CSJ - STC21169-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21169-2026 Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00708-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación del fallo del 17 de septiembre del 2026 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en la acción de tutela promovida por Ana Isabel Rojas Chavarría contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad; extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso con radicado n° 0500131-03-002-2026-00021-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La accionante solicita dejar sin efectos la sentencia del 31 de agosto de 2026 en la que se ordenó la restitución delRadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 2 inmueble ubicado en la «Calle 9 No. 40-10 local 202 de Medellín» para que, en su lugar, s e profiera una nueva decisión en la que se motiv e «la distinción entre el establecimiento de comercio y el local comercial o inmueble en el cual aquel desarrolla su actividad».

De la demanda constitucional y el expediente cuestionado se desprenden los siguientes hechos:

Juan Guillermo Martínez, en calidad de representante legal de El Bar Villega S.A.S., ahora El Bar del Villega Lleras

De la demanda constitucional y el expediente cuestionado se desprenden los siguientes hechos:

Juan Guillermo Martínez, en calidad de representante legal de El Bar Villega S.A.S., ahora El Bar del Villega Lleras S.A.S., promovió demanda contra la accionante, en calidad de arrendadora, por la falta de pago de los cánones de arrendamiento comercial sobre el inmueble ubicado en la calle 9 n.º 40-10, local 202, de Medellín. En consecuencia, solicitó que se declarara la terminación del « contrato arrendamiento de local comercial» y se ordenara la restitución del inmueble.

El asunto fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, el cual admitió la demanda el 18 de febrero de 2026. En el trámite, la accionante formuló excepciones previas y contestó la demanda. En esta última, señaló que el contrato aportado fue suscrito con Bemsa S.A.S., en calidad de arrendadora, y no con la sociedad demandante. Asimismo, advirtió que la demanda confundía el inmueble arrendado con el establecimiento de comercio que allí funcionaba, pese a tratarse de figuras jurídicas distintas.Radicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 3 Más adelante, el 30 de julio de 2026 el juzgado accionado señaló que, si bien se allegó contestación de la demanda, lo cierto es «que no acreditó haber consignado a órdenes del Juzgado el valor total de los cánones de arrendamientos adeudados, lo que apareja la consecuencia establecida en el numeral cuarto del artículo 384 del C.G. del

demanda, lo cierto es «que no acreditó haber consignado a órdenes del Juzgado el valor total de los cánones de arrendamientos adeudados, lo que apareja la consecuencia establecida en el numeral cuarto del artículo 384 del C.G. del P., esto es, no ser oído dentro del proceso». En tal sentido, anunció que una vez ejecutoriada la providencia procedería a dictar sentencia, sin que se presentara recurso alguno por parte de la interesada.

El 31 de agosto de 2026 el juzgado accionado declaró la terminación del contrato celebrado entre El Bar del Villega Lleras S.A.S. y la accionante «sobre el inmueble de local comercial ubicado en la Calle 9 # 40-10 local 202 del municipio de Medellín» y ordenó la restitución del bien en el término de diez (10) días siguientes.

En ese contexto, la accionante cuestiona la sentencia proferida por el juzgado accionado, al considerar que incurrió en «una confusión determinante entre dos objetos jurídicos distintos: el establecimiento de comercio y el local comercial en el cual aquel se encontraba ubicado», al desnaturalizar el objeto del contrato aportado, tratarlo como un arrendamiento de inmueble y ordenar la restitución física del local comercial a favor de una sociedad que, según afirma, no acreditó su calidad de arrendadora.

Sumado a ello, sostuvo que en dicho local funciona actualmente el establecimiento de comercio The Ghetto byRadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 4 Dharma, de propiedad de Inversiones The Ghetto S.A.S., por lo que la ejecución de la orden de restitución interrumpiría

4 Dharma, de propiedad de Inversiones The Ghetto S.A.S., por lo que la ejecución de la orden de restitución interrumpiría la actividad económica que allí se desarrolla.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El juzgado accionado rindió informe en el que hizo un breve recuento de los hechos y señaló que la accionante no aportó, con la contestación de la demanda, el contrato de arrendamiento suscrito con Bemsa S.A.S., por lo que no podía atribuírsele una omisión en la valoración de dicho documento. Asimismo, indicó que la accionante no interpuso recurso contra el auto del 30 de julio de 2026, mediante el cual se aplicó la consecuencia prevista en el numeral 4º del artículo 384 del Código General del Proceso. Finalmente, remitió el enlace del expediente digital.

La sociedad El Bar del Villega Lleras S.A.S. se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela y solicitó la improcedencia de esta por falta de subsidiariedad, dado que la tutelante no consignó los cánones adeudados y por ende no fue escuchada en el proceso conforme al numeral 4° del artículo 384 del Código General del Proceso. Sumado a que señaló que la vulneración se produjo el 30 de julio de 2026 «cuando el Juzgado le aplicó la consecuencia del artículo 384.4, la tuvo por no oída y anunció sentencia», el cual no fue recurrido y tampoco cumple el requisito de inmediatez.Radicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 5 Inversiones The Ghetto S.A.S. señaló coadyuvar el

recurrido y tampoco cumple el requisito de inmediatez.Radicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 5 Inversiones The Ghetto S.A.S. señaló coadyuvar el resguardo constitucional y reiteró los argumentos sobre la modificación judicial del objeto del contrato.

Por su parte, la inmobiliaria Bemsa S.A.S. señaló que suscribió con la accionante un contrato de arrendamiento con destinación comercial para el funcionamiento de una discoteca, respecto del inmueble ubicado en la calle 9 #4010 local 202 de Medellín, identificado con matrícula inmobiliaria n.º 001-650412. Asimismo, solicitó desestimar la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal concedió el amparo constitucional en tanto advirtió que el contrato aportado con la demanda versaba sobre un establecimiento de comercio y no sobre el local comercial cuya restitución se ordenó, circunstancia que la demandada alegó desde la contestación.

Por ello, señaló que el juzgado accionado, «antes de privar a la demandada de la posibilidad de ser oída dentro del proceso y de proferir sentencia de fondo y anticipada» , le correspondía «verificar si se encontraba acreditada la relación jurídica objeto del proceso de restitución – arrendamiento de local comercial con base en el contrato aportado con el escrito de demanda», y en consecuencia, le atribuyó un defecto fáctico por omitir la valoración de las pruebas determinantes para establecer la procedencia de la carga prevista en el

local comercial con base en el contrato aportado con el escrito de demanda», y en consecuencia, le atribuyó un defecto fáctico por omitir la valoración de las pruebas determinantes para establecer la procedencia de la carga prevista en el artículo 384 del Código General del Proceso.Radicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 6 En tal sentido, ordenó «al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efecto la sentencia anticipada y reanude el trámite procesal con base en las consideraciones de esta acción».

La sociedad El Bar del Villegas Lleras S.A.S. impugnó y señaló que, dentro del proceso cuestionado, «no aparece una sola consignación de cánones a órdenes del Juzgado, ni un solo recurso interpuesto por la parte demandada, ni una sola solicitud de aclaración, corrección, adición o nulidad». De ahí que, sostuvo que no se cumplió el requisito de subsidiariedad, aspecto que, a su juicio, no fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Se confirmará el fallo impugnado, toda vez que la autoridad judicial accionada desatendió la jurisprudencia en virtud de la cual, cuando se discuten aspectos relativos a la existencia de la relación contractual, no es aplicable de manera automática la prohibición de escuchar al demandado que deja de consignar los cánones.

1. Flexibilización del requisito de subsidiariedad

Se debe precisar que respecto al requisito de

existencia de la relación contractual, no es aplicable de manera automática la prohibición de escuchar al demandado que deja de consignar los cánones.

1. Flexibilización del requisito de subsidiariedad

Se debe precisar que respecto al requisito de subsidiariedad el Tribunal de primer grado no realizó pronunciamiento alguno y procedió «a revisar el expedienteRadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 7 que origina el reclamo constitucional con el fin de determinar si existe violación a los derechos fundamentales presuntamente vulnerados a la accionante». Debido a esto, el impugnante en la acción de tutela discute la falta de análisis sobre dicho presupuesto, pues señala que la accionante no presentó recurso contra el auto del 30 de julio de 2026 en el que se le señaló la sanción del numeral 4° del artículo 384 del Código General del Proceso.

En ese sentido, esta Sala advierte que le asiste parcialmente razón al interesado, pues contra la sentencia del 31 de agosto de 2026 no procedía ningún recurso ordinario, al tratarse de un proceso de única instancia, por versar exclusivamente sobre la falta de pago de los cánones de arrendamiento, conforme a lo dispuesto en el numeral 9.º del artículo 384 del Código General del Proceso. Distinta es la situación respecto del auto del 30 de julio de 2026, contra el cual procedía el recurso de reposición, que la aquí accionante no interpuso.

Sin embargo, la Sala advierte un error protuberante que atañe a los derechos de defensa y contradicción de la accionante, en tanto se le aplicó de manera automática la consecuencia del numeral 4° del artículo 384 del Código

Sin embargo, la Sala advierte un error protuberante que atañe a los derechos de defensa y contradicción de la accionante, en tanto se le aplicó de manera automática la consecuencia del numeral 4° del artículo 384 del Código General del Proceso, pese a que discutió la existencia de la relación contractual. De manera que el error se torna trascendente y justifica flexibilizar el requisito de subsidiariedad, no obstante, la incuria de la accionante frente al auto del 30 de julio de 2026.Radicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 8 Sobre el asunto, esta Corporación ha puntualizado:

«existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casuísticamente verificadas, posibilitan que sólo y únicamente cuando la decisión cuestionada encierra, per se, una anomalía en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier óptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y «peligro para los atributos básicos», es posible la extraordinaria intervención del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las vías legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso». (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en CSJ, STC94912016).

Así las cosas, aunque el Tribunal erró al omitir el pronunciamiento sobre el requisito de subsidiariedad, lo cierto es que las particularidades del caso conducen al mismo resultado, en tanto justifican su flexibilización y, en consecuencia, habilitan el estudio de fondo del asunto.

pronunciamiento sobre el requisito de subsidiariedad, lo cierto es que las particularidades del caso conducen al mismo resultado, en tanto justifican su flexibilización y, en consecuencia, habilitan el estudio de fondo del asunto.

2. Sobre la vulneración denunciada en el caso concreto.

Advertido lo anterior, se observa que El Bar del Villegas Lleras S.A.S. promovió demanda de restitución de inmueble arrendado en la que solicitó la terminación del contrato y la restitución del inmueble ubicado en la calle 9 n.º 40-10, local 202, de Medellín. Como fundamento a sus pretensiones aportó «CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON OPCIÓN DE COMPRA EL BAR DEL VILLAGE», la cual fue admitida el 18 de febrero de 2026.Radicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 9 En virtud de esto, la accionante contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones al considerar que «el negocio jurídico base de la acción base de la acción no aparece individualizado de manera coherente en la demanda ni acreditado de forma suficiente con los documentos visibles».

Del mismo modo, señaló que no debía ordenarse «la restitución del inmueble a favor de la sociedad demandante, porque con los documentos visibles no aparece acreditada su condición de arrendadora del local», toda vez que quien ostenta la calidad como arrendador era Bemsa S.A.S. «y como arrendataria, entre otros, a la señora Ana Isabel Rojas

Chavarría. “CONTRATO DE ARRENDAMIENDO DE LOCAL

condición de arrendadora del local», toda vez que quien ostenta la calidad como arrendador era Bemsa S.A.S. «y como arrendataria, entre otros, a la señora Ana Isabel Rojas

Chavarría. “CONTRATO DE ARRENDAMIENDO DE LOCAL

COMERCIAL CALLE 9 No 40-10 INTERIOR 202.pdf”». En ese sentido solicitó tener como pruebas el contrato de local comercial mencionado, pero este no fue aportado.

De esta manera se observa que la controversia en el proceso cuestionado giraba en torno a la relación contractual, comoquiera que la defensa de la accionante puso en discusión algunos elementos esenciales del contrato de arrendamiento, esto es, la calidad de arrendadora de la sociedad demandante y el bien objeto del negocio.

Al respecto, se observa que, como regla general el numeral 4° del artículo 384 del Código General del Proceso señala que cuando la demanda de restitución del inmueble arrendadoRadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 10 «se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel».

de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel».

No obstante, en tanto la consecuencia prevista en la disposición normativa reseñada compromete los derechos de defensa y contradicción del demandado, la jurisprudencia ha modulado su alcance para que su aplicación no resulte automática en todos los supuestos. Por consiguiente, cuando el extremo pasivo pone en duda la existencia del contrato que fundamenta el proceso de restitución de inmueble arrendado, no resulta procedente exigirle el pago o la consignación de los cánones como condición para ser oído.

Sobre el particular, esta Sala, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sostenido:

«(…) en situaciones como la que fuera objeto de análisis en esta oportunidad, los jueces deben abstenerse de aplicar de manera automática y restringida el texto legal que establece condicionamiento para oír al arrendatario demandado hasta tanto pague o consigne las sumas que según el libelo adeuda (…) Así, independientemente de que el inmueble sea para uso comercial o de vivienda urbana, cuando la causal invocada para la restitución corresponde a la mora en el pago del canon, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una subregla que exonera al demandado de probar el pago de la prestación económica convenida, en los casos en que se avizoran serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, la cual fue decantada a partir de la sentencia T-838/04, y en similar postura

demandado de probar el pago de la prestación económica convenida, en los casos en que se avizoran serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, la cual fue decantada a partir de la sentencia T-838/04, y en similar postura se ha mantenido (ver entre otras las sentencias T162/05, T150/07, T-427/07, T-808/09, T-067/10, T-118/12 y T-107/14), al destacar que dicha postura, «tiene su fuente en los principio deRadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 11 justicia y equidad en atención a las especificidades de cada caso, con el fin de impedir los posibles excesos que se podría derivar de la aplicación mecánica de los preceptos a circunstancias cuya especificidad no fue prevista por el legislador.

En tales condiciones ha puntualizado que: «no puede exigírsele al demandado, para poder ser oído dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, la prueba del pago o la consignación de los cánones supuestamente adeudados. Lo anterior en razón de no existir certeza sobre la concurrencia de uno de los presupuestos fácticos de aplicación de la norma, para el caso, el contrato de arrendamiento», y que esas «serias dudas» sobre la existencia del contrato, «debieron ser alegadas razonablemente por las partes o constatadas por el juez», por cuanto éste «no puede otorgar automáticamente la consecuencia jurídica de la norma, sin estudiar los casos concretos en que surja la incertidumbre del negocio jurídico, toda vez que ello implicaría una restricción irracional al derecho de defensa del demandado» (CC T-067/10 y

estudiar los casos concretos en que surja la incertidumbre del negocio jurídico, toda vez que ello implicaría una restricción irracional al derecho de defensa del demandado» (CC T-067/10 y T-118/12)

Sobre este punto en particular, esta Corte, a tono con el precedente constitucional, ha avalado la inaplicación de dicha carga procesal señalando que: «no es viable aplicar la sanción antes aludida en los eventos en los cuales los presupuestos normativos no se cumplan, y esto se da, ‘cuando existen serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento base del proceso de restitución, cuando pretende participar en el proceso un tercero legitimado, o cuando existan motivos para dudar de la vigencia o realidad de los incrementos cuya falta de pago haya motivado el proceso de restitución de tenencia’ (CSJ, Sala civil, sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 2010-00124-01)». (CSJ STC141832019 reiterada en STC2211-2021).

En este orden de ideas, se observa que la discusión planteada por la accionante recaía explícitamente sobre los elementos esenciales del contrato, en tanto cuestionó la calidad de arrendadora de la sociedad demandante y advirtió que el contrato aportado versaba sobre un establecimiento de comercio y no sobre el local cuya restitución se pretendía. En consecuencia, no operaba de manera automática la prohibición de escucharla conforme al numeral 4° del artículo 384 del estatuto procesal, en tanto las excepciones que formuló y las pruebas que solicitó eran precisamente lasRadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 12

prohibición de escucharla conforme al numeral 4° del artículo 384 del estatuto procesal, en tanto las excepciones que formuló y las pruebas que solicitó eran precisamente lasRadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 12 que debían valorarse para determinar si existía la relación de arrendamiento sobre el inmueble que fundamentaba la acción.

De manera que el juzgado accionado no podía proferir sentencia anticipada ni obviar la discusión planteada por la accionante sobre la existencia de la relación contractual, en tanto era necesario resolverla previamente para establecer si procedía la restitución del inmueble con fundamento en el contrato aportado con la demanda. Por consiguiente, se confirmará la orden del Tribunal de dejar sin efecto la sentencia anticipada y reanudar el trámite del proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre del 2026 emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASERadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 13

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASERadicación no 05001-22-03-000-2026-00708-01 13

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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