CSJ - SL946-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL946-2023 Radicación n.° 93604 Acta 14 Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ADOLFO VILLEZCAS ÁLVAREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de abril de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

la EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S. A. S.

I. ANTECEDENTES Adolfo Villezcas Álvarez demandó a la Empresa Colombiana de Cables S. A. S., con el fin de que se declare que entre esta y la organización sindical Sintraemcocables se suscitó un conflicto colectivo de trabajo que inició con la presentación de un pliego de peticiones el 30 de noviembre de 2011 y que culminó con la sentencia que desató el recurso

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Radicación n.° 93604 de anulación el 20 de octubre de 2015; y que, como fue despedido durante la vigencia del aludido conflicto, dicha decisión resulta ineficaz por ser contraria a la prohibición contenida en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y en esa medida violatoria del fuero circunstancial que lo amparaba. Así las cosas, pretendió que se declare que su contrato de trabajo estaba vigente por encontrarse «en la situación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo»; que se ordene

su reinstalación al cargo que desempeñaba al interior de la empresa o a otro de igual o superior categoría, así como al pago de los salarios dejados de percibir, de manera indexada, desde el 10 de septiembre de 2014 y hasta el reintegro, al igual que se le reconozcan las prestaciones legales y demás emolumentos «consustanciales con una relación de carácter privado» tales como primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías; los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones; las prestaciones extralegales contempladas en la convención colectiva de trabajo de la que era beneficiario; lo que resulte probado en aplicación de las facultades ultra y extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que Sintraemcocables es una organización sindical de empresa con personería jurídica del 19 de diciembre de 1966; que el 12 de agosto de 1995 se vinculó a la accionada mediante un contrato de trabajo a término indefinido, que desarrolló la labor de operario en la sección de cablería, de manera personal, bajo la continua supervisión y mandato de su

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Radicación n.° 93604 empleador a cambio de una contraprestación económica en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Refirió que el salario para la calenda en que fue contratado correspondió a $190.145; que el 21 de noviembre de 1996 se afilió al sindicato de empresa mencionado, motivo por el que a partir de ese momento se benefició de las prebendas contenidas en la convención colectiva de trabajo.

Manifestó que el 30 de diciembre de 2011 Sintraemcocables presentó a la sociedad empleadora un pliego de peticiones que fue aprobado por la asamblea general extraordinaria de afiliados el día 18 del mismo mes y año; frente al que no hubo acuerdo en la etapa de arreglo directo, de conformidad con el acta que se elevó con ese fin el 20 de noviembre de 2012, razón por la que la solución del conflicto se sometió a un tribunal de arbitramento, el que dictó el correspondiente laudo el 31 de octubre de 2014. Puso de presente que en la medida que en asamblea extraordinaria de la organización sindical se aprobó interponer el correspondiente recurso de anulación, el 9 de diciembre de 2014 se procedió de dicha manera, asumiendo su conocimiento la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a inicios del año 2015 quien lo decidió mediante sentencia del 20 de octubre de ese mismo año. Adujo que el 10 de septiembre de 2014 la convocada dio por terminado su contrato trabajo de manera unilateral e injusta, calenda para la cual había acumulado 19 años, 4

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Radicación n.° 93604 meses y 3 días de servicios continuos e ininterrumpidos. Afirmó que en la medida que las causas por las que fue vinculado subsistían, su despido obedeció a una represalia por el ejercicio de asociación sindical, ya que se pretendió debilitar el derecho a la negociación colectiva. Sostuvo que el 18 de agosto de 2014 se encontró personalmente con su hijo Juan David Villezcas Correa

«quien nunca ha convivido con su padre, puesto que es fruto de una relación extramatrimonial, quien supuestamente había regresado de Argentina y estaba solucionando en la Fundación Universitaria del Área Andina, su situación de estudio», y le hizo entrega en físico del «documento certificado de estudios» expedido por la Universidad de Buenos Aires, Argentina «donde supuestamente se encontraba estudiando», de manera que al día siguiente y creyendo en la buena fe de su hijo, procedió a radicarlo en la oficina de gestión humana de la encartada. Añadió que el 9 de septiembre siguiente fue notificado de una citación a diligencia de descargos «por la situación ocurrida con el certificado escolar de su hijo» con ocasión al cual solicitó el pago del auxilio escolar convencional que fue reclamado, pero no pagado por su empleador; descargos que atendió acompañado de dos miembros de la organización sindical, quienes estuvieron presentes en esta. Finalmente aseveró que el 10 de septiembre de 2014 se dio por terminado su contrato de trabajo con «supuesta» justa

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Radicación n.° 93604 causa, data para la cual percibía un salario de $1.500.000. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los extremos de la relación laboral, que el actor asistió a la diligencia de descargos a la que fue citado en compañía de dos miembros de Sintraemcocables quienes estuvieron presentes en su desarrollo y que su último salario correspondió al rubro de $1.500.000. Frente a los restantes

supuestos fácticos arguyó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa sostuvo que el contrato de trabajo del demandante terminó con justa causa, por haber entregado información que no correspondía a la realidad con la finalidad de acceder a un auxilio escolar otorgado a los trabajadores que tuvieran hijos cursando estudios técnicos, tecnológicos o universitarios al tenor de la convención colectiva de trabajo y, con ello, obtener un provecho económico al que no tenía derecho, pues al hacer la verificación de los documentos presentados se estableció que el descendiente del trabajador no se encontraba vinculado a la Universidad de Buenos Aires y que las firmas que obraban en la certificación «no eran veraces», lo que a su vez dio paso a que la institución educativa presentara la correspondiente denuncia penal. Resaltó que, en la diligencia de descargos llevada a cabo de manera previa a la terminación del contrato de trabajo, el demandante trató de justificar su conducta asegurando que

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Radicación n.° 93604 su error fue confiar «en la fe» de su hijo, no obstante, ello no desvirtúa la configuración de la justa causa alegada pues el colaborador incurrió en una falta grave calificada como tal en el numeral primero del literal a) del artículo 62 del CST. Adujo que igualmente las certificaciones de escolaridad que se presentaron el 10 de marzo de 2013 y el 13 de julio de 2014, no eran ciertas ya que, según la comunicación remitida por la aludida universidad, en dicho plantel no «existen estudios de asistente de enferemería (sic), como tampoco de

control neonatal»; que, además, según el dicho del actor, su hijo se encontraba becado para «los supuestos estudios» por parte de la iglesia. De ahí que no solo presentó «certificaciones falsas» sino que pretendió obtener un provecho económico respecto de un auxilio de escolaridad. En cuanto al fuero circunstancial precisó que el promotor de la contienda no presentó el pliego de peticiones en representación de Sintraemcocables, y en esa medida, no podía verse beneficiado de tal prerrogativa; máxime cuando, para el 10 de septiembre de 2014, ya se había votado por parte de los trabajadores el derecho a la huelga y el tribunal de arbitramento, razón por la que no se afectaba de manera alguna el derecho de los trabajadores dentro del conflicto colectivo, lo que sustentó en un fragmento de la decisión CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 23843. Propuso como excepciones de mérito la inexistencia de las obligaciones reclamadas, enriquecimiento sin causa, mala fe del demandante, pago, compensación, cobro de lo no

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Radicación n.° 93604 debido, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 22 de enero de 2019 resolvió:

1.- DECLARAR: QUE ENTRE EL DEMANDANTE SEÑOR

ADOLFO VILLEZCAS ALVAREZ Y LA EMPRESA COLOMBIANA

DE CABLES SAS EXISTIO (sic) UN CONTRATO DE TRABAJO A

TERMINO (sic) INDEFINIDO EL CUAL ESTUVO VIGENTE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE AGOSTO DE 1995 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

2.- DECLARAR: QUE ENTRE LA DEMANDADA EMPRESA

COLOMBIANA DE CABLES SAS Y LA ORGANIZACIÓN

SINDICAL CINTRAINCONCABLES (sic) SE SUSCITO (sic) UN CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO EL CUAL CULMINO (sic) EL DIA (sic) 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 MEDIANTE EL

RECURSO DE ANULACION (sic) DEL AUTO ARBITRAL

PROFERIDO POR LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA

DE CASACIÓN LABORAL.

3.- DECLARAR: QUE EL DESPIDO SE PRODUJO CON JUSTA

CAUSA.

4.- ABSOLVER: A LA DEMANDADA DE LA TOTALIDAD DE LAS

PRETENSIONES INCOADAS EN SU CONTRA POR LO

SUPUESTO (sic) EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA

PRESENTE DECISIÓN.

5.- CONDENAR: EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE EN

FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA.

6.- SI NO FUERA APELADA LA PRESENTE PROVIDENCIA

CONSÚLTESE CON EL SUPERIOR.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, a través de proveído del 30 de

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Radicación n.° 93604 abril de 2021 confirmó la decisión de primer grado e impuso las costas de la alzada a cargo de la parte demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problema jurídico determinar si la terminación del contrato de trabajo del actor devino sin justa causa y en caso afirmativo, establecer si gozaba de la garantía del fuero circunstancial y, si por ello, tenía derecho a ser reintegrado al mismo cargo que desempeñaba al momento de la culminación del vínculo. Con el marco expuesto, refirió que no era materia de controversia la relación laboral que existió entre las partes, la que además se encontraba demostrada al tenor de las documentales visibles a folios 134, 135, 139 y 140, de las que emergía que lo fue entre el 12 de agosto de 1995 y el 10 de septiembre de 2014; que en el anterior lapso el actor se desempeñó como cerrador y que estaba afiliado a la organización sindical Sintraemcocables desde el 21 de noviembre de 1996, según la certificación de folio 43. Frente al fuero circunstancial alegado reprodujo un aparte de la sentencia CSJ «SL 37267 del 6 de julio de 2011, en la que hace alusión a la 20766 de 2003» y señaló que revisados los medios de prueba allegados al plenario, se advertía que el 1 de noviembre de 2012 se inició la etapa de arreglo directo entre Sintraemcocables y Emcocables S. A. S. que culminó el 20 de noviembre siguiente; de manera que el día 28 de ese mismo mes la organización sindical solicitó ante el Ministerio de Trabajo la convocatoria de un tribunal de

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Radicación n.° 93604 arbitramento; el que luego de proferir el correspondiente laudo y haberse interpuesto contra este el recurso de anulación, dio lugar a que el 9 de diciembre de 2014 se remitiera el expediente de tal actuación a la Corte, la que decidió el mencionado recurso mediante providencia CSJ SL14391-2015 del 20 de octubre de 2015. De lo anterior coligió que el conflicto suscitado culminó el 20 de octubre de 2015, «cuando quedó ejecutoriado el laudo arbitral», de manera que aun cuando, a pesar de que la controversia colectiva tuvo una duración de más de tres años, no se demostró que hubiera sido a causa de sus intervinientes, como tampoco, como consecuencia de haberse incumplido alguno de los pasos o trámite correspondiente hasta llegar al tribunal de arbitramento y su desarrollo, y en esa medida, no era dable sostener, como lo pretendía la accionada, que el conflicto suscitado con ocasión a la presentación del pliego de peticiones había culminado el 20 de noviembre de 2012 cuando se dio fin a la etapa de arreglo directo. Así las cosas, afirmó que para la calenda en que terminó el contrato del actor, esto es, el 10 de «noviembre» (sic) de 2014, aquel gozaba de fuero circunstancial y en consecuencia su vínculo no podía darse por terminado a menos de que existiera una justa causa. A renglón seguido se ocupó de establecer cuál había sido la razón del finiquito laboral y adujo que según el

artículo 167 del CGP y lo enseñado por la jurisprudencia,

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Radicación n.° 93604 correspondía al trabajador probar el despido y al empleador la justa causa alegada, la que al amparo del parágrafo del artículo 62 y 66 del CST debía ser manifestada al momento de la terminación, sin que con posterioridad se pudieran alegar motivos o causales distintas. Sobre este particular destacó que en los folios 136 a 138 aparecía la comunicación del 10 de septiembre de 2014 a través de la cual la demandada le informó al trabajador la decisión de dar por finalizada la relación laboral con justa causa, por haber entregado información que no correspondía a la realidad, con la finalidad de acceder al auxilio escolar otorgado a los colaboradores que tenían hijos cursando estudios técnicos, tecnológicos o universitarios; en tanto había allegado documentos irregulares a efectos de inducir a su empleadora en error y con ello obtener un provecho económico injustificado. Resaltó que en la diligencia de descargos llevada a cabo el 9 de septiembre de 2014 (fos. 20 a 23), al ponérsele de presente al trabajador el correo electrónico enviado por la oficina de relaciones internacionales de la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires, indicó «lo primero que hice fue comentarle a mi hijo de lo que estaba pasando y él me asegura que está estudiando en esa universidad», sin embargo, a continuación adujo que el problema fue «confiar en la fe» de su hijo; y que cuando se le indagó sobre si tenía algo más que agregar, manifestó que le

tocaba volver a hablar con su descendiente, cuando en verdad ya lo había hecho.

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Radicación n.° 93604 Aludió al interrogatorio de parte rendido por el demandante y manifestó que en su desarrolló este sostuvo que «su hijo le pasaba el certificado de estudio en un sobre de manila y así como se lo entregaba, lo llevaba a gestión humana» lo que ocurrió desde la primaria, bachillerato y dos semestres que estuvo en la Fundación del Área Andina, pues no convivió con este bajo el mismo techo, y confiaba en su buena fe y en que lo que le decía era verdad. Analizó los documentos emanados de la Universidad de Buenos Aires (fos. 166 a 173) e indicó que de estos emergía que dicho establecimiento en octubre de 2014, dada la solicitud elevada por la empleadora el 5 de septiembre de la misma anualidad, señaló que allí no se realizan estudios de asistente de enfermería como tampoco ningún curso de control neonatal; que en sus archivos no reposaban antecedentes de Juan David Villezcas y que las firmas insertas en los supuestos certificados no correspondían a las obrantes en esa dirección, lo que constituía un delito federal en el ámbito de la República de Argentina, por lo que requirió el envío de esa documentación para promover las acciones correspondientes. En ese orden, concluyó que la justa causa endilgada estaba demostrada, más cuando el actor no acreditó que desconocía la falsedad del documento que presentó a la demandada para obtener el auxilio educativo, pues en la diligencia de descargos además de no ser concreto en sus

respuestas, las evadió, al punto de contradecirse y en tal momento, así como en el interrogatorio de parte, afirmó que

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Radicación n.° 93604 su hijo se encontraba becado «en la primera por la iglesia y en la segunda por la Universidad de Buenos Aires», luego entonces debía entenderse que la educación de aquel estaba siendo sufragada por otro, y en consecuencia, al trabajador no le correspondía pedir un auxilio educativo. Sobre el debido proceso transcribió apartes de la sentencia CC SU449-2020 y aseveró que a pesar de lo afirmado en el recurso de apelación, «para este tipo de eventos» el legislador no previó un procedimiento especial para terminar los contratos de trabajo, además el demandante fue llamado a descargos, a los que asistió en compañía de dos representantes de la organización sindical a la que estaba afiliado, sin que hubiera solicitado la práctica de alguna prueba a su favor para respaldar su dicho «como tampoco en el presente asunto», de ahí que, si bien gozaba de fuero circunstancial, había incurrido en una justa causa para que se diera por finalizado su contrato de trabajo, lo que conducía a la confirmación de la decisión absolutoria de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, «decida

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la apelación revocando la sentencia de Primera y Segunda Instancia y en su lugar concediendo todas y cada una de las pretensiones del Libelo (sic) de la Demanda». Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica, los cuales se resolverán en el orden en que fueron propuestos.

VI. CARGO PRIMERO La censura acusa la sentencia de segundo grado por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 29 de la CP y 25 del Decreto 2352 de 1965 aduciendo que «incurriendo el legislador en ERROR DE HECHO» sin especificarlo ni exhibir argumento alguno que dé desarrollo al ataque.

VII. RÉPLICA La demandada se opone a la prosperidad del cargo indicando que adolece de cualquier tipo de sustentación, pues aun cuando se alega la existencia de «un supuesto error de hecho», no se menciona cuál ni tampoco las pruebas mal apreciadas o dejadas de valorar, por lo que corresponde rechazarlo de plano.

VIII. CONSIDERACIONES Recuerda la Sala que para cumplir el objeto del recurso extraordinario de casación la demanda debe reunir no solo

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Radicación n.° 93604 las exigencias formales previstas en el artículo 90 del CPTSS, sino que la acusación debe ser lógica, ajustada a los requisitos mínimos de orden técnico, clara en su planteamiento y completa en su desarrollo a efecto de lograr el objetivo perseguido (CSJ SL5268-2017). Y si el recurrente formula de manera adecuada la

acusación, la Corte puede confrontar la sentencia con la ley, y determinar si el fallador plural atendió las disposiciones legales que debía aplicar para solucionar correctamente la controversia sometida a su escrutinio. Por ello al censor le corresponde identificar los soportes del fallo que debate a efecto de establecer la senda por la cual debe dirigir el ataque, ya sea por la vía de los hechos ora por la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, cuando el fundamento de la decisión que se confuta es mixto. Por consiguiente, si la aludida violación surge de la valoración errónea o la falta de apreciación de determinada prueba, la carga que recae en cabeza del casacionista consiste en demostrar la comisión de un error de hecho que aparezca de modo manifiesto, el cual se estructura cuando se da por establecido un supuesto fáctico sin estarlo, o se deja de dar uno que sí lo está, por la falta de estudio o análisis erróneo de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular. Partiendo de lo señalado, advierte la Sala que la sustentación del cargo, como lo anota la réplica, adolece de

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Radicación n.° 93604 graves desatinos técnicos que comprometen su prosperidad, los cuales no son susceptibles de corregir en virtud del carácter dispositivo que rige el recurso extraordinario, conforme se señala a continuación. Pues bien, a pesar de que se anuncia que el cargo se dirige por la senda indirecta en la modalidad de aplicación

indebida, no indica cuáles fueron los errores de hecho en que supuestamente incurrió el fallador de segundo grado, ni señala cuáles fueron las pruebas hábiles no valoradas o apreciadas con error por parte del fallador de segundo grado. Pero lo que es trascendental para rechazar el ataque, es que el censor no hace el mínimo ejercicio argumentativo tendiente a demostrarle a la Sala cómo desde la vía fáctica el juez plural en su decisión incurrió en un determinado error. De tal suerte que la corporación no puede desentrañar cuál pudo ser en realidad el reproche o la crítica contra la sentencia fustigada. Sobre el particular la Sala ha sostenido que cuando la acusación se endereza formalmente por la vía de los hechos, debe la censura cumplir con el deber de presentar un razonamiento mínimo que permita hacer un examen sobre la sentencia y determinar si la misma violó o no la ley, lo cual, en el presente caso no se cumplió. Sobre este particular en la providencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148 se enseñó: En lo que tiene que ver con los errores fácticos y con la apreciación probatoria, debe recordarse que el hecho de no

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Radicación n.° 93604 compartir la censura la razonable estimación efectuada por el fallador a las pruebas existentes en el expediente no constituye necesariamente un yerro ostensible. En efecto, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben

ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, ha dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas. Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario. (Subrayado de la Sala) Se señala lo precedente, en razón a que, como ya se dijo, el recurrente limita su reparo a señalar la vía del ataque, el submotivo de violación que le enrostra al sentenciador y la referencia de unos preceptos normativos para integrar la proposición jurídica, no obstante, soslaya por completo la sustentación del cargo. La ausencia del aludido requisito impide a la Corte cumplir con el propósito del recurso extraordinario de casación y dado que la sentencia cuestionada viene

precedida del principio de la presunción de legalidad y acierto, así tendrá que inferirse. En consecuencia, el cargo se desestima.

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IX. CARGO SEGUNDO El recurrente impugna la decisión del juez plural «por la aplicación indebida de los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 10º del Decreto 1373 de 1966, en relación con la aplicabilidad del articulo (sic) 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia, en relación a la estabilidad en el empleo».

Enlista como errores de hecho:

1. El juzgador, Dio (sic) por demostrado, sin estarlo, que la empresa EMCOCABLES, logró demostrar plenamente la justa causa endilgada al actor para dar por terminado el contrato de trabajo con justa csausa (sic). Omitiendo que el señor Villezcas, al estar protegido por el Fuero Circunstancial – Estabilidad Reforzada, el empleador esta (sic) obligado a llevar a cabo el proceso disciplinario cumpliendo a cabalidad las etapas que establece el DEBIDO PROCESO, que están acordadas en la Convención Colectiva firmada por EMCOCABLES y SINTRAEMCOCABLES, clausula terceracomisión de reclamos y reglamentación. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. “Los trabajadores que hubieren presentado al patrón un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y

durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto”.

2. El juzgador, No (sic) dio por demostrado, estándolo, que la empresa EMCOCABLES, no llevó a cabo el PROCESO DISCIPLINARIO acorde con el DEBIDO PROCESO, al señor Villezcas, como lo establece el artículo 29 de la constitución Política, Línea Jurisprudencial sentencia Corte Constitucional 593 de 2014 y la ley articulo (sic) 25 del Decreto 2351 de 1965, en referencia que para ser despedido a un trabajador que goza de estabilidad Laboral reforzadaFuero Circunstancial, solo podrá ser despedido Con Justa Causa Comprobada. • El legislador no puede dar por hecho y aceptar que con el procedimiento antijuridico Vulnerando el DEBIDO PROCESO, llevado a cabo por el empleador al señor Villezcas, este haya logrado desvirtuar EL DERECHO DE PRESUNCION DE INOCENCIA que le asiste al señor Villezcas, y conseguir todos las pruebas y elementos de juicio que logré probar que el disciplinado cometió una FALTA GRAVE, que trajo como

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Radicación n.° 93604 consecuencia el despedido con justa Causa. • El juzgador, Tampoco (sic) puede aceptar que solo con la simple citación a diligencia de descargos entregada con dos (2) horas de antelación a la diligencia y sin que a esta se le hayan anexadas las pruebas pertinentes que tenían en su contra y tampoco que en esta no se describa con claridad cual es la falta disciplinaria que se le estaba endilgando y que

sanción se aplicaría en caso de ser hallado responsable disciplinariamente por el(los) cargos que se le imputarían. • El juzgador, no puede afirmar que con la diligencia de descargos llevada a cabo se cumplió las etapas del debido Proceso y que se haya garantizado al señor Villezcas, el Derecho de contradecir y Ejercer su defensa, OMITIENDO, que en esta empresa existe una convención colectiva que para ese momento está vigente la que fue firmada de común acuerdo por EMCOCABLES Y SINTRAEMCOCABLES, en la Clausula (sic) TerceraComisión de Reclamos y Reglamentación, se encuentra establecida y demarcada cada etapa procesal que se debe llevar a cabo en el proceso disciplinario a los trabajadores de la empresa EMCOCABLES, cuando sean investigados por presuntas faltas disciplinarias. • El juzgador, no puede dar por hecho que lo consignado en el acta de descargos es la prueba fehaciente que condena que el señor Villezcas, cometió una FALTA GRAVE, que es culpable y que el actuó con dolo para inducir a la empresa a error para favorecer sus interés económicos y que le otorga la potestad a la empresa de despedir al señor Villescas, con justa causa, OMITIENDO, que el empleador al no dar aplicabilidad en debida forma a todas las etapas procesales del debido proceso que contempla el articulo (sic) 29 de la Constitución Política de Colombia, desarrollas en la convención Colectiva de Trabajo vigente firmada entre EMCOCABLES y SINTRAEMCOCABLES, clausula terceraComisión de

Reclamos y Reglamentación, en concordancia con la sentencia 593 de 2014, EL DESPIDO ES INEFICAZ.

3. Dio por demostrado sin estarlo, que el demandante no logró demostrar que desconocía la falsedad del documento, que presento en la empresa a fin de obtener el auxilio educativo.

Al omitir lo afirmado por el señor Villezcas en el acta de descargos, al dar respuesta a la pregunta 5: contesto: El certificado dice: “ Certificado de estudiantes, Facultad de Ciencias de la salud, Universidad Buenos Aires Argentina, en respuesta a la pregunta 6: Responde: El certificado dice: “Se notifica: A la presente de los estudios del estudiante mencionado en ASISTENTE DE ENFERMERIA, con una duración de 45 horas semanales y una intensidad de 5 meses comenzando sus estudios en la ciudad de Bogotá Colombia, finalizando en la ciudad de Buenos aires Argentina como

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Radicación n.° 93604 asistente de Enfermería”, en respuesta pregunta No.20, responde No sé, la respuesta a la pregunta 21; Responde aquí dice que Buenos Aires, la respuesta a la pregunta No.25; dijo: Ese documento lo traje acá porque mi hijo me lo entrego., la respuesta a la pregunta 27, dijo: El problema fue confiar en la fe de mi hijo, en respuesta a la pregunta 28, dijo: Me toca llamar a mi hijo a ver qué fue lo que paso. En la respuesta a la pregunta 29, Respondió: Me toca hablar con él a ver qué fue lo que pasó. Estas afirmaciones expresadas de manera espontánea demuestran la inocencia y la honestidad en el

actuar del señor Villezcas, porque las respuestas que dio a las preguntas del interrogatorio que le practico la empresa en la diligencia de descargos, se evidencia con claridad y precisión que son de acuerdo a lo informado por su hijo Juan David Villezcas, en consideración que el nunca ha convivido con su hijo bajo el mismo techo, como lo confirmo en el interrogatorio de parte, practicado en audiencia llevada a cabo en el juzgado,. por tal razón su conducta no fue dolosa ni premeditada, para inducir en error a