboral el juez tiene amplias facultades probatorias y de reconstrucción de la verdad, por lo que es factible que le otorgue plena credibilidad a los dictámenes que obren en el proceso o, por

el contrario, que los someta a un examen crítico integral Radicación n.° 96310 hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones, todo ello, en ejercicio de las amplísimas potestades que le otorgan los artículos 60 y 61 del CPTSS. En la línea argumentativa descrita, la Corte dejó asentado en la sentencia CSJ SL2349-2021 lo siguiente: Ahora, la Sala ha establecido que los dictámenes que profirieran las juntas de calificación de invalidez regionales o nacional pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas (CSJ SL 29622, 19 oct. 2006 y CSJ SL5280-2018). Precisamente, en la primera sentencia referida la Corporación explicó: Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables (…) De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo (…) Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los

jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías. Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes que emiten las juntas de calificación de invalidez ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, en el curso del proceso, el juez puede como en este caso, ordenar una nueva valoración para decidir conforme a la sana crítica, en relación con la pretensión que se reclama. Y en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por la Junta Regional o Radicación n.° 96310 Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración. Por ello, no es de recibo el argumento de la censura cuando indica que el Tribunal estaba obligado a acoger los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por Seguros de Vida Alfa S.A., la Junta Regional de calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con excepción de aquel emitido por la Facultad de Salud de la

Universidad de Antioquia al «no hacer parte de la instituciones que la ley facultó para calificar la invalidez de un afiliado al sistema de seguridad social integral», pues esta Sala ha establecido que las decisiones que adopten las juntas no son vinculantes para el funcionario judicial. Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción. Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala asentó: De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica -decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, según el caso (…). Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL91842016, CSJ SL697-2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019). En esa medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona. […] Se reitera que es precisamente el juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables asociadas, esto es, el origen de la enfermedad o Radicación n.° 96310 accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. […] Así, la Corte ha entendido que el estado de invalidez de un trabajador se puede establecer mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional, pero no significa que los dictámenes sean intocables, únicos y que solo puedan desvirtuarse con otros que expidan las entidades previstas en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, como lo sugiere la sentencia que citó la recurrente como apoyo de su criterio. […] Al respecto, basta con reiterar que la Corte ha adoctrinado que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, con sus modificaciones, la más reciente de ellas contenida en el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, en el inciso segundo señala que entidades pueden hacer

la calificación inicial o en una primera oportunidad de la pérdida de capacidad laboral. Pero en modo alguno dichos dictámenes tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada, más cuando la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad de la norma en mención en sentencia C-1202020 señaló que la finalidad se encaminaba a crear un trámite previo a dos procedimientos eventuales, uno administrativo y otro judicial. (Subrayas de la Sala) Así las cosas, desde ese punto de vista no se produjo un dislate por parte del Tribunal al afirmar lo analizado, además, porque la disposición seleccionada para resolver el caso, esto es, el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, sí es la que regula el tema, en tanto establece l