CSJ - SL434-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL434-2023 Radicación n.° 91164 Acta 007 Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OSCAR FERNANDO REYES PLAZA, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, mediante fallo del 18 de febrero de 2021, en el proceso que instauró

contra la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL

VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI.

I. ANTECEDENTES Oscar Fernando Reyes Plaza llamó a juicio a la Caja De Compensación Familiar Del Valle del Cauca – Comfamiliar Andi – Comfandi, con el fin de que de forma principal se reconociera la existencia de una relación de trabajo a término fijo entre ellos; se declarara ineficaz el despido que se le

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Radicación n.° 91164 efectuó mediante comunicación del 11 de abril de 2014, sin el permiso del Ministerio del trabajo; se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba junto con el pago de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación y hasta su reincorporación debidamente indexados; y, de forma subsidiaria, se condenara a la pasiva a reconocerle la indemnización por su desvinculación injusta al no contar con el referido permiso, la nivelación salarial con el cargo de supervisor, los perjuicios morales, la indexación de todas las

sumas y lo ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que i) desde el 16 de marzo de 2008 laboró para Comfandi en el cargo de vigilante; ii) el 13 de abril de 2014 fue despedido por la empresa invocando justa causa «debido a unos presuntos hechos sobre la pérdida de una armas el 28 de febrero de 2014»; iii) a la terminación de su contrato devengaba un salario de $772,258; iv) fue obligado a presentar en varias ocasiones pruebas de polígrafo ante la pérdida de 14 armas de fuego, por lo que también fue llamado a descargos; v) el sindicato Sinaltrainal presentó un pliego de peticiones a la demandada en octubre de 2012 y para diciembre de 2013 aún no habían llegado a ningún acuerdo; vi) la demandada le nombró como supervisor desde el 28 de marzo de 2011 y hasta el 9 de marzo de 2014, identificándolo de tal forma en todas las diligencias aquí mencionadas; vii) la causal de despido invocada en la evocada carta, «no tiene nada que ver con […] y fue un hecho que no ocurrió como lo hace ver esa entidad» y, viii) las razones expuestas en la misiva de terminación contractual no están contenidas en el

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Radicación n.° 91164 reglamento interno de trabajo. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció como ciertos de forma parcial o total, los concernientes a la relación laboral, fecha y causa de terminación informada en

la misiva del 13 de abril de 2014; acompañamiento del actor a la diligencia de descargos por miembros del sindicato; la radicación del pliego de peticiones en octubre de 2012, que no llegó a acuerdo alguno frente a este y que, los afiliados al sindicato se encontraran amparados por la figura del fuero circunstancial, negando los restantes como fueron el nombramiento en el cargo de supervisor, la obligación en nivelar el salario por dicho cargo o el que la causa de terminación no obedeció a una de carácter justo. En su defensa presentó como excepciones de mérito las que denominó carencia de derecho sustancial, inexistencia de las obligaciones demandadas y petición de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santiago de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 26 de noviembre de 2019, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 91164 La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, mediante fallo del 18 de febrero de 2021, confirmó la decisión de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problema jurídico establecer si el trabajador se encontraba amparado por la figura del fuero circunstancial al momento de su despido; si este «acaeció con o sin justa causa, por lo que deberá analizar la procedencia del reconocimiento y pago de la correspondiente indemnización, si a ello hubiere lugar, determinando para todos los efectos si se

acreditó la nivelación salarial pretendida». Para tal efecto, consideró que no se discutía la vinculación del actor dada la aceptación que de dicho hecho se hizo en la demanda y lo señalado en la certificación laboral expedida por Comfandi, donde consta que aquel laboró «con varios contratos a término fijo, el primero de los cuales inició el 3 de abril de 2008 y el último […] el 13 de abril de 2014» y, el despido del trabajador por parte de la cooperativa el 11 de abril de 2014 amparado en justa causa. Como fundamento de su decisión y luego de definir conforme a la jurisprudencia de la corporación, del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y demás normas concordantes, la garantía del fuero circunstancial, aseveró que de la única prueba relacionada con el tema, es decir, la comunicación suscrita por el presidente de Sintrainal con fecha del 2 de junio de 2014, que fue dirigida a una autoridad judicial de Cali, no se acreditaba que el sindicato hubiese agotado frente

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Radicación n.° 91164 a Comfandi «la etapa de arreglo directo […], aunado a ello se tiene que el vínculo del actor con la organización sindical data del 7 de febrero de 2014, […] de ahí que el señor Reyes no se hallaba dentro de los trabajadores que elevaron el mencionado pliego de peticiones», razón por la que al haber presentado en octubre de 2012 el evocado pliego sin que hiciera aún parte del sindicato el recurrente, este no acreditó

«la intención de negociar algún conflicto colectivo entre trabajadores y el aludido empleador, fundamento esencial para la protección del fuero circunstancial reclamado». Concluyó entonces, que, al no existir conflicto colectivo para la fecha del despido, el actor no gozaba de la estabilidad laboral por fuero circunstancial que reclama ni era procedente ordenar el reintegro, en cuestión. De otro lado, con relación a la indemnización por despido sin justa causa, memoró que la terminación del vínculo se dio el 11 de abril de 2014, de forma unilateral mediante comunicación que obra a folios 13 a 17 de las diligencias, en las que se le expuso al trabajador además de las normas transgredidas por las acciones de aquel, «tres conductas anómalas, a saber»:

1. Haber participado en el traslado de las 14 armas de fuego extraviadas, de la caja fuerte principal al cofre auxiliar y no haber dejado registro de ello en la minuta correspondiente ni haberlo formalizado en el acta respectiva.

2. Haber faltado a la verdad en la diligencia de descargos cuando manifestó desconocer el reglamento interno de trabajo y las funciones de su cargo y haber participado en el traslado de dichas armas, de la caja fuerte principal a la auxiliar, que se ha denominado cofre.

3. Haber faltado a la obligación de diligencia y cuidado que

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Radicación n.° 91164 caracteriza la labor de seguridad al advertir la vulnerabilidad a que quedaran expuestas las armas y no haberlo informado a su

jefe inmediato. Dedujo que, de las dispuestas en los numerales primero y tercero, «podía ser a alguno de los tres o a todos en su defecto» a quienes les competía dejar los registros pertinentes del traslado del armamento, así como de la reseñada en el segundo y al contrario de lo allí expuesto, encontró que el trabajador conocía de la existencia y contenido del RIT, lo que advirtió a partir de la acción de tutela que se invocó en su momento haciendo alusión al citado documento, aunado a lo consignado en el contrato de trabajo, donde declaró «conocer y aceptar las funciones de su cargo por haberlas recibido por escrito por parte del Departamento de Gestión Humana», lo que se acompañaba del manual de perfiles y competencias con firma de recibido del señor Reyes. Así mismo, concluyó a partir del análisis de las declaraciones de Diego Fernando Barrera Ortiz y Luis Eduardo Salazar «señalados por el demandante como únicos partícipes en el traslado de las armas tantas, veces referido», que aunque aquel negó su participación en los hechos como lo sostuvo también en la diligencia de descargos, dichos testigos «fueron consistentes en afirmar que el señor Oscar Reyes intervino en dicho traslado, que fue quien abrió y cerró cofre, recibió las armas de manos del señor Salazar, las iba guardando al fondo de la caja y las tapó con unas carpetas de documentos». Por lo anterior, como no se allegó el RIT que rigió a los

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Radicación n.° 91164 trabajadores al interior de Comfandi, aunque el empleador

estimó como graves las faltas endilgadas, no las pudo reconocer en dicha calidad y en armonía a lo señalado en sentencia CSJ SL11640 de 2014, calificó el incumplimiento del demandante a partir de lo expuesto y en contraste con el numeral 4 de los artículos 58, y 60 y de los acápites 5 y 6 del 62 del CST, como una falta rigurosa de la moral en la relación laboral con superiores y compañeros, por tanto «ameritaba una sanción tan severa por parte de la demandada como fue la terminación de su contrato de trabajo, lo que se traduce en que el despido acaeció con justa causa» y por contera, procedía per se, la negación de los perjuicios reclamados. Por último, arguyó en cuanto a la nivelación salarial reclamada que al tenor de los preceptos 13 y 53 constitucionales y 143 del CST, en armonía con lo dispuesto en sentencias CC T1098-2000 y CSJ SL2512-2018, al trabajador le correspondía acreditar la discriminación injustificada entre el cargo para el cual fue contratado y el que desempeñó realmente, sin haberse acreditado de forma alguna lo concerniente a la «jornada laboral, el rendimiento y eficiencia, la naturaleza de las labores desempeñadas, la preparación académica, la antigüedad de la empresa, la responsabilidad etc», con las cuales pudiera establecer la diferencia entre semejantes, por lo que era dable confirmar la sentencia impugnada, al no haber errado el a quo en su decisión.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 91164 Interpuesto por Reyes Plaza, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y en su lugar acceda a la totalidad de pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, uno por la vía de los hechos y dos por la directa, los cuales se replican en su oportunidad y se resuelven de manera conjunta, pues atacan similar grupo normativo, y se valen de argumentos que se complementan al perseguir el mismo objeto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965; «infracción directa del artículo 10 del Decreto 1373 de 1996 y 36 del Decreto1469 (sic) de 1978; en relación con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 87, 89 y 151 aprobados […]; y 38, 39, 55 y 56 de la Constitución

Política». En sustento de su reproche, luego de afirmar que no controvierte para el punto, la discusión fáctica realizada por el sentenciador, centra su argumentación en la intelección

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Radicación n.° 91164 equivocada que presuntamente se hizo del art. 25 del Decreto 2351 de 1961, para lo cual aduce que de la lectura de aquel

no se desprende que «la prohibición de despedir sin justa causa comprobada, solo aplique para los trabajadores que radicaron el pliego de peticiones de la empresa, porque ello dejaría por fuera a aquellos otros o que simplemente se afilien a la organización con posterioridad a la presentación del pliego», y por tanto, tampoco el fuero circunstancial que ignoró al no tener en cuenta el contenido del 10 del Decreto 1373 de 1966 y 36 del Decreto 1479 de 1978. En efecto, luego de recapitular las anteriores normas, aduce que dicho fuero cobija a los no afiliados al sindicato y por tanto, la empresa se encontraba obligada a solicitar el permiso respectivo antes del despido, no siendo de su entender «porque si la misma empresa aceptó que el actor gozaba del fuero circunstancial, como claramente lo destacó el Tribunal en el cuerpo del fallo impugnado […] (hoja 4 de la sentencia), no se halla la razón jurídica para que dicho sentenciador incursionara en ese tema si no era materia de discusión», lo que también ha sido decantado por la corporación, para lo cual trae a colación la sentencia CSJ SL, 2 jul 2008, rad. 31945.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la transgresión de la ley sustancial por vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965; 10 del Decreto 1373 de 1996 y «36 del Decreto1469 (SIC) de 1978»; en relación con los convenios de

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Radicación n.° 91164 la OIT y de las normas constitucionales que refirió en el ataque inicial. En soporte de lo anterior, enuncia como errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el sindicato SINALTRAINAL, frente a COMFANDI, no agotó la etapa de arreglo directo.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que era requisito sine qua non para la protección foral del actor, que él hubiera hecho parte de los trabajadores que elevaron el pliego de peticiones a la empresa.

3. No haber dado por demostrado, estándolo, que, para la fecha de terminación del contrato de trabajo del demandante, existía un conflicto colectivo de trabajo dentro de la empresa.

4. No dar por demostrado, estándolo, que, frente a la existencia del conflicto colectivo de trabajo, el actor estaba protegido por el fuero circunstancial.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el actor al estar protegido por el fuero circunstancial era obligación de la empleadora pedir el permiso al Ministerio del Trabajo para poder despedirlo.

6. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el demandante faltó a la verdad en la diligencia de descargos en cuanto dijo desconocer el reglamento interno de trabajo, las funciones de su cargo y su participación en el traslado de 14 armas de fuero (sic) de la caja fuerte principal a la caja auxiliar.

7. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la supuesta mentira del actor en la diligencia de descargos constituía una justa causa de despido.

8. No haber dado por demostrado, que las manifestaciones hechas por el demandante en la diligencia de descargos, no constituyeron una mentira y, por ende, no estructuraban una justa causa de despido.

Así mismo, aduce que el colegiado incurrió en dichos errores por dejar de apreciar la demanda, su reforma y la

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Radicación n.° 91164 contestación de la misma, así como por hacerlo de manera equivocada respecto de las siguientes pruebas:

1. Carta de despido del actor. (fls. 13 a 17)

2. Comunicación del Presidente de la organización Sindical SINALTRAINAL dirigida a un Juez Laboral del Circuito de Cali.

(f1. 34)

3. Comunicación de SINTRAINAL a COMFANDI, sobre la afiliación del actor al sindicato. (f1.35)

4. Diligencia de descargos de OSCAR FERNANDO REYES PLAZA

(fl. 18 a 22).

5. Copia de acción de tutela instaurada por el demandante. (fl.

365)

6. Contrato de trabajo suscrito entre el actor y la empresa. (fls. 385 у 386).

7. Manual de perfiles y competencias del cargo. (fls. 391 y 392)

8. Interrogatorio de parte del actor. (expediente digital audiencia art. 80)

9. Descargos rendidos por DIEGO FERNANDO BARRERA ORTIZ

(fls. 400 a 407) y LUIS EDUARDO SALAZAR (fls. 408 a 412).

10. Testimonios de DIEGO FERNANDO BARRERA ORTIZ y LUIS EDUARDO SALAZAR (expediente digital audiencia art.

1. Expresa que el juez plural consideró que «no existía conflicto colectivo, por lo que el demandante no gozaba de la estabilidad laboral reforzada por fuero circunstancial», una vez descartó como prueba la «comunicación remitida por el presidente de SINALTRAINAL (fl. 34)» en la que, […] el presidente de la mencionada agremiación sindical […], le hace saber al Juez Laboral del Circuito de Cali que el demandante está afiliado al sindicato; que también así se lo informó a la Dirección Territorial del Trabajo del Valle del Cauca; que “Nuestra organización sindical presentó en el mes de octubre del año 2012, el pliego de peticiones a la Caja de Compensación Familiar Comfandi, quien solo hasta el mes de octubre del año 2013, y ante multa y sanción de que iba a ser objeto por parte de la Dirección Territorial del Trabajo, cito a negociar dicho pliego, que hasta el 7 de diciembre de 2013, no se llegó a ningún acuerdo. – Ante esta situación se sigue con la etapa de la Constitución del Tribunal de Arbitramento para que decida mediante Laudo Arbitral todo lo concerniente frente a este pliego de peticiones.

Sostiene que no existe razón para que se descartara

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Radicación n.° 91164 dicho documento, en el entendido que fue presentado con la demanda sin ser objeto de tacha por la pasiva; fue suscrita por quien era el representante del sindicato, persona idónea para suministrar la evocada información, así como los hechos 29 a 31 de la demanda que corresponden a la

existencia del conflicto y a que para la época del despido los trabajadores gozaban del fuero circunstancial, fueron aceptados como ciertos por la opositora. Acto seguido indica que al ser válido el estudio de la demanda y su contestación cuando contiene confesión como presume sucede en el asunto, queda acreditado el conflicto colectivo y por tal razón, «era obligatorio admitir que ya la etapa de arreglo directo había fracasado», al contrario de lo expuesto por el colegiado, frente a que no se agotó dicha etapa entre el sindicato y Comfandi, por lo que además, aunque se sostuvo la tesis de que «es posible el despido cuando hay una justa causa, la verdad es que en este asunto esa justa causa no existió», y como se admitió no contar con permiso para despedir al trabajador, de los errores enrostrados se desprende la ineficacia del despido. Con relación a los motivos expuestos en la carta de despido, afirma que al descartar el Tribunal la responsabilidad del recurrente respecto de las plasmadas en numerales 1 y 3, dando credibilidad a la del 2, por considerar que faltó a la verdad en la diligencia de descargos, se tiene que «es lo que constituye las supuestas faltas cometidas por el actor, las cuales a la postre no son conductas ejecutadas en el desarrollo de la prestación del servicio sino las respuestas

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Radicación n.° 91164 ofrecidas en una diligencia de descargos que para la empresa y el Tribunal resultaron mentirosas», cuando el interrogatorio surtido en dicha indagación se dio de forma intimidatoria sin

respetar el derecho a la defensa y el debido proceso, en cuanto ahondó sobre aspectos no relevantes como el conocimiento o no de sus funciones y del reglamento interno de trabajo, del que apenas le entregaron folletos a la carrera, «luego entonces no se puede asegurar que estuviera diciendo mentiras». De igual forma, el colegiado sostuvo que, también mintió el censor al negar la participación en el traslado de las 14 armas, por cuanto adujo haber presenciado tal labor, la cual fue ejecutada por parte de Diego Barrera y Luis Eduardo Salazar, lo que tampoco implica que hubiera faltado a la verdad, pues lo que señaló al ser interrogado, fue «no haber participado del traslado de las armas pero que sí (SIC) observo (SIC) el traslado», ello 6 meses después de los hechos por lo que «no permite asegurar de memoria como se desarrollaron los acontecimientos». Agrega que, al demostrar los yerros mediante el estudio de las pruebas calificadas, procede el análisis de las testimoniales ya mencionadas, para lo cual refiere que, aunque aquellos coinciden en afirmar que el recurrente «fue quien abrió y cargó la caja cofre, recibió las armas de manos del señor Salazar, las iba guardando al fondo de la caja y las tapó con unas carpetas de documentos»; dicha alocución no era cierta, por lo que la justa causa resulta inventada y se da mayor credibilidad a las intervenciones de Barrera y Salazar

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Radicación n.° 91164 sobre la del actor, sin ninguna explicación.

VIII. CARGO TERCERO Embiste la sentencia por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida, respecto de los artículos numeral 4º del artículo 58 numeral 4°, 62, 5° y 6°; 432 y siguientes del CST, en relación con el 64, 65 y 25 del Decreto 2351 de 1965; 10 del Decreto 1373 de 1966 y 36 del «Decreto1469 (sic)» de 1978 en armonía con las normas internacionales y constitucionales que menciona en los otros ataques.

Luego de transcribir la conclusión a la que arribó el fallador con relación a la causal de faltar a la verdad en la diligencia de descargos, recuerda que se indicó no ser estudiada a la luz del RIT sino del numeral 4º del artículo 58 y del 5º y 6º del 62 del CST, por lo que al no discutir los supuestos fácticos que tuvo en cuenta para la decisión el Tribunal, cuestiona es que se hubiera considerado que el faltar a la verdad por parte del trabajador en la evocada diligencia, «constituye una conducta que se enmarca dentro de lo previsto en la ley como justa causa de despido, cuando quiera que esa conducta nada tiene que ver con los hechos por los cuales fue llamado un trabajador a descargos», habida cuenta de que sin ser cierta la afirmación de los Señores Barrera y Salazar, «realmente no puede constituir un acto inmoral lo manifestado por el actor en su diligencia de descargos». Alude que lo que puede constituir falta que amerite el

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despido es «aquella actuación irregular cometida en el desarrollo de la prestación del servicio, de su entorno, pero nunca la derivada de lo expresado en una diligencia de descargos, salvo que, per se, ella implique injuria, irrespeto, ultraje, etc, hacia los jefes o compañeros de trabajo».

IX. RÉPLICA Señala la opositora, que en el alcance de la impugnación no se hace la distinción necesaria respecto de las pretensiones principales y subsidiaria que se enmarcaron en la demanda, así como, que el primer reproche presenta sendas deficiencias técnicas, comoquiera que se acusan convenios internacionales de los cuales no se precisan los artículos transgredidos ni se da el sustento argumentativo de las faltas cometidas contra aquellos o la Constitución Política, lo que no puede determinar oficiosamente la Sala y finalmente, al haber motivado este por la vía directa «aquél debe sustentarse aceptando en su integridad las conclusiones de orden fáctico del fallo atacado», por lo que el censor desconoció entonces, […] dos sustentaciones de orden probatorio esenciales a las que llega el Tribunal de Cali en su sentencia; la primera de ellas es que no se acredita en el expediente que la Organización Sindical Sinaltrainal hubiese presentado un pliego de peticiones ante la demandada y menos aún que ese pliego de peticiones no hubiese sido resuelto para la fecha del despido del actor; y la segunda conclusión fáctica consiste en que se encontró acreditado que el contrato de trabajo finalizó con justa causa. Estos dos elementos fácticos hacen inaplicable el fuero circunstancial que alega la

parte demandante. Aunado a ello, expone que, en cuanto a lo sustancial, el censor «no entiende y por tanto no explica con claridad

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Radicación n.° 91164 suficiente el alcance» del fallo impugnado, habida cuenta de que en esta lo que se reprocha es que «nunca se acreditó la existencia de un conflicto colectivo de trabajo al interior de la entidad demandada que pudiera dar origen a la garantía del fuero circunstancial», para lo cual el colegiado arguyó que la comunicación del 29 de junio de 2014 allegada a las diligencias y que estaba dirigida a una autoridad judicial de Cali, además de ser la única prueba relacionada con el tema en cuestión, «no puede ser considerada plena prueba que demuestre que en efecto la Organización Sindical' "SINALTRAINAL" hubiese agotado frente a la demandada COMFANDI, la etapa de arreglo directo de que tratan los artículos 432 y siguientes del CST», la que al ser una conclusión eminentemente fáctica no es susceptible de discusión por la vía directa y se encuentra amparada en el principio de libre formación del convencimiento previsto en el 61 del CPTSS, máxime cuando en el expediente no se aportó el texto del pliego de peticiones que se alega o el soporte de la remisión y radicación del mismo ante la demandada. De igual manera, advierte que otra razón fundamental para la decisión impugnada fue que el contrato terminó por justa causa, lo que tampoco se controvierte y por tanto, «hace a todas luces inocua la discusión propuesta en el cargo acerca

de la fecha de afiliación a la Organización Sindical». Finalmente, dice que al mencionar que debía el empleador acudir al Ministerio de Trabajo para comprobar la justa causa o ser autorizado el finiquito en discusión, ampara

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Radicación n.° 91164 su argüir en normas inexistentes para la fecha del despido mismo, comoquiera que ello ocurrió en el 2014 y «los incisos 1 y 2 del artículo 36 del decreto 1469 de 1978 (no 1479 como equivocadamente se menciona en el cargo) fueron declarados nulos por la sección segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 12 de septiembre de 1980, Expediente 2890». Con relación al segundo embate, insiste en las falencias presentadas por convocar con convenios de la OIT de forma generalizada; no tener en cuenta a pesar de la vía propuesta que la decisión de basa en dos argumentaciones fácticas que no derruye y finalmente, que la mayoría de los errores de hecho que plantea para el reproche, son de naturaleza jurídica por lo que se presenta una mixtura de argumentos y no es posible su exposición mediante la vía fáctica. Arguye que el documento suscrito por el presidente de Sinaltrainal es una comunicación de un tercero que se asemeja al testimonio y, por tanto, al ser prueba no calificada no puede soportar un cargo por la vía indirecta», lo que apoya en extracto de la sentencia CSJ SL, 1 mar 2011, rad. 38841. Asimismo, recuerda que los hechos de los que se manifiesta existe confesión, por registrar en la contestación

de la demanda que son ciertos, no pueden calificarse de dicha forma, toda vez que ello opera frente al reconocimiento de hechos que no requiera una prueba ad substantiam actus, tal como prevé el art. 61 del CPTSS.

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Radicación n.° 91164 Para tal efecto, memora el contenido de los preceptos 376 y 377 del CST, y sostiene que «sin la copia pertinente del acta de asamblea del sindicato que adopta el pliego de peticiones no se puede acreditar la existencia de dicho pliego», lo que a su vez deja sin soporte el desarrollo del conflicto de trabajo, la protección del fuero circunstancial alegada y a su vez, la exigencia legal de que el Ministerio del Trabajo corrobore previamente la justa causa para la terminación del contrato, normatividad que además no se encontraba vigente para la época del despido. Puntualiza con relación a los errores de hecho enlistados en los numerales 6 a 8, que los embates no atacan la totalidad de pruebas tenidas en cuenta para adoptar la decisión, pues de quedar un solo soporte de aquella, no se quiebra su presunción de legalidad y acierto, la cual debe ser «plenamente destruida por quien pretenda su casación», por lo que enrostra que no se discutió nada con relación a la consigna del manual de perfiles y competencia del cargo desempeñado por el recurrente —en el que aceptaba conocer sus funciones— ni la copia de la acción de tutela que presentó el actor —donde cita apartes del reglamento interno de trabajo—, documental que sirvió al colegiado para soportar su dicho.

Finalmente, dice que en cuanto a las demás pruebas el casacionista se dedica a discutir la credibilidad de los testigos a partir del tiempo transcurrido entre los hechos y la diligencia de descargos, lo que no obedece a una apreciación material y además de escapar al objeto del recurso

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Radicación n.° 91164 extraordinario, atenta contra el principio de la libre formación del conocimiento que se le faculta al juez en virtud del artículo 61 del CST, siendo infundado el reproche en cuanto a dicha credibilidad, máxime cuando el colegiado reseñó que la consistencia de las evocadas declaraciones eran la razón por las que tendrían mayor atención y en el entendido que, […] si la parte central de la carta de terminación del contrato se encontraba encaminada a señalar que el demandante había desconocido las obligaciones contenidas en el reglamento interno de trabajo y había incurrido en faltas graves a las obligaciones contempladas en aquel, mal puede decirse que en los descargos resultara intrascendente o inocuo verificar el conocimiento de aquellos y que el hecho de que el demandante faltara a la verdad en relación con tal punto no tuviera trascendencia o consecuencia alguna. En ese punto es de resaltar que en la carta de despido nunca se le acusó al demandante de haber hurtado armas, Ahora bien, frente al tercer y último embate, además de rememorar lo mencionado respecto de la equivocada denuncia de los convenios internacionales de forma generalizada y de la norma constitucional sin argumentos, invoca nuevamente la mixtura de vías pues a pesar de citar la directa, no comparte y a la vez, censura la conclusión a la

que llegó el colegiado luego de examinadas las declaraciones de Barrera y Salazar, por lo que resulta contrario a la técnica el que «desestima la credibilidad que conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPT, la sentencia censurada le brindó al dicho de los testigos». Expresa que en sentencia CC C931-2014 mediante la cual se declaró exequible el numeral 5 del literal a) del artículo 62 del CST, en cuanto a la justa causa se señal