CSJ - STC21154-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21154-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se resuelve la acción de tutela instaurada por Alberto Quiroga Moreno contra la Sala de Casación Penal de esta Corte, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal 11001600004920120304201.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicitó al juez constitucional dejar sin efecto el auto AP1586-2026 del 11 de marzo de 2026 por medio del cual la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda de casación que formuló su defensa, así como las sentencias de instancia, exclusivamente en lo relativo a la declaración de responsabilidad y dosificación punitiva del delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otrosRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 2

materiales. En consecuencia, pidió que se declare la atipicidad de esa conducta al haberse realizado «al amparo de una petición de legalización minera en trámite», que se redosifique la sanción impuesta y se cancele la orden de captura emitida en su contra.

Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

El accionante, como propietario y representante legal de la sociedad Industrias Gres-Qui, fue investigado penalmente

captura emitida en su contra.

Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

El accionante, como propietario y representante legal de la sociedad Industrias Gres-Qui, fue investigado penalmente por realizar actividades de extracción de arcilla y fabricación de ladrillo por medio de la persona jurídica, pese a que por medio de las Resoluciones 0126 de 9 de febrero de 2006 y 3168 de 16 de octubre de 2007, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente ordenó el cierre inmediato de la explotación de arcilla e impuso un plan de restauración ambiental que no fue acatado.

El 14 de marzo de 2016 se le imputaron los delitos de daño en los recursos naturales agravado en concurso heterogéneo con contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. Posteriormente, en la audiencia de acusación celebrada el 29 de marzo de 2017 ante el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la delegada fiscal adicionó el punible de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

Dicha autoridad, tras hallar al actor responsable de los delitos de daño en los recursos naturales agravado en concurso heterogéneo con explotación ilícita de yacimientoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 3

minero y otros materiales, mediante sentencia del 28 de mayo de 2021 lo condenó a 97 meses y 10 días de prisión, y al pago de una multa equivalente a 238,88 SMLMV. En el fallo se le concedió la prisión domiciliaria y se decretó la preclusión de la

de 2021 lo condenó a 97 meses y 10 días de prisión, y al pago de una multa equivalente a 238,88 SMLMV. En el fallo se le concedió la prisión domiciliaria y se decretó la preclusión de la investigación por el delito de contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, por haber prescrito la acción penal. La fiscalía y la defensa apelaron.

Al resolver la alzada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá profirió el fallo del 7 de marzo de 2022 mediante el cual modificó el quantum de la multa, que fijó en 414,804443 SMLMV, y varió la motivación de la decisión de precluir la investigación por el punible de contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. Por lo demás, confirmó integralmente la providencia.

Contra dicha determinación, el defensor del condenado interpuso recurso de casación y, al sustentarlo, formuló dos cargos. El primero fue una solicitud de nulidad por desconocimiento del debido proceso, toda vez que se adelantó el proceso penal pese a la vigencia de la petición de legalización minera que radicó oportunamente el procesado. El segundo, subsidiario, por «violación indirecta de la ley sustancial. Por error de hecho, ante falso juicio de existencia. Por omision valorativa (sic)».

Al calificar su demanda, la Sala de Casación Penal profirió el auto AP1586-2026 del 11 de marzo de 2026 por medio del cual inadmitió el recurso extraordinario de casación que formuló la defensa del accionante.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 4

medio del cual inadmitió el recurso extraordinario de casación que formuló la defensa del accionante.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 4

De acuerdo con el accionante, al inadmitir la demanda de casación, la autoridad accionada pasó por alto la existencia de múltiples irregularidades ocurridas en el curso del proceso penal que ameritaban su anulación. Señala que, pese a inadmitir los cargos con fundamento en «defectos de lógica recursiva», la Sala convocada debió ejercer la casación oficiosa, pues, en su sentir, es evidente que fue condenado por una conducta cuya persecución penal estaba legalmente suspendida para el momento en el que se surtió el juicio, en virtud de la oportuna radicación de la petición de legalización minera.

Afirma que se interpretaron arbitrariamente los artículos 165 de la Ley 685 de 2001 y 12 de la Ley 1382 de 2010, toda vez que la Sala confundió los requisitos para el otorgamiento de la concesión minera con los de radicación de la petición y atribuyó efectos retroactivos al rechazo de las solicitudes de legalización, cuando la acción penal se torna improcedente desde su sola presentación.

Critica que, al despachar su recurso por un asunto meramente formal, no se haya valorado la radicación de la petición de legalización minera n.º OCB 1531 del 11 de marzo de 2013, lo que hubiera implicado necesariamente la exclusión de toda investigación penal de las actividades mineras realizadas por el accionante. Por último, reprocha que la Sala de Casación Penal haya validado una condena

de 2013, lo que hubiera implicado necesariamente la exclusión de toda investigación penal de las actividades mineras realizadas por el accionante. Por último, reprocha que la Sala de Casación Penal haya validado una condena por hechos que no están debidamente delimitados en el tiempo, lo que impidió a la defensa calcular los términos exactos de la prescripción de la acción penal.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 5

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Sala de Casación Penal señaló que lo pretendido en sede constitucional es insistir en la argumentación que fue despachada desfavorablemente por los jueces naturales, para extender el debate sobre un proceso penal que se encuentra próximo a prescribir. Señaló que la extensa demanda de tutela se limitó a reproducir y transcribir toda la actuación penal «de manera deshilvanada» lo que revela la intención de utilizar la acción constitucional como una instancia adicional, ante la imposibilidad de continuar con el debate en el proceso penal.

La Sala Penal del Tribunal de Bogotá defendió la legalidad del fallo de segunda instancia, indicando que fue proferido con observancia de las disposiciones legales aplicables y las pruebas obrantes en la actuación.

CONSIDERACIONES

Esta Sala tiene decantado que «el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar

judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia» (CSJ, STC2270-2025 y otros). En este orden, se negará el resguardo, toda vez que la decisión cuestionada es razonable y no revela defecto alguno.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 6

Tal y como se reseñó, mediante auto AP1586-2026 del 11 de marzo de 2026, la Sala de Casación Penal resolvió inadmitir la demanda de casación formulada por la defensa del aquí accionante, frente a la sentencia del 7 de marzo de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que modificó unos apartados del fallo condenatorio emitido por el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el 28 de mayo de 2021, pero mantuvo la condena impuesta por los delitos de daño en los recursos naturales agravado en concurso heterogéneo con explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

En esa determinación, la Sala de Casación Penal delimitó los antecedentes del caso, los fallos pronunciados por los juzgadores de instancia, así como los dos cargos postulados por el recurrente, los cuales, vale la pena precisar, se identifican con las acusaciones planteadas en esta senda.

Antes de entrar a estudiar el fondo de las postulaciones indicó que, para su admisibilidad, la demanda de casación debe cumplir con unos requisitos mínimos formales y

esta senda.

Antes de entrar a estudiar el fondo de las postulaciones indicó que, para su admisibilidad, la demanda de casación debe cumplir con unos requisitos mínimos formales y sustanciales que han de observarse en consonancia con la lógica argumentativa propia de la causal del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal que se alegue.

Al descender al estudio del caso y del primer cargo formulado, la Sala de Casación Penal reiteró que este consistía en una solicitud de nulidad por una presunta vulneración del derecho al debido proceso, derivada de queRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 7

el procesado se encontraba amparado por la condición transitoria consagrada en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, que permite suspender las actuaciones penales mientras no se tenga respuesta definitiva de las autoridades. Explicó que dicha censura se ventiló bajo la causal 2ª de casación.

Tras esa explicación, destacó que a través del primer cargo el recurrente solicitó la anulación de todo el proceso penal, cuando los fundamentos de la solicitud se limitaron a reprochar la persecución penal adelantada en su contra por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, pasando por alto que la condena que le fue impuesta no solo versó sobre ese tipo penal. Así las cosas, la Sala homóloga penal advirtió que la petición de nulidad desconoció el principio de trascendencia, pues «no acreditó, con fundamentos sólidos y veraces, la vulneración de la estructura del proceso o de las garantías de los sujetos procesales que permitan la admisión de la demanda de

desconoció el principio de trascendencia, pues «no acreditó, con fundamentos sólidos y veraces, la vulneración de la estructura del proceso o de las garantías de los sujetos procesales que permitan la admisión de la demanda de casación para analizar la posible configuración de una nulidad».

Luego, recordó que por medio del segundo cargo el casacionista alegó un «error de hecho por falso juicio de existencia» derivado de la falta de valoración de la petición de legalización minera presentada ante la Agencia Nacional de Minería, tramitada bajo expediente n.º OCB-DE 1531 del 11 de marzo de 2013 e incorporada al proceso penal censurado mediante el testimonio de Óscar González Valencia.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 8

Frente a este punto, la magistratura accionada caracterizó las dos modalidades en las cuales puede presentarse un error de hecho por falso juicio de existencia. Indicó que se configura por omisión «cuando el juez omite valorar una prueba que obra en el proceso», o por suposición «cuando la supone existente sin estarlo». Precisó que al alegar la modalidad por omisión, como en este caso, se debe señalar «cuál prueba se ignoró, qué hecho acredita y por qué su valoración habría podido modificar las conclusiones del fallo».

Al remitirse a la literalidad de las alegaciones ventiladas en el segundo cargo, la Sala advirtió que la defensa del accionante incurrió en una contradicción argumentativa, toda vez que afirmó que el Tribunal «ignoró y valoró mal la misma prueba», lo que constituye dos planteamientos

en el segundo cargo, la Sala advirtió que la defensa del accionante incurrió en una contradicción argumentativa, toda vez que afirmó que el Tribunal «ignoró y valoró mal la misma prueba», lo que constituye dos planteamientos excluyentes entre sí, que rompen la lógica argumentativa del error por falso juicio de existencia y se limitan a exponer un desacuerdo del recurrente con la valoración probatoria efectuada por el juez plural de instancia.

Por último, realizó ciertas consideraciones de fondo en las que desvirtuó que el Tribunal no hubiese valorado debidamente la solicitud de legalización de la actividad extractiva desarrollada por el ahora accionante. Al respecto, trajo a colación varias citas de la sentencia de segunda instancia que dan cuenta de que el juez plural de segunda instancia consideró las ocho oportunidades en las que el procesado intentó legalizar sin éxito su actividad minera.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 9

También citó los apartados del fallo de segundo grado que trataron sobre la declaración del testigo a través del cual se incorporó el expediente n.º OCB-DE 1531 del 11 de marzo de 2013. Adicionalmente, constató que el Tribunal explicó con suficiencia que dichas solicitudes fueron denegadas por cuanto en ellas se demandó autorización para practicar la explotación minera en suelos que se situaban parcialmente en el interior del Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes, área que había sido inhabilitada para ese tipo de actividades por las autoridades competentes.

De esta manera, aseveró que, contrario a lo que expone la defensa, las pruebas a las que hizo alusión sí fueron valoradas por los falladores de instancia, quienes no les

por las autoridades competentes.

De esta manera, aseveró que, contrario a lo que expone la defensa, las pruebas a las que hizo alusión sí fueron valoradas por los falladores de instancia, quienes no les otorgaron el alcance ni las consecuencias jurídicas pretendidas por el gestor, sin que esa circunstancia constituya un debate que sea dable estudiar en sede de casación.

Por todo lo expuesto, la Sala homóloga penal concluyó que lo pretendido por el censor era reiterar sus alegatos e imponer su interpretación subjetiva sobre el criterio judicial, por lo que decidió inadmitir la demanda de casación presentada contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 7 de marzo de 2022.

Puestas las cosas de esta manera, emerge con claridad lo infundado del reproche trazado en la demanda de tutela. En efecto, la inconformidad del tutelante no se construye sobre la acreditación de defecto alguno que aqueje laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 10

providencia, sino que se limita a reiterar argumentos ya examinados y definidos en las instancias, así como a expresar una mera discrepancia de criterios respecto del contenido y alcance del proveído acusado, por medio del cual la Sala de Casación Penal resolvió inadmitir la demanda de casación.

Por último, esta Sala advierte que los cuestionamientos ventilados en sede de tutela en los que el gestor afirma que los hechos por los cuales fue condenado no fueron debidamente delimitados, aparte de ser genéricos, no fueron planteados en la sustentación del recurso extraordinario, de

ventilados en sede de tutela en los que el gestor afirma que los hechos por los cuales fue condenado no fueron debidamente delimitados, aparte de ser genéricos, no fueron planteados en la sustentación del recurso extraordinario, de modo que no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte del juez constitucional, so pena de desplazar de su competencia al fallador natural.

En este orden, es claro que el accionante no demostró la configuración de algún defecto; más bien, lo que pretende es convertir la acción de tutela en una instancia adicional en la cual pueda continuar con la discusión acerca de la responsabilidad penal y replantear los argumentos ya debatidos en sede ordinaria y extraordinaria, motivo por el cual el amparo solicitado debe ser denegado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06283-00 11

Constitución, resuelve NEGAR la tutela instaurada por Alberto Quiroga Moreno.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

revisión, de no impugnarse esta resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 1885D59EBE123B37561A20F7C281E60F80F940685C310056B3BBA6C6C9E6EE8A Documento generado en 2026-10-30