CSJ - STC21160-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21160-2026 Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00661-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 18 de septiembre de 2026 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acción de tutela promovida por Alva Promisión S.A.S. en liquidación contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, con vinculación de Guillermo de Jesús Álvarez Munera, Obras y Bienes S.A. en liquidación y las demás partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 13001-31-03-004-201700067-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

Para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada, la sociedad accionante solicita que se ordene al juzgado accionado (i) expedir de manera inmediata los oficios de levantamiento deRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 2

todas las medidas cautelares que fueron decretadas dentro del proceso ejecutivo No. 2017-00607-00 y (ii) «abstenerse de dilatar el cumplimiento de la orden de entrega del título judicial».

En sustento de su solicitud, informó que, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, mediante auto del 1°

dilatar el cumplimiento de la orden de entrega del título judicial».

En sustento de su solicitud, informó que, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, mediante auto del 1° de septiembre de 2026, declaró la terminación del proceso ejecutivo No. 2017-00607-00 por transacción, adelantado en su contra. En dicha providencia, en su numeral tercero decretó: "Ordenar de ser el caso, el levantamiento de las medidas cautelares que se hubiesen decretado en este asunto, (...)".

Pese a lo anterior, afirma que, a la fecha de presentación de la acción constitucional, las medidas cautelares de embargo y secuestro que pesan sobre los bienes de los demandados no han sido levantadas, pues continúan inscritas en los registros públicos, lo cual estima afecta el derecho de propiedad y libre disposición de los bienes de Alva Promisión S.A.S.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena indicó que, dentro del proceso ejecutivo promovido por Diego y Diana Gaviria contra Guillermo de Jesús Álvarez Munera, Obras y Bienes S.A. en liquidación y la sociedad accionante, mediante auto del 1° de septiembre de 2026 ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran decretado dentro del asunto y la entrega del título judicialRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 3

No. 412070003303540 por valor de $1.800.000.000,oo al representante legal de la sociedad Nuevo Sinai S.A.S por cesión de crédito.

Explicó que dicha providencia fue publicada en estados

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No. 412070003303540 por valor de $1.800.000.000,oo al representante legal de la sociedad Nuevo Sinai S.A.S por cesión de crédito.

Explicó que dicha providencia fue publicada en estados electrónicos el 2 de septiembre de 2026, por lo que el término de ejecutoria acaeció el 7 de septiembre siguiente, fecha concomitante con la presentación de la acción constitucional. Por lo que, solo a partir de la ejecutoria era procedente la elaboración y remisión de los oficios. Además, indicó que el 11 de septiembre de 2026 se elaboraron y remitieron los oficios correspondientes a sus destinatarios.

Robert de Jesús Cadena Arenas, quien se anunció como apoderado de la sociedad accionante y de Guillermo de Jesús Álvarez Munera manifestó que el oficio No. GL590 emitido el 11 de septiembre de 2026 dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos de Cartagena no imparte una orden expresa, clara y concreta de cancelar la anotación No. 004, pues se limita a reproducir el condicionamiento genérico del numeral 3° del auto del 11 de septiembre de 2026. Por lo tanto, solicita se ordene librar oficio aclaratorio y complementario dirigido a la ORIP de Cartagena. Adjunto a su memorial allegó el correspondiente poder.

Posteriormente, en memorial separado, añadió que el despacho accionado guardó silencio sobre la orden de entrega del título judicial al representante legal de Nueva Sinai S.A.S, pese a haber transcurrido más de 15 días desde su expedición.Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 4

entrega del título judicial al representante legal de Nueva Sinai S.A.S, pese a haber transcurrido más de 15 días desde su expedición.Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 4

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena negó la acción constitucional por carencia actual de objeto por hecho superado, porque el 11 de septiembre de 2026, con posterioridad a la instauración de la tutela, el juzgado accionado elaboró y suscribió los oficios de levantamiento de las medidas cautelares, los cuales fueron remitidos a sus destinatarios, según dan cuenta los folios 126, 127, 128 y 129 del expediente. Por lo tanto, estimó que la pretensión solicitada había sido atendida por la autoridad accionada y, en consecuencia, la orden de protección que pudiera impartirse carecería de sentido alguno.

De igual forma, señaló que no obra en el expediente prueba o conducta alguna mediante la cual se pueda evidenciar dilación por parte del juzgado accionado sobre la entrega del título judicial.

El apoderado de la sociedad accionante y de Guillermo de Jesús Álvarez Munera, conforme al poder previamente allegado, impugnó la decisión de primera instancia al considerar que no se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que los oficios no fueron efectivamente comunicados, pues en los mencionados folios del expediente solo se advierten los oficios , pero no la constancia de su envío. Por ende, persiste la vulneración, pues las medidas cautelares continúan inscritas. Añadió que el Tribunal omitió resolver de fondo la segunda pretensión

del expediente solo se advierten los oficios , pero no la constancia de su envío. Por ende, persiste la vulneración, pues las medidas cautelares continúan inscritas. Añadió que el Tribunal omitió resolver de fondo la segunda pretensión relativa a la entrega de los depósitos judiciales, pues no seRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 5

indica sí efectivamente se cumplió, en qué fecha, ni tampoco sí existe orden de pago debidamente elaborada.

CONSIDERACIONES

La Corte confirmará el fallo debatido porque existe un hecho superado frente a cada una de las solicitudes de amparo, como pasa a explicarse.

La sociedad accionante cuestionó, de un lado, la falta de comunicación de los oficios para levantar las medidas cautelares y, de otro, la demora en hacer efectiva la entrega del depósito judicial. El expediente acredita actuaciones posteriores a la presentación de la tutela que permiten descartar una omisión actual susceptible de corregirse por esta vía.

En efecto, tras revisar el expediente electrónico del proceso ejecutivo censurado, se constató que el 14 de septiembre de 2026 el juzgado accionado remitió por correo electrónico a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena el oficio relacionado con el levantamiento de la medida cautelar, según da cuenta la constancia incorporada al trámite que se indica a continuación:Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 6

Así, contrario a lo afirmado en la impugnación, el despacho accionado no solo elaboró el documento, sino que

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Así, contrario a lo afirmado en la impugnación, el despacho accionado no solo elaboró el documento, sino que también acreditó su envío a la autoridad destinataria. Ahora, la eventual necesidad de que la oficina registral adopte las actuaciones que le correspondan no desvirtúa que cesó la omisión concreta atribuida al juzgado, consistente en no comunicar el oficio.

Por otra parte, en cuanto al depósito judicial, se advierte que, mediante auto del 28 de septiembre de 2026, el despacho accionado requirió a Nueva Sinai S.A.S. para que aportara la certificación bancaria que acredite la titularidad de la cuenta en la que se abonaría el dinero del depósito judicial ordenado a pagar a su nombre, en los siguientes términos:Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 7

Esta actuación muestra que el despacho adelantó las gestiones dirigidas a ejecutar la orden de pago y que su materialización requería previamente un documento a cargo de la beneficiaria, el cual, a la fecha, no se advierte que haya sido aportado. En consecuencia, no se evidencia en el expediente una actividad injustificada atribuible al juzgado que permita impartir una orden constitucional adicional.

En esas condiciones, la pretensión relativa al envío del oficio de levantamiento de la medida cautelar perdió actualidad, pues la comunicación que se echaba de menos se realizó durante el trámite de tutela. Y, respecto del depósito judicial, las actuaciones acreditadas no revelan una omisión arbitraria del despacho, sino la adopción de una medida necesaria para continuar el trámite de pago. Lo

se realizó durante el trámite de tutela. Y, respecto del depósito judicial, las actuaciones acreditadas no revelan una omisión arbitraria del despacho, sino la adopción de una medida necesaria para continuar el trámite de pago. Lo anterior sin perjuicio del deber del juzgado de proseguir el trámite una vez se aporte la certificación requerida. En consecuencia, no se justifica impartir una orden de amparo.Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 8

Frente a la figura de carencia actual de objeto por hecho superado, la Sala ha expuesto que:

«(…) se presenta: ‘si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido (…)» (Negrillas fuera del texto) (CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada, entre otras, en STC11024-2026, STC156752026 y STC17378-2026).

En conclusión, se respaldará la providencia ante la configuración de un hecho superado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 18 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cartagena.

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 18 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cartagena.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00661-01 9

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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