CSJ - STC21283-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21283-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la acción de tutela promovida por JAMH contra la Sala X del Tribunal Superior del Distrito Judicial de A, trámite al cual fueron vinculados los partícipes en el divisorio n.º 2023-00XXX. .

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrados en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo n .º 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

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ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al «debido proceso, defensa, acceso efectivo a la administración de justicia , vivienda digna , protección integral de la familia y prevalencia de los derechos de los niños », que estimó vulnerados por la autoridad judicial accionada.

2. En síntesis, adujo que PCR promovió en su contra

efectivo a la administración de justicia , vivienda digna , protección integral de la familia y prevalencia de los derechos de los niños », que estimó vulnerados por la autoridad judicial accionada.

2. En síntesis, adujo que PCR promovió en su contra el referido proceso divisorio adelantado por el Juzgado Trece X del Circuito de A, autoridad que en providencia de 24 de junio de 2026 decretó la venta en pública subasta de un apartamento, un parqueadero y un cuarto útil, así como su secuestro. Indicó que impugnó esa determinación y puso de presente que «el inmueble constituye actualmente residencia efectiva del accionante, de su hija y de un menor de edad que integra el núcleo familiar y habita en dicho inmueble », que sobre el mismo existía afectación a vivienda familiar y que era objeto de un proceso encaminado al levantamiento de dicha afectación. En auto de 27 de julio siguiente el juzgado mantuvo su decisión y concedió la apelación.

Manifestó que el tribunal, en providencia de 22 de septiembre siguiente, confirmó la decisión y, aunque reseñó tales planteamientos, no examinó concretamente «a) la existencia de la afectación a vivienda familiar; b) la residencia efectiva del accionante y su núcleo familiar; c) la presencia y residencia de un menor de edad; d) la incidencia que tendría el secuestro y posterior venta del inmueble sobre dichas circunstancias; e) la existencia del proceso de familia relacionado con el levantamiento de la afectación; f) la necesidadRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

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del inmueble sobre dichas circunstancias; e) la existencia del proceso de familia relacionado con el levantamiento de la afectación; f) la necesidadRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

3 de armonizar las reglas del proceso divisorio con las garantías constitucionales involucradas».

3. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos el auto de 22 de septiembre de 2026 y, en su lugar, ordenar al tribunal resolver nuevamente la apelación, con un análisis concreto y suficientemente motivado de los reparos planteados.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. La Sala X del Tribunal Superior de A refirió que en el auto de 22 de septiembre « se indicó las razones para confirmar el auto de primer grado».

2. El Juzgado Trece X del Circuito de A realizó un breve recuento de las actuaciones a su cargo e indicó que la inconformidad se dirige contra la decisión del ad quem que confirmó su auto de 24 de junio de 202 6, providencia que, en todo caso, « fue adoptada conforme al ordenamiento jurídico aplicable, con fundamento en las actuaciones surtidas y en la valoración de las pruebas obrantes».

CONSIDERACIONES

1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de subsidiariedad y su inobservancia ocurre, entre otros, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

4 En ese sentido, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los

incuria.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

4 En ese sentido, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácter eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. En lo relativo al tema, esta Corte tiene dicho de tiempo atrás que:

[S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici [aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derr ochados, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela. (CSJ, STC 6 jul. 2010, rad. 00241 -01, reiterado, entre otras, en STC16632-2025).

2. En el asunto bajo estudio , la Sala declarará la improcedencia del amparo porque es evidente el

reiterado, entre otras, en STC16632-2025).

2. En el asunto bajo estudio , la Sala declarará la improcedencia del amparo porque es evidente el incumplimiento del requisito esencial de la subsidiariedad por vía de incuria, comoquiera que el accionante no agotó los mecanismos ordinarios a su alcance.

Fíjese que, en esencia, la queja constitucional plantea una supuesta «omisión de valoración de hechos y circunstancias que podían resultar determinantes para la decisión constitucional delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

5 asunto», puntualmente, que el despacho accionado no «explica de manera suficiente por qué esas circunstancias constitucionalmente relevantes no modifican, condicionan o exigen una consideración especial frente a la ejecución de la decisión divisoria ». Las circunstancias que presuntamente no fueron objeto de resolución son « la existencia de la afectación a vivienda familiar, la residencia del accionante, la presencia de su hija y de un menor de edad y la existencia de un proceso de familia relacionado con el levantamiento de dicha afectación», argumentos que se elevaron en el recurso de reposición y en subsidio apelación que planteó el tutelante contra el auto de 24 de junio de 2026.

Sin embargo, el accionante no solicitó la adición del proveído que cuestiona, conforme al artículo 287 del Código General del Proceso , mecanismo ordinario procedente cuando la providencia « omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento», como se le acusa en el

General del Proceso , mecanismo ordinario procedente cuando la providencia « omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento», como se le acusa en el caso en concreto al auto de 22 de septiembre de 2026.

Aunado a lo anterior , lo cierto es que , en últimas, los cuestionamientos se dirigen a dejar sin efectos el auto que confirmó el decreto de división por venta, y los argumentos planteados pretenden hacer valer la existencia de circunstancias que impedirían adoptar dicha determinación. No obstante, el accionante allegó de forma extemporánea la contestación a la demanda , por lo que era ese el escenario procesal pertinente para elevar dichos argumentos; sin embargo, se desperdició.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

6 Reitérese que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas» (CSJ, STC11856-2015, en cita de SC, 26 ene. 2011, rad. 00027-01).

3. Con todo, de dejarse a un lado el anterior razonamiento, en especial por la manifestación de la presencia y residencia de un menor de edad en el inmueble sobre el cual versa el litigio y, por tanto, la incidencia de ello en el secuestro y posterior venta del bien, la Sala tampoco advierte la viabilidad de conceder el auxilio de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues los

sobre el cual versa el litigio y, por tanto, la incidencia de ello en el secuestro y posterior venta del bien, la Sala tampoco advierte la viabilidad de conceder el auxilio de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues los argumentos expuestos no son suficientes para demostrar la configuración de los presupuestos mínimos exigidos para su viabilidad, principalmente por la ausencia de prueba de lo afirmado.

En efecto, el accionante se limitó a aportar el registro civil de nacimiento de su nieto, junto a una declaración extraprocesal la cual contiene sus propias manifestaciones acerca de la convivencia y dependencia económica de su hija y su nieto. En ella afirma que su hija tiene 28 años, «no padece de ninguna enfermedad no recibe salario », así como que su nieto tiene 2 años y tampoco padece complicación de salud. No obstante, ello no permite establecer, por sí sola, que el secuestro o la eventual venta del inmueble los dejarían sin alternativa habitacional ni que el promotor o su madre carezcan de recursos para procurarle alojamiento al menor, máxime que el mismo accionante indica que él respondeRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

7 económicamente por su nieto. Por consiguiente, la afirmación de que este quedaría completamente desprotegido y sin vivienda no cuenta con respaldo suficiente para establecer la inminencia y gravedad del perjuicio alegado ni la necesidad de una intervención constitucional impostergable.

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su

establecer la inminencia y gravedad del perjuicio alegado ni la necesidad de una intervención constitucional impostergable.

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos , que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutel a, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados » (CSJ, STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

4. En definitiva, se impone declarar la improcedencia del resguardo toda vez que la acción de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada y, con todo, se descarta la protección transitoria.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrandoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06241-00

8 justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela de la referencia.

8 justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela de la referencia.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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