CSJ - STL17724-2026

SCLAJPT-11 V.00

VÍCTOR JULIO USME PEREA Magistrado ponente

STL17724-2026 Radicación n.o 11001-02-05-000-2026-02375-00 Acta 32

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte se pronuncia, en primera instancia, de la acción de tutela que QUIRINO CONGO MOSQUERA presenta

contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI y el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.

I. ANTECEDENTES

El promotor instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas

En lo que interesa al presente trámite constitucional, se tiene que el accionante promovió proceso ordinario laboral contra el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría deRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00

SCLAJPT-11 V.00 2

Infraestructura, con el propósito de que se declarara la existencia de una relación laboral derivada de los sucesivos contratos de prestación de servicios celebrados entre el 27 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2023 y, asimismo, se le reconociera la calidad de trabajador oficial en el cargo de operador de maquinaria especial grado II. En consecuencia, solicitó el pago de las acreencias laborales, indemnizaciones y demás conceptos reclamados en la demanda.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado

operador de maquinaria especial grado II. En consecuencia, solicitó el pago de las acreencias laborales, indemnizaciones y demás conceptos reclamados en la demanda.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, con el radicado n.° 76001-31-05-014-2025-00086-00 (en adelante 2025-0008600), autoridad judicial que, en audiencia de 08 de abril de 2026, declaró probada la excepció n previa de falta de jurisdicción propuesta por el ente territorial y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de esa ciudad, al considerar que correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de la controversia. Asimismo, advirtió que contra esa determinación no procedía recurso alguno, conforme al artículo 139 del CGP.

Inconforme con esa decisión, el demandante –hoy accionanteinterpuso recurso de apelación. Sin embargo, mediante auto dictado en la diligencia precitada, el juzgado accionado negó su concesión. Contra este último proveído formuló reposición y, en subsidio, queja; el primero fue resuelto desfavorablemente y el segundo se concedió ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Surtido el trámite correspondiente, mediante auto de 29 de julio de 2026, la Sala Laboral del Tribunal convocadoRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00 SCLAJPT-11 V.00 3 declaró bien denegado el recurso de apelación. Para ello, consideró que, si bien el numeral 3.° del artículo 65 del

SCLAJPT-11 V.00 3 declaró bien denegado el recurso de apelación. Para ello, consideró que, si bien el numeral 3.° del artículo 65 del CPTSS establece que es apelable el auto que decide sobre excepciones previas, dicha disposición debía armonizarse, por remisión del artículo 145 ibídem, con el artículo 139 del CGP, conforme al cual la decisión que declara la falta de jurisdicción y dispone la remisión del expediente no admite recursos. En apoyo de esa conclusión, acudió, entre otras, a la sentencia CSJ STL8384-2022.

A través de este mecanismo constitucional, el accionante cuestiona los autos de 08 de abril y 29 de julio de 2026, al estimar que las autoridades judiciales vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, pues, en su criterio, desconocieron que el num eral 3.° del artículo 65 del CPTSS prevé expresamente la procedencia del recurso de apelación contra el auto que decide sobre excepciones previas. Sostiene que, al existir una norma especial en materia laboral, no era procedente acudir al artículo 139 del CGP para restringir el medio de impugnación y que la remisión prevista en el artículo 145 del CPTSS solo resulta viable ante la existencia de un vacío normativo.

Conforme a lo anterior, solicita acceder al amparo del derecho fundamental invocado y, como medida para restablecer la vulneración, pide dejar sin efectos el auto de 08 de abril de 2026 y el de 29 de julio siguiente, proferidos por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, para que, en su lugar, se conceda el recurso de apelación

restablecer la vulneración, pide dejar sin efectos el auto de 08 de abril de 2026 y el de 29 de julio siguiente, proferidos por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, para que, en su lugar, se conceda el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00

SCLAJPT-11 V.00 4

La acción de tutela se presentó el 18 de agosto de 2026 a través del aplicativo de Tutela en Línea y, pese a que allí se indicó la ciudad de Cali como lugar de interposición y de vulneración de los derechos, fue recibida por la Oficina Judicial de Bucaramanga, que la remitió a esta corporación para el trámite correspondiente.

La actuación se radicó ante esta sala el 25 siguiente y, mediante auto de 26 del mismo mes y año, se admitió y se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas, así como vincular a las partes e intervinientes en el proceso laboral en el que se profirieron las providencias aquí censuradas, para que ejercieran su derecho de defensa.

II. CONSIDERACIONES

Conforme a lo estatuido en el artículo 86 de la CP y los decretos que lo reglamentan, la acción de tutela se estableció para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten lesionados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.

sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten lesionados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.

Esta sala es del criterio de que no procede la tutela contra providencia judicial, esencialmente, por ausencia de norma que así lo prevea y en sujeción a los principios de la cosa juzgada, independencia y autonomía de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia lo ha morigerado en casosRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00 SCLAJPT-11 V.00 5 concretos y excepcionales, cuando las actuaciones u omisiones de los jueces configuran una evidente transgresión de los derechos constitucionales de las partes.

Es oportuno señalar que, conforme lo indica la sentencia CC C -590-2005, reiterada en varios pronunciamientos de esta sala, entre otros, en la decisión CSJ STL1866 -2025, la acción de tutela contra providencia judicial es viable siempre y cuando se acredite del fallo censurado alguna de las siguientes causales: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la Constitución.

En el presente asunto, para la Sala es claro que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si es viable, a través de esta senda tuitiva, dejar sin efectos los

precedente o (viii) violación directa de la Constitución.

En el presente asunto, para la Sala es claro que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si es viable, a través de esta senda tuitiva, dejar sin efectos los autos de 08 de abril y 29 de julio de 2026, proferidos por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, respectivamente, mediante los cuales se negó la co ncesión del recurso de apelación interpuesto por el accionante y, posteriormente, se declaró bien denegado dicho medio de impugnación.

Es importante precisar que, pese a que el promotor cuestiona los proveídos referenciados en párrafos anteriores, lo cierto es que en este asunto se estudiará el última de los mencionados, esto es, el auto del 29 de julio de 2026, debidoRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00 SCLAJPT-11 V.00 6 a que corresponde a la decisión que definió y zanjó de fondo la controversia.

Antes de analizar de fondo el asunto, resulta necesario advertir que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo.

Lo anterior, por cuanto entre la fecha de notificación del auto de segunda instancia cuestionad o -31 de julio de 2026y la de presentación del amparo constitucional –18 de agosto de 2026transcurrieron menos de seis meses, plazo razonable y acorde con el principio de inmediatez. Asimismo, se encuentra satisfecho el postulado de residualidad, toda

agosto de 2026transcurrieron menos de seis meses, plazo razonable y acorde con el principio de inmediatez. Asimismo, se encuentra satisfecho el postulado de residualidad, toda vez que contra la decisión censurada el promotor agotó todos los recursos que tenía a su alcance.

De manera que la Sala está habilitada para analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencia descritas.

En lo que interesa a la acción constitucional, el Tribunal accionado señaló que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si acertó el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali al negar el recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción, o si, por el contrario, debía concederse dicho medio de impugnación.

Para resolver dicho cuestionamiento, se refirió al artículo 65 del CPTSS y recordó, con apoyo en los autos CSJRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00

SCLAJPT-11 V.00 7

AL3885-2017 y AL2043 -2020, que el recurso de apelación únicamente procede contra las decisiones de primera instancia expresamente previstas en esa disposición y en los demás eventos determinados por la ley. En particular, destacó que el numeral 3.° de aquella norma establece que es apelable el auto «que decida sobre excepciones previas».

Seguidamente, precisó que, si bien a partir de esa disposición inicialmente resultaría procedente la apelación contra el auto que decide sobre excepciones previas, en el

es apelable el auto «que decida sobre excepciones previas».

Seguidamente, precisó que, si bien a partir de esa disposición inicialmente resultaría procedente la apelación contra el auto que decide sobre excepciones previas, en el asunto examinado el proveído recurrido declaró la falta de jurisdicción. Por ello, acudió al artículo 139 del CGP, según el cual, cuando el juez se declara incompetente para conocer de un proceso debe remitirlo a la autoridad que estime habilitada para ello y tales determinaciones no admiten recurso.

Asimismo, explicó que, si la autoridad judicial que recibe el expediente tampoco se considera investida de jurisdicción para resolver la controversia, corresponde a la Corte Constitucional dirimir el respectivo conflicto, conforme al numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política. A partir de ello, estimó que admitir la apelación contra la decisión que declara la falta de jurisdicción conduciría a que el superior funcional se pronunciara sobre una materia cuyo conocimiento, ante la existencia de un conflicto entre jurisdicciones, corresponde constitucionalmente a aquella alta corte.

De igual forma, el órgano colegiado convocado se refirió al numeral 1.° del artículo 5.° de la Ley 57 de 1887 y señalóRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00 SCLAJPT-11 V.00 8 que la disposición relativa a un asunto especial prevalece sobre aquella de carácter general. Con fundamento en esa regla, consideró que, frente a la particularidad de una decisión que declara la falta de jurisdicción, debía atenderse al artículo 139 del CGP, que expresamente establece que esa

sobre aquella de carácter general. Con fundamento en esa regla, consideró que, frente a la particularidad de una decisión que declara la falta de jurisdicción, debía atenderse al artículo 139 del CGP, que expresamente establece que esa providencia no es susceptible de recursos.

En respaldo de esa conclusión, acudió a la sentencia CSJ STL8384-2022, en la que esta sala de casación laboral indicó que, aun cuando por regla general son apelables los autos de primera instancia que deciden excepciones previas, el artículo 65 del CPTSS debe interpretarse y armonizarse, en virtud de la remisión prevista en el artículo 145 ib ídem, con el inciso 1.° del artículo 139 del CGP, de manera que los autos que declaran probada la falta de competencia y ordenan remitir el expediente a una autoridad distinta no son susceptibles del recurso de apelación.

A su turno, recordó que, en el proveído CSJ AL, 9 jun. 2010, rad. 46188, esta sala explicó que la restricción obedece a que, declarada la falta de competencia, el expediente debe remitirse a la autoridad que se considere habilitada para conocerlo, quien deberá pronunciarse sobre su admisión o rechazo. De ahí que permitir al superior fun cional decidir mediante apelación acerca de la competencia o jurisdicción implicaría atribuirle anticipadamente una facultad que corresponde ser definida a través del conflicto respectivo.

Al descender al caso concreto, el Tribunal censurado tuvo en cuenta que el ente territorial demandado formuló en la contestación de la demanda, entre otras, la excepción deRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00

Al descender al caso concreto, el Tribunal censurado tuvo en cuenta que el ente territorial demandado formuló en la contestación de la demanda, entre otras, la excepción deRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00 SCLAJPT-11 V.00 9 falta de jurisdicción y que, mediante auto de 08 de abril de 2026, el juzgado accionado la declaró probada, al considerar que correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de la controversia relacionada con los contratos estatales de prestación de servicios celebrados entre las partes. Como consecuencia, ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de Cali y advirtió que contra esa determinación no procedía recurso alguno.

Asimismo, advirtió que el accionante interpuso recurso de apelación contra aquella decisión y que, mediante auto proferido en la misma diligencia, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali negó su concesión, precisamente porque estimó que el artículo 139 del CGP imp ide recurrir la providencia que declaró la falta de jurisdicción. Contra esta última determinación, el interesado formuló reposición y, en subsidio, queja.

A partir de lo anterior, el órgano colegiado concluyó que la decisión del juez de primera instancia se ajustó a derecho, pues, aunque el numeral 3.° del artículo 65 del CPTSS contempla la apelación contra los autos que deciden excepciones previas, cuando la determinación adoptada consiste específicamente en declarar la falta de jurisdicción y disponer la remisión del expediente debe aplicarse la restricción prevista en el artículo 139 del CGP, conforme al

excepciones previas, cuando la determinación adoptada consiste específicamente en declarar la falta de jurisdicción y disponer la remisión del expediente debe aplicarse la restricción prevista en el artículo 139 del CGP, conforme al criterio expuesto en CSJ STL8384-2022.

Finalmente, el tribunal estimó que la circunstancia de que la falta de jurisdicción hubiera sido propuesta como excepción previa no alteraba la conclusión alcanzada, puesRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00 SCLAJPT-11 V.00 10 la naturaleza específica de la determinación adoptada imponía atender a la regla prevista en el artículo 139 del CGP y al criterio jurisprudencial citado. En ese orden, consideró acertada la negativa del juzgado a conceder la alzada y, por consiguiente, declaró bien denegado el recurso de apelación formulado por el demandante.

Así las cosas, analizado el auto censurado, es claro que es el resultado de un estudio normativo, jurisprudencial y fáctico respetable, pues está soportado en los principios de autonomía e independencia judicial; por tanto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali está lejos de configurar una violación constitucional, ya que se refirió a los hechos debatidos, hizo un ejercicio hermenéutico de los preceptos legales que rigen el asunto y valoró el material probatorio recaudado, conforme al principio de la libre formación del convencimiento; de ahí que la decisión es razonable.

En ese orden, contrario a lo alegado por el solicitante, los argumentos expuestos en el proveído cuestionado no

principio de la libre formación del convencimiento; de ahí que la decisión es razonable.

En ese orden, contrario a lo alegado por el solicitante, los argumentos expuestos en el proveído cuestionado no lucen contrapuestos a las garantías superiores invocadas, lo que descarta la configuración de los defectos señalados en el escrito inicial y, consecuentemente, la intervención del juez de tutela.

De esta manera, no resulta viable fundamentar la solicitud de resguardo en discrepancias de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural, como si se tratara de una instancia más; pues al juez constitucional no le es dableRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02375-00 SCLAJPT-11 V.00 11 sustituir, en su propia apreciación, el análisis que el funcionario judicial realizó en la toma de la decisión dentro del litigio sometido a su consideración.

En consecuencia, se negará el amparo pretendido por las razones expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR el amparo constitucional invocado, por las razones expuestas.

SEGUNDO. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no

SEGUNDO. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 5C32DE66ADCA176706C833E9E5FF5A8C06B6C8AA44DBB490AF6E29C3B668E32D Documento generado en 2026-10-06