CSJ - STC21161-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21161-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 (aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo de l 8 de septiembre de 2026 proferido por la Sala de Decisión de Tutelas n.º 1 de la Sala de Casación Penal, en la acción de tutela instaurada por Adiel de Jesús Pérez Torres contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Quince de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta misma ciudad, extensiva a las demás autoridades, partes e intervinientes en la acción de tutela con radicado n.º 11001318701520260005000.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicita dejar sin efectos las sentencias de tutela del 15 de abril y 28 de mayo de 2026 por las cuales lasRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 2

autoridades accionadas declararon improcedente por subsidiariedad la acción de tutela que el gestor formuló en su momento en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En consecuencia, pide que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Alcaldía Distrital de Barranquilla que «autorice[n] la utilización de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 7992 del 14

Nacional del Servicio Civil y a la Alcaldía Distrital de Barranquilla que «autorice[n] la utilización de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 7992 del 14 de marzo de 2024» y que lo nombren en período de prueba «en una de las vacantes definitivas existentes del cargo Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera Categoría, Código 233, Grado 8, OPEC No. 182116, o en empleo equivalente».

De la demanda constitucional y sus anexos se desprenden los siguientes hechos:

Adiel de Jesús Pérez Torres presentó una primera acción de tutela tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de su participación en el proceso de selección «Entidades del Orden Territorial 2022 », modalidad ascenso, la expedición de la Resolución n.º 7992 del 14 de marzo de 2024 por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la decisión por la cual dicha entidad negó la utilización de la lista de elegibles para cubrir vacantes definitivas surgidas con posterioridad a la convocatoria.

El amparo fue tramitado en primera instancia por el juzgado accionado, autoridad que mediante sentencia del 15 de abril de 2026 declaró improcedente la protección por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. Ello trasRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 3

advertir que se encontraba en curso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado ante el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, proceso dentro del cual se debatían aspectos relacionados con la misma controversia planteada en la

nulidad y restablecimiento del derecho adelantado ante el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, proceso dentro del cual se debatían aspectos relacionados con la misma controversia planteada en la acción de tutela. Inconforme, el gestor impugnó. Al desatar la alzada, mediante fallo del 28 de mayo de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó íntegramente la decisión de primer grado.

En ese contexto, el accionante afirma que las sentencias de tutela objeto de censura desconocieron lo dispuesto en la sentencia T-485 de 2025, que considera aplicable a su caso. También cuestiona la inobservancia de otros precedentes constitucionales sobre la procedencia de la tutela en concursos de méritos y sobre la especial protección constitucional de las víctimas del conflicto armado.

Señala, en suma, que las autoridades accionadas aplicaron incorrectamente el requisito de subsidiariedad, pues el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en curso no resultaba idóneo para remediar la lesión denunciada en sede constitucional.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

El Juzgado accionado defendió la legalidad de su decisión y solicitó negar el amparo. Indicó que, contrario a lo afirmado por el gestor, la sentencia T -485 de 2025 fue valorada expresamente, por lo que la súplica busca reabrirRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 4

un debate ya resuelto por dos autoridades judiciales en ejercicio de su autonomía e independencia.

La Sala Penal del Tribunal convocado relacionó las

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un debate ya resuelto por dos autoridades judiciales en ejercicio de su autonomía e independencia.

La Sala Penal del Tribunal convocado relacionó las actuaciones que fueron de su cargo e indicó que el 26 de junio de 2026 remitió el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Afirmó que en la sentencia constitucional de segunda instancia se expusieron de forma ponderada y razonable los motivos de la decisión, por lo que solicitó negar el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal declaró improcedente el resguardo al considerar que la acción se enmarca en la figura de tutela contra tutela, la cual no procede salvo en circunstancias excepcionales que no se configuraron en este caso.

Adicionalmente, constató que no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el expediente del asunto cuestionado arribó a la Secretaría de la Corte Constitucional el 27 de agosto de 2026 y fue enviado a la Sala de Selección el 1° de septiembre siguiente, sin que existiera pronunciamiento sobre su eventual escogencia. Así las cosas, el accionante aún podía elevar sus pretensiones ante el órgano de cierre constitucional y, de no ser seleccionado, promover la solicitud de insistencia.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 5

El accionante impugnó y sostuvo que el juicio de subsidiariedad exige verificar la idoneidad y eficacia concreta del mecanismo alternativo y no su sola existencia formal. Alegó que la eventual revisión no es una garantía de que se

El accionante impugnó y sostuvo que el juicio de subsidiariedad exige verificar la idoneidad y eficacia concreta del mecanismo alternativo y no su sola existencia formal. Alegó que la eventual revisión no es una garantía de que se vayan a examinar materialmente los defectos endilgados a las providencias cuestionadas.

Asimismo, reprochó que el estado del expediente se estableciera sin certificación oficial de la Corte Constitucional, y que entre el fallo del 28 de mayo de 2026 y la remisión del plenario registrada el 27 de agosto siguiente transcurrió un lapso considerable que no puede atribuírsele ni utilizarse en su contra.

CONSIDERACIONES

El amparo invocado no está llamado a prosperar, habida cuenta de que obedece a un asunto de aquellos denominados «tutela contra tutela», sin que se advierta configurada alguna causal que permita justificar su procedencia.

En efecto, la queja del accionante se dirige contra las sentencias del 15 de abril y 28 de mayo de 2026 proferidas en el marco de la acción de tutela n.º 2026-00050-00 mediante las cuales las autoridades convocadas declararon improcedente la protección solicitada por el ahora accionante contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 6

No obstante, resulta pertinente señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, solo es factible examinar los ruegos que se enfilan contra otra acción de tutela, cuando «se omite la integración del contradictorio o la notificación de las personas con interés jurídico para

con la jurisprudencia de esta Corporación, solo es factible examinar los ruegos que se enfilan contra otra acción de tutela, cuando «se omite la integración del contradictorio o la notificación de las personas con interés jurídico para intervenir», ya que, de otro modo, «se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornaría eterna la definición del primer fallo» (CSJ STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00). Asimismo, procede en los casos en que la providencia definitiva sea producto de «cosa juzgada fraudulenta», situación que se predica cuando, pese a cumplirse formalmente todas las etapas procesales, se logra materializar una solución «fraudulenta» que se traduce en un perjuicio ilícito para terceros y la comunidad.

Revisado el expediente constitucional, en este caso se advierte que lo que en realidad cuestiona el accionante es que en dichas determinaciones los jueces constitucionales de instancia aplicaron incorrectamente el requisito de subsidiariedad e ignoraron la jurisprudencia constitucional que regula la procedibilidad de la tutela contra las actuaciones surtidas en concursos de méritos.

De suerte que, como el contexto descrito no encuadra en las excepciones expuestas, resulta inadmisible estudiar el reproche contra la salvaguarda traída a colación, toda vez que consiste en divergencias ajenas a las causales referenciadas, máxime cuando respecto del expediente cuestionado operó el fenómeno de cosa juzgada constitucional, pues fue excluido de revisión por parte de laRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 7

cuestionado operó el fenómeno de cosa juzgada constitucional, pues fue excluido de revisión por parte de laRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 7

Corte Constitucional mediante auto del 30 de septiembre de 2026.

Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia del 8 de septiembre de 2026 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas n.º 1 de la Sala de Casación Penal.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para s u eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02674-01 8

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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