CSJ - STL10780-2024

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MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente STL10780-2024 Radicación n.° 108447 Acta 28 Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) La Sala resuelve la impugnación que la empresa ECOINSA INGENIERÍA S.A.S. interpuso contra el fallo que la Sala de Casación Civil profirió el 19 de junio de 2024, dentro de la acción de tutela que la recurrente adelantó contra la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO de esta misma ciudad.

I. ANTECEDENTES La parte actora instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.

Del extenso escrito inicial y de las pruebas aportadas, se extrae que desde el 2013 con el propósito de adquirir unos lotes en el municipio deRadicación n.° 108447

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Zipaquirá, José Alejandro Concha Lalinde junto a las sociedades Arcastell S.A.S. y Mega Espacios S.A.S. invitaron a Juan Daniel Flórez, representante legal de Ecoinsa Ingeniería S.A.S, para que a través de la referida sociedad realizara la compra de los inmuebles y adelantara allí un proyecto inmobiliario.

representante legal de Ecoinsa Ingeniería S.A.S, para que a través de la referida sociedad realizara la compra de los inmuebles y adelantara allí un proyecto inmobiliario. Que la sociedad actora el 21 de febrero de 2014 suscribió promesa de compraventa respecto de los lotes La Playa y el Danubio, avaluados en $39.927.392.000; que una vez se consolidó la adquisición del dominio de los predios y se constituyeron algunas fiducias para asegurar su negociabilidad, Ecoinsa Ingeniería SAS inició la búsqueda de socios, «encontrando como aliada a la empresa Cemex, en favor de quien pignoró el 60% de los derechos que le correspondían». Para legalizar la mencionada situación, los socios de hecho suscribieron un contrato de cuentas en participación el 17 de junio de 2015 con el propósito de desarrollar un proyecto urbanístico, en el cual se reconocieron como partes a: (i) José Alejandro Concha Lalinde, (ii) Alejandro Roa Iregui, (ii) Arcastell S.A.S., (iii) Mega espacios S.A.S. y (iii) Ecoinsa Ingeniería S.A.S., última que asumió la condición de socio gestor. Que el 28 de abril de 2017 Juan Daniel Flórez informó por primera vez a los socios no gestores el estado del proyecto, «data desde la cual los asociados manifestaron inconformidades, convocando a una junta el 11 de mayo siguiente, en la cual se expuso que Ecoinsa Ingeniería SAS había adelantado actuaciones sin que estas fueran previamente consultadas y aprobadas por unanimidad conforme se pactó en el contrato de cuentas

de mayo siguiente, en la cual se expuso que Ecoinsa Ingeniería SAS había adelantado actuaciones sin que estas fueran previamente consultadas y aprobadas por unanimidad conforme se pactó en el contrato de cuentas en participación (cláusula 14)». 2Radicación n.° 108447

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Pese a lo anterior, la empresa actora «siguió suscribiendo negocios sin consultar con los otros partícipes, inclusive, el 15 de agosto de 2019 se hipotecaron los lotes destinados para el proyecto inmobiliario a favor del Banco de Bogotá para obtener un crédito del constructor», mismo tiempo en el cual Cemex se retiró del proyecto inmobiliario, a su vez, se inició negociación que fracasó con la Constructora Bolívar y finalmente, se suscribió convenio con la empresa Conaltura para la construcción del proyecto inmobiliario. Por lo anterior, José Alejandro Concha Lalinde junto a las sociedades Arcastell S.A.S. y Mega Espacios S.A.S., convocaron ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá a Ecoinsa S.A.S. y a Juan Daniel Flórez Páez, con fundamento en la cláusula 27 del contrato de cuentas en participación y como pretensiones principales solicitaron: Que se declare que ECOINSA INGENIERÍA S.A.S y/o JUAN DANIEL FLÓREZ PÁEZ en su calidad de administradores y/o participes gestores, incumplieron las obligaciones a su cargo, previstas en el contrato en cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015.

FLÓREZ PÁEZ en su calidad de administradores y/o participes gestores, incumplieron las obligaciones a su cargo, previstas en el contrato en cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015. Que se declare que ECOINSA INGENIERÍA S.A.S y/o JUAN DANIEL FLÓREZ PÁEZ en su calidad de administradores y/o participes gestores, incumplieron con la obligación de citar al menos una (1) vez al mes, a la junta de asociados prevista en el contrato en cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015. Que se declare que ECOINSA INGENIERÍA S.A.S y/o JUAN DANIEL FLÓREZ PÁEZ en su calidad de administradores y/o participes gestores, no han cumplido con la obligación de rendir cuentas respecto del Proyecto Urbanístico Caminos-Salinas, SenderoSalinas de Zipaquirá. Que se decrete la terminación del contrato de cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015. Que como consecuencia de la terminación del contrato de cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015, se declare que JOSÉ ALEJANDRO CONCHA LALINDE, ARCASTELL S.A.S Y MEGAESPACIOS SAS tienen derecho, cada uno de ellos, a obtener una participación del 20% respecto a las utilidades obtenidas en el desarrollo del Proyecto Urbanístico CaminoSalinas, SenderoSalinas de Zipaquirá hoy Zua, conforme a lo estipulado en el contrato de cuentas en participación, clausula 7o.

utilidades obtenidas en el desarrollo del Proyecto Urbanístico CaminoSalinas, SenderoSalinas de Zipaquirá hoy Zua, conforme a lo estipulado en el contrato de cuentas en participación, clausula 7o. 3Radicación n.° 108447

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Que se condene a ECOINSA INGENIERÍA S.A.S y/o JUAN DANIEL FLÓREZ PÁEZ en su calidad de administradores y/o participes gestores, a pagar en favor de JOSÉ ALEJANDRO CONCHA LALINDE, ARCASTELL S.A.S Y MEGAESPACIOS SAS, participes no gestores, la suma que se acredite en el proceso, por raz ón las utilidades correspondientes al lote y las utilidades proyectadas en el desarrollo del Proyecto Urbanístico CaminoSalinas, SenderoSalinas de Zipaquirá, conforme a lo estipulado en el contrato de cuentas en participación, clausula 7o,en la cuantía que se pruebe en el proceso, o la que disponga el tribunal. Que se conde en costas y agencias en el derecho a ECOINSA INGENIERÍA

S.A.S y/o JUAN DANIEL FLÓREZ PÁEZ.

Y, subsidiarias, las siguientes: Que se disponga que ECOINSA INGENIERÍA S.A.S y/o JUAN DANIEL FLÓREZ PÁEZ en su calidad de administradores y/o participes gestores, incumplieron el contrato en cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015, razón por la cual no se ha podido proceder a terminar y liquidar el mencionado contrato.

incumplieron el contrato en cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015, razón por la cual no se ha podido proceder a terminar y liquidar el mencionado contrato. Que como consecuencia de lo anterior, se conde a ECOINSA INGENIERÍA S.A.S y/o JUAN DANIEL FLÓREZ PÁEZ a pagar solidariamente los perjuicios que fueron causados a JOSÉ ALEJANDRO CONCHA LALINDE ARCASTELL S.A.S Y MEGAESPACIOS SAS, en la cuantía que determine este proceso, en razón al incumplimiento del contrato de cuentas en participación. La demanda se admitió el 17 de julio de 2022, y la parte actora – allá demandadase opuso a lo pretendido y presentó las excepciones de «i) excesiva e infundada tasación de perjuicios declarados como tales en el juramento estimatorio e ii) inadecuada integración del litisconsorcio necesario». Se convocó para audiencia de conciliación el 30 de noviembre siguiente, la cual se adelantó los días 13 de diciembre de ese año y 3 y 22 de febrero de 2023 hasta el 17 de marzo siguiente, sin que existiera acuerdo conciliatorio. El 25 de abril de 2023 en la primera audiencia de trámite, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá se declaró competente para conocer del asunto, sin que hubiera 4Radicación n.° 108447 SCLAJPT-12 V.00 inconformidad alguna de las partes; se decretaron pruebas y el 21 de junio

declaró competente para conocer del asunto, sin que hubiera 4Radicación n.° 108447 SCLAJPT-12 V.00 inconformidad alguna de las partes; se decretaron pruebas y el 21 de junio posterior, se designó perito para que resolviera preguntas de los convocados. Surtido el respectivo trámite procesal, mediante laudo de 10 de noviembre de 2023 el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad resolvió: PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones denominadas “EXCESIVA E INFUNDADA TASACIÓN DE PERJUICIOS DECLARADOS COMO TALES EN JURAMENTO ESTIMATORIO” e “INADECUADA INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO”, formuladas frente a la demanda principal subsanada.

SEGUNDO: Declarar que ECOINSA INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de partícipe gestor, incumplió las obligaciones a su cargo, previstas en el contrato de cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015. En consecuencia, prospera parcialmente la pretensión principal número 1 de la demanda principal subsanada.

TERCERO: Declarar que ECOINSA INGENIER ÍA S.A.S., en su calidad de partícipe gestor, incumplió con la obligación de citar al menos una (1) vez al mes, a la junta de asociados prevista en el contrato de cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015. En consecuencia, prospera parcialmente la

mes, a la junta de asociados prevista en el contrato de cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015. En consecuencia, prospera parcialmente la pretensión principal número 2 de la demanda principal subsanada.

CUARTO: Declarar que ECOINSA INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de partícipe gestor, incumplió con la obligación de rendir cuentas respecto del proyecto urbanístico Caminos-Salinas SenderoSalinas de Zipaquirá, conforme el contrato de cuentas en participación de fecha junio 17 de 2015. En consecuencia, prospera parcialmente la pretensión principal número 3 de la demanda principal subsanada.

QUINTO: Declarar que de conformidad con el contrato de cuentas en participación de fecha de junio 17 de 2015, José Alejandro Concha Lalinde, ARCASTELL S.A.S. y MEGA ESPACIOS S.A.S., tienen derecho, cada uno de ellos a obtener una participación del 18% en la venta del lote. En consecuencia, prospera parcialmente la pretensión principal n úmero 5 de la demanda principal subsanada.

SEXTO: Condenar a ECOINSA INGENIERÍA S.A.S., a pagar a José Alejandro

Concha la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE PESO MONEDA CORRIENTE ($4.543.128.346,66), en los términos expuestos en la parte

SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE PESO MONEDA CORRIENTE ($4.543.128.346,66), en los términos expuestos en la parte motiva. En consecuencia prospera parcialmente la pretensión n úmero 5 de la demanda principal subsanada. 5Radicación n.° 108447

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SÉPTIMO: Condenar a ECOINSA INGENIERÍA S.A.S., a pagar a

ARCASTELL S.A.S. la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA

Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE PESO MONEDA CORRIENTE ($4.543.128.346,67), en los términos expuestos en la parte motiva. En consecuencia prospera parcialmente la pretensión número 5 de la demanda principal subsanada.

OCTAVO: Condenar a ECOINSA INGENIERÍA S.A.S., a pagar a MEGA

ESPACIOS S.A.S. la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE PESO MONEDA CORRIENTE ($4.543.128.346,67), en los términos expuestos en la parte motiva. En consecuencia prospera parcialmente la pretensión número 5 de la demanda principal subsanada.

expuestos en la parte motiva. En consecuencia prospera parcialmente la pretensión número 5 de la demanda principal subsanada.

NOVENO: Condenar a ECOINSA INGENIERÍA S.A.S., a pagar por concepto de costas y agencias en derecho la suma de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.167.530.676, oo).

DÉCIMO: Declarar que no hay lugar a aplicar la sanción prevista en el artículo 206 del Código General del Proceso, por lo expuesto en la parte motiva del presente laudo.

Contra la anterior determinación Ecoinsa Ingeniería S.A.S. formuló recurso de anulación con fundamento en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por las causales quinta y séptima, el cual se declaró infundado el 28 de febrero de 2024 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La parte activa se quejó de las determinaciones dictadas al interior del proceso, pues a su juicio, hubo violación a la ley sustancial, por cuanto el árbitro interpretó (i) que el contrato no se encontraba vigente, sin reparar que específicamente en la cláusula 19 se estipuló que su terminación estaba aunada a la liquidación del contrato; (ii) erróneamente la cláusula 27 del convenio de cuentas en participación, el cual establecía la fórmula de arreglo en distintas etapas y estas no se surtieron tal como se pactaron y, (iii) no vinculó a Daniel Flórez Páez como litisconsorte necesario. 6Radicación n.° 108447

arreglo en distintas etapas y estas no se surtieron tal como se pactaron y, (iii) no vinculó a Daniel Flórez Páez como litisconsorte necesario. 6Radicación n.° 108447

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Además, que existió incongruencia entre lo pedido y lo decidido sin motivación suficiente. Que los puntos resolutivos 5.°, 6.° y 7.° del Laudo proferido el 10 de noviembre de 2023 no guardaban congruencia con la pretensión quinta solicitada en la demanda que promovió José Alejandro Concha Lalinde junto a las sociedades Arcastell S.A.S. en liquidación y Mega Espacios S.A.S.; a su vez, que hubo « doble condena en su contra conforme a las pretensiones» y se dejó de pronunciarse sobre una parte de la pretensión quinta de la demanda arbitral, situaciones que eran un atropello a sus derechos. Igualmente, que hubo defecto fáctico porque no se practicaron la totalidad de las pruebas decretadas y que en cuanto al juramento estimatorio, se profirió un fallo en conciencia y no en derecho, porque aplicó indebidamente el artículo 206 del Código General del Proceso incumpliendo lo dispuesto en la CC SU 6322017. A su vez, insistió en que hubo una inadecuada valoración de pruebas por cuanto se fundamentó el laudo: […] en el resultado de las operaciones matemáticas simuladas, solicitadas por el demandante y realizadas por un perito financiero de total confianza de la señora árbitro, obrantes en esta pregunta No. 5 atrás transcrita, por cuanto a 31

[…] en el resultado de las operaciones matemáticas simuladas, solicitadas por el demandante y realizadas por un perito financiero de total confianza de la señora árbitro, obrantes en esta pregunta No. 5 atrás transcrita, por cuanto a 31 de diciembre de 2017, obra en el mismo laudo en junta de partícipes traída a colación en dicho laudo por la misma árbitro que a 3 de abril de 2018, o sea, cuatro meses después de dicha fecha, NO SE HABÍA PRESENTADO

NINGUNA OFERTA, POR ENDE, NO SE PUEDE HABER

DETERMINADO NINGÚN SALDO.

Con base en lo anterior, la accionante acudió a este mecanismo constitucional para obtener la protección de sus prerrogativas constitucionales y, para la efectividad de ello solicitó que se dejara sin efecto el laudo arbitral de 10 de noviembre de 2023 que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió y el 7Radicación n.° 108447 SCLAJPT-12 V.00 recurso de anulación que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad dictó el 28 de febrero de 2024.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA La tutela se instauró el 4 de junio de 2024 y mediante proveído de 6 siguiente la Sala de Casación Civil la admitió, ordenó notificar a las autoridades convocadas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso cuestionado, con el fin de que ejercieran su derecho de contradicción.

autoridades convocadas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso cuestionado, con el fin de que ejercieran su derecho de contradicción. Con iguales escritos pero presentados de forma separada, Mega Espacios S.A.S., la empresa Arcastell S.A.S. y José Alejandro Concha Lalinde hicieron un recuento de lo actuado e indicaron que las actuaciones adelantadas por las autoridades censuradas estaban ajustadas a derecho, sin vulnerar derechos fundamentales y, lo que se pretendía era un nuevo estudio probatorio y pronunciamiento al respecto para lo cual no estaba instituido esta sede, máxime cuando se advirtió el incumplimiento al contrato de cuentas por participación por la compañía actora; de ahí que solicitaron denegar el amparo. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá solicitó su desvinculación del presente trámite, pues resaltó que no era responsable de las actuaciones aquí debatidas. Martha Cecilia Bahamón de Restrepo, en su calidad de árbitro en el trámite en cuestión, defendió la legalidad de la decisión que investida de las facultades que le confirieron las partes adoptó; que se resolvieron los problemas jurídicos, hechos que fueron ordenados de forma clara y cronológica bajo un hilo conductor que dio cuenta del curso, desarrollo y 8Radicación n.° 108447 SCLAJPT-12 V.00 secuencia de los hechos materia de valoración fáctica y jurídica a lo largo de las consideraciones del laudo, para culminar en una determinación en derecho. Añadió que el Laudo proferido no fue objeto de ninguna solicitud

SCLAJPT-12 V.00 secuencia de los hechos materia de valoración fáctica y jurídica a lo largo de las consideraciones del laudo, para culminar en una determinación en derecho. Añadió que el Laudo proferido no fue objeto de ninguna solicitud de aclaración, complementación o corrección conforme lo autorizaba la Ley 1563 de 2012; además, que respecto de la presunta incongruencia que endilga, la parte actora no puso de presente en el recurso de anulación, por lo que no agotó el medio respectivo. Surtido el trámite de rigor, en sentencia de 19 de junio de 2024, el juez constitucional de primera instancia negó la acción. Para tal efecto, citó apartes del Laudo Arbitral para indicar que el mismo se dictó conforme a la limitación del debate jurídico el cual no era arbitrario ni antojadizo. Dijo que también se cuestionaba que el Laudo interpretó erróneamente la cláusula 27 del convenio de cuentas en participación, pero que eso no fue planteado en las oportunidades correspondientes al interior del trámite. Igualmente, que, en relación a la oportunidad para alegar la falta de competencia o su convocatoria de manera irregular ante el Centro de Conciliación y Arbitraje la Cámara de Comercio de Bogotá, Ecoinsa Ingeniería S.A.S. pudo recurrir la providencia con la cual el Centro de Conciliación atacado asumió el conocimiento del caso o manifestar su irreverencia al contestar la demanda y/o proponer sus excepciones, sin embargo, no lo hizo, descuidos que no se podían subsanar por este mecanismo.

irreverencia al contestar la demanda y/o proponer sus excepciones, sin embargo, no lo hizo, descuidos que no se podían subsanar por este mecanismo. Citó apartes nuevamente del Laudo en lo que tenía que ver con la vinculación de Daniel Flórez para señalar que no existía inmediatez, pues 9Radicación n.° 108447 SCLAJPT-12 V.00 comoquiera que entre la determinación que resolvió la solicitud de vinculación en calidad de litisconsorte de Flórez Páez -13 de octubre de 2022-, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -4 de junio de 2024-, transcurrió mucho más de seis meses. Lo anterior, tras advertir que si bien al proferir el laudo arbitral el 10 de noviembre de 2023, el Tribunal se pronunció sobre este punto al relacionar las excepciones propuestas por la convocada, «lo cierto es que, se remitió a lo ya decidido en el auto del 13 de octubre de 2022, ello no es más que una reiteración de los argumentos y consecuencias procesales que desde esa fecha conoció Ecoinsa Ingeniería SAS.» Respecto de la presunta incongruencia entre lo pedido y lo decidido sin motivación suficiente que cuestiona la parte actora, expuso que, aunque dicha situación puede alegarse mediante el recurso de anulación, no fue invocada en esa sede, por lo que no empleó el medio para lo pertinente. Posteriormente, manifestó que en relación con el presunto defecto fáctico lo cierto era que ello lo formuló en la causal quinta del recurso de

invocada en esa sede, por lo que no empleó el medio para lo pertinente. Posteriormente, manifestó que en relación con el presunto defecto fáctico lo cierto era que ello lo formuló en la causal quinta del recurso de anulación y el Tribunal lo resolvió y para ello, citó apartes de la determinación de esa autoridad la cual no era arbitraria ni subjetiva. Finalmente, dijo que en cuanto al juramento estimatorio, que se profirió un fallo en conciencia y no en derecho, que se aplicó indebidamente el artículo 206 del Código General del Proceso «incumpliendo lo dispuesto en la SU632-2017», ello se llevaba al fracaso, toda vez que se denotaba que lo pretendido por la accionante «es hacer prevalecer la propia comprensión jurídica y atacar, por esta senda, una decisión que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la herramienta supralegal pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a 10Radicación n.° 108447 SCLAJPT-12 V.00 modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario».

III. IMPUGNACIÓN La parte actora impugnó la decisión de primer grado; mencionó que no compartía lo expuesto por el a quo constitucional, pues adujo que no se valoraron las pruebas documentales, esto era, el contrato de cuentas en participación, su objeto y las causas que determinan o no su vigencia y las consecuencias de ello.

Además, que el juez de primer grado constitucional indicó que no se

valoraron las pruebas documentales, esto era, el contrato de cuentas en participación, su objeto y las causas que determinan o no su vigencia y las consecuencias de ello. Además, que el juez de primer grado constitucional indicó que no se debatió el tema de la competencia del Tribunal de Arbitramento, lo que no era cierto, pues existió «una impugnación de competencia» en la etapa inicial del proceso en cuestión para el cual hubo un recurso de reposición sobre el auto que el Tribunal asumió competencia. Adujo que estuvo mal contada la inmediatez frente a la vinculación de Flórez Páez, pues debía contarse desde el laudo arbitral. Añadió que no compartía lo dicho por el juez constitucional de que la decisión del Tribunal estuvo ajustada y no era arbitraria, pues no se hizo un estudio adecuado de las pretensiones y de las pruebas, pues « [l]a cláusula primera del contrato de cuentas en participación, […], ley para las partes, era, y es lo primero a verificar si se cumplió o no su objeto, consiste en la construcción de proyectos inmobiliarios y hay en curso la construcción del proyecto ZUA ZIPAQUIRÁ que consta de más de 1.740 unidades de vivienda en etapas de cinco (5) y doce (12) pisos», que además, «de haberse observado las pruebas obrantes en el expediente por 11Radicación n.° 108447 SCLAJPT-12 V.00 parte del fallador de primera instancia de la tutela, conforme las normas de la sana crítica, el fallo hubiese sido en otro sentido». Por otro lado, mencionó que el artículo 206 del Código General del Proceso era claro en cuanto al juramento estimatorio, y que no se aplicó

de la sana crítica, el fallo hubiese sido en otro sentido». Por otro lado, mencionó que el artículo 206 del Código General del Proceso era claro en cuanto al juramento estimatorio, y que no se aplicó dicha norma en el laudo, «excusando a los partícipes demandantes de ser condenados por su excesivo juramento al afirmar” que se debió a la manera en que dichos partícipes vieron las cosa». Reiteró argumentos expuestos en el escrito inicial y solicitó el amparo de sus garantías.

IV. CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial. 12Radicación n.° 108447

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Así las cosas, al descender al sub judice , la Sala observa que el

juzgada y la autonomía e independencia judicial. 12Radicación n.° 108447

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Así las cosas, al descender al sub judice , la Sala observa que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al dictar la sentencia de 28 de febrero de 2024 en la que declaró infundado el recurso extraordinario de anulación. Previo a analizar de fondo la controversia planteada, resulta necesario resaltar que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Ello es así toda vez que entre la fecha de la decisión denunciada –28 de febrero de 2024 - y la presentación de la queja –24 de junio de 2024transcurrieron menos de 6 meses, plazo que, por ser razonable, resulta acorde con el principio de inmediatez. Igualmente, porque frente a tal determinación, no se tiene otro mecanismo para agotar; de ahí que también se acató la exigencia de subsidiariedad. Por lo anterior, la Sala se encuentra habilitada para analizar si la autoridad accionada incurrió en algunas de las causales específicas descritas, entre otras, en la sentencia CC SU-116-2018. Entonces, el ad quem después de citar las normas que regulan su competencia para conocer de tal cuestión, mencionó que el primer cargo era «Causal 5ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. “Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando

era «Causal 5ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. “Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión» y frente a ello, mencionó: 13Radicación n.° 108447

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Se sustentó esta causal, en resumen, en que la prueba que solicitó la convocante y decretó el Tribunal de Arbitramento recayó sobre un dictamen pericial con exhibición de documentos, pese a ello, no se practicó en su totalidad, por cuanto su fundamento consistía en realizar un informe de ingresos y gastos y, además, absolver los cuestionarios que le llegaren a formular; no obstante el trabajo sólo versó sobre las preguntas realizadas al perito, sin que se tuvieran en cuenta los documentos allegados como prueba donde constaba la información financiera de la compañía y también se determinó que no era necesaria la inspección judicial. Conforme a lo anterior, refirió que la omisión de la árbitro de decretar de modo integral la prueba generó un grave incumplimiento a su deber de administrar justicia, en razón a que se le condenó con cimiento en proyecciones de ventas, utilidades y perjuicios que no correspondían a la realidad, por cuanto las cifras no se constataron con los datos que aportaron con la contestación de la demanda. La causal citada, al tenor de su descripción, procede en los eventos que: i) se haya negado el decreto de una prueba solicitada oportunamente, o ii) no se haya

demanda. La causal citada, al tenor de su descripción, procede en los eventos que: i) se haya negado el decreto de una prueba solicitada oportunamente, o ii) no se haya practicado un medio probatorio decretado; supuestos que requieren que respecto de ellos se hubiese expresado un fundamento legal y, además, que la parte interesada hubiere alegado de manera oportuna en trámite arbitral tal situación por la vía del recurso de reposición. Acto seguido, citó extractos de la sentencia 2018-00031 del Consejo de Estado en la que se prevé las reglas que se debían entender como requisitos para que procediera la causal mencionada y luego hizo un recuento de actuaciones al interior del trámite tras señalar que se hacía para verificar si las reglas se cumplieron y aseveró que: Analizadas las anteriores actuaciones, la Sala evidencia que la omisión probatoria que discute la apoderada de la convocada no la alegó de manera oportuna, es decir no recurrió la providencia que ordenó la prueba, ni mucho menos la decisión que aclaró su alcance que data de 30 de junio de 2023, por el contrario, su reclamo lo dirigió contra la decisión que negó la petición aclaratoria de 25 de julio de 2023 y, a pesar de que tal pronunciamiento tiene relación con el medio de convicción en controversia, ello no habilita la prosperidad de la causal evocada, sencillamente porque los proveídos que debieron cuestionarse se encontraban ejecutoriados para el momento en que se pidió tal aclaración.

prosperidad de la causal evocada, sencillamente porque los proveídos que debieron cuestionarse se encontraban ejecutoriados para el momento en que se pidió tal aclaración. En esas condiciones, atendiendo que la competencia de esta Sa