CSJ - STC21164-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21164-2026 Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con el Acuerdo n° 034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos.

Advertido lo anterior, decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 16 de septiembre de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela instaurada por Andrés contra la Comisaria de Familia Ochenta del corregimiento de San Antonio de Prado y el Juzgado Segundo de Familia, ambos de Medellín, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso porRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 2

violencia intrafamiliar No. 05001-31-10-002-202X-XXXXX00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El actor, por conducto de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, a la libertad personal y al

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El actor, por conducto de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, a la libertad personal y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por las autoridades convocadas con ocasión del auto del 18 de agosto de 2026, mediante el cual el juzgado accionado resolvió el grado jurisdiccional de consulta y confirmó la sanción de treinta días de arresto que le impuso la comisaría accionada por el segundo incumplimiento de la medida de protección definitiva.

En consecuencia, pidió: (i) dejar sin efectos el auto del 18 de agosto de 2026; (ii) ordenar al juzgado accionado que profiera una nueva decisión, en la que valore de manera expresa e integral las pruebas, los descargos y los argumentos de defensa; (iii) subsidiariamente, si se establece que la ejecución de la sanción comenzó sin una notificación válida o antes de la ejecutoria de la decisión, dejar sin efectos las actuaciones adelantadas para su cumplimiento y disponer que el arresto solo se ejecute una vez garantizadas esas exigencias; y (iv) ordenar a las accionadas que le permitan acceder a la totalidad del expediente.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 3

Del escrito de tutela y sus anexos se extraen los siguientes hechos relevantes:

Mediante Resolución n.º 068 del 12 de febrero de 2025, la Comisaría de Familia Ochenta de San Antonio de Prado

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Del escrito de tutela y sus anexos se extraen los siguientes hechos relevantes:

Mediante Resolución n.º 068 del 12 de febrero de 2025, la Comisaría de Familia Ochenta de San Antonio de Prado declaró al accionante responsable de actos de violencia intrafamiliar contra Andrea. En favor de esta adoptó una medida de protección definitiva.

Posteriormente, a través de la Resolución n.º 0209 del 29 de mayo de 2025, la Comisaría declaró el primer incumplimiento de esa medida y le impuso una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión fue confirmada por el Juzgado Séptimo de Familia de Medellín el 1 de julio de 2025.

Con ocasión de una denuncia por el segundo incumplimiento de la medida de protección, el accionante rindió descargos en la audiencia del 24 de marzo de 2026. Afirmó que los correos electrónicos que le atribuía la denunciante no correspondían al 23 de diciembre de 2025, sino a octubre y noviembre de ese año, y durante la diligencia remitió a la comisaría los mensajes que había enviado en esas fechas. También cuestionó la valoración psicológica practicada a su hija el 3 de febrero de 2026 y solicitó que se realizara una nueva.

Mediante la resolución n.º 062 del 24 de marzo de 2026, lo declaró responsable del segundo incumplimiento, leRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 4

impuso treinta días de arresto y remitió la actuación al juez

lo declaró responsable del segundo incumplimiento, leRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 4

impuso treinta días de arresto y remitió la actuación al juez de familia para surtir el grado jurisdiccional de consulta.

El 3 de mayo de 2026, el apoderado del accionante solicitó al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellín el reconocimiento de personería y el acceso al expediente digital. La petición fue recibida por ese despacho el 5 de mayo siguiente.

Por auto del 18 de agosto de 2026, el despacho accionado confirmó la decisión de la Comisaría, al considerar que los correos electrónicos enviados por el accionante evidenciaban un trato desobligante hacia la denunciante. También tuvo en cuenta que, durante la entrevista, la hija menor de las partes manifestó que su padre le hablaba mal de su madre. En consecuencia, confirmó la sanción de treinta días de arresto y dispuso que, a la ejecutoria de la providencia, se libraran los oficios correspondientes y la orden de conducción. Asimismo, ordenó notificar personalmente al sancionado.

Mediante auto del 24 de agosto de 2026, la comisaría ordenó obedecer lo resuelto por el juzgado y dar cumplimiento a la sanción de arresto. El 1 de septiembre siguiente, remitió la orden a la Estación de Policía San Antonio de Prado. Ese mismo día, el apoderado del accionante solicitó al despacho judicial el enlace de acceso al expediente y las constancias de notificación y ejecutoria del

siguiente, remitió la orden a la Estación de Policía San Antonio de Prado. Ese mismo día, el apoderado del accionante solicitó al despacho judicial el enlace de acceso al expediente y las constancias de notificación y ejecutoria del auto del 18 de agosto de 2026.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 5

El 4 de septiembre de 2026, el juzgado remitió al apoderado el enlace del expediente. Posteriormente, los días 7 y 8 de ese mes, la comisaría y el juzgado notificaron al accionante, mediante correo electrónico, los autos del 24 y del 18 de agosto, respectivamente.

El tutelante atribuyó tres defectos a la actuación judicial cuestionada. En primer lugar, uno procedimental, pues sostuvo que, para cuando presentó la tutela, no había sido notificado personalmente del auto del 18 de agosto de 2026 y, pese a ello, tuvo conocimiento de que, al parecer, se habían librado oficios a la autoridad policial para ejecutar el arresto. En segundo término, alegó falta de motivación, dado que la providencia mencionó sus descargos, pero no expuso su contenido ni explicó las razones para desestimarlos. Finalmente, planteó un defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas de descargo, cuyo desarrollo condicionó a la revisión del expediente.

En memorial posterior, precisó que la Comisaría cerró la etapa probatoria inmediatamente después de que formulara sus solicitudes de pruebas, sin resolverlas mediante una decisión motivada. Destacó que la propia resolución del 24 de marzo de 2026 reconoció las diferencias

la etapa probatoria inmediatamente después de que formulara sus solicitudes de pruebas, sin resolverlas mediante una decisión motivada. Destacó que la propia resolución del 24 de marzo de 2026 reconoció las diferencias entre las fechas de los correos aportados por las partes y sostuvo que el juzgado omitió controlar esa irregularidad al resolver la consulta. Añadió que la demora en el acceso al expediente le impidió advertir dicha situación antes de que se confirmara la sanción de arresto.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 6

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellín informó que el auto del 18 de agosto de 2026 fue notificado al accionante el 8 de septiembre de 2026 y que aún no había comunicado la orden de arresto a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, debido a que la providencia no se encontraba ejecutoriada. Explicó que su decisión se sustentó en lo manifestado por la denunciante acerca de los correos electrónicos, cuyo contenido no fue negado por el accionante, quien se limitó a controvertir las fechas de envío. También tuvo en cuenta la entrevista de la hija menor, a partir de la cual concluyó que existían conductas de interferencia parental.

La Comisaría de Familia Ochenta de San Antonio de Prado reconoció que, durante la audiencia del 24 de marzo de 2026, el accionante cuestionó las fechas de los correos electrónicos, manifestó su intención de aportarlos y solicitó una nueva valoración psicosocial de su hija. No obstante,

de 2026, el accionante cuestionó las fechas de los correos electrónicos, manifestó su intención de aportarlos y solicitó una nueva valoración psicosocial de su hija. No obstante, sostuvo que la garantía del debido proceso no obliga a decretar todas las pruebas solicitadas. Precisó que los correos fueron valorados tanto en la Resolución n.º 062 como al surtirse el grado de consulta. Agregó que la valoración psicosocial constituyó apenas uno de los elementos de juicio considerados, que el accionante admitió en sus descargos haber enviado los mensajes y que la demora en el acceso al expediente judicial no le resulta atribuible.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 7

El Procurador 120 Judicial II de Familia señaló que el accionante no acreditó que la notificación se hubiera practicado por un medio inválido, que el auto no estuviera ejecutoriado o que la orden de conducción se hubiera expedido antes de tiempo. Indicó, además, que la solicitud de acceso al expediente se presentó el mismo día en que se promovió la tutela. Por último, advirtió que el interesado no identificó cuál prueba determinante había sido omitida ni explicó de qué manera su valoración habría modificado el sentido de la decisión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal negó el amparo al considerar razonable la decisión cuestionada. Estimó que el juzgado expuso, de manera «concreta pero suficiente», las razones por las cuales encontró acreditado el segundo incumplimiento de la medida de protección, sustentadas en los correos electrónicos de

decisión cuestionada. Estimó que el juzgado expuso, de manera «concreta pero suficiente», las razones por las cuales encontró acreditado el segundo incumplimiento de la medida de protección, sustentadas en los correos electrónicos de contenido ofensivo que el accionante reconoció haber enviado y en la instrumentalización de la hija menor, según el informe psicosocial. Agregó que el tutelante pretendía hacer prevalecer su propia valoración de las pruebas. En cuanto a la notificación, señaló que aquel conocía el auto antes de promover la tutela, pues lo adjunto en el escrito inicial, que fue notificado el 8 de septiembre de 2026 y que la sanción de arresto aún no se había hecho efectiva.

El accionante impugnó e insistió en sus cuestionamientos sobre la falta de pronunciamiento frente a sus solicitudes probatorias y el acceso tardío al expediente.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 8

Sostuvo que el Tribunal no resolvió ese cargo y analizó el grado jurisdiccional de consulta como si se tratara de una apelación. Añadió que la orden de arresto fue recibida por la Policía el 1 de septiembre de 2026, antes de que se notificara la providencia.

CONSIDERACIONES

Circunscrita la Corte a la impugnación formulada, se anuncia la confirmación del fallo de primera instancia, por encontrar razonable la decisión cuestionada.

La acción de tutela no fue concebida para replicar la actividad de los administradores de justicia, dada la autonomía e independencia que caracteriza la función judicial, así como la presunción de acierto y legalidad que

La acción de tutela no fue concebida para replicar la actividad de los administradores de justicia, dada la autonomía e independencia que caracteriza la función judicial, así como la presunción de acierto y legalidad que ampara sus decisiones. Sin embargo, «en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial» (CSJ STC9877-2018, reiterada, entre otras, en STC11566-2026, entre otras).

El tutelante centra su inconformidad en la valoración probatoria realizada por la comisaría accionada y avalada por el juzgado, con base en la cual se tuvo por acreditado el segundo incumplimiento de la medida de protección definitiva impuesta en su contra. Sostuvo que no se resolvió sobre sus solicitudes de aportar los correos electrónicos, alRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 9

considerar que los allegados por la accionante eran de fechas distintas y de practicar una nueva valoración psicológica a su hija, y que el juzgado no controló esa situación al resolver la consulta.

Revisada la resolución del 24 de marzo de 2026, por medio de la cual la comisaría declaró probado el segundo incumplimiento, y el auto del 18 de agosto de 2026 que la confirmó en grado jurisdiccional de consulta, la Sala encuentra que la decisión cuestionada se sustentó en los

medio de la cual la comisaría declaró probado el segundo incumplimiento, y el auto del 18 de agosto de 2026 que la confirmó en grado jurisdiccional de consulta, la Sala encuentra que la decisión cuestionada se sustentó en los elementos recaudados en el trámite y no luce arbitraria.

En primer lugar, en la diligencia del 24 de marzo de 2026, a la que asistieron ambas partes rindió descargos y manifestó que «los correos que ella dice que yo le envié no fueron del 23 de diciembre del año pasado fueron de octubre y de noviembre de 2025»1. Pidió aportar los correos que había enviado y, del expediente, se evidencia que fueron incorporados al mismo. Además, solicitó una nueva valoración psicológica de la menor, porque estaba en desacuerdo con el contenido, al considerar que «la niña está siento controlada por la mamá tiene alienación parental con la mamá yo hable con mi hija y ella me dice que no dijo las cosas que dijo en la comisaría»2.

Al resolver, la comisaría se ocupó expresamente de la discrepancia sobre la fecha de los correos. En la resolución del 24 de marzo de 2026 señaló que:

1 Ver folio 78 del archivo digital «2-290-25 SEGUNDA PARTE EXPEDIENTE.pdf». 2 Ver folio 78 del archivo digital «2-290-25 SEGUNDA PARTE EXPEDIENTE.pdf».Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 10

«No sobra recalcar que el hecho evidente del comportamiento por parte de Andrés aún se ve reflejado en contra de la señora Andrea, en efecto en el desarrollo de esta diligencia se pudo

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«No sobra recalcar que el hecho evidente del comportamiento por parte de Andrés aún se ve reflejado en contra de la señora Andrea, en efecto en el desarrollo de esta diligencia se pudo constatar vía declaraciones de las partes como si bien, las fechas de los correos mencionados y aportados por las partes difieren, si coinciden en su contenido, contenido que por demás es desobligante en contra de la señora Andrea, donde es tildada de padecer enfermedades mentales y de ser una persona infiel por parte del señor Andrés, contraviniendo así lo ordenado en Artículo segundo del Auto 013 del 07 de enero de 2025 que fuera confirmado en su integridad por la Resolución 068 del 12 de febrero de 2025» (Énfasis añadido)

Por su parte, al resolver en grado jurisdiccional de consulta, el juzgado accionado examinó el contenido de los correos enviados por el tutelante y la entrevista practicada a la menor. A partir de esos elementos, concluyó que «(...) estos hechos son suficientes y se indican datos espacio-temporales, es decir, fecha y lugar en el que ocurrieron e identificación de las conductas generadoras de la violencia, siendo razón suficiente para considerar este Estrado Judicial que la decisión consultada fue acertada».

De lo anterior no se desprende que las autoridades hubieran omitido valorar las pruebas de descargo, sino que por el contrario, el contenido de los correos fue examinado en la resolución sancionatoria, indicando que la diferencia en las fechas no resulta determinante, pues, incluso si se aceptan las indicadas por el tutelante, octubre y noviembre de 2025, los mensajes fueron enviados después de la sanción

en la resolución sancionatoria, indicando que la diferencia en las fechas no resulta determinante, pues, incluso si se aceptan las indicadas por el tutelante, octubre y noviembre de 2025, los mensajes fueron enviados después de la sanción por el primer incumplimiento, impuesta el 29 de mayo de 2025 y confirmada el 1 de julio siguiente. Además, su contenido, que el accionante no controvirtió, constituye por sí mismo una conducta contraria a la medida de protección.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 11

Respecto de la solicitud de una nueva valoración psicológica de la menor, aunque la Comisaría no se pronunció de manera específica sobre ella, declaró cerrada la etapa probatoria al considerar que contaba con elementos suficientes para decidir. Sin embargo, esa omisión no tuvo incidencia en el resultado, pues el incumplimiento se encontró acreditado principalmente a partir de los correos enviados por el propio accionante. Por tanto, una nueva valoración no habría modificado el sentido de la decisión.

Así las cosas, resulta evidente que las inconformidades planteadas por el accionante evidencian, en esencia, una discrepancia con la valoración probatoria efectuada por el juzgado y con las conclusiones que este extrajo de ella, mas no la existencia de una decisión arbitraria o carente de fundamento fáctico y jurídico.

En ese aspecto, esta Corte ha recordado que:

«[I]ndependientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía

«[I]ndependientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; (...)» (CSJ, STC 18 mar. 2010, exp. 00367-00, reiterada en STC1375-2026, STC863-2026).

Tampoco prospera el reproche relativo al acceso del apoderado judicial del tutelante al expediente. Si bien el apoderado solicitó el enlace el 3 de mayo de 2026 y este leRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 12

fue remitido el 4 de septiembre de 2026, esa circunstancia no tuvo la incidencia que le atribuye el impugnante. La solicitud se presentó después de celebrada la audiencia del 24 de marzo de 2026 y de notificada la resolución sancionatoria (25. Marz. 2026). Para entonces, el accionante ya conocía lo ocurrido en la diligencia, pues asistió a ella, formuló personalmente las solicitudes probatorias, remitió los correos y presenció el cierre de la etapa probatoria.

Así, la falta del enlace no le impidió conocer las circunstancias que ahora alega ni ponerlas de presente ante el juez de la consulta. En todo caso, como se explicó, la falta de pronunciamiento sobre esas solicitudes no tuvo

Así, la falta del enlace no le impidió conocer las circunstancias que ahora alega ni ponerlas de presente ante el juez de la consulta. En todo caso, como se explicó, la falta de pronunciamiento sobre esas solicitudes no tuvo incidencia en lo decidido, de modo que la demora en el acceso al expediente tampoco habría alterado el sentido de la decisión.

Por las razones expuestas se confirma el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00489-01 13

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala (Con impedimento)

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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