CSJ - STC21344-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21344-2026 Radicación n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D.T. y C, treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Gerardo Yandi Ríos frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 30 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela que promovió contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante bajo radicado No. 2026-00260-00.

ANTECEDENTES

1.- El accionante busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.Rad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 2 2.- En compendio, relató que inició un trámite de negociación de deudas como persona natural no comerciante ante el Centro de Conciliación de la Fundación Paz Pacífico, en el cual incluyó, bajo la gravedad del juramento, una obligación tributaria por $300.000.000 a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, derivada de su condición de representante legal de la sociedad Poli Wash S.A.S., contra la cual se adelanta el

obligación tributaria por $300.000.000 a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, derivada de su condición de representante legal de la sociedad Poli Wash S.A.S., contra la cual se adelanta el proceso de cobro coactivo n.º 2020 -15093, por concepto de impuesto sobre las ventas (IVA) y retención en la fuente.

Señaló que la DIAN objetó la inclusión de dicha acreencia, al considerar que no existía una obligación personal a su cargo. En respuesta, invocó la eventual responsabilidad subsidiaria y solidaria de los representantes legales, conforme al Estatuto Tributario, así como el principio de universalidad del pasivo que rige los procedimientos de insolvencia.

Manifestó que el expediente fue remitido al Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali, autoridad que, mediante auto del 16 de julio de 2026, declaró probada la objeción formulada por la DIAN y dispuso excluir la obligación del trámite concursal. A su juicio, esa determinación incurrió en defectos sustantivo y fáctico, al omitir la valoración integral de los elementos jurídicos y probatorios relevantes, particularmente el régimen de responsabilidad tributaria de los representantes legales, la existencia del proceso de cobro coactivo, el cese del objeto social de la compañía sin que seRad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 3 hubiera recaudado efectivamente la deuda , y su propio reconocimiento voluntario de la obligación bajo juramento.

Sostuvo que el régimen de insolvencia exige incorporar todas las obligaciones susceptibles de afectar el patrimonio

3 hubiera recaudado efectivamente la deuda , y su propio reconocimiento voluntario de la obligación bajo juramento.

Sostuvo que el régimen de insolvencia exige incorporar todas las obligaciones susceptibles de afectar el patrimonio del deudor, incluso aquellas que se encuentren en discusión o carezcan de un título ejecutivo individualizado. Por consiguiente, estimó que la inexistencia de un título a su nombre no justificaba, por sí sola, la exclusión de la acreencia.

Finalmente, adujo que los artículos 571, 572, 573 y 793 del Estatuto Tributario contemplan supuestos de responsabilidad subsidiaria o solidaria de los representantes legales por obligaciones fiscales de las sociedades. En respaldo de su postura, citó conce ptos de la DIAN y jurisprudencia constitucional, e insistió en que el despacho debió examinar la eventual existencia de una fuente legal de responsabilidad personal, en lugar de limitar su análisis a la separación de las personalidades jurídicas y a la ausencia de un título ejecutivo expedido en su contra.

3.- Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ordenara: i) «DEJAR SIN EFECTOS el Auto No. 327 del 16 de julio de 2026, proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali dentro del radicado No. 76001310301320260026000, en lo relativo a la objeción formulada por la DIAN y a la exclusión de dicha acreencia del trámite de insolvencia»; ii) «ORDENAR al Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali que profiera una nueva decisión, respetando su autonomía judicial, en la que

formulada por la DIAN y a la exclusión de dicha acreencia del trámite de insolvencia»; ii) «ORDENAR al Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali que profiera una nueva decisión, respetando su autonomía judicial, en la que valore de manera integral y articulada: (i) las fuentes legales de responsabilidad solidaria o subsidiaria que resulten realm enteRad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 4 aplicables, en particular los artículos 200 del Código de Comercio y 571, 572 literal c), 573 y 793 literal f) del Estatuto Tributario; (ii) el artículo 576 del Código General del Proceso y la finalidad de integralidad del régimen de insolvencia; (iii ) los Conceptos DIAN 006375 de 2025 y 013075 de 2025, dentro del alcance general y no vinculante para el juez que le corresponde; (iv) la existencia del proceso de cobro coactivo No. 202015093 y el cese del objeto social de POLI WASH S.A.S.; y (v) mi reconocimiento voluntario de la acreencia bajo la gravedad del juramento; para que, con fundamento en esa valoración completa, adopte la decisión que en derecho corresponda sobre la acreencia fiscal discutida».

De igual modo, requirió: iii) «SUBSIDIARIAMENTE, en caso de no estimarse procedente dejar sin efectos la decisión cuestionada en el aspecto relativo a la acreencia de la DIAN, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso y ordenar la complementación o nueva emisión de la providenc ia en lo estrictamente necesario para que se valoren los elementos determinantes y se respondan de manera suficiente los argumentos jurídicos identificados en esta acción» y iv)

fundamental al debido proceso y ordenar la complementación o nueva emisión de la providenc ia en lo estrictamente necesario para que se valoren los elementos determinantes y se respondan de manera suficiente los argumentos jurídicos identificados en esta acción» y iv) «ADOPTAR las demás órdenes que el juez constitucional estime necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados, preservando la autonomía funcional del juez accionado».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali informó que, mediante auto del 16 de julio de 2026, dispuso excluir del trámite de negociación de deudas del accionante la acreencia atribuida a la DIAN, al considerar que no se encontraba debidamente acreditada como una obligación cierta y exigible. Precisó que, en aplicación del artículo 552 del Código General del Proceso, contra dicha determinaciónRad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 5 no procedía recurso alguno, razón por la cual devolvió las actuaciones al Centro de Conciliación de la Fundación Paz Pacífico.

2.- La DIAN sostuvo que no incurrió en acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales, pues las obligaciones tributarias discutidas corresponden a la sociedad y no al tutelante, quien carece de deudas fiscales a su nombre y no ha sido vinculado personalmente a procesos de cobro.

Asimismo, alegó la improcedencia de la tutela, dado que la controversia se originó en una providencia judicial y no en una actuación administrativa de esa entidad. Agregó que el juez de insolvencia valoró adecuadamente las pruebas y la

Asimismo, alegó la improcedencia de la tutela, dado que la controversia se originó en una providencia judicial y no en una actuación administrativa de esa entidad. Agregó que el juez de insolvencia valoró adecuadamente las pruebas y la condición del intere sado, al concluir que la calidad de representante legal no genera, por sí sola, responsabilidad tributaria personal. En consecuencia, solicitó negar la salvaguarda.

3.- El Centro de Conciliación de la Fundación Paz Pacífico señaló que el ac tor incluyó en su trámite de insolvencia una obligación tributaria por $300 .000.000 a favor de la DIAN, derivada de su condición de representante legal de Poli Wash S.A.S., cuya exclusión ordenó el juzgado accionado ante la inexistencia de un título ejecutivo personal.

Consideró que dicha determinación exigía examinar conjuntamente las disposiciones tributarias y concursales,Rad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 6 particularmente los deberes de transparencia, buena fe e integridad de la información patrimonial, a fin de establecer si la acreencia debía formar parte del trámite de insolvencia.

4.- Luis Fernando Arias allegó escrito , en el que manifestó: «…no estoy asesorado en el tema sobre lo que hace el señor Gerardo Yandi representante de la empresa Poli Wash no se hace responsable y no desea pagar las deudas que acarrea con sus extrabajadores (...) no tengo contrato solo tengo correos de cuando pedía mi pago de las vacaciones que tampoco sacaba al disfrute solo deseo que se pague mi liquidación».

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

extrabajadores (...) no tengo contrato solo tengo correos de cuando pedía mi pago de las vacaciones que tampoco sacaba al disfrute solo deseo que se pague mi liquidación».

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali consideró que no se configuraron los defectos fácticos y sustantivos alegados, pues no existía una declaración formal de responsabilidad solidaria o subsidiaria que permitiera atribuir al accionante, en su condic ión de representante legal, las obligaciones tributarias de la sociedad. Asimismo, estimó que la decisión cuestionada se encontraba debidamente sustentada en la normativa aplicable y en las pruebas aportadas, razón por la cual negó el amparo solicitado.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con lo resuelto, el tutelante impugnó la sentencia. Para sustentar su inconformidad, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial y adujo que el falloRad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 7 omitió examinar disposiciones normativas y elementos probatorios relevantes, suplió indebidamente la motivación del juez natural e impuso exigencias no contempladas en el régimen de insolvencia.

Sostuvo que tales irregularidades podrían situarlo en estado de indefensión frente a eventuales reclamaciones fiscales. En consecuencia, solicitó dejar sin efecto el auto cuestionado y ordenar que se profiera una nueva decisión, debidamente motivada y ajustada a derecho.

CONSIDERACIONES

1.- Relevancia constitucional – procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta

debidamente motivada y ajustada a derecho.

CONSIDERACIONES

1.- Relevancia constitucional – procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la acción de tutela, por regla general, resulta improcedente contra providencias judiciales, en atención a los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, autonomía e independencia jud icial, que impiden convertir este mecanismo excepcional en una instancia adicional para reabrir controversias dirimidas por el juez natural.

No obstante, su procedencia es admisible, de manera excepcional, cuando la decisión cuestionada vulnera derechos fundamentales, siempre que concurran los requisitos generales que habilitan el examen constitucional y los específicos que justifican la concesión del amparo (C. C., C-590 de 2005).Rad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 8

Entre los presupuestos generales de procedibilidad se encuentra la relevancia constitucional, cuyo examen debe anteceder al estudio de los demás requisitos. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: « (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii ) impedir que la acción de tutela se convierta en una

legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii ) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mencionado requisito «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» (C.C., SU-215 de 2022). En esa línea, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional, debiéndose verificar que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordina rio [162]» (C.C., SU-016 de 2026).

De la jurisprudencia reseñada se desprende que la relevancia constitucional no se satisface con la simple invocación de derechos fundamentales, pues su solaRad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 9 mención no otorga trascendencia constitucional a una controversia de naturaleza legal, probatoria o contractual.

2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la solicitud de

9 mención no otorga trascendencia constitucional a una controversia de naturaleza legal, probatoria o contractual.

2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la solicitud de resguardo satisface el requisito general de relevancia constitucional. Solo en caso de superarse dicha exigencia, habrá lugar a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico que se le atribuyen.

3.- Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará la improcedencia del resguardo, pues el asunto sometido a su consideración carece de relevancia constitucional, lo que torna innecesario extender el examen al estudio de fondo de los defectos sustantivo y fáctico endilgados por la parte tutelante.

3.1.- Gerardo Yandi Ríos cuestionó el auto del 16 de julio de 2026, mediante el cual el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali declaró probada la objeción formulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y, en consecuencia, excluyó del pasivo relacionado en el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, radicado 2026-00260-00, la acreencia a favor de dicha entidad, al considerar que no se encontraba acreditada como una obligación cierta y actualmente exigible.Rad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 10 Adujo que esa determinación desconoció la existencia de un proceso de cobro coactivo contra la sociedad Poli Wash S.A.S., de la cual es representante legal, así como las disposiciones tributarias que contemplan la eventual

10 Adujo que esa determinación desconoció la existencia de un proceso de cobro coactivo contra la sociedad Poli Wash S.A.S., de la cual es representante legal, así como las disposiciones tributarias que contemplan la eventual responsabilidad subsidiaria o sol idaria de quienes ejercen esa función. Por consiguiente, solicitó dejar sin efecto la providencia cuestionada y ordenar un nuevo pronunciamiento que examine integralmente su posible responsabilidad frente a dicha obligación.

3.2.- Examinados los reproches, se advierte que la controversia carece de relevancia constitucional, pues se circunscribe a establecer si la acreencia tributaria por valor de $300.000.000, a favor de la DIAN, debe incluirse en el trámite de insolvencia del accionante. Se trata, por tanto, de una discusión de naturaleza estrictamente legal y patrimonial, cuya resolución corresponde al juez ordinario, con independencia del acierto de la decisión adoptada, sin que resulte procedente acudir a la acción de tutela para reabrir dicho debate.

3.3.- Frente a la alegada violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a cceso efectivo a la administración de justicia , vale destacar que lo realmente criticado es que el juez haya estimado que dicha deuda corresponde únicamente a la sociedad Poli Wash S.A.S. y no al patrimonio personal de Yandi Ríos, ya que no existe título ejecutivo ni acto administrativo que lo vincule como deudor solidario o subsidiario, sin que se advierta que la solución del caso hubiera exigido a l funcionario pronunciarse sobre elRad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 11

solidario o subsidiario, sin que se advierta que la solución del caso hubiera exigido a l funcionario pronunciarse sobre elRad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 11 contenido, alcance o goce de esos derechos, esto es, elaborar o desarrollar lo que tales garantías significan o exigen ; pues con su mención lo que se pretende es plantear un desacuerdo que, como se dijo, es en el fondo legal.

Aun si, en gracia de discusión, se admitiera que los cuestionamientos formulados comprometen l as prerrogativas esenciales invocadas, lo cierto es que el gestor tuvo la oportunidad de pronunciarse y aportar los medios probatorios pertinentes frente a las objeciones planteadas por la DIAN en el desarrollo del trámite de insolvencia.

En efecto, el funcionario judicial, luego de valorar las pruebas allegadas y confrontar los argumentos expuestos por las partes, resolvió excluir la acreencia del trámite de insolvencia, con fundamento en el artículo 1.º de la Ley 1258 de 2008 y el artícul o 828 -1 del Estatuto Tributario, al considerar que la obligación correspondía a la sociedad Poli Wash S.A.S. y no al patrimonio personal del accionante, cuya condición de representante legal no bastaba para atribuirle responsabilidad solidaria o subsidiaria, en ausencia de una declaración formal en ese sentido.

3.4.- Así las cosas, se advierte que los cuestionamientos del actor fueron planteados, debatidos y resueltos en el curso del trámite de ese proceso, por lo que la protección reclamada pretende reabrir, mediante este mecanismo excepcional, una

del actor fueron planteados, debatidos y resueltos en el curso del trámite de ese proceso, por lo que la protección reclamada pretende reabrir, mediante este mecanismo excepcional, una controversia ya definida por el juez natural.Rad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 12 4.- Finalmente, frente al escrito presentado por Luis Fernando Arias, en el que alude a una posible controversia de índole laboral con el accionante, indíquesele que los hechos expuestos son ajenos al objeto de la presente acción de tutela. En consecuencia, si considera vulnerados sus derechos fundamentales, podrá acudir, en nombre propio, ante la autoridad judicial competente para solicitar su protección mediante el mecanismo constitucional correspondiente.

5.- Conclusión

En consecuencia, al no satisfacerse el requisito general de relevancia constitucional, se confirmará la providencia impugnada, sin que resulte necesario abordar el estudio de los defectos sustantivo y fáctico alegados por el libelista.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Rad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 13

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

Corte Constitucional para su eventual revisión.Rad. n° 76001-22-03-000-2026-00418-01 13

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ En comisión de servicios

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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