CSJ - SL770-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL770-2023 Radicación n.° 90675 Acta 12 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MAURICIO CAMPAZ VIDAL contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 17 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que el recurrente instauró contra la COMPAÑÍA

OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S. A. (COPCSA).

I. ANTECEDENTES Mauricio Campaz Vidal demandó a la Compañía Operadora Portuaria Cafetera S. A., con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual terminó de «manera sorpresiva» el día 15 de octubre de 2014, esto es, «sin justa causa y de manera ilegal». En consecuencia, deprecó condenar a la

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Radicación n.° 90675 demandada a pagarle la indemnización por despido sin justa causa prevista en el artículo 64 del CST, así como los perjuicios morales que tasó en la suma de $40.000.000 y «por violación a los derechos o bienes o convencionales o constitucionales amparados» en cuantía de $65.000.000. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que el 8 de agosto de 2001 suscribió con la demandada un contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñar labores de

auxiliar de «tarja», por las que devengó como último salario la suma de $1.156.969; y que el 15 de octubre del año 2014, el representante legal le comunicó por escrito la terminación unilateral del contrato laboral, con fundamento en lo siguiente: a) La empresa se apoya en la causal 01 del artículo 58 del código sustantivo del trabajo y el artículo 62 numeral a” SIC b) El empleador en la mencionada comunicación considera que el trabajador ha engañado e incumplido con sus obligaciones laborales. (el sic del texto original). Agregó que fue citado a descargos en desarrollo de una investigación disciplinaria en la que «negó rotundamente su participación en los hechos anteriores, en documentos suscritos por él y conocidos por el empleador», y que la finalización del vínculo se dio sin justa causa, decisión que le causó daños, por lo que tiene derecho al pago de los perjuicios que reclama. Al dar respuesta a la demanda (f. 62), la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la suscripción del contrato de trabajo, su naturaleza, el

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Radicación n.° 90675 extremo inicial y el cargo desempeñado. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. En su defensa manifestó que el vínculo laboral finalizó por las justas causas señaladas en la carta determinación, esto es, «el engaño mediante marcación a través de terceros y en forma indebida de la tarjeta tendiente a obtener un provecho indebido cobrando horas extras no laboradas,

causando con ello un grave detrimento económico para la compañía». Precisó que el 19 de agosto de 2014, al realizar una verificación visual para establecer qué trabajadores estaban laborando en el área de bodega y operaciones de café encontró que el señor Mauricio Campaz Vidal no había ingresado a las 7:00 a.m.; sin embargo, en los registros de la puerta principal y de bodega que figuran en el sistema SEKY aparecía que había entrado más temprano, lo cual no era posible, pues necesariamente primero debía acceder por la portería principal, luego a la bodega, y finalmente registrar la tarjeta en el sistema referido. Explicó que para ingresar a la corporación existía un sistema Raymond, ubicado en la portería principal en la que debía hacer un primer registro biométrico a través de un dispositivo donde la persona que coloca la mano puede entrar, quedando inscrito y grabado el nombre y la hora. Estando dentro, para acceder a la bodega de café, el trabajador tenía que pasar por otro control biométrico en el que nuevamente pone la mano para quedar registrado y

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Radicación n.° 90675 grabado el nombre y la hora en que lo hace. Que luego, al interior de la bodega, en la parte exterior de la oficina administrativa, existía un dispositivo por el cual se debía pasar el carné de código de barras y anotar el nombre y la hora de ingreso (sistema SEKY). Adujo que con la anterior información se alimentaba directamente plataforma para la liquidación del tiempo laborado incluido el suplementario, marcación de tarjeta que debe realizarse de manera personal. Al efecto impetró las excepciones que denominó:

«inexistencia de la obligación, de la acción, del derecho, cobro de lo no debido»; prescripción; y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de junio de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante MAURICIO CAMPAZ VIDAL y la demandada COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. entre el 8 de agosto de 2001 y hasta el 17 de octubre de 2014, bajo la modalidad a término indefinido, el cual fue terminado con justa causa imputable al trabajador.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. de todas las pretensiones impetradas por el demandante MAURICIO CAMPAZ

VIDAL.

TERCERO: COSTAS a cargo el demandante y a favor del demandado. Liquídense por Secretaría en su momento oportuno.

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Radicación n.° 90675

CUARTO: Si esta providencia no fuese apelada ENVIAR en consulta ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Valle, por ser contraria al demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia del 17 de septiembre de 2020, al resolver el recurso de apelación impetrado por el demandante, decidió confirmar la providencia del Juzgado,

sin imponer costas en la instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal centró el problema jurídico en resolver: […] de acuerdo con lo planteado en el recurso de apelación, en cuanto se encuentre acorde al litigio, sobre los supuestos probatorios indicados en cuanto al procedimiento por el Reglamento Interno de Trabajo y el rigor probatorio que se reclama como no cumplido por el empleador en cuanto al soporte de la justa causa aducida en la terminación del contrato de trabajo. Después de aludir a los artículos 66A del CPTSS y 281 y 328 del CGP, dijo que resolvería sobre los puntos materia de inconformidad planteados en el recurso interpuesto y los temas objeto de litigio. Indicó que no era motivo de discusión que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 8 de agosto de 2001 hasta el «15» (sic) de octubre de 2014 ni que el actor desplegó funciones de «auxiliar de tarja»; supuestos que destacó habían sido fijados en los hechos «primero a quinto de la demanda (fl. 38 y 56)», y que

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Radicación n.° 90675 encontraban respaldo en el contrato de trabajo que reposaba a folios 95-97 y en la comunicación de despido, de la que se podía precisar que en realidad el último día laborado fue el 17 de octubre de 2014. Afirmó que de la carta de terminación contractual se infería que la sociedad demandada le había imputado al empleado irregularidades relacionadas con el ingreso al lugar de trabajo entre el 16 de julio y el 20 de agosto de 2014, pues

en el sistema ubicado en la última puerta figuraba el reporte de ingreso a una hora anterior a la que se registraba en las primeras puertas, o sin que en estas apareciera ingreso, lo cual constituía un engaño en la marcación de la hora de llegada que influía en la liquidación y pago de las extras. En cuanto a la inconformidad del recurrente según la cual el juez no había analizado el incumplimiento en el trámite previsto en el reglamento interno de trabajo, porque «las faltas endilgadas no se encuentran incluidas», señaló que en el hecho quinto del escrito de subsanación de demanda inicial se había precisado que el «15» de octubre de 2014 el representante legal del empleador le informó al trabajador la terminación unilateral del contrato de trabajo, con fundamento en el «numeral 1 del artículo 58 y literal A) del artículo 62 del CST», aseverando haber sufrido engaño; y que el hecho sexto indicaba que el trabajador fue citado a descargos en una investigación disciplinaria, «quien negó categóricamente los hechos anteriores, según documentos suscritos por él y que conocía el empleador».

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Radicación n.° 90675 Expuso que la «referencia fáctica» del recurso de apelación no podía «categorizarse como similar» a las aserciones hechas en la demanda inicial, pues la aseveración normativa del empleador fue general y «no específica al Reglamento Interno de Trabajo», como también que este es un fundamento entre otros para la determinación de la falta», sin que por ello pudiera dejar de efectuar el análisis sobre la

gravedad respecto de las obligaciones legales del trabajador, tal como lo indicaba la sentencia CSJ SL2010-2019. Luego precisó que la alegación referente a la no observación del RIT por parte del empleador correspondía a un planteamiento nuevo, inadmisible. Textualmente señaló lo siguiente: […] las razones incorporadas en el recurso, propiamente no guardan un marco posible de desatención del a quo por el litigio, en cuanto la inconformidad sobre la incorporación de faltas en el Reglamento Interno de Trabajo o el seguimiento del mismo en la conducta previa y relacionada del empleador al despido, no fue un punto de discusión, ni tampoco del que debería defenderse la pasiva, pues en los hechos no existió mención expresa al respecto, y por ello las razones de extrañeza sobre el procedimiento reglamentario en consideración a las pretensiones y de inexistencia de la falta endilgada, son aspectos que revisten un nuevo planteamiento de la controversia en una etapa en que propiamente no son admisibles de cara a la unidad del litigio, según demanda y su contestación. Adujo que independientemente de la inclusión de las faltas en el reglamento, la demandada se limitó a exponer unos hechos relacionados con «los días y horas de paso presuntamente por el actor en una serie de tres puertas o controles para el ingreso al sitio de trabajo», y la manifestación de las normas del CST que se consideraban infringidas por

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Radicación n.° 90675 el trabajador y que permitían al empleador tomar la decisión de terminar el contrato de trabajo. Acotó que en la carta de finalización del vínculo se

apreciaba cual era la inconformidad del empleador que lo llevó a tomar esa decisión, y que esa conducta «marca el límite de los hechos que pueden alegarse frente al despido y de aquellos sobre el que trabajador fundara su defensa». Agregó que según la jurisprudencia de esta Corte el despido no deviene en injusto porque la parte que termine el contrato «se equivoque en la calificación jurídica, más si de fondo obra la indicación de la conducta del trabajador», para lo que citó un fragmento de la providencia que identificó como «Rad. 98872 de 2011». Insistió en que el alegar el desconocimiento del reglamento interno de trabajo como fundamento normativo, no era un punto que se hubiese incorporado al litigio, como tampoco necesario para resolver la controversia; «por ello el planteamiento es no conducente en la apelación presentada». Indicó que el juzgador de primer grado había dado fuerza probatoria suficiente a los documentos que soportaban los hechos de la terminación del contrato, con los cuales se contrastan las entradas del actor al sector del sitio de trabajo y los pasos que tomó por precedentes a través de otras puertas para llegar allí. Después de aludir a los documentos obrantes a folios 155, 164 y sig., y 185 a 189, dijo que estos evidencian:

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Radicación n.° 90675 […] que el ingreso final que se reportaba ante el empleador si muestra una hora anterior a los pasos por el actor por puertas que en distancia y trayecto le precedían, conclusión que se extrae

de ser el ingreso reportado ante el empleador aquel tiempo que se reconoce para el pago de la labor, como de la razón subyacente de ser los otros tiempos los reportados como ingreso a las instalaciones portuarias y no de operador de la bodega respectiva. […] en lo que corresponde a las entradas o ausencias de paso por las puertas a cargo de la Sociedad Portuaria, sin despliegue probatorio en contra por el actor, no desdicen de la conclusión sobre la primera premisa que edificó el a quo, como tampoco el reporte de ingreso en marcación a nombre del actor en la puerta final del operador portuario, que en el ámbito laboral permiten sostener que el tiempo destinado a la labor por el trabajador, pilar de la relación de trabajo subordinada, no estaba siendo fielmente reportado ni cumplido a su cargo (subrayado de la Sala). Con relación a la obligación que le asistía al trabajador de realizar personalmente la labor en los términos estipulados, conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 58 del CST, y debido a que «por la infracción del reporte de horario, aunado que es un indicio necesario de la inasistencia real del actor en el tiempo por el que en las puertas precedentes de ingreso no existió reporte de paso del actor o este es posterior al ingreso que se dice reportado en el control final del trayecto», estaba demostrada la gravedad de la conducta, en términos del numeral 6 del literal a) artículo 62 del CST. En consecuencia, debía confirmar la decisión del Juzgado, precisando que tanto en el recurso de apelación como en la demanda inicial «no se hizo mención a otro medio de prueba que desvirtuara las razones del empleador».

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, esta corporación revoque la del Juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones formuladas en la demanda inaugural y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formula siete cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. La acusación se resolverá de manera conjunta, por cuanto con excepción del segundo, que se resolverá independientemente, presentan desaciertos de orden técnico que comprometen el estudio de fondo de los restantes.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa acusa la infracción directa de los artículos 107 y 108 del CST.

Argumenta que el sentenciador de segundo grado ignoró la razón de ser del litigio, su origen, su fundamentación, consistente en la «incriminación del empleador a su trabajador de cobrar las extras no laboradas, para así lograr la terminación de su contrato de trabajo,

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Radicación n.° 90675 aduciendo falsamente justa causa». Al efecto, sustenta el cargo en los siguientes términos: En la fijación del litigio, en la Audiencia Pública Nº 0109 de 12 de julio del año dos mil diez y siete (2017) el señor juez de primera instancia fijó el litigio así: “El engaño mediante la marcación a

través de terceros y en forma indebida la tarjeta tendiente a obtener un provecho indebido cobrando horas extras, no laboradas, causando con ello un grave detrimento económico para la compañía”. El Código Sustantivo del Trabajo, concede una importancia singular a las horas extras, pero el juez de segundo grado ignoró la validez jurídica de este tema; no dirigió su atención hacia tal conjunto de normas. En el contrato individual de trabajo, se dijo textualmente que las horas extras se pagarán de conformidad con la ley. Está muy claro que el fallador de segunda instancia dejó de aplicar las normas que regulan las horas extras en el Código Sustantivo del Trabajo, hubo negación o desconocimiento de los artículos que consagran el derecho del trabajador a ser juzgado mediante el Reglamento de trabajo de la empleadora, redactado por ella misma, que contiene toda la regulación sobre horas extras. Hubo desconocimiento voluntario del precepto. El fallador de segunda instancia privó al caso de la ley aplicable, la norma que obliga a ir al Reglamento de Trabajo para seguir lo establecido allí para resolver los problemas sobre horas extras. En la sentencia se observa un esfuerzo notable para alejarse de la noción de horas extras, tan claramente definida por las normas sustanciales de carácter laboral. Esta conducta racional, voluntaria, significa que en la sentencia se negó el reconocimiento de validez de los artículos 107, 108, numeral 5º, del Código Sustantivo del Trabajo […].

VII. RÉPLICA La entidad opositora se refiere de manera conjunta a todos los cargos, indicando que no deben prosperar porque contienen deficiencias técnicas que impiden el estudio de

fondo, entre otros, los siguientes: como lo pretendido es la

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Radicación n.° 90675 indemnización por despido sin justa causa, debió acusarse el artículo 64 del CST, presupuesto que brilla por su ausencia; que no se cuestionan los fundamentos fácticos y jurídicos en los que el sentenciador de segundo grado soportó la decisión (cargos 1 y 2); que las acusaciones orientadas por la vía indirecta (3, 4 y 5) no cumplen las mínimas exigencias previstas en la ley en la jurisprudencia, ni se atacan debidamente los argumentos de hecho de la sentencia; y en los cargos 6 y 7 no se acusa ninguna norma sustancial que consagre el derecho reclamado.

VIII. CARGO TERCERO La censura plantea la acusación en los siguientes

términos:

VIA INDIRECTA CARGO 3.

ERROR DE HECHO.- TENER POR PROBADO DENTRO DEL

PROCESO, QUE HUBO MARCACIÓN EN LAS PUERTAS DE

ENTRADA REALIZADAS POR TERCERAS PERSONAS,

DISTINTAS AL TRABAJADOR, QUE LO HICIERON

CONTRATADAS POR ÉL, ALGO QUE NO ESTÁ PROBADO.

Ante la imposibilidad de dotar de racionalidad a su afirmación de que el trabajador había marcado su ingreso al lugar de trabajo, en horas diferentes que implicaban la imposibilidad de que él estuviera al mismo tiempo en una puerta y marcara y después lo hiciera, marcara, en un lugar por donde necesariamente tenía que pasar antes, se creó un tercero que marcó por él, a su favor,

obedeciéndolo, Sin, embargo, este tercero que simplemente obedecía las órdenes del trabajador, no se identificó. Y no se hizo contando, como la empresa se ufana de contar con máquinas de última tecnología, sistema SEQUI que le permitieron afirmar en su carta de despido tener “pruebas de fotos, vídeos que evidencian la situación” ¿Cómo es posible que no se haya mostrado la fotografía del tercero que marcó por el trabajador, suministrar su fotografía, identificación?, debe ser empleado de la misma empresa. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser creíble esta afirmación? En realidad, no hubo terceros que marcaran la entrada al lugar de trabajo a órdenes del trabajador.

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Radicación n.° 90675 A pesar de su imposibilidad el magistrado de segunda instancia lo creyó, o simplemente se puso de parte de la empleadora. Error de hecho. El magistrado tuvo por probado dentro del proceso, algo que realmente no lo está.

IX. CARGO CUARTO

Se propone el cargo como se cita enseguida:

VÍA INDIRECTA CARGO 4.

ERROR DE HECHO. - CONSISTENTE EN TENER POR PROBADO

DENTRO DEL PROCESO, UN PROVECHO INDEBIDO PARA EL

TRABAJADOR, QUE CAUSÓ GRAVE DETRIMENTO PARA LA

COMPAÑÍA:” ALGO QUE NO ESTÁ PROBADO.

Esta afirmación contenida en la comunicación de terminación del contrato de trabajo, se hace con total irresponsabilidad, pues el empleador quiere así darle visos de acertada a su decisión sin que el fallador de segunda instancia se inmute ante tal calumnia,

ni le cause inquietud la total ausencia de pruebas sobre ella. No hay la más mínima prueba, sobre los cuantiosos ingresos pagados por la empleadora al trabajador por las horas extras no laboradas Existen planillas de pago diseñadas, elaboradas, manipuladas, internamente, bajo su inmediata supervisión, sin intervención alguna del trabajador, liquidaciones hechas únicamente por el empleador que muestran los pagos que se hicieron al trabajador por horas extras que no muestran sino la realidad, realidad que el empleador no presentó, y que el juez de primera instancia no exigió y que el fallador de segunda instancia creyó ingenuamente.

X. CARGO QUINTO Se sustenta en la forma como se transcribe a

continuación:

VÍA INDIRECTA CARGO 5.

ERROR DE HECHO. - DEJAR DE VALORAR EL CONTRATO

INDIVIDUAL DE TRABAJO CON EL TRABAJADOR Y EL

REGLAMENTO DE TRABAJO DE LA EMPLEADORA.

En la sentencia que motiva el presente recurso extraordinario, se dejó de valorar el contrato individual de trabajo y el reglamento

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Radicación n.° 90675 de trabajo. Tanto el reglamento Interno de Trabajo, como el contrato individual de trabajo con el trabajador demandante, son documentos auténticos que el juzgado de segundo grado no valoró, ni consideró. Si los hubiera considerado y valorado habría llegado a una racionalidad jurídica que le habría permitido conocer que la aplicación de la normatividad allí contenida, habría impedido este daño al trabajador, quien, para su sustento, su vida digna y la de su familia, solo cuenta con sus brazos, su

capacidad laboral. La normatividad colombiana sabe esto y de allí la creación de normas que permiten salvar a sus ciudadanos trabajadores de la miseria y sus consecuencias sociales. Hubo desconocimiento e inaplicación de normas como los artículos 62, y 63 sobre escala de faltas y sanciones; y del artículo 65 sobre procedimientos para la comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias, del Reglamento de Trabajo, de la empleadora. “No produce efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite.”

XI. CARGO SEXTO

Se plantea en los siguientes términos:

VIOLACIÓN MEDIO. CARGO 6.

SE VIOLÓ EL ARTÍCULO 251, NORMA PROCESAL, QUE LLEVÓ

A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCION

NACIONAL, NORMA SUSTANCIAL CONSTITUCIONAL DE

ALCANCE NACIONAL.

Los documentos de registro de entrada mediante los cuales se le incriminó al trabajador por la marcación en la puerta de entrada, están en Inglés, no se presentó su traducción al Castellano, violando el artículo 251 del Código General del Proceso, ley 1564 de 2012 el cual preceptúa: “ Para que los documentos extendidos en idioma distinto del Castellano puedan apreciarse como prueba se requieren que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez”. No prevé la norma excepciones; por ejemplo, que el juez o magistrado sepa el idioma extranjero. En Colombia nos

entendemos en Castellano, nuestros padres nos lo enseñaron en nuestra primera infancia, nuestros maestros en la escuela primaria, nuestros profesores en el bachillerato y en la universidad, las cartillas escolares, los textos de estudio, los periódicos y revistas están escritas en Castellano. No importa que

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Radicación n.° 90675 el inglés sea el idioma de las naciones más poderosas del mundo, que aprender inglés, sea imperioso a quienes deseen ascender social y económicamente. ¡No importa ¡, el castellano sigue siendo nuestro idioma, no el inglés. hasta ahora no se impuesto la obligación de aprender inglés para llegar a ser juez o magistrado de la justicia colombiana. El artículo 10 de la Carta, no es una imposición sino una realidad, un derecho vital, no nos pueden imponer el idioma inglés en los documentos de nuestras actividades cotidianas. Cuando en la Diligencia de Descargos, se le mostró el documento sobre marcación en las puertas de entrada, el trabajador se sintió abrumado, no tuvo nada que decir, solo una exclamación, ¡no entiendo, ¡No sé! El trabajador no sable (sic) inglés. La violación de esta norma, da lugar a la violación de la norma de derecho sustancial de alcance nacional que consagra el derecho de todos los colombianos a ser tratados en su propio idioma, su idioma nacional, el Castellano. El artículo 10 de la Carta Política dice: “El castellano es el idioma oficial de Colombia.” El juez colegiado de segunda instancia desacató la norma procesal de la ley 1564 de 2012, del CGP, en su artículo 251, que

ordena, sin excepciones, traducir los documentos que no estén escritos en el idioma de Colombia.

XII. CARGO SÉPTIMO

Está planteado así:

VIOLACIÓN MEDIO. CARGO 7.

FUE VIOLADA LA NORMA PROCESAL SOBRE DILIGENCIA DE

DESCARGOS, AL ACEPTAR COMO VÁLIDA LA QUE FUE

REALIZADA POR QUIEN NO TENÍA LA CALIDAD DE EMPLEADO

DE LA COPCSA, DEBIENDO TENERLO, ACEPTACIÓN DE

VALIDEZ QUE CONLLEVÓ A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 29

DE LA CONSTITUCÓN (sic) POLITICA, NORMA SUSTANCIAL

CONSTITUCIONAL DE ALCANCE NACIONAL.

En la Audiencia final o de juzgamiento el señor juez segundo laboral del Circuito de Buenaventura, interrogó al señor Julio Cesar Angulo Urbano, quien, al responder la pregunta sobre su calidad de empleado de la COPSA, el cargo que ejercía y su permanencia en él, reconoció, confesión judicial, que no era empleado de la COPCSA, cuando presidió la diligencia de descargos a la cual fue convocado el demandante, por la supuesta falta que originó la decisión de despido.

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Radicación n.° 90675 Esta violación le quitó, en forma absoluta, la validez a tal diligencia y significó la violación del debido proceso al trabajador, debido proceso que está regido, en cuanto a problemas por horas extras, por el Reglamento de Trabajo de la empleadora. Así, al carecer de validez esta diligencia de descargos, se produce, jurídicamente, la violación del debido proceso al trabajador […]

XIII. CONSIDERACIONES Como ya se advirtió, el planteamiento de la acusación se aleja por completo de los mínimos requisitos de formalidad que legal y jurisprudencialmente se han fijado para que la Corte pueda definir un recurso extraordinario; que se encamina, ante todo, a confrontar la sentencia del Tribunal con la ley sustancial, a efecto de verificar si el juzgador atendió las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para solucionar correctamente la controversia sometida a su consideración.

Por ello la demanda de casación debe ajustarse a las previsiones de que trata el artículo 90 del CPTSS, y además, exhibir argumentaciones lógicas, claras en su planteamiento y completas en su desarrollo (CSJ SL5268-2017), características de las que adolece la demanda, como pasa a explicarse.

1. Con relación a la proposición jurídica se debe tener en cuenta que es imperativo señalar al menos una norma de carácter sustancial del orden nacional de carácter laboral o de la seguridad social que consagre el derecho reclamado, para que la Sala pueda emprender el cotejo de la ley sustancial con la providencia judicial.

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Radicación n.° 90675 Así mismo, ha de recordarse que la acusación de normas procesales, en estricto sentido no expresa de manera correcta la proposición jurídica al desconocerse lo dispuesto en el literal a) del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS; por ello debe denunciarse la norma sustancial que crea, modifica o extingue derechos (CSJ SL 2 sep. 2008, rad. 32385)

imputando la violación medio de estas, como se explicó en la sentencia CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 37336, cuyo tenor literal dice: Bien vale la pena anotar que, en estricto sentido, en la casación del trabajo y de la seguridad social se habla de violación medio para referirse a las hipótesis en que la trasgresión de las leyes que no tienen alcance nacional, o de las normas procesales, o de los textos legales sustanciales de naturaleza distinta a la laboral y a la seguridad social, conduce a la violación de los preceptos sustanciales del trabajo y de la seguridad social, con vocación para regir en todo el territorio de Colombia. Es decir, el quebranto de aquellas disposiciones legales constituye el medio a través del cual se llega al desconocimiento de las de estirpe sustancial laboral y de seguridad social. (subrayado de la Sala). En línea con lo anterior, en sentencia CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 34940, se afirmó que las normas que se pueden acusar en la casación del trabajo y de la seguridad social son aquellas disposiciones sustanciales eminentemente laborales, puesto que las que no tienen ese carácter a lo sumo pueden servir como medio o vehículo de violación: Al efecto se adoctrinó: Conviene recordar que para acusar correctamente el quebranto de normas procesales con miras a hacer uso de la denominada “violación de medio”, que ocurre cuando la trasgresión de la ley se produce sobre la disposición adjetiva, pero como instrumento para alcanzar el precepto sustancial, debía necesariamente el recurrente determinar en relación con cuáles preceptivas del orden sustantivo laboral que consagren los derechos reclamados

ocurrió la violación de la ley, lo que se echa de menos en el segundo cargo y es más que suficiente para rechazarlo, en la

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Radicación n.° 90675 medida en que constituye una insuperable deficiencia. Ha explicado, con reiteración, esta Sala de la Corte que, en los claros términos del artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el objeto y fin principal del recurso de casación es el de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, razón legal por la cual, para que proceda el recurso, es necesario indicar, cuando se discute la existencia de un derecho laboral, como aquí sucede, como violada una norma atributiva de un derecho sustancial de índole laboral, lo que trae como lógica consecuencia directa que la infracción de disposiciones de índole instrumental, así hayan sido consideradas por el fallador, no baste para desquiciar la sentencia que con fundamento en esta supuesta violación se impugna, aun de aceptarse, en gracia de discusión, la violación de dichos preceptos legales no laborales. Este criterio jurisprudencial según el cual es menester señalar como infringidas disposiciones sustanciales laborales,