CSJ - STC830-2026

ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el « ARTÍCULO PRIMERO » del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situación jurídica relacionada con un menor de edad, como medida de protección a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, «con idéntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicación, para efectos de publicación en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de búsqueda virtuales, y otra con la información real y completa de las partes, que se utilizará únicamente para notificación a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendrá con reserva a terceros interesados». NOTA. Este ejemplar de la decisión corresponde al que contiene los «nombres ficticios» de las partes. MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente STC830-2026 Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 (Aprobado en sesión de cuatro de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte la acción de tutela formulada por J.A.L., en su nombre y en el de sus hijos menores de edad R.C.A. y M.C.A., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado de Familia de esa ciudad, trámite al que fueron vinculados las partes y losRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 2

Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado de Familia de esa ciudad, trámite al que fueron vinculados las partes y losRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 2 intervinientes en el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico (incidente de reparación) con radicado n° 700131100042024-00000. ANTECEDENTES La accionante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y « reparación integral de víctimas de violencia de género », presuntamente vulnerado por el tribunal convocado, por virtud del auto que confirmó el rechazo de un incidente de reparación integral propuesto a continuación de un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Expuso que el Juzgado de Familia conoció del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico radicado 2024-00334-00, promovido por F.C.M. contra ella, el cual concluyó con la Sentencia n.° 0000 del 3 de octubre de 2024, que decretó la cesación de los efectos civiles del vínculo. Indicó que, en ese trámite, se allanó con salvedades, con el propósito de conservar una adecuada relación de los hijos con sus padres y con la precisión de que los activos y pasivos de la sociedad conyugal se estimarían luego en la liquidación. Relató que, el 15 de julio de 2025, en nombre propio y en representación de sus hijos, presentó incidente de reparación integral de perjuicios por violencia económica de

Relató que, el 15 de julio de 2025, en nombre propio y en representación de sus hijos, presentó incidente de reparación integral de perjuicios por violencia económica de género, con fundamento en actos de violencia económica yRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 3 psicológica que atribuyó al señor F.C.M. Sin embargo, mediante Auto Interlocutorio n.° 00000 del 17 de julio de 2025, el Juzgado de Familia rechazó de plano el incidente. Según la demanda, el despacho consideró que, para tramitarlo, con aplicación analógica del artículo 283 del Código General del Proceso, era necesario que la sentencia de cesación hubiese proferido una condena en abstracto a favor de la solicitante; además, estimó extemporánea la petición por haberse superado el término de treinta días siguientes a la ejecutoria del fallo y sostuvo que la interesada debía acudir a un proceso de responsabilidad civil extracontractual ante los jueces civiles. Añadió que contra el anterior auto interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación el 22 de julio de 2025, apoyada en que no era admisible anteponer el formalismo del plazo de treinta días ni la ausencia de condena expresa al derecho sustantivo de reparación integral de las víctimas de violencia de género. El Juzgado, mediante Auto Interlocutorio n.° 00000 del 24 de julio de 2025, no repuso la decisión y concedió la apelación en el efecto devolutivo. En sede de

violencia de género. El Juzgado, mediante Auto Interlocutorio n.° 00000 del 24 de julio de 2025, no repuso la decisión y concedió la apelación en el efecto devolutivo. En sede de segunda instancia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, al resolver el recurso, confirmó el rechazo el 25 de septiembre de 2025, con el argumento de que la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de género no fue alegada ni acreditada en el proceso de cesación de efectos civiles, razón por la cual el incidente ante el juez de familia no constituía, en su criterio, la vía idónea.Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 4 Sobre esa base, sostuvo que las decisiones cuestionadas la obligan, a ella y a sus hijos, a iniciar un proceso separado, lo que estima contrario a la jurisprudencia invocada en su escrito, que, en su entendimiento, habilita un trámite incidental en procesos de familia para procurar la reparación integral de víctimas de violencia de género como vía suplementaria. Igualmente, afirmó que en el Tribunal Superior de Manizales existiría un antecedente en el que, frente a un supuesto que estimó similar, se dispuso dar trámite al incidente, razón por la cual planteó un reparo por igualdad en la aplicación de los criterios judiciales. Finalmente, solicitó tutelar los derechos fundamentales invocados; dejar sin efectos el Auto del 17 de julio de 2025 y el Auto del 24 de julio de 2025 (en cuanto no repuso); y, en su

Finalmente, solicitó tutelar los derechos fundamentales invocados; dejar sin efectos el Auto del 17 de julio de 2025 y el Auto del 24 de julio de 2025 (en cuanto no repuso); y, en su lugar, ordenar al Juzgado de Familia que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, diera trámite y continuidad al incidente de reparación integral por violencia económica de género, para que en el mismo escenario procesal se debatieran y tasaran los daños alegados.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado de Familia de Manizales relató lo sucedido en la primera instancia e insistió en que sus actuaciones no vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00

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2. F.C.M., en su condición de vinculado, se opuso a las pretensiones. Adujo que no se vulneró el debido proceso porque las actuaciones se surtieron conforme a las reglas aplicables; planteó la improcedencia del amparo por su carácter subsidiario, al estimar que existen otros medios de defensa judicial.

3. La magistrada Eliana María Toro Duque, integrante de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, informó que conoció del radicado 2020-00000; sin embargo, precisó que la queja constitucional no se dirige contra ese proceso.

4. La Magistrada Sandra Jaidive Fajardo Romero, de

la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito

radicado 2020-00000; sin embargo, precisó que la queja constitucional no se dirige contra ese proceso.

4. La Magistrada Sandra Jaidive Fajardo Romero, de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en su calidad de sustanciadora del auto objeto de control constitucional, precisó que esa corporación sí reconoció que el incidente de reparación ante los jueces de familia constituye una vía para obtener reparación integral en casos de violencia intrafamiliar o de género; sin embargo, consideró que, en el asunto concreto, esa alternativa no resultaba idónea, porque en el trámite de cesación de efectos civiles no se alegó ni se acreditó la ocurrencia de actos constitutivos de violencia, y por ello en la providencia respectiva no se impuso condena en abstracto por ese concepto, susceptible de liquidación mediante el incidente previsto en el artículo 283 del Código General del Proceso. En consecuencia, señaló que, si la accionante pretende obtener reparación de perjuicios, debe acudir aRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 6 otras vías procesales, en particular al proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, en el cual le corresponde acreditar los elementos de esa acción (daño, culpa y nexo causal).

Con ese marco, concluyó que el Tribunal no incurrió en defecto alguno y que la parte actora busca replantear una controversia ya valorada y definida por la jurisdicción

culpa y nexo causal). Con ese marco, concluyó que el Tribunal no incurrió en defecto alguno y que la parte actora busca replantear una controversia ya valorada y definida por la jurisdicción ordinaria, utilizando la tutela como mecanismo para modificar la providencia que le resultó desfavorable, lo cual no se aviene con el carácter residual de esa acción. Por tanto, solicitó negar el amparo.

CONSIDERACIONES

1. Delimitación del problema jurídico y método de decisión.

Corresponde determinar si la providencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que confirmó el rechazo del incidente de reparación integral de perjuicios por violencia promovido por la señora J.A.L., vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso. De manera adicional, se verificará el planteamiento de igualdad propuesto por la accionante, a partir de la referencia a un antecedente decidido por la misma Sala.Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 7 En particular, la discusión se concentra en tres aspectos. El primero es la aplicación del término de treinta días, contado desde la ejecutoria del fallo, como presupuesto de oportunidad del trámite incidental. El segundo es la exigencia de que los hechos constitutivos de violencia hayan sido alegados y sean susceptibles de acreditación en el proceso que sirve de base al incidente. El tercero es la

exigencia de que los hechos constitutivos de violencia hayan sido alegados y sean susceptibles de acreditación en el proceso que sirve de base al incidente. El tercero es la remisión a la vía ordinaria de responsabilidad civil extracontractual como alternativa para reclamar los daños, sin que ello comporte un cierre irrazonable del acceso a la justicia. El análisis se articulará con el contenido del derecho de acceso a la administración de justicia como garantía de tutela judicial efectiva y con las exigencias reforzadas que impone el enfoque de género cuando se alega violencia intrafamiliar o de género. En ese marco, el control constitucional se limitará a establecer si el proveído cuestionado resulta manifiestamente irrazonable o si desconoce de manera ostensible las garantías del debido proceso, sin sustituir al juez natural en la definición del cauce procesal aplicable. En conclusión, el problema jurídico exige ponderar la efectividad del acceso a la justicia, considerada con perspectiva de género, y la legitimidad constitucional de las cargas procesales que organizan el litigio, entre ellas los términos de preclusión, junto con el sentido y alcance de laRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 8 vía incidental construida jurisprudencialmente para la reparación de daños en contextos de violencia intrafamiliar o de género.

2. El derecho fundamental de acceso a la

8 vía incidental construida jurisprudencialmente para la reparación de daños en contextos de violencia intrafamiliar o de género.

2. El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y su lectura con perspectiva de género. 2.1. Contenido del derecho.

La Constitución garantiza el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229 1), también llamado derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (art. 2 CGP2), entendido como la posibilidad que tienen todas las personas, naturales o jurídicas, de acudir a las autoridades judiciales para obtener la protección o el restablecimiento de sus derechos y la preservación del orden jurídico. Ese contenido no se agota en la admisión formal de una demanda, comprende, además, el desarrollo eficaz del proceso y la ejecución de los fallos. En esa línea, el acceso a la justicia se explica, al menos, desde tres facetas: (i) el ingreso real al sistema judicial, lo que supone procedimientos idóneos y la remoción de obstáculos 1 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.».2  «Acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su

jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado».Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 9 geográficos, económicos o técnicos; (ii) el trámite con garantías, plazo razonable, igualdad de armas y ausencia de formalismos excesivos; y (iii) la eficacia de lo decidido, de modo que la sentencia no quede en una declaración sin efectos (cfr. C-426/02, C-318/98, C-985/10, entre otras). Esa prerrogativa, además, encuentra reconocimiento en el derecho internacional público como una garantía de estirpe convencional. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, prevé que « [t]oda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil». A su turno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone, en el artículo 25, que « [t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales».

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales». Desde esa perspectiva, el acceso a la administración de justicia ocupa un lugar central en el ordenamiento colombiano, porque condiciona la operatividad de las restantes garantías, en la medida en que, sin la posibilidad real de acudir al juez, tramitar el debate con reglas de contradicción y obtener una respuesta susceptible de cumplimiento, los derechos sustanciales corren el riesgo deRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 10 permanecer enunciados sin protección. Por ello, su vigencia no solo se predica de la existencia formal de órganos judiciales y recursos, sino de que estos resulten disponibles, idóneos y efectivos, en términos que hagan posible la tutela judicial y la realización práctica de los derechos. En conclusión, el derecho fundamental de acceso a la justicia opera como garantía de la tutela judicial efectiva. No solo abre la puerta del juez, también exige que el camino procesal sea razonablemente transitable y concluya con una respuesta de fondo y eficacia práctica, en condiciones reales de igualdad. 2.2. Perspectiva de género: igualdad real y eliminación de barreras específicas. El derecho de acceso a la justicia impone condiciones reales de igualdad y proscribe trabas injustificadas; de ahí que la dogmática contemporánea destaque la especial atención que merecen los grupos vulnerables, para quienes

El derecho de acceso a la justicia impone condiciones reales de igualdad y proscribe trabas injustificadas; de ahí que la dogmática contemporánea destaque la especial atención que merecen los grupos vulnerables, para quienes pueden ser necesarios ajustes orientados a nivelar sus oportunidades en el proceso3. En el sistema interamericano, la CIDH ha advertido que las mujeres víctimas de violencia enfrentan barreras específicas para acceder a la justicia, como (i) la victimización secundaria al denunciar; (ii) la falta de protecciones y 3 Al respecto, consultar CSJ SC15780-2021, así como los artículos 7 y 9 de la Convención de Belém do Pará, aprobada en Colombia por la Ley 248 de 1995.Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 11 garantías judiciales para resguardar dignidad, seguridad y privacidad durante el proceso; (iii) el costo económico y la ubicación geográfica de las instancias judiciales; (iv) problemas estructurales como la ausencia de justicia en zonas rurales, la falta de defensa pública para quienes no tienen recursos y la debilidad de fiscalías/policía y de unidades especializadas; y (v) la persistencia de concepciones estereotipadas y patrones socioculturales discriminatorios que contaminan la respuesta institucional. Frente a ello, el organismo ha recomendado suprimir esas trabas mediante una política estatal integral respaldada con recursos públicos adecuados, asegurar la debida diligencia

que contaminan la respuesta institucional. Frente a ello, el organismo ha recomendado suprimir esas trabas mediante una política estatal integral respaldada con recursos públicos adecuados, asegurar la debida diligencia (investigar, juzgar, sancionar y reparar), fortalecer la capacidad institucional (incluidos recursos humanos, técnicos y financieros), capacitar a funcionarios para garantizar un trato digno y humano, y adoptar políticas para restructurar estereotipos y erradicar patrones discriminatorios que impiden un acceso real a la justicia4. Ese marco se enlaza con una exigencia metodológica que también ha sido recordada por la jurisprudencia: juzgar con perspectiva de género significa combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional, de modo que se garantice el acceso a la justicia y se remedien asimetrías de poder (Cfr. CSJ SC5039-2021); al tiempo, implica valorar las pruebas con mirada crítica para 4 CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas , OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 ene. 2007, Resumen Ejecutivo párrs. 7-8 y 12; párrs. 151 y ss.; párrs. 296-298; Recomendaciones generales 1-4. Consultado en:

Recomendaciones generales 1-4. Consultado en: https://www.cidh.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%2002050 7.pdf.Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 12 identificar conclusiones afectadas por ideas preconcebidas relacionadas con el género (Cfr. CSJ STC15780-2021). Sin embargo, esta perspectiva no autoriza a reconstruir hechos inexistentes ni a prescindir de reglas procesales, pero sí obliga a identificar y neutralizar estereotipos y sesgos que distorsionen la valoración del asunto o impongan cargas desproporcionadas a la presunta víctima. En conclusión, el enfoque de género intensifica las obligaciones estatales de remover barreras y evitar revictimización, pero no convierte al juez en creador de hechos ni habilita a ignorar exigencias procesales mínimas; su función es asegurar que las reglas se apliquen sin sesgos, y que el acceso a la justicia sea real para quien se encuentra en desventaja estructural. 2.3. Límites legítimos del acceso a la justicia: términos y preclusiones como reglas de orden y seguridad jurídica. El acceso a la justicia no es absoluto. En verdad, se admite que puede estar sujeto a limitaciones, siempre que sean razonables, proporcionales al fin perseguido y no tornen ilusorio el recurso judicial. En la misma dirección, las eventuales limitaciones deben interpretarse de modo

admite que puede estar sujeto a limitaciones, siempre que sean razonables, proporcionales al fin perseguido y no tornen ilusorio el recurso judicial. En la misma dirección, las eventuales limitaciones deben interpretarse de modo restrictivo y no pueden convertir el derecho en letra muerta;Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 13 el acceso ha de ser efectivo para asegurar una protección auténtica y real5. Los términos procesales responden, precisamente, a finalidades constitucionalmente legítimas, como son, seguridad jurídica, eficiencia judicial y la prevención de conductas abusivas. El punto crítico consiste en identificar cuándo un término funciona como regla razonable de organización y cuándo, por su diseño o aplicación, se convierte en una barrera desproporcionada que clausura indebidamente el examen de fondo. A modo ilustrativo, una caducidad extremadamente breve, aplicada sin considerar circunstancias que la hacen materialmente inexigible, puede vaciar el derecho; pero un término razonable, que preserva la posibilidad de acudir a vías alternativas, por regla general actúa como límite legítimo. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que 2.4.2.5 De esta manera, el derecho de acceso a la administración de justicia no es absoluto, sino que puede ser objeto de limitaciones y condicionamientos en su regulación legal, tales como los “límites temporales dentro de los cuales debe hacerse uso de las acciones judiciales, o los requisitos de procedibilidad para

limitaciones y condicionamientos en su regulación legal, tales como los “límites temporales dentro de los cuales debe hacerse uso de las acciones judiciales, o los requisitos de procedibilidad para poner en movimiento el aparato judicial, -como exigir el agotamiento previo de la vía gubernativa-, o condiciones al acceso a la justicia, como la intervención mediante abogado o a la observancia de determinados requisitos de técnica jurídica”. 2.4.2.6 Sin embargo, esta potestad no es absoluta, pues se encuentra limitada por las garantías constitucionales y debe ejercerse de acuerdo con la naturaleza de la acción o recurso respectivo, y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso: “El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los 5 Cfr. C. Const., C-227/09, C-437/13, SU-312/20, entre otras.Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 14 procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial. Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º). Estos límites están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la

prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)” (C-437/13). En conclusión, la existencia de términos de preclusión o caducidad no es, por sí misma, una negación del acceso a la justicia. La cuestión decisiva es su justificación, su proporcionalidad y, en particular, si su aplicación conduce a una denegación absoluta del derecho o, por el contrario, ordena el trámite sin suprimir la posibilidad real de tutela judicial por otras vías.

3. El incidente de reparación integral por violencia intrafamiliar o de género: razón de ser y subreglas jurisprudenciales. 3.1. Origen y finalidad: un canal accesorio para evitar fragmentación y revictimización.

La sentencia de la Corte Constitucional SU-080-2020, así como las emitidas por esta corporación SC10829-2017 y SC5039-2021, dieron cuenta de la existencia de un déficit en el ordenamiento para indemnizar daños en contextos deRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 15

SC5039-2021, dieron cuenta de la existencia de un déficit en el ordenamiento para indemnizar daños en contextos deRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 15 violencia intrafamiliar o de género dentro de procesos de familia, lo que motivó desarrollos jurisprudenciales orientados a habilitar un trámite incidental de reparación integral. En ese marco, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural ha explicado que no se trata de restar capacidad de agencia a la víctima, sino de habilitar un canal procesal accesorio para obtener reparación « sin necesidad de acudir a varios procedimientos », armonizando reglas procesales con la protección de quienes han sufrido violencia intrafamiliar o de género. En efecto, en la primera decisión aludida se sostuvo: Del desarrollo dogmático previamente expuesto y de la verificación de la ausencia de mecanismos judiciales claros, justos y eficaces que aseguren a la mujer víctima de violencia intrafamiliar, al interior de los procesos de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o de divorcio, la posibilidad de tener acceso efectivo a una reparación del daño, la Corte advierte un déficit de protección de su derecho humano y fundamental a la dignidad humana, a vivir libre de violencia, a ser reparada integralmente dentro de un trámite que respete el plazo razonable y a no ser revictimizada. (SU080/20).

Así las cosas, el incidente de reparación integral surgió como un mecanismo accesorio, funcional a la tutela judicial efectiva y a la protección con enfoque de género, en la medida

revictimizada. (SU080/20).

Así las cosas, el incidente de reparación integral surgió como un mecanismo accesorio, funcional a la tutela judicial efectiva y a la protección con enfoque de género, en la medida en que aspiró ofrecer una respuesta integral en el proceso de familia, evitando que la reparación quedara desplazada, de forma automática, hacia litigios separados que pudieran imponer cargas adicionales a la presunta víctima. 3.2. Naturaleza del incidente y su relación con la responsabilidad civil.Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 16 El incidente, en cuanto canal procesal, no creó un régimen sustantivo distinto del derecho de daños. Por el contrario, se integró a la lógica de la responsabilidad civil, pero la desplegó en sede de familia cuando el caso lo permite. De hecho, en SC5039-2021 se dijo que la reparación de daños derivados de violencia intrafamiliar o de género se regía por pautas generales de responsabilidad civil extracontractual. Lo característico del incidente radicó en su ubicación procesal: se adelantaba en el mismo escenario judicial en el que se debatió la relación, siempre mediando solicitud de parte y bajo lineamientos que garanticen contradicción y valoración probatoria. Un ejemplo muestra la diferencia: la responsabilidad civil extracontractual constituye la vía ordinaria para reclamar perjuicios cuando no se habilita el incidente o cuando este ya no es posible; en cambio, el incidente opera como vía accesoria y concentrada, que puede resultar más protectora para la víctima cuando el proceso de familia ya ha

reclamar perjuicios cuando no se habilita el incidente o cuando este ya no es posible; en cambio, el incidente opera como vía accesoria y concentrada, que puede resultar más protectora para la víctima cuando el proceso de familia ya ha puesto en evidencia (y permite acreditar) los hechos relevantes para el daño. En ambos escenarios, el juez debe verificar presupuesto fáctico, imputación y daño; lo que cambia es el «vehículo» procesal. En conclusión, el incidente no sustituyó la responsabilidad civil ni eliminó sus exigencias, sino que ofreció un cauce procesal accesorio, orientado a permitir queRadicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 17 el juez de familia en esos supuestos determine en el mismo proceso los alcances del daño y su reparación, sin multiplicar litigios. 3.3. El incidente especial de reparación integral por violencia intrafamiliar como subregla jurisprudencial: acreditación, solicitud de parte y oportunidad. De las sentencias en estudio se desprenden subreglas relevantes. En primer término, la habilitación del trámite supone que se acredite la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de género durante el proceso en cuestión, y que la víctima lo solicite mediante escrito incidental, con el propósito de que el juez determine en el mismo escenario procesal los alcances de los daños y asigne una compensación justa. En segundo lugar, el diseño del incidente incorporó una regla de oportunidad: el trámite debe iniciarse dentro de los

incidental, con el propósito de que el juez determine en el mismo escenario procesal los alcances de los daños y asigne una compensación justa. En segundo lugar, el diseño del incidente incorporó una regla de oportunidad: el trámite debe iniciarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo. Así lo reprodujo el precedente en comento al explicar que el término se fija, por analogía, con el artículo 283 del Código General del Proceso, y que, superado ese plazo, corresponde acudir a otras vías procesales. En efecto, las subreglas fueron fijadas de forma clara por la Corte en SC5039-2021, cuando al respecto dispuso:Radicación nº 11001-02-03-000-2025-06157-00 18 Siempre que se acredite la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de género durante el proceso de existencia de unión marital de hecho, deberá permitírsele a la víctima iniciar un trámite incidental de reparación –en los términos explicados en la sentencia SU-080 de 2020–, c