DNP - Conpes 3385 de 2005

Documento CCoonnppeess 33338855

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación

Participación Privada en Servicios Públicos Domiciliarios – Lineamientos de Política

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DNP: DIES – DDUPA

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Comunicaciones

Versión aprobada

Bogotá, D.C., 10 de octubre de 20051 Este documento presenta a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPESlos lineamientos de política para promover la participación privada para el desarrollo y financiamiento de los servicios públicos domiciliarios.

I. INTRODUCCIÓN

La participación privada se ha consolidado como promotora del desarrollo de la infraestructura en América Latina a partir de los noventa. De acuerdo con cifras del Banco Mundial 1 , en Colombia se han registrado inversiones de capital privado en infraestructura comparables con las que se han presentado en otros países de América Latina, en un rango de 1 a 2% del PIB, siendo Chile el país que presenta los mayores niveles al registrar una inversión privada del 3 al 4% del PIB (Gráfico 1).

Gráfico 1 Inversión Privada en Infraestructura en América Latina1980-2002

Fuente: Banco Mundial, 2004, adaptado de Easterly y Serven para el documento REDI

Esta dinámica de inversión privada en América Latina ha presentado una disminución durante los últimos años. Al analizar esta desaceleración a nivel local, se deben considerar factores

Fuente: Banco Mundial, 2004, adaptado de Easterly y Serven para el documento REDI

Esta dinámica de inversión privada en América Latina ha presentado una disminución durante los últimos años. Al analizar esta desaceleración a nivel local, se deben considerar factores internos como el ciclo recesivo de finales de la década de los noventa que incidió sobre los niveles de demanda, lo cual estuvo acompañado de la pérdida del grado de inversión del país, la crisis del sector financiero local y factores externos como la reducción de los flujos de inversión en los países en desarrollo. En los últimos años, el crecimiento económico, el aumento de flujos de capital extranjero hacia el país y la recuperación del sector financiero han constituido un entorno favorable

1 Documento “Colombia Recent Economic Developments in Infrastruture – REDI: balancing social and productive needs for infrastructure”, Banco Mundial, noviembre de 2004.2 para el desarrollo de la inversión en el país. Esto se ha complementado con las políticas sectoriales orientadas a fortalecer el marco para la realización de inversiones en el desarrollo de la infraestructura y la prestación de servicios públicos.

II. ANTECEDENTES

La Constitución Política de 1991 dispuso el deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, por ser inherentes a la finalidad social del Estado. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) y la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994) establecieron bases normativas para la definición de un modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios, y para la participación privada en la provisión de estos servicios. A nivel institucional, las leyes 142 y 143 de 1994 determinaron la creación de las

prestación de servicios públicos domiciliarios, y para la participación privada en la provisión de estos servicios. A nivel institucional, las leyes 142 y 143 de 1994 determinaron la creación de las comisiones de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA; energía y gas – CREG, y telecomunicaciones – CRT, así como el marco legal para el desarrollo de la funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD-.

De esta manera, el cambio en el modelo de Estado permitió la orientación de la acción pública hacia la planeación, regulación, inspección, vigilancia y control de la provisión de bienes y servicios. En ese contexto, el Gobierno Nacional inició un proceso consistente de vinculación de inversión privada en la prestación de servicios y en la provisión de infraestructura, el cual ha sido respaldado y fortalecido por las políticas de los últimos cuatro Gobiernos.

El Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” (2002-2006) reafirma el interés del Gobierno por impulsar la participación privada y fortalecer las reglas de juego para los agentes económicos, con el objetivo de: i) fomentar la eficiencia en la construcción y operación de proyectos y servicios; ii) promover la competencia; iii) eliminar la presión fiscal que genera la financiación y operación públicas de los proyectos y servicios; iv) aumentar los flujos de inversión local y extranjera; y v) promover la democratización de la propiedad y el desarrollo del mercado de capitales. Bajo el marco normativo establecido en Colombia, y con el desarrollo de condiciones para la inversión en los diferentes sectores, se han llevado a cabo procesos para la vinculación de capital privado a proyectos estratégicos de infraestructura física desde comienzos de la década de los

Bajo el marco normativo establecido en Colombia, y con el desarrollo de condiciones para la inversión en los diferentes sectores, se han llevado a cabo procesos para la vinculación de capital privado a proyectos estratégicos de infraestructura física desde comienzos de la década de los noventa. Entre 1993 y 2003 la inversión privada en los servicios públicos, alcanzó un total estimado3 de $22.6 billones de 2004, cifra en la que el sector eléctrico aportó un total aproximado de $5.2 billones (23%), el sector de gas alcanzó los $3.7 billones (16%), las comunicaciones domiciliarias y no domiciliarias una cifra cercana a los $12.4 billones (55%) y el sector de agua y alcantarillado más de $1.3 billones (6%), (ver Gráfico2). En el Anexo se exponen a manera de diagnóstico las dinámicas experimentadas por cada sector. Gráfica 2 Comportamiento de la inversión privada en servicios públicos en Colombia Miles de millones de pesos de 2004 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total Gas Electricidad Telecomunicaciones Agua

Cálculos: DNP – DIES

De manera complementaria se han diseñado herramientas de política orientadas a consolidar el proceso de participación privada en infraestructura. Es el caso del documento Conpes 3281 de 2004 “Estrategia para adelantar un programa de aprovechamiento de activos y enajenación de participaciones de la Nación y sus entidades en empresas públicas y privadas”, que propone como

2004 “Estrategia para adelantar un programa de aprovechamiento de activos y enajenación de participaciones de la Nación y sus entidades en empresas públicas y privadas”, que propone como estrategia para el aprovechamiento de recursos de patrimonio público: i) avanzar en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas; ii) propiciar el programa de democratización de la propiedad accionaria; iii) fortalecer el mercado de capitales; iv) enfocar el Estado y los limitados recursos públicos fundamentalmente a las actividades que se enmarcan dentro de las responsabilidades del Estado Social de Derecho; y v) apoyar los proyectos de desarrollo regional de las entidades territoriales donde se ubique la actividad principal de las empresas cuyas acciones se enajenen.4 Adicionalmente, producto de la iniciativa del Gobierno Nacional en respuesta a la necesidad de generar herramientas que incentiven la confianza y la claridad en las reglas de juego para promover la inversión, fue aprobada por el Congreso de la República la Ley 963 de 2005 “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. Con esta ley se busca que el inversionista tenga la confianza y seguridad de que aquellas leyes o actos administrativos que hayan sido identificados como determinantes para tomar su decisión de invertir, se continúen aplicando durante el término del contrato de estabilidad jurídica que suscriba, el cual se podrá establecer por una duración no menor a 3 años ni superior a 20 años.

Con respecto al manejo de riesgo contractual, se han mantenido vigentes los desarrollos asociados con la Ley 448 de 1998, el Decreto 423 de 2001 y los arreglos operativos establecidos en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 2001. En dichos documentos se establecieron lineamientos

asociados con la Ley 448 de 1998, el Decreto 423 de 2001 y los arreglos operativos establecidos en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 2001. En dichos documentos se establecieron lineamientos de política de manejo de riesgo contractual del Estado en procesos de participación privada en infraestructura. Esta política se fundamenta en principios como: i) contar con información confiable para reducir la percepción de los riesgos; ii) identificación y asignación clara de los riesgos a las partes en los contratos; iii) asignación de los riesgos de manera que se minimice el costo de su mitigación; y iv) asignación de cada riesgo a la parte que mejor lo pueda controlar.

De otra parte, se ha identificado la importancia de adoptar medidas sobre factores que inciden en las decisiones de inversionistas privados, relacionados con desarrollos en temas como la estabilidad tributaria y fiscal, el marco normativo y regulatorio, y la seguridad, las cuales podrían constituirse en obstáculos al momento de evaluar inversiones. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan lineamientos de política para promover la participación privada para el desarrollo y financiamiento de los servicios públicos domiciliarios. La definición de estas políticas constituye una medida complementaria a la política establecida para adelantar un programa de aprovechamiento de activos y enajenación de participaciones de la Nación en empresas públicas y privadas, que incluye activos de los sectores de servicios públicos domiciliarios.

III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA

PARTICIPACIÓN PRIVADA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Considerando los avances en aspectos estratégicos tales como el marco normativo para el

III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA

PARTICIPACIÓN PRIVADA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Considerando los avances en aspectos estratégicos tales como el marco normativo para el manejo de riesgo contractual y la estabilidad jurídica, que inciden en la toma de decisiones de5 inversionistas privados y en su percepción de riesgo sobre la inversión al emprender proyectos para el desarrollo y financiamiento de los servicios públicos domiciliarios, a continuación se presentan lineamientos a nivel sectorial. Para su desarrollo, se considera conveniente dar continuidad en la interacción con los grupos de interés a nivel sectorial, lo cual contribuirá al proceso de puesta en marcha de los lineamientos de política que se plantean en este documento.

1. Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT ha considerado estratégico para el sector impulsar procesos de regionalización, en especial en los componentes de administración, operación y mantenimiento. Para ello es necesario evaluar la competencia que tienen los departamentos contenida en el artículo 7 de la Ley 142 de 1994 que les permite organizar asociaciones de municipios para prestar los servicios públicos, respetando en todo caso el ámbito de competencias establecidas. El MAVDT apoyaría la difusión regional de los modelos empresariales a través de los departamentos, así como el desarrollo de modelos de contrato tipo con los nuevos prestadores regionales.

Así mismo, considerando la facultad que la Ley 142 de 1994 2 le dio a las Comisiones de Regulación para agrupar, fusionar o liquidar empresas cuando esto conlleve a un mejor servicio, mayor eficiencia y aprovechamiento de economías de escala, el Gobierno Nacional promoverá

Regulación para agrupar, fusionar o liquidar empresas cuando esto conlleve a un mejor servicio, mayor eficiencia y aprovechamiento de economías de escala, el Gobierno Nacional promoverá procesos de regionalización, lo cual a su vez permitirá la conformación de mercados más atractivos para la participación privada.

Adicionalmente, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial -PME- , cuyo objetivo es incrementar los niveles de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la creación o consolidación de entidades prestadoras autónomas, que operen con esquemas de gestión empresarial, aseguren índices crecientes de eficiencia y productividad, así como la calidad de las inversiones que obedezcan a un plan de inversión integral diseñado y ejecutado por un operador especializado.

A través del Programa, el MAVDT continuará fortaleciendo todos los procesos de modernización empresarial que se encuentran actualmente en ejecución con cobertura en 24

2 Artículo 73 de la Ley 142 de 1994.6 municipios. Así mismo continuará gestionando la estructuración de nuevos proyectos incluidos esquemas regionales y de modernización.

En este sentido, el adecuado funcionamiento del PME es fundamental para mejorar las condiciones para la vinculación del sector privado en la prestación de los servicios. Sin embargo, se requiere definir un esquema que le permita operar dentro de un ambiente institucional más estable, que se traduzca en un esquema de acumulación de conocimiento en el diseño y seguimiento de los contratos con operadores en los diferentes proyectos. Si bien el PME se puede considerar un proceso innovador del que no se tenía antecedentes, es el momento para evaluar posibles ajustes que permitan dar continuidad al programa de una forma más masiva.

contratos con operadores en los diferentes proyectos. Si bien el PME se puede considerar un proceso innovador del que no se tenía antecedentes, es el momento para evaluar posibles ajustes que permitan dar continuidad al programa de una forma más masiva.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por el MA VDT con los procesos estructurados durante los últimos años, los nuevos procesos abordarán la selección de municipios que hayan manifestado su interés y compromiso de emprender las reformas y cuenten con los respectivos Acuerdos del Concejo Municipal para: i) reestructurar y reorganizar la prestación de los servicios, incluyendo la posibilidad de formar parte de esquemas regionales; ii) realizar las acciones, contrataciones y convenios necesarios para lograrlo; iii) vincular a un operador especializado en la prestación; iv) emprender una estrategia para preparar la entrega de los activos afectos a la prestación del servicio y organizar administrativa y jurídicamente el ente departamental que actúa como articulador entre la nación y los municipios y promueva la aglomeración y v) autorizar a la administración municipal para comprometer vigencias futuras de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones - SGP.

Las fuentes de financiación de los esquemas de prestación de servicio, estarán garantizadas a través de: i) consolidación y aplicación de la regulación tarifaria; ii) una mejor focalización de subsidios en usuarios con menor capacidad de pago; iii) ajustes a los mecanismos de asignación y giro de los recursos del SGP, de forma que se asegure su eficiente utilización en los procesos con participación privada; iv) asignación de los recursos del Gobierno Central siempre dentro de procesos de transformación o fortalecimiento empresarial, con prestadores regionales que cumplan los lineamientos de buenas prácticas de gobierno corporativo.

participación privada; iv) asignación de los recursos del Gobierno Central siempre dentro de procesos de transformación o fortalecimiento empresarial, con prestadores regionales que cumplan los lineamientos de buenas prácticas de gobierno corporativo.

2. Sector Eléctrico7

En el período comprendido entre 2005 - 2006, el lineamiento central de política está basado en el objetivo de consolidar la sostenibilidad del segmento de distribución de energía eléctrica, a través de la gestión administrativa al interior de cada una de las entidades, y el establecimiento de indicadores de desempeño de referencia en las áreas críticas de las empresas. En el largo plazo, período comprendido entre el 2009 a 2013 3 , para el segmento de generación de energía, es indispensable la definición de un marco regulatorio que refleje adecuadamente el riesgo de expansión y respaldo de oferta de generación de energía para el desarrollo de inversiones que satisfagan adecuadamente la demanda.

De otra parte, en las empresas distribuidoras-comercializadoras, adscritas al Ministerio de Minas y Energía, se están implementando acciones, tales como, la adopción de prácticas de gobierno corporativo, el fortalecimiento de la gobernabilidad en la gestión de las Empresas y la rendición de cuentas, sistemas de control de gestión y evaluación de resultados, con el objeto de contar con empresas enfocadas a la generación de valor, lo que resultaría en una mayor confianza de los inversionistas. Así mismo, se está adelantando el análisis técnico, financiero y legal de empresas distribuidoras – comercializadoras con participación accionaria mayoritaria de la Nación, según lo establecido en la política gubernamental definida en el Documento Conpes 3281 de 2004 para estas

distribuidoras – comercializadoras con participación accionaria mayoritaria de la Nación, según lo establecido en la política gubernamental definida en el Documento Conpes 3281 de 2004 para estas empresas. Todo esto con el fin de establecer la posibilidad de una estrategia de democratización de estas empresas.

En la actividad de comercialización, es necesario el establecimiento de desarrollos regulatorios que aseguren la prestación del servicio a los usuarios de menores recursos y el equilibrio entre los costos de comercialización, las contribuciones y los subsidios de todos los comercializadores a nivel de usuarios en un municipio, para que el criterio de eficiencia de la CREG sea convergente con los incentivos regulatorios para la universalización del servicio.

Al respecto, la expansión del sistema de distribución no se ha dado en zonas rurales porque los distribuidores en éstas zonas tienen un costo marginal superior al costo medio que le reconocen en la tarifa, y tampoco en zonas urbanas porque estos tienen que asumir unos costos financieros que se producen cuando hacen una expansión y no tiene una demanda inmediata, como es el caso de construcción de redes en zonas de expansión urbana con potencial de desarrollo.

3 Período de Análisis utilizado por la Unidad de Planeación Minero – Energética para elaborar el Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2004 – 2018.8 En 2004 se contó con una capacidad neta instalada en generación de 13.398 MW 4 y una demanda máxima de 8.332 MW. Esto, debido a la capacidad adicional instalada por los agentes privados a finales de la década de los 90 y la caída en la demanda de energía, producto de la recesión económica del mismo periodo. Los análisis para el largo plazo, período 2009 -2013,

privados a finales de la década de los 90 y la caída en la demanda de energía, producto de la recesión económica del mismo periodo. Los análisis para el largo plazo, período 2009 -2013, muestran que para el sistema es indispensable la instalación de los 660 MW hidráulicos correspondientes al Proyecto Porce III y que ante los resultados arrojados en simulaciones de eventos extremos se disponga de expansión adicional en generación de 850 MW.

Para poder iniciar estas gestiones se requiere que la CREG continúe adelantando el análisis y estudio del Mercado de Energía Mayorista y que se logre desarrollar un marco regulatorio con señales de precios que motiven la toma de decisiones de inversión privada en generación, como lo es el estudio del nuevo cargo por confiabilidad. Estos marcos regulatorios permitirían contar con elementos para el desarrollo de inversión en proyectos de generación con la capacidad suficiente para atender la demanda futura de energía eléctrica en el país. Para esto el Gobierno Nacional por medio del Conpes 3356, recomendó una serie de medidas al Ministerio de Minas y Energía –MME-, a la Unidad de Planeación Minero Energética –UPMEy a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, para que: i) adelanten las gestiones necesarias para evaluar el clima de inversión en la realización de proyectos de generación del sector eléctrico identificados en el plan de expansión, de tal forma que se consideren los cambios de política pertinentes y/o acciones que deba adelantar a través de sus entidades adscritas o vinculadas; ii) adelanten las gestiones necesarias para que el sector cuente con un nuevo cargo por confiabilidad antes de junio de 2006, y iii) realicen un seguimiento a los proyectos del plan de expansión de

1. adelanten las gestiones necesarias para que el sector cuente con un nuevo cargo por confiabilidad antes de junio de 2006, y iii) realicen un seguimiento a los proyectos del plan de expansión de generación, especialmente posterior a la expedición del marco regulatorio por parte de la CREG del nuevo cargo por confiabilidad.

Así mismo se recomienda adoptar esquemas que permitan establecer un marco regulatorio que considere adecuadamente los requerimientos técnicos del sistema, tales como las necesidades de soporte de tensión, generaciones mínimas de estabilidad, y seguridad y servicios complementarios 5.

4 Datos Preliminares, Fuente MME. 5 Según el código de redes: i) todas las plantas del SIN están obligadas a participar en el control de tensión, por medio de la generación o absorción de potencia reactiva de acuerdo con la curva de capacidad declarada en los formatos de capacidad; y ii) la generación mínima de seguridad hace referencia a la generación requerida para soportar la tensión y aliviar sobrecargas en zonas del STN, STR o SDL.9

3. Sector Gas

El documento Conpes 3244 de septiembre de 2003 “Estrategias para la dinamización y consolidación del sector gas natural en Colombia” estableció como lineamientos de política y estrategias los siguientes: i) reglamentación del artículo 8 de la Ley 812 de 2003, que hace referencia al desmonte de los subsidios de combustibles líquidos en el mercado; ii) homogenización de los períodos de indexación de los combustibles; iii) reglamentación de las exportaciones de Gas Natural y; iv) dar viabilidad el negocio de transporte de gas natural al interior del país en el largo plazo, mediante la coordinación de instrumentos, la reestructuración empresarial y el uso eficiente

Natural y; iv) dar viabilidad el negocio de transporte de gas natural al interior del país en el largo plazo, mediante la coordinación de instrumentos, la reestructuración empresarial y el uso eficiente de la canasta de energéticos sobre la base de mecanismos de mercado. En desarrollo de lo anterior, se autorizó a la Nación para que adelante el proceso de vinculación de capital privado al negocio de transporte de gas asociado a la empresa ECOGAS. Los objetivos de política energética buscan mejorar la oferta de energía, reducir los costos de prestación, y promover la conservación y el uso racional de los recursos energéticos. Para el cumplimiento de estos objetivos el impulso a la industria del gas natural es prioritario dado que es un combustible más económico en relación con sus sustitutos energéticos. Las principales líneas de acción de los objetivos de política son: i) masificar el consumo de gas natural en las ciudades y gas licuado de petróleo en las zonas rurales; ii) incentivar la participación privada en la producción iii) reflejar los componentes de costos de producción y prestación de los servicios en los precios; y iv) procurar adicionar nuevas reservas de gas natural por medio de la creación de nueva demanda permitiendo aumentar las exportaciones del mismo.

4. Sector Telecomunicaciones

El Gobierno Nacional continuará promoviendo la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y orientando el desarrollo del sector de acuerdo con las tendencias mundiales de convergencia tecnológica, competencia y globalización. Para estos efectos se recomienda implementar las siguientes estrategias:

• Fomentar el fortalecimiento de los portafolios de servicios de los prestadores: en atención a la reciente evolución del sector de telecomunicaciones en el ámbito mundial,

Para estos efectos se recomienda implementar las siguientes estrategias:

• Fomentar el fortalecimiento de los portafolios de servicios de los prestadores: en atención a la reciente evolución del sector de telecomunicaciones en el ámbito mundial, caracterizada entre otros por la integración de diversos servicios y redes, se recomienda fomentar el fortalecimiento de los portafolios de servicios ofrecidos por los prestadores de servicios públicos10 domiciliarios, a través de la integración de servicios complementarios, tanto domiciliarios como no domiciliarios.

Para estos efectos, se recomienda a los prestadores, sin perjuicio de la autonomía que tienen las empresas para tomar sus propias decisiones, evaluar las diferentes alternativas que les permitan entrar en nuevos mercados, considerando entre otras: i) estudiar la conveniencia de prestar directamente nuevos servicios, considerando para ello la vinculación de capitales privados; ii) evaluar la viabilidad y conveniencia de vincular aliados estratégicos a sus operaciones empresariales; y iii) analizar otros posibles esquemas que les permita entrar en nuevos mercados y fortalecer sus portafolios de servicios.

Las alternativas que sean definidas por los diferentes prestadores para permitir su entrada en nuevos mercados, se deberán ajustar al marco legal vigente, deberán atender la política de manejo del riesgo contractual del Estado para procesos de participación privada en infraestructura, en los eventos que sea pertinente, y deberán capitalizar la experiencia que se tiene en el sector en materia de participación privada en la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones. De la misma manera, las opciones determinadas deberán garantizar la continuidad en la prestación de los servicios que ofrecen actualmente.

• Proceso de liquidación de los contratos de asociación a riesgo compartido: mediante el

manera, las opciones determinadas deberán garantizar la continuidad en la prestación de los servicios que ofrecen actualmente.

• Proceso de liquidación de los contratos de asociación a riesgo compartido: mediante el Documento Conpes 3268 de febrero de 2004 se establecieron los lineamientos para la posible solución negociada de las controversias resultantes de los contratos de asociación a riesgo compartido suscritos por Telecom y las Teleasociadas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento como producto de la implementación de tales lineamientos, se recomienda mantener la política gubernamental dispuesta en tal documento y así continuar la búsqueda de soluciones negociadas a las mencionadas controversias, en la mediada que sea viable técnica, económica y jurídicamente. El adecuado desarrollo de este proceso aportará elementos para la estructuración y ejecución de procesos de vinculación de inversionistas privados en el sector telecomunicaciones.

• Marco institucional, normativo y regulatorio del sector: se recomienda tomar en consideración en el desarrollo del marco de prestación de los servicios de comunicaciones, la aplicación de los siguientes principios generales de: i) competencia y neutralidad tecnológica,11 estimulando la prestación de los servicios en condiciones de eficiencia; y ii) convergencia, haciendo posible la confluencia de redes, terminales y servicios.

En este sentido, se recomienda al Ministerio de Comunicaciones, dentro del ámbito de sus competencias, emprender las tareas necesarias para promover un marco normativo integral para el sector, en el que se evalúe la actual clasificación de los servicios de telecomunicaciones, para permitir que el sector se adecue al dinamismo propio del desarrollo tecnológico. Este marco normativo promoverá el acceso al mercado en condiciones de igualdad, considerando la equidad en materia de obligaciones y derechos de los operadores.

permitir que el sector se adecue al dinamismo propio del desarrollo tecnológico. Este marco normativo promoverá el acceso al mercado en condiciones de igualdad, considerando la equidad en materia de obligaciones y derechos de los operadores.

Así mismo, se recomienda que en el desarrollo del marco regulatorio se evalúen las posibles distorsiones del mercado debidas a la regulación por servicios y se tengan en cuenta condiciones que fomenten la competencia en el entorno de convergencia.

IV. RECOMENDACIONES

El Departamento Nacional de Planeación –DNP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP, el Ministerio de Minas y Energía –MME, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -.MAVDT recomiendan al CONPES:

1. Aprobar los lineamientos de política presentados en este documento.

2. Encargar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al Departamento Nacional de Planeación la evaluación del Programa de Modernización Empresarial y la presentación de una propuesta de estructura organizacional y proyectos normativos que permitan apoyar la transformación empresarial y asistencia técnica, en la estructuración de procesos de vinculación de operadores especializados.12

3. Solicitar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial continuar con la promoción de la participación del sector privado, los trabajadores y el sector solidario en los servicios públicos domiciliarios y desarrollar programas para fomentar la participación de los usuarios en el capital de las empresas, en el marco de los procesos liderados por el Programa de