CSJ - SL3183-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL3183-2023 Radicación n.° 93978 Acta 42 Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por

la sociedad SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS

SAI S.A.S. y la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR ÁEREO Y DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS – ANTSA, contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento del 4 de noviembre de 2021, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre los recurrentes, al igual que, entre la empresa en cita y el

SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS

AEROPORTUARIOS INTEGRADOS S.A.S. -SINTRASAI, AUTO Se reconoce a la doctora Any Katerine Álvarez Castillo con CC 53.007.192 y TP 222.267 del C. S. de la J., para que represente a la organización sindical ANTSA, conforme al

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Radicación n.° 93978 poder que le fuera conferido y que reposa en el cuaderno del Tribunal de Arbitramento. Se reconoce al doctor Juan Pablo López Moreno con C.C. 80.418.542 de Usaquén y T.P. 81.917 del C.S. de la J., para que represente a la empresa Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A., atendiendo el poder especial que le fuera conferido por la representante legal, anexado al cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES El 29 de enero de 2018, la organización sindical

“SINTRASAI” presentó al empleador SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS - SAI S.A.S., un pliego de peticiones con sesenta y una cláusulas. La etapa de arreglo directo se surtió entre el 5 de febrero y el 23 de marzo de 2018, tiempo durante el cualno llegaron a acuerdo alguno sobre las peticiones objeto del conflicto; por tal razón, la organización sindical, en asamblea extraordinaria de afiliados, realizada el 6 de abril de 2018, decidió someter el diferendo a un tribunal de arbitramento, por lo que solicitó al Ministerio del Trabajo su convocatoria. De otro lado, la Sala observa que una segunda organización sindical, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AÉREO y DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS – ANTSA, el 23 de septiembre de 2020, cuando aún no se había resuelto la solicitud de erigir tribunal, elevada por “SINTRASAI”, expuso igualmente ante

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Radicación n.° 93978 la citada empresa un pliego petitorio con sesenta y dos artículos. La fase de composición directa tuvo lugar entre el 9 de octubre y el 1° de diciembre de 2020, lapso durante el cual no arribaron a convenio alguno sobre los asuntos materia del conflicto, motivo por el que aquella organización sindical, en asamblea extraordinaria de afiliados, realizada el 9 de diciembre de 2020, determinó encomendar el desacuerdo a un tribunal de arbitramento, por lo que

requirió del Ministerio del Trabajo su llamamiento. Se tiene que, dicha autoridad administrativa, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.9.4. del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 017 de 2016, mediante auto del 2 de marzo de 2021, dispuso unificar las solicitudes de convocatoria de tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto suscitado entre la empresa precitada y las organizaciones sindicales referidas, y mediante Resolución 1483 del 2 de julio de 2021, decidió constituir el respectivo tribunal, con el fin de que dirimieran ambos asuntos. Se advierte también, que una vez posesionados los dignatarios, se procedió a su instalación en la ciudad de Bogotá, el 31 de julio de 2021, en la cual se solicitó a las partes prórroga de cuarenta días (40) días hábiles, es decir, hasta el 6 de octubre de 2021 y, luego, otro período adicional de veinte (20) días, a partir del 7 del mismo mes y año, hasta el 5 de noviembre de 2021, a lo cual accedieron la empresa y las organizaciones sindicales.

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Radicación n.° 93978 El Tribunal sesionó los días 1°, 10, 28 y 30 de septiembre de 2021, además el 1°, 14, 19, 20 y 26 de octubre, como también el 3 de noviembre de igual anualidad, para finalmente emitir el laudo arbitral el 4 de noviembre de 2021, señalando que tendría vigencia “a partir de su promulgación y

hasta el día cuatro (4) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)” Notificada la decisión a los contradictores, el 5 de noviembre de 2021, la organización sindical “ANTSA”, a través de su representante legal, solicitó el 8 del mismo mes y año, aclaración frente al término dispuesto para recurrir, a lo cual no se accedió por auto del día siguiente. Luego, estando dentro de la oportunidad legal, mediante sendos escritos presentados el día 10 de noviembre de 2021, el apoderado del sindicato precitado y el mandatario judicial de la empresa, formularon recurso extraordinario de anulación del laudo proferido por el tribunal de arbitramento. La Sala, mediante auto del 22 de junio de 2022, admitió los referidos recursos y dispuso correr el traslado respectivo, incluyendo a la no recurrente organización sindical “SINTRASAI”, para que presentaran la correspondiente réplica, del cual, únicamente hizo uso la empresa Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S., dentro del término otorgado para el efecto, según constancia secretarial del 15 de julio de 2021, que obra en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 93978

II. LAUDO ARBITRAL El 4 de noviembre de 2021, estando dentro del término establecido por la ley, previa prórroga otorgada por las partes, el Tribunal de Arbitramento decidió frente a las peticiones elevadas por “SINTRASAI”, inhibirse de resolver por falta de competencia, respecto de las relacionadas con el

artículo 1. Preámbulo, 2. Denominación de las partes, 22. Prima ambiental o climática, 23. Prima de carestía, 33. Fondo de contingencias para empleados, 30. Procedimiento para cobro por notas de cargo y 39. Enfermedades profesionales; así mismo, dispuso negar las correspondientes a los artículos 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 58 y 61 del pliego de peticiones y; acoger con base en la ley y en los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad los restantes. Decisión que adoptó en términos generales, en consideración a las intervenciones de las partes, los documentos probatorios que se aportaron, la normatividad vigente, los criterios jurisprudenciales, los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad, al igual que el de congruencia. Además, en razón al número de trabajadores vinculados a la organización sindical (125) en relación con el total de vinculados a la empresa (1081) y, el incremento salarial recibido por todos los empleados para los años 2019, 2020 y 2021.

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Radicación n.° 93978 De otro lado, en lo que concierne a las peticiones presentadas por la organización sindical “ANTSA”, el Tribunal determinó abstenerse de resolver el preámbulo y el

artículo 1. Denominación de las Partes; negar por razones de competencia las relacionadas con los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 60 y 62; negó por circunstancias de equidad la reclamación 20, 21, 22, 23, 27, 33, 51, 46, 49, 51, 52, 54, 56 y 59, y conceder las demás prerrogativas con fundamento en los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad. Dentro de la oportunidad legal, la organización sindical “ANTSA”, y la empresa SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S., interpusieron recurso extraordinario de anulación, no así el SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS SAI S.A.S. - “SINTRASAI”, los que serán resueltos por la Sala, por razones metodológicas, en primer orden, el formulado por sindicato y, seguidamente, el de la empresa.

III. RECURSO DE ANULACIÓN DE “ANTSA” La organización sindical “ANTSA”, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso extraordinario, en el que solicitó la anulación total del laudo arbitral, teniendo como fundamento, el que por mayoría el Tribunal decidió no ser competente para determinar si el laudo es aplicable a la cooperativa de trabajo asociado (CTA) Servicopava y Avianca S.A., al igual que “sobre el acuerdo de formalización suscrito por

Avianca S.A.” y, en segundo lugar, por cuanto lo resuelto sobre

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Radicación n.° 93978 los puntos económicos se basaron en información que no corresponde a la realidad, tal como lo expuso en el salvamento de voto, el árbitro designado por el Sindicato, lo que en su sentir, las torna nulas, por ser contrarias a la equidad.

IV. LA RÉPLICA EMPLEADOR SAI S.A.S Estando dentro de la oportunidad procesal, solo la empresa Servicios Aeroportuarios Integrados S.A.S., manifestó su oposición frente al recurso de anulación formulado por la organización sindical Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y de Servicios Aeroportuarios – “ANTSA”; solicitando se desestimen las acusaciones.

V. CONSIDERACIONES:

1. Anulación total o parcial por declarar la falta de competencia para considerar que era aplicable el laudo a la empresa Avianca S.A. y la Cooperativa Servicopava Afirma la organización sindical “ANTSA”, que el laudo debe anularse en su integridad, por cuanto al Tribunal sí tenía competencia para pronunciarse respecto del acuerdo de formalización suscrito por Avianca S.A., el 31 de julio de 2017, ante el Ministerio del Trabajo Inspección Territorial del Atlántico, por cuanto allí se comprometió a formalizar la vinculación laboral de los trabajadores que tenía a su servicio

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Radicación n.° 93978 a través de la CTA Servicopava, el cual no se cumplió, ya que si bien se celebró con 2.321 de ellos, contratos a término fijo,

se hizo a través de la empresa SAI S.A.S., una de las compañías controladas por dicha organización empresarial, lo que en el fondo, representó la desmejora salarial y prestacional, además de la vulneración al derecho a la igualdad respecto de los trabajadores directos de Avianca S.A., irregularidad que afirma el recurrente, se pretendió corregir con el pliego de peticiones, pero los árbitros la mantuvieron intacta. 1.1. La Réplica de la empresa Afirma que, de entender que el alcance de la anulación se refiere al artículo 1° del pliego de peticionesdenominación de partes, toma relevancia la decisión del Tribunal frente a lo solicitado, el que por mayoría deciden que no es competente para determinar si el laudo es aplicable a Servicopava y Avianca S.A., por tratarse de un punto de derecho, ya que carecían de competencia para pronunciarse frente al acuerdo de formalización suscrito por Avianca S.A. Además, precisó que las organizaciones sindicales en sus peticiones no podían pretender incorporar a terceros en la aplicación del laudo, ajenos al conflicto colectivo generado con la empresa Servicios Aeroportuarios Integrados S.A.S., por ser contrario a derecho, pues de acceder a ello se estaría imponiendo obligaciones a personas no vinculadas al conflicto colectivo, ya que la Corte ha sostenido que el laudo

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Radicación n.° 93978 solo puede decidir controversias con efectos inter partes, debido a que el Tribunal no tiene competencia para imponer obligaciones a personas o entidades que son ajenas al

desacuerdo sometido a su solución (CSJ SL817-2022). 1.2. Petición objeto de impugnación Tal como lo refiere la opositora, debe entenderse que la acusación se encuentra dirigida frente a la decisión adoptada en relación con la petición primera del laudo, la cual fue elevada en los siguientes términos por el Sindicato. La denominación de las partes contratantes de esta convención está determinada por los siguientes aspectos:

1. La mayoría de los trabajadores de SAI S.A.S, provienen de la cooperativa SERVICOPAVA, que realizaban labores misionales de la empresa AVIANCA S.A., y que, debido a ello, fueron sujetos de un PLAN DE FORMALIZACIÓN LABORAL, firmado entre la aerolínea y el Ministerio del Trabajo.

2. Que según las disposiciones legales que rigen tales acuerdos de formalización, en ellos se deben mejorar las condiciones de contratación de los trabajadores y su vinculación debe hacerse directamente a la empresa que enfrenta las actuaciones administrativas en el Ministerio del Trabajo, que para el caso es AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO

AVIANCA S.A.

3. Que en medio de dicho proceso AVIANCA S.A. adquirió la empresa SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S, la cual pasó a hacer (sic) parte de su holding y recipiente de los empleados formalizados.

Por las anteriores razones, para los efectos de la presente Convención Colectiva de Trabajo se entenderán como partes contratantes a SAI-AVIANCA, que dentro del desarrollo del presente texto se denominará LA EMPRESA y, de la otra, el

SINDICATO ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL

SECTOR AÉREO Y DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS, ANTSA,

o EL SINDICATO.

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Radicación n.° 93978 Prerrogativa que involucra, tal como lo expresa la organización Sindical, la anulación total del laudo, por cuanto de aquella petición, afirma, se desprende la negación de otras prebendas (que no fueran singularizadas), que guardan relación directa con el citado artículo, en la medida que con ello pretendió equiparar los beneficios convencionales que disfrutan los trabajadores vinculados directamente con Avianca S.A. 1.3. Laudo Arbitral En atención a lo estimado en los acápites que anteceden, respecto a la petición primera del pliego, observa la Sala que, el Tribunal, por mayoría, decidió que no tenía competencia para pronunciarse en cuanto al requerimiento de que el laudo debe ser aplicado a Servicopava y Avianca S.A., por cuanto, además de no haber sido parte directa del conflicto, el tema de la formalización laboral suscrito por esta última compañía ante el Ministerio del Trabajo, así como respecto de los efectos que de ella se pretenden hacer derivar, involucra un punto de derecho. 1.4. Consideraciones En primer término se recuerda, que tanto en el conflicto como en la negociación colectiva, es relevante la existencia de dos sujetos titulares de los intereses controvertidos, quienes no pueden ser otros distintos a los que adoptaron tal calidad en los debates de arreglo directo, y que para el presente asunto, corresponden al empleador y los

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Radicación n.° 93978

trabajadores sindicalizados, siendo estos últimos, por virtud de la ley, representados por el sindicato, tanto ante el empleador como respecto de las autoridades administrativas y judiciales (CSJ SL2360-2022). Luego, es claro que en el presente caso, acorde con el pliego de peticiones que obra en el cuaderno digital del Tribunal, así como en las actas de instalación y cierre de las negociaciones llevadas a cabo en la etapa de negociación directa, las partes en conflicto no son otros que el sindicato ANTSA y la empresa SAI S.A.S. como empleador, pues según se desprende de la documental referida, el pliego con el cual se apertura el conflicto, fue dirigido y presentado a la empresa Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S. – AVIANCA HOLDINGS, por lo que se concluye que, estos son los únicos actores del conflicto objeto de revisión por esta Corte. Es así como, no se visualiza que en la referida reclamación se vinculara a la compañía AVIANCA S.A., bajo la presunta condición de sociedad financiera controlante del grupo empresarial del cual se afirma por el recurrente hace parte la empresa SAI S.A.S., y menos aún, bajo el presupuesto de que aquella sociedad, a consecuencia de los compromisos de formalización laboral adquirida ante el Ministerio del Trabajo, fuera solidaria o subsidiariamente responsable frente a las obligaciones contraídas por esta última, mediante el pretendido acuerdo convencional con la organización sindical ANTSA o por imposición de un laudo arbitral. Y, menos aún, respecto de la Cooperativa de Trabajo

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Radicación n.° 93978 Asociado Servicopava, con quien se predica haber existido intermediación laboral frente a los trabajadores que representa el sindicato. Así las cosas, resulta evidente que no es viable que los árbitros al resolver el diferendo, pudieran extender los efectos del laudo arbitral a personas jurídicas distintas a las descritas en los actos de iniciación del conflicto colectivo, como se pretende bajo el numeral segundo del artículo 1° del pliego de peticiones, donde, invocando un acuerdo de formalización laboral firmado por la compañía Avianca S.A. ante el Ministerio del Trabajo, se demanda por la organización sindical convocante, la vinculación directa de todos los trabajadores contractados actualmente por la empresa SAI S.A.S., a la sociedad Avianca S.A., por cuanto la mayoría provienen de la CTA Servicopava, a través de la que en tiempo pretérito, se indica, ejecutaron labores misionales para aquella compañía. Además, es claro que la referida petición al igual que la argumentación plasmada en el recurso formulado por la organización sindical, en estricto sentido involucra un conflicto jurídico y no de intereses, en la media que lo pretendido, es que se diera pleno cumplimiento al acuerdo de formalización laboral suscrito por Avianca S.A. en el año 2017 ante el Ministerio del Trabajo, mediante la vinculación directa a dicha empresa de los obreros que le venían prestando servicios como trabajadores en misión a través de la CTA Servicopava, por cuanto, si bien fueron vinculados a través de contrato a término fijo de un año, lo asevera el

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Radicación n.° 93978 Sindicato, se hizo con una de las empresas que conforman el Holdings Avianca, denominada SAI S.A.S., lo que en su criterio implicó, que fuera bajo unas condiciones salariales y prestacionales inferiores a las establecidas para los empleados de Avianca S.A. Por consiguiente, razón le asistió al Tribunal al considerar, que no tiene competencia para pronunciarse frente a aquella reclamación y, en especial, sobre el referido acuerdo de formalización, ya que la jurisprudencia de esta Corte ha diferenciado los conflictos jurídicos de trabajo y los de intereses, ubicando los primeros en la interpretación o aplicación del derecho fijado en la norma sustantiva preexistente, los cuales compete resolver al juez laboral, mientras los segundos, se refieren generalmente a pretensiones dirigidas a crear un derecho o modificar uno ya existente, a través de la presentación de un pliego de peticiones, el cual, bien puede resolverse mediante la autocomposición con la celebración de una convención colectiva de trabajo o mediante la intervención de un tribunal de arbitramento, a través de un laudo arbitral, el cual, por demás, a diferencia del conflicto jurídico, se define en equidad. En consecuencia, resulta evidente que el recurrente se ubicó en un escenario meramente jurídico que, conforme se explicó, no conlleva el interés de crear un derecho o mejorar un mínimo legal o extralegal, sino el cumplimiento de normas sustanciales legales, escenario frente al que los árbitros no se encuentran facultados para intervenir, dado que ello

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Radicación n.° 93978 resulta contrario al fin para el que legalmente se constituyen, decidir conflictos en equidad. Finalmente se debe señalar, que la petición de anulación total del laudo resulta inane, puesto que el invalidar una disposición arbitral, conlleva al efecto negativo de su contenido, por cuanto desaparece del mundo contractual, de allí que, las relaciones laborales de trabajadores y empleador se continuarían rigiendo por los convenios que le antecedían, el pacto colectivo o laudo arbitral vigente o por las normas legales en vigor. Así las cosas, no se anulará el laudo en forma total, ni mucho menos parcial, en lo que respecta al artículo primero del pliego de peticiones.

2. Anulación por inequidad sobre lo resuelto frente a las peticiones económicos En cuanto al segundo aspecto, señala el Sindicato que, el Tribunal resolvió los puntos económicos del pliego basado en información que no corresponde a la realidad, lo que condujo a que las decisiones económicas del laudo no se tomaran en equidad, ya que, acorde con el análisis que realizó el árbitro nombrado por ANTSA, en su salvamento de voto, sobre las cifras del costo de la nómina presentada por la empresa SAI S.A.S., ellas no se corresponden con la realidad, pues carecen de transparencia y, por el contrario, inducen en error, que fue lo sucedido con los demás árbitros.

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Radicación n.° 93978 Al respecto trascribe los siguientes apartes del referido salvamento: En lo que a mí respecta expresé claramente que la información

entregada por la empresa, en particular en lo atinente al costo de la nómina, carecía de la claridad necesaria y que esto debía quedar totalmente esclarecido, pues era determinante para las decisiones que, en equidad, debía tomar el Tribunal. Les presenté verbalmente a mis colegas —y les expresé que lo dejaría como constancia— un ejercicio basado en una aproximación lo más estricta posible, con base en la información sobre los cargos, el número de trabajadores que la compañía mencionó que tenía contratados, el monto de los salarios, preguntado a los trabajadores, pues la compañía no presentó estos datos sino unas cifras globales. De ese ejercicio era fácil concluir que la empresa no había sido transparente en la presentación de dicha información al Tribunal, como pudo constatarse en la presentación complementaria que hizo posteriormente. […] Diferencia entre el costo anual de la nómina $27.051.735.324 presentado por la empresa y el del presente cálculo Del cálculo anterior aparecía inobjetable que SAI S.A.S. le había entregado al Tribunal una información que no correspondía a la realidad en un aspecto determinante para la toma de decisiones por parte de este. De este resultado podían extraerse, al menos, las siguientes conclusiones: 1) Que la compañía había sobrevalorado aproximadamente en un 50 % los costos de la nómina, es decir, en más de $27 mil millones de pesos en el año. 2) Que esto buscaba influir en el Tribunal en cuanto a la toma de las decisiones sobre factores económicos, que este es claramente apto para adoptar. 3) Que esto ponía en duda una parte clave del resto de la información suministrada por la compañía, incluido su estado de

pérdidas y ganancias. El Tribunal por unanimidad decidió citar nuevamente a la empresa a fin de que hiciera las aclaraciones respectivas. Aunque, debo aclarar, en honor a la verdad, que en ningún momento los otros dos colegas árbitros expresaron su acuerdo con las consideraciones hechas por mí al respecto. La empresa, el 1 de octubre, compareció nuevamente ante el Tribunal y suministró una información adicional que permitía

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Radicación n.° 93978 tener mayor claridad pero que, a la vez, se constituía en una prueba rotunda de que la información suministrada inicialmente había sido incompleta y sesgada en un aspecto fundamental, y que las dudas presentadas por mí eran perfectamente razonables. Las aclaraciones que hizo SAI S.A.S., esencialmente, fueron dos: primero, que los costos extrasalariales eran superiores a los calculados por mí —aunque no lo manifestaron expresamente un simple cálculo conduce a establecer que la firma los estima en 68.64 %— y, segundo, que, además de los 1.081 empleados reportados en la primera presentación, la compañía tenía contratados en promedio mensual, mediante Empresas de Servicios Temporales, 405 trabajadores adicionales. Con base en esta información de SAI S.A.S. me permití hacer un recálculo de los costos salariales y extrasalariales, como resultado del cual concluí que aún la información no era transparente. Así lo expresé como constancia ante el Tribunal. A los representantes de la empresa también les manifesté mi inconformidad con el hecho de no haber aportado una información que era claramente relevante.

[…] Lo anterior conduce razonablemente a por lo menos las siguientes conclusiones: 1) Que SAI S.A.S. no le presentó al Tribunal cifras veraces. 2) Que el costo de la nómina aún puede estar sobrevalorado en más de 23 % 3) Que el número de trabajadores temporales es supremamente alto, aún más si se tiene en cuenta que el Acuerdo de Formalización —documento sobre el cual insistí que debía tenerse en cuenta para proferir el laudo arbitral en equidad— tiene por objeto suprimir la contratación temporal de labores misionales. 4) Que, de no existir un falseamiento de los costos de la nómina, se podría llegar a la conclusión de que el número de enganchados por EST es aún más alto, lo cual, además de implicar una nueva información falsa al Tribunal, influye, desde luego, en las apreciaciones en equidad que deben hacer los árbitros. 5) Que todo esto presentaba una falencia de fondo para el fallo en equidad del Tribunal, más cuando los doctores José Darío Acevedo y Mario Rodríguez, árbitros nombrados por la compañía y el Ministerio, respectivamente, adujeron en reiteradas ocasiones, al momento de pronunciarse sobre los puntos económicos de los petitorios, las dificultades económicas de SAI S.A.S.

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Radicación n.° 93978 En consecuencia, solicita la anulación total del laudo, o en subsidio de manera parcial conforme a los argumentos esbozados. 2.1. La Réplica de la empresa Manifestó su resistencia, por cuanto el recurrente no concretó cada uno de los puntos económicos sobre los cuales

pretende la anulación, pues presentó peticiones generales con una sustentación vaga e inconclusa, además de que se limitó a transcribir el salvamento de voto presentado por el árbitro nombrado por la organización sindical, quien emitió un concepto personal y subjetivo sobre la situación financiera de la compañía, lo que, en su criterio, se torna improcedente, tal como lo ha señalada esta Corte, entre otras oportunidades en sentencia CSJ SL1689-2020 y CSJ SL4162022. 2.2. Laudo Arbitral En lo que concierne a las peticiones presentadas por la organización sindical “ANTSA”, el Tribunal determinó abstenerse de resolver el preámbulo y el artículo 1. Denominación de las Partes; negar por razones de competencia las relacionadas con los artículos 2. Continuidad de contratos, 3. No represalias, 6. Régimen de contratación y antigüedad, 7. Asesoría sindical en la vinculación de los nuevos trabajadores, 8. Favorabilidad, 10. Jornada de trabajo, 11. Sistema de turnos, 12. Horas extras,

14. Licencias no remuneradas, 15. Criterios para los ascensos y escalafón, 16. Vacantes, 18. Nivelación salarial,

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19. Salario mínimo de contratación, 29. Comité de relaciones laborales, 32. Covid-19, 35. No discriminación por estado de salud, 36. Promoción y vigilancia de la salud en el trabajo,

37. Nivelación salarial por reubicación, 38. Accidente de

trabajo, 39. Enfermedades profesionales, 40. Pago de incapacidades, 41. Respeto al derecho a la intimidad, 42. Brigada de primeros auxilios, 43. Turnos para facilitar la educación, 44. Auxilio educativo, 60. Prohibición de firmar pactos colectivos y, 61. Interpretación de la convención colectiva de trabajo. Negó por motivos de equidad, atendiendo la situación económica de la empresa, las cláusulas 20. Prima de vacaciones, 21. Prima de navidad, 22. Prima ambiental o de clima, 23. Prima de carestía, 27. Prima de soporte logístico,

33. Medicina prepagada o plan complementario, 46. Cursos de inglés, 49. Servicios higiénicos para el personal, 50.

Transporte, 51. Auxilio de transporte, 52. Pasajes, 54. Permisos sindicales permanentes, 56. Pasajes viáticos y transporte para misiones del sindicato y, 59. Bono por firma de convención colectiva, concediendo todas las demás prerrogativas con sustento en razones de equidad, igualdad y proporcionalidad. 2.3. Consideraciones Al respecto, lo primero que se debe precisar, es que la Sala tiene sentado en su jurisprudencia, que por la naturaleza del recurso extraordinario de anulación, no puede actuar de manera oficiosa, debe ceñirse a la solicitud de

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Radicación n.° 93978 impugnación, siendo deber del recurrente concretar y sustentar los puntos cuya anulación pretende, pues esta

Corte no puede suponer las objeciones de la parte interesada a partir de afirmaciones genérica, abstractas, vagas e imprecisas. En sentencia CSJ SL416-2022, que rememora las CSJ SL1689-2020 y CSJ SL282 de 2020, se sostuvo que: Memórese que, en razón de la naturaleza jurídica del recurso de anulación, es deber del impugnante concretar y sustentar los puntos cuya anulación pretende, pues la Corte no puede actuar oficiosamente y suponer las objeciones concretas de la parte interesada a partir de afirmaciones abstractas, vagas e imprecisas (CSJ SL11979-2017). Nada mejor que traer a colación lo expresado en sentencia CSJ SL8157-2016, en cuanto a que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 712 de 2001, el antes denominado «recurso de homologación» pasó a ser un recurso extraordinario orientado a la anulación de los laudos arbitrales, lo que significa que su nueva caracterización presupone dos cosas: (i) la necesidad de concretar los motivos de anulación; y (ii) el carácter dispositivo de su argumentación, en cuya virtud se deben aportar las razones de la solicitud de anulación y la Corte debe ceñirse a las causales invocadas (anulación del laudo arbitral; devolución del expediente al tribunal de arbitramento; modulación o condicionamiento del laudo arbitral). Ahora, la única argumentación de ANTSA, es que las decisiones sobre los puntos económicos del pliego se basaron en información que no corresponde a la realidad, tal como lo expuso el precitado árbitro en su salvamento de voto, lo que

en su criterio torna nula la decisión que se tomó con base en los datos financiera presentados por la empresa, en especial, sobre el costo de nómina, ya que éste estimó que las cifras

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Radicación n.° 93978 reportadas carecían de la claridad necesaria, lo que indujo en error al Tribunal en su decisión. Obsérvese, que la organización sindical no efectúo el respectivo análisis tendiente a acreditar en lo más mínimo, la razón que justifique que se anulen las cláusulas de contenido económico definidas por el Tribunal, además de que no individual