CSJ - STL17723-2026

SCLAJPT-11 V.00

VÍCTOR JULIO USME PEREA Magistrado ponente

STL17723-2026 Radicación n.o 11001-02-05-000-2026-02325-00 Acta 32

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte se pronuncia, en primera instancia, de la acción de tutela que la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL presenta contra la SALA LABORAL

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y el JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.

I. ANTECEDENTES

A través de apoderado, la cartera ministerial promotora instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso , así como al principio de seguridad jurídica , presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En lo que interesa al presente trámite constitucional, se tiene que Jairan Alfredo Godoy Charlar promovió procesoRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 2 ordinario laboral contra la aquí tutelante y GMP Ingenieros SAS, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo por obra o labor con la última de las demandadas, desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 14 de mayo de la misma anuali dad, el cual finalizó de manera unilateral y sin justa causa y en virtud del cual el demandante se desempeñó en el cargo de ayudante en la

demandadas, desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 14 de mayo de la misma anuali dad, el cual finalizó de manera unilateral y sin justa causa y en virtud del cual el demandante se desempeñó en el cargo de ayudante en la construcción de la sede de la Institución Educativa Camacho Carreño ubicada en Bucaramanga.

Como sustento de dicha pretensión declarativa, se argumentó que d icha vinculación laboral se produjo en el marco de la ejecución del contrato de obra n.° 1380-37-2016, celebrado entre el Consorcio FFIE Alianza BBVA, en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE–, y la Unión Temporal MEN 2016, posteriormente cedido parcialmente a GMP Ingenieros SAS.

En consecuencia , el actor pidió que se condenara solidariamente a la parte pasiva a su reintegro, al pago de los salarios, aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, cesantías y sus correspondientes intereses , vacaciones, prima de servicios y la indemnizac ión consagrada en el artículo 65 del CST, así como las costas procesales y lo que resultare probado ultra y extra petita.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bucaramanga con el radicado n.° 68-001-31-05-006-2022-00440-00; autoridad que, en sentencia de 22 de agosto de 2024, resolvió:Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00

SCLAJPT-11 V.00 3

que, en sentencia de 22 de agosto de 2024, resolvió:Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00

SCLAJPT-11 V.00 3

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor JAIRAN ALFREDO GODOY CHALAR y la pasiva GMP INGENIEROS SAS existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo de obra o labor contratada con extremos temporales del 1 de marzo al 14 de mayo de 2021, conforme la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es solidariamente responsable de las condenas impuestas en contra de GMP INGENIEROS SAS, conforme a lo expuesto.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción propuesta por las demandadas.

CUARTO: CONDENAR a la pasiva GMP INGENIEROS SAS a reconocer y pagar en favor del señor JAIRAN ALFREDO GODOY

CHALAR, los siguientes conceptos y sumas:

1. SALARIOS: $423.978

2. CESANTÍAS: $208.634

3. I.CESANTÍAS: $5.146

4. P. SERVICIOS: $208.634

5. VACACIONES: $93.376

QUINTO: CONDENAR a la pasiva GMP INGENIEROS SAS a reconocer y pagar en favor del señor JAIRAN ALFREDO GODOY CHALAR los aportes a pensión causados entre el 1 de mayo al 14 de mayo de 2021 teniendo en cuenta un salario mínimo legal mensual vigente.

Parágrafo: Para lo cual el demandante deberá en el término de

CHALAR los aportes a pensión causados entre el 1 de mayo al 14 de mayo de 2021 teniendo en cuenta un salario mínimo legal mensual vigente.

Parágrafo: Para lo cual el demandante deberá en el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, solicitar ante la entidad de seguridad social a la que se encuentra afiliado la correspondiente liquidación y proceder a comunicarlo al extremo pasivo, quien dentro de los quince (15) días siguientes a la mencionada comunicación procederá a pagar el importe correspondiente al aporte en mora ante la entidad o fondo de pensiones, a la cual se encuentra afiliado el actor.

SEXTO: CONDENAR a la empresa GMP INGENIEROS SAS a reconocer y pagar en favor del señor JAIRAN ALFREDO GODOY CHALAR la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($30.284) diarios desde el 15 de mayo de 2021, y hasta que se haga efectivo su pago, por concepto de indemnización moratoria que trata de artículo 65 del Código sustantivo de trabajo, conforme lo indicado en la parte motiva de esta decisión.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la empresa GMP INGENIEROS SAS de los demás cargos formulados en su contra.

OCTAVO: ABSOLVER al MINISTERIO DE EDUCACIONRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00

SCLAJPT-11 V.00 4

NACIONAL de los demás cargos formulados en su contra.

Al resolver el recurso de apelación que el extremo pasivo interpuso contra esa decisión, así como el grado

SCLAJPT-11 V.00 4

NACIONAL de los demás cargos formulados en su contra.

Al resolver el recurso de apelación que el extremo pasivo interpuso contra esa decisión, así como el grado jurisdiccional de consulta surtido en favor de la cartera ministerial demandada -aquí tutelante -, en fallo de 01 de diciembre de 2025, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la determinación de primer grado.

En desacuerdo, la ahora promotora interpuso recurso extraordinario de casación y, en auto de 07 de abril de 2026, el órgano colegi ado accionado negó su concesión al considerar, en síntesis, que las condenas impuestas solidariamente a la recurrente se establecieron en una suma de $51.241.492; cuantía que no supera el interés económico legalmente exigido para recurrir por la senda extraordinaria y, transcurrido el término de ejecutoria del referido proveído, el 14 de abril de 2026 se dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen.

A través de este mecanismo constitucional, se cuestionan las providencias de 22 de agosto de 2024 y 01 de diciembre de 2025, toda vez que, en decir del Ministerio, las autoridades judiciales incurrieron en desconocimiento del precedente fijado en la sentencia CSJ SL3774 -2021, relacionada con la solidaridad del Ministerio de Educación Nacional. En particular, indicó que, en relación con la solidaridad declarada, esta corporación ha destacado que debe observarse en cada caso sus competencias, pues «sus

relacionada con la solidaridad del Ministerio de Educación Nacional. En particular, indicó que, en relación con la solidaridad declarada, esta corporación ha destacado que debe observarse en cada caso sus competencias, pues «sus funciones son de planificación, asesoramiento, financiación,Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 5 regulación, vigilancia y control del servicio educativo».

Además, criticó que, al valorar los elementos probatorios, el Tribunal convocado desconoció las reglas de «la sana crítica », pues, en su criterio, se otorgó alcance demostrativo a elementos que no acreditaban que el trabajador recibiera órdenes, directrices o supervisión de su parte ni que utilizara sus bienes o su infraestructura.

De igual manera, censuró un desconocimiento horizontal en relación con unas sentencias emitidas por los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Ibagué y Tunja en las que se refleja que no existe afinidad entre las competencias de la entidad accionante y la actividad desplegada por el demandante en el proceso censurado.

En suma, indicó que era palmario que la determinación emitida por el órgano colegiado tutelado desconoció la posición pacífica de esta sala en la que se argumenta que en los procesos de «los trabajadores de los contratistas del ente ministerial, no se estructura la solidaridad en lo laboral».

Conforme a lo anterior, solicita acceder al amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas y, como medida para restablecer la vulneración, pide dejar sin efecto la s providencias emitidas el 22 de agosto de 2024 y 01 de

Conforme a lo anterior, solicita acceder al amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas y, como medida para restablecer la vulneración, pide dejar sin efecto la s providencias emitidas el 22 de agosto de 2024 y 01 de diciembre de 2025 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bucaramanga y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad , respectivamente y, en su lugar, se ordene a la s autoridades judiciales accionadas provean una nueva decisión acorde conRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 6 sus aspiraciones.

Como medida provisional requirió suspender la ejecutoria de la decisión de segunda instancia cuestionada, con el fin de evitar «un inminente detrimento patrimonial a los recursos del Estado».

La tutela se presentó el 19 de agosto de 2026 y fue admitida por esta sala, mediante auto de 24 posterior, en el que se ordenó notificar a los despachos judiciales convocados, así como a las demás partes e intervinientes en el proceso laboral en el que se emiti eron las providencias censuradas, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa; igualmente se negó la medida provisional solicitada.

Al efecto, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bucaramanga remitió el enlace de acceso al expediente contentivo de la causa censurada.

A su turno, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga realizó un recuento de los antecedentes surtidos al interior del litigio censurado,

contentivo de la causa censurada.

A su turno, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga realizó un recuento de los antecedentes surtidos al interior del litigio censurado, remitió el enlace de acceso al expediente digital y solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional por estimar que no incurrió en vulneración a los derechos fundamentales de la tutelante.

II. CONSIDERACIONES

Conforme a lo estatuido en el artículo 86 de la CP y los decretos que lo reglamentan, la acción de tutela se establecióRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 7 para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten lesionados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares e n los casos expresamente previstos por la ley.

Esta sala es del criterio de que no procede la tutela contra providencia judicial, esencialmente, por ausencia de norma que así lo prev ea y en sujeción a los principios de la cosa juzgada, independencia y autonomía de los jueces ; sin embargo, la jurisprudencia lo ha morigerado en casos concretos y excepcionales, cuando las actuaciones u omisiones de los jueces configuran una evidente transgresión de los derechos constitucionales de las partes.

Es oportuno señalar que , conforme lo indica la sentencia CC C-590-2005, reiterada en varios pronunciamientos de esta sala, entre otros, en la decisión CSJ STL1866 -2025, la acción de tutela contra providencia

Es oportuno señalar que , conforme lo indica la sentencia CC C-590-2005, reiterada en varios pronunciamientos de esta sala, entre otros, en la decisión CSJ STL1866 -2025, la acción de tutela contra providencia judicial es viable siempre y cuando se acredite del fallo censurado alguna de las siguientes causales : (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la Constitución.

En el presente asunto, para la Sala es claro que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si es viable, a través de esta senda tuitiva, dejar sin efecto las sentencias de 22 de agosto de 2024 y 01 de diciembre deRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 8 2025 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bucaramanga y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, respectivamente, en la contienda censurada , por vulnerar presuntamente las garantías superiores de la entidad convocante.

Aclarado lo anterior, pese a que la promotora cuestiona las providencias señaladas, lo cierto es que en este asunto se estudiará la última de ellas, pues fue la que zanjó la controversia objeto de señalamiento.

Antes de analizar de fondo el asunto, resulta necesario advertir que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo. Esto por cuanto entre

controversia objeto de señalamiento.

Antes de analizar de fondo el asunto, resulta necesario advertir que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo. Esto por cuanto entre la fecha de notificación del auto que no concedió el recurso extraordinario de casación -08 de abril de 2026 - y la de presentación del amparo constitucional -19 de agosto de posteriortranscurrieron menos de seis meses, plazo razonable y acorde con el principio de inmediatez. Asimismo, se encuentra satisfecho el postulado de residualidad, toda vez que contra la decisión c ensurada no proced ía recurso alguno, pues el interés económico no supera la cuantía exigida para acudir a la vía de la casación.

De manera que la Sala está habilitada para analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia descritas.

En lo que interesa a la acción constitucional, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial deRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00

SCLAJPT-11 V.00 9

Bucaramanga delimitó el estudio de la controversia en torno a tres aspectos: i) si resultaba procedente la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, pese a la situación económica y posterior proceso de reorganización de GMP Ingenieros SAS; ii) si era jurídicamente viable declarar la responsabilidad solidaria de la Nación , Ministerio de Educación Nacional, aquí accionante, respecto de las obligaciones impuestas a la empleadora; y iii) si había lugar a mantener la condena en costas impuesta a esta última.

la responsabilidad solidaria de la Nación , Ministerio de Educación Nacional, aquí accionante, respecto de las obligaciones impuestas a la empleadora; y iii) si había lugar a mantener la condena en costas impuesta a esta última.

Como hechos relevantes, tuvo por acreditado que entre Jair Alfredo Godoy Chalar y GMP Ingenieros SAS existió un contrato de trabajo por obra o labor determinada, vigente del 01 de marzo al 14 de mayo de 2021, durante el cual aquel se desempeñó como ayudante de construcción en la Institución Educativa Camacho Carreño de Bucaramanga, en ejecución del contrato de obra n.° 1380 -37-2016; asimismo, encontró demostrado que la empleadora incurrió en atraso en el pago de salarios, la liquidación de las prestaciones sociales y vacaciones al finalizar el vínculo y omitió realizar los aportes al sistema pensional correspondientes a mayo de 2021.

En relación con las acreencias laborales, explicó que la omisión alegada constitu ye una negación indefinida, en los términos del artículo 167 del CGP, por lo que correspondía a GMP Ingenieros SAS , en su condición de empleadora, acreditar el pago de los conceptos reclamados. Sin embargo, luego de revisar el material probatorio, advirtió que no obra soporte alguno que demostrara la satisfacción de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones y ap ortes a seguridad social objeto de condena. Por el contrario, la sociedadRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 10 reconoció el incumplimiento y lo atribuyó a la situación económica que atravesaba, circunstancia que consideró

SCLAJPT-11 V.00 10 reconoció el incumplimiento y lo atribuyó a la situación económica que atravesaba, circunstancia que consideró insuficiente para justificar el desconocimiento de derechos laborales mínimos e irrenunciables. En consecuencia, confirmó la condena por dichos conceptos.

Por su parte, en cuanto a la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, recordó que su imposición no es automática por el solo incumplimiento o retardo en el pago de salarios y prestaciones, pues se trata de una sanción cuya procedencia exige examinar la conducta subjetiva del empleador y establecer si se presentaron razones atendibles para sustraerse de la obligación respectiva.

Para sustentar esta conclusión acudió, entre otras, a la sentencia CSJ SL694 -2019, según la cual el juzgador debe determinar si las razones invocadas por el empleador, aunque no sean jurídicamente acertadas, resultan atendibles y justificables y pudieron razonablemente llevarlo al convencimiento de que nada adeudaba al trabajador. Igualmente, citó la sentencia CSJ SL de 10 de mayo de 2011, rad. 38973, para precisar que la «buena fe» supone actuar con lealtad, rectitud y honradez frente al trabajador, sin pretender obtener ventajas o beneficios a costa de sus derechos.

En ese entendimiento, analizó la defensa de GMP Ingenieros SAS, según la cual el incumplimiento obedeció a la crisis económica, la iliquidez que atravesaba y el proceso de reorganización empresarial que posteriormente promovió,

En ese entendimiento, analizó la defensa de GMP Ingenieros SAS, según la cual el incumplimiento obedeció a la crisis económica, la iliquidez que atravesaba y el proceso de reorganización empresarial que posteriormente promovió, así como a la supuesta imposibilidad de efectuar pagosRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 11 derivada del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006. Sobre el particular, acudió a la jurisprudencia de esta sala , entre otras, a las sentencias CSJ SL2809-2019 y CSJ SL24482017, para señalar que la insolvencia o iliquidez económica no exonera automáticamente al empleador de la indemnización moratoria, pues aún en situaciones de crisis es necesario establecer si existieron razones atendibles que justifiquen el incumplimiento y si el empleador desplegó actuaciones encaminadas a prevenirlo.

En igual sentido, con apoyo en las sentencias de 21 de septiembre de 2016, rad. 40430, y 16 de noviembre de 2016, rad. 40272, reiteró que las indemnizaciones previstas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990 no son de aplicación mecánica, sin o que exigen una indagación sobre la conducta del deudor y la existencia de razones serias que permitan ubicarlo en el terreno de la «buena fe».

Al aplicar tales postulados, constató que la sociedad efectivamente atravesó una situación de crisis financiera, pues la Superintendencia de Sociedades registró el inicio, en octubre de 2021, de un trámite de Negociación de

Al aplicar tales postulados, constató que la sociedad efectivamente atravesó una situación de crisis financiera, pues la Superintendencia de Sociedades registró el inicio, en octubre de 2021, de un trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reor ganización, posteriormente desistido, y que solo el 21 de octubre de 2022 admitió a GMP Ingenieros SAS al proceso de reorganización empresarial, luego de la solicitud presentada el 19 de agosto de ese año. No obstante, destacó que el vínculo laboral del entonces actor había finalizado el 14 de mayo de 2021, más de un año antes de la admisión al proceso de reorganización, y que la demanda ordinaria laboral fue presentada el 14 de octubre de 2021.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00

SCLAJPT-11 V.00 12

De ahí que consideró que la crisis y el posterior proceso de reorganización no podían justificar, por sí solos, el incumplimiento de las obligaciones laborales generado al momento de la terminación del contrato. A ello agregó que, pese a las manifestaciones del representante legal sobre la «iliquidez total», los efectos de la pandemia, la escasez de materiales y los incumplimientos de pagos por parte del cliente, la sociedad no aportó pruebas de las gestiones que hubiera realizado para obtener recursos o procurar el pago de los derechos laborales, tales como requerimientos de pago al contratante, solicitudes de créditos bancarios o venta de bienes.

En esa línea, sostuvo que no bastaba con alegar la existencia de dificultades económicas, especialmente cuando la propia sociedad había contratado al trabajador el 01 de

al contratante, solicitudes de créditos bancarios o venta de bienes.

En esa línea, sostuvo que no bastaba con alegar la existencia de dificultades económicas, especialmente cuando la propia sociedad había contratado al trabajador el 01 de marzo de 2021, pese a afirmar que desde 2020 atravesaba las circunstancias que afectaban su situación financiera. Recordó, además, que conforme al artículo 28 del CST, el trabajador no asume los riesgos ni las pérdidas del empleador y que los créditos laborales gozan de privilegio de primera clase, de acuerdo con el artículo 157 ibidem.

Finalmente, descartó que el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006 impidiera el pago de las acreencias laborales, pues dicha disposición restringe determinadas operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor, pero permite expresame nte el pago de obligaciones propias de dicho giro, entre ellas las laborales. Por esas razones,Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 13 encontró justificada la condena por indemnización moratoria.

Ahora bien, frente a la declaratoria de responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales impuestas a GMP Ingenieros SAS , el Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 34 del CST. Explicó que dicha disposición establece la responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra o dueño de esta respecto de los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudados por el contratista a sus trabajadores, salvo que las labores ejecutadas sean extrañas a las actividades normales de aquel.

la responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra o dueño de esta respecto de los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudados por el contratista a sus trabajadores, salvo que las labores ejecutadas sean extrañas a las actividades normales de aquel.

Así, a partir de la sentencia CSJ SL1453-2023, precisó que para la configuración de esa solidaridad deben concurrir tres presupuestos: i) la existencia de un contrato de ejecución de obra o prestación de servicios; ii) que el trabajador del contratista ejecute una labor en beneficio del tercero; y iii) que las labores desarrolladas no sean extrañas a las actividades normales del beneficiario. Añadió que, para establecer este último presupuesto, debe verificarse si las actividades del contratista guardan relación de afinidad, conexidad o similitud con las actividades principales del contratante, hacen parte de su giro común o se integran a su núcleo ordinario de negocios.

Al descender al caso concreto, el órgano colegiado convocado tuvo por acreditado que el trabajador fue contratado por GMP Ingenieros SAS para desempeñarse como ayudante de construcción en la Institución Educativa Camacho Carreño de Bucaramanga, en desarrollo delRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 14 contrato de obra n.° 1380-37-2016. En particular, anotó que este había sido celebrado inicialmente entre la Unión Temporal Men 2016 y El Consorcio FFIE Alianza BBVA, en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

este había sido celebrado inicialmente entre la Unión Temporal Men 2016 y El Consorcio FFIE Alianza BBVA, en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFIE–, y posteriormente fue cedido a la sociedad empleadora. Así, para el Tribunal accionado se encontraba acreditada la existencia del entramado contractual en cuyo marco se ejecutaron las labores que dieron origen a las acreencias laborales reclamadas.

Para establecer si esa actividad podía reputarse propia, necesaria o conexa con las funciones del aquí tutelante, examinó el marco normativo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa –PNIE–. En particular, acudió a la Ley 1753 de 2015, mediante la cua l se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, dentro del que se concibió el PNIE como una estrategia dirigida a adecuar y construir los espacios físicos requeridos para ampliar la cobertura educativa e implementar la jornada única.

También destacó el artículo 59 de dicha ley, que creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE– como una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, sin personería jurídica, cuyo objeto comprende la viabilización y financiación de proyectos destinados a la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura educativa pública.

Así mismo, valoró la participación concreta de la entidad convocante en la ejecución del proyecto. Destacó queRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00

SCLAJPT-11 V.00 15

Así mismo, valoró la participación concreta de la entidad convocante en la ejecución del proyecto. Destacó queRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 15 el Ministerio de Educación Nacional y el Consorcio FFIE Alianza BBVA celebraron el contrato n.° 1380 de 2015, cuyo objeto era administrar y pagar las obligaciones derivadas de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos del FFIE. A su vez, el consorcio, como administrador de dicho patrimonio, celebró con la Unión Temporal MEN 2016 el contrato marco de obra n.° 1380-37-2016, cuyo objeto comprendía la elaboración de diseños y estudios técnicos y la ejecución de las obras de infraestructura educativa requeridas por el PA FFIE en desarrollo del PNIE, entre ellas las realizadas en la Institución Educativa Camacho Carreño.

A partir de esa estructura contractual, normativa y probatoria, concluyó que la intervención del Ministerio de Educación Nacional no se limitó a la formulación de una política pública. Por el contrario, consideró que tuvo una participación relevante en la dirección y ejecución del proyecto, en la gestión de los recursos y en las contrataciones necesarias para implementar el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del FFIE.

Relacionó dichas actuaciones con las funciones atribuidas al Ministerio por el artículo 148 de la Ley 115 de 1994, particularmente en materia de administración, planeación, inspección, vigilancia y garantía de la calidad del servicio educativo. De esta man era, estimó que la

atribuidas al Ministerio por el artículo 148 de la Ley 115 de 1994, particularmente en materia de administración, planeación, inspección, vigilancia y garantía de la calidad del servicio educativo. De esta man era, estimó que la construcción y adecuación de infraestructura educativa desarrollada en el caso concreto se encontraba vinculada con el ámbito funcional y misional de la entidad pública.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00

SCLAJPT-11 V.00 16

Con fundamento en lo anterior, el juez plural consideró que las labores desarrolladas por el trabajador no eran extrañas a las actividades normales de la entidad accionante, pues se ejecutaron precisamente en el marco de un proyecto de infraestructura educativa comprendido dentro del PNIE, respecto del cual el Ministerio tenía competencias de planeación, financiación, dirección y ejecución.

En ese contexto, concluyó que el trabajador prestó sus servicios en una actividad de la cual el ente público obtuvo un beneficio directo, al encontrarse vinculada con la construcción y adecuación de la infraestructura destinada a la prestación del servicio educativo. En consecuencia, estimó acreditados los presupuestos del artículo 34 del CST y avaló la conclusión de la juez de primera instancia según la cual la Nación, Ministerio de Educación Nacional debía responder solidariamente por las condenas impuestas a GMP Ingenieros SAS.

En ese sentido, la solidaridad declarada no fue sustentada en que la cartera ministerial hubiese ostentado la calidad de empleador del trabajador ni en la existencia de subordinación laboral frente a aquel, sino en su condición de beneficiario de las labores ejecutadas por el contratista y en

sustentada en que la cartera ministerial hubiese ostentado la calidad de empleador del trabajador ni en la existencia de subordinación laboral frente a aquel, sino en su condición de beneficiario de las labores ejecutadas por el contratista y en la relación de conexidad que, según el Tribunal, existía entre esas actividades y las funciones propias de la entidad dentro del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. De esta manera, el juez de apelaciones entendió que se satisfacían los elementos previstos en el artículo 34 del CST para hacerRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02325-00 SCLAJPT-11 V.00 17 extensiva a la entidad pública la responsabilidad por las acreencias laborales reconocidas al trabajador.

Finalmente, en lo relativo a la condena en costas, acudió al artículo 365 del CGP, del cual extrajo que su imposición responde a un criterio objetivo, de modo que la parte vencida en el proceso debe asumirlas sin que sea necesario establecer su buena o mala fe.

Por ello, consideró ajustada la condena impuesta a GMP Ingenieros SAS y precisó que cualquier discusión sobre la cuantía de las agencias en derecho debía formularse en la oportunidad procesal correspondiente, m