DNP - Conpes 80 de 2004

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Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación

““PPOOLLÍÍTTIICCAA PPÚÚBBLLIICCAA NNAACCIIOONNAALL DDEE DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD””

Ministerio de la Protección Social y entidades adscritas y vinculadas Ministerio de ComunicacionesMinisterio de Transporte Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio de Educación y entidades adscritas y vinculadas Ministerio de Cultura-Ministerio de Justicia y del Interior Consejería Presidencial de Programas Especiales Consejería Presidencial para la Política SocialRed de Solidaridad Social

DNP-DDS-SS

Versión Aprobada

Bogotá, D.C., 26 Julio de 20042

INTRODUCCIÓN

Este documento somete a consideración del Conpes Social la política pública de discapacidad y los compromisos para su implementación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, “Hacia un Estado Comunitario”, así como las estrat egias para su desarrollo con la participación de las instituciones del Estado en las diferentes entidades territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía.

La condición de discapacidad, así como el riesgo de padecerla, constituyen situaciones que en alguna medida menoscaban las capacidades y potencialidades de los individuos que las padecen, y de las familias donde alguno de sus miembros sufre discapacidad, siendo mayor su efecto cuanto más

alguna medida menoscaban las capacidades y potencialidades de los individuos que las padecen, y de las familias donde alguno de sus miembros sufre discapacidad, siendo mayor su efecto cuanto más vulnerables sean respecto a su capacidad para prevenirlas, mitigarlas o superarlas, lo cual adquiere mayor dimensión si se enfrentan con barreras sociales y culturales que impiden su adecuada integración y funcionalidad en la sociedad.

II. MARCO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD

El concepto de discapacidad ha evolucionado desde una perspectiva biomédica 1 hacia una visión más amplia y de carácter social (integración social) que involucra el entorno, la sociedad y la cultura 2. El problema de discapacidad no es una enfermedad o at ributo de la persona, esta condición incluye elementos que se relacionan con la presencia de prácticas, factores sociales y culturales negativos que limitan la integración social de las personas, que afectan el reconocimiento, el desarrollo de las capacidades y funcionalidades como individuos pertenecientes a la sociedad. Esta situación menoscaba la capacidad económica de la familia (aumentando la vulnerabilidad de la misma) al tener ésta que disponer de mayores recursos en la manutención y cuidados de una persona potencialmente productiva, que no lo es debido a factores sociales y culturales.

Lo anterior amplía el espectro de la solución de la problemática; por tanto, se requiere un enfoque que permita integrar el ambiente social, cultural y familiar a la reducción y superación de la problemática, exigiendo con ello acciones colectivas y cambios sociales.

1 Este modelo biomédico considera la discapacidad como un problema del individuo afectado cau sado principalmente por un

que permita integrar el ambiente social, cultural y familiar a la reducción y superación de la problemática, exigiendo con ello acciones colectivas y cambios sociales.

1 Este modelo biomédico considera la discapacidad como un problema del individuo afectado cau sado principalmente por un problema de salud o enfermedad, el cual es superado por medio de la atención y el apoyo de los avances tecnológicos. 2 Esta se enfoca en los problemas de integración social de la s personas con discapacidad. Así la discapacidad no es sólo un problema del individuo o de la familia, sino que esta definida por un sinnúmero de condiciones ambientales, económicas y culturales.3 Los enfoques del Manejo Social del Riesgo 3 (MSR), y del Sistema de Protección Social (SPS) permiten replantear las áreas tradicionales sobre las cuales se ha venido desarrollando el tema de la discapacidad. El enfoque del MSR 4 se basa en la idea que todas las personas, hogares y comunidades son vulnerables a diferentes riesgos, centra sus herrami entas más allá de los instrumentos que permiten manejar adecuadamente el riesgo, promoviendo la disposición a asumirlos y proporcionar apoyo a quienes son más pobres. Se soporta en tres niveles de manejo del riesgo (informal, mercado y público); tres estrategias para abordar el riesgo: reducción del riesgo (prevenir, promover), mitigación del riesgo (asegurar contra la contingencia), y superación (aten der, equiparar oportunidades, habilitar y rehabilitar); y la organización y coordinación de la acción conjunta y articulada de diferentes actores (personas, hogares, comunidades, ONGs, niveles de gobierno y organizaciones internacionales).

En consecuencia, para los fines de la presente política, se considera a la condición de

y la organización y coordinación de la acción conjunta y articulada de diferentes actores (personas, hogares, comunidades, ONGs, niveles de gobierno y organizaciones internacionales).

En consecuencia, para los fines de la presente política, se considera a la condición de discapacidad y al riesgo de padecerla, como el conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún momento del ciclo vital. Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un problema de salud individual, y por tanto afecta al individuo en relación con su familia y en su integración social. La discapacidad no necesariamente es una desventaja; es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que genera tal condición5.

La reducción de la condición de discapacidad y del riesgo de padecerla, superan la acción sectorial y territorial, lo que señala la importancia de generar estrategias transversales y coordinadas que involucren a los diferentes ámbitos y sectores en su prevención, mitigación y superación.

El anexo 1, esquematiza las características del riesgo asociados a discapacidad: las fuentes, correlación, frecuencia e intensidad.

En cuanto a la prevención, se busca impulsar procesos individuales y colectivos con el fin de evitar la aparición de la condición de discapacidad (reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados a tal condición). La construcción de entornos protectores exige la transformación de los hábitos, actitudes y comportamientos, personales y colectivos. Por tanto, las políticas, estrategias e intervenciones,

asociados a tal condición). La construcción de entornos protectores exige la transformación de los hábitos, actitudes y comportamientos, personales y colectivos. Por tanto, las políticas, estrategias e intervenciones,

3 Holzmann y Jorgensen. “Manejo Social del Riesgo: Un nuevo marco conceptual para la protección social y mas allá”. Documento de trabajo Nª 0006. Banco Mundial, febrero de 2000. 4 El MSR se enfoca en el hogar y las familias, se fundamenta en la participación de la sociedad civil, el sector privado y el Estado. 5 RÄDDA BARNEN, Save the Children Swedish. Los derechos de los/as Niños/as con Discapacidades, ¿Cómo se monitorea el progreso?, Art N° 96-1046, Estocolmo, Diciembre de 1996.4 de corte transversal, deben apuntar a la reducción de lo s factores de riesgo, no sólo asociados al estado de salud individual, sino frente a riesgos relacionados con la situación nutricional; el aprendizaje, el desarrollo de capacidades y habilidades laborales; los riesgos ocupacionales; eventos y situaciones sociales, como el embarazo de adolescentes 6; la violencia 7; el conflicto armado 8; la accidentalidad 9 y las barreras para la integración social y productiva en el entorno social y cultural. Desde esta perspectiva, la discapacidad se constituye en un riesgo social.

De otra parte, la mitigación hace referencia a las estrategias utilizadas para reducir el impacto o repercusión del evento, en el individuo y la familia, en caso de que el riesgo se materialice entre aquellos individuos y grupos sociales especialmente vul nerables. Los sistemas de pensiones, de riesgos profesionales, y de salud a través del aseguramiento son las principales estrategias y acciones en este

individuos y grupos sociales especialmente vul nerables. Los sistemas de pensiones, de riesgos profesionales, y de salud a través del aseguramiento son las principales estrategias y acciones en este sentido. Las estrategias y acciones de mitigación se establecen antes de que el evento ocurra.

Las estrategias de superación son las dirigidas a disminuir o superar el impacto generado por la materialización del riesgo sobre la persona, la familia o la comunidad. Ante los eventos negativos, éstos y el Estado actúan de diferente forma con el fin de ot orgar instrumentos que les permitan recuperar su condición inicial o aliviarla ante los hechos irreparables. Esto incluye, entre otros, mecanismos que procuran la igualdad de condiciones en términos de lograr la mayor autonomía posible en las actividades que conforman el quehacer cotidiano de las personas, integración social; lo cual tendrá a su vez un efecto positivo y protector en las familias con personas con discapacidad. Estas estrategias funcionan una vez se produce el evento.

Con relación a la integración social y exclusió n, las personas con discapacidad y sus familias tienen el derecho a que se remuevan las cargas desproporcionadas que les impiden integrarse cabalmente a la sociedad, pero también tienen el deber de participar, de no autoexcluirse, de considerar que son parte activa de la sociedad y de superar el imaginario de que la discapacidad es un fuero con el que sólo se exigen beneficios y asistencia del Estado, haciendo prevalecer supuestos "derechos adquiridos" sin ejercer

6 La fecundidad en adolescentes se ha incrementado al pasar de tasas de 80 por mil mujeres (10-14 años antes de la encuesta ENDS-2000) a 85 por mil mujeres (0-4 años antes de la encues ta ENDS-2000). Cabe señalar que al comparar el periodo 5-9

ENDS-2000) a 85 por mil mujeres (0-4 años antes de la encues ta ENDS-2000). Cabe señalar que al comparar el periodo 5-9 años antes de la ENDS de 2000 (97 por mil mujeres), la tasa disminuyó. Profamilia, Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá D.C., 2000. 7 El 47% de los dictámenes por lesiones personales son por viol encia común y el 30% por violenci a intrafamiliar. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Diciembre de 2002 . 8 La mayoría de personas con discapacidad derivada del conflicto armado son de escasos recursos económicos. El conflicto causa discapacidad física, psicológica y laboral, que afecta a los excombatientes y a sus familias. Estas personas y familias son segregadas y excluidas. Discapacidad por guerra en Antioquia, Estudio descriptivo. IOM-ConfePaz-USAID. Agosto 2002. 9 En Colombia hay un muerto cada 83 minutos, un herido cada 11 minutos. Las muertes disminuyeron el 3.1% y los heridos en un 8.1% en 2001. El índice de accidentalidad para 2001 fue del 5.57 por mil habitantes y el de mortalidad fue de 14.7 por 100 mil habitantes. Fondo de Prevención Vial: www.fonprevial.org.co.PDF/Est2001Resu/AccCol2001Res.pdf5 deberes10. En este orden de ideas, la estigmatización negativa, la imputación de inferioridad, el imaginario de la sociedad y de la persona con discapacidad, deben ser superadas por la persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado.

En conclusión, el enfoque sobre discapacidad ha evolucionando hacia la integración social de

de la sociedad y de la persona con discapacidad, deben ser superadas por la persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado.

En conclusión, el enfoque sobre discapacidad ha evolucionando hacia la integración social de quienes la padecen, en el marco de una protección social que garantice a toda la población (no sólo a grupos poblacionales específicos) la igualdad de oportunidades, las herramientas para el manejo del riesgo y las intervenciones para superar situaciones de crisis.

Es evidente que las estrategias expuestas no son excluyentes entre si. Es decir, existen superposiciones y fronteras entre ellas, por lo cual habrá acciones que a la vez previenen y mitigan, mitigan y superan, o reducen y superan.

II. ANTECEDENTES

La Constitución Política de 1991, consagró el pape l del Estado en la protección especial para los “grupos marginados o desaventajados de la sociedad que, en razón a su situación suelen ver limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos fundamentales"11. Particularmente, en su artículo 47, define que el Estado debe adelantar una política de integració n social para los discapacitados. De esta manera la acción del Estado colombiano se ha desarrollado ba jo los preceptos y principios constitucionales y en respuesta a la preocupación internacional y regional sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad12.

Hasta 1994, existieron en el país una multiplicidad de programas que buscaban abordar la situación de discapacidad con énfasis en atención a la población con discapacidad. No obstante, la articulación de estos programas fue bastante limitada, entre otras razones, por la carencia de una política explícita del Estado. A partir de 1995, se han impulsado políticas y programas con el fin de reducir el

articulación de estos programas fue bastante limitada, entre otras razones, por la carencia de una política explícita del Estado. A partir de 1995, se han impulsado políticas y programas con el fin de reducir el riesgo de la población a la discapacidad e intervenir en aquellas que la presentan. Adicionalmente, se han

10 Corte Constitucional. Sentencia T-595-02. 11 Constitución Política de 1991, artículos 13, 24, 47, 54 y 68. Corte Constitucional, Sentencia T-595-02. 12 “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” –85ª sesión plenaria, de la Asamblea de las Naciones Unidas reunida el 20 de diciembre de 1993-, cuyo componente fue tomado de las experiencias que dejó el “Decenio de la Naciones Unidas para los Impedidos” –1983-1992. También cabe citar, entre otras, las declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo social, sobre los Derechos del Retrasado Mental y de los Impedidos, al igual que la que adopta el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, así como la resolución sobre los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental.6 diseñado instrumentos en procura de garantizar de mejor forma la promoción, prevención, habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades, frente al riesgo o condición de discapacidad13.

Los avances del Estado y la sociedad se han expresado en: (1) el desarrollo de un marco normativo amplio, que reconoce los derechos y determina deberes de los diferentes actores, junto con la ratificación de convenios internacionales (anexo 2); (2) la construcción de una política pública con

normativo amplio, que reconoce los derechos y determina deberes de los diferentes actores, junto con la ratificación de convenios internacionales (anexo 2); (2) la construcción de una política pública con participación de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales14; y (3) la creación de redes institucionales gubernamentales y no gubernamentales. Todo lo anterior mediante un diseño institucional que busca prevenir, brindar atención e incrementar la cobertura en los sistemas de seguridad social (en particular en salud y pensiones), además de promover la equiparación de oportunidades para las personas en condición de discapacidad. Estos elementos se hacen presentes en la formulación y ejecución de programas nacionales y locales, por parte de las entidades del Estado y de la sociedad civil.

III. SITUACIÓN ACTUAL

Esta sección comienza presentando la síntesis de la situación actual, posteriormente se caracteriza la situación de la discapacidad en Colombia. Subsiguientemente, presenta las acciones que se han venido adelantando de acuerdo con las estrategias del Manejo Social del Riesgo, para finalizar con al descripción de la institucionalidad actual.

1. Síntesis

El diagnóstico de la situación actual permite ap reciar, cinco tipos de dificultades: (i) limitaciones en los sistemas de información, registro, vigilancia , evaluación y seguimiento de los riesgos y de la condición de discapacidad, (ii) desconocimiento de la s características, suficiencia y eficacia de los mecanismos existentes para la prevención, mitigación y superación de la materialización del riesgo, a nivel individual y familiar, (iii) falta de articulación de competencias, estrategias y programas entre los diferentes sectores y niveles territoriales del Estado, y de éstos con las organizaciones de la sociedad civil,

nivel individual y familiar, (iii) falta de articulación de competencias, estrategias y programas entre los diferentes sectores y niveles territoriales del Estado, y de éstos con las organizaciones de la sociedad civil, (iv) limitada capacidad de la comunidad y de la sociedad para hacer objetiva la percepción de que los riesgos no sólo afectan a los individuos en particular, sino que además tienen implicaciones económicas y

13 Conpes 2761 de 1995 y Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002. 14 Consejería Presidencial para la Política social, Corporación Andina de Fomento. “Política Pública en Discapacidad, metodología para la formación”, Bogotá D.C. Septiembre de 2 002 y Presidencia de la República, Consejería Presidencia de Programas Especiales, Red de Solidaridad Social. Bogotá D.C. “B ases para la formación de política pública en discapacidad”, Bogotá D.C., 2003.7 sociales como colectivo, lo cual exige corresponsabilidad en el manejo de los problemas, y (v) en materia de empleo, más que el diseño de una política para la integración laboral de las personas con discapacidad, se trata de conjugar los elementos que permitan armonizar la política de empleo del país con el fin de garantizar el acceso a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones para esta población.

2. Caracterización de la situación de discapacidad en Colombia

Esta sección toma como referencia la información disponible proveniente de diversos estudios y fuentes. En los anexos 3 y 4 se presenta un resumen de diferentes estudios con sus principales hallazgos.

Cuantificación de la prevalencia de la condición de discapacidad.

En la medida en que la condición de discapacidad se define y cuantifica metodológicamente en

Cuantificación de la prevalencia de la condición de discapacidad.

En la medida en que la condición de discapacidad se define y cuantifica metodológicamente en forma diferente en cada uno de los estudios analizados, los porcentajes de personas con discapacidad en el país varían de acuerdo al estudio. El Censo de 1993, considera la discapacidad desde el punto de vista de la condiciones de salud y biológica del individuo. Con base en este, la discapacidad afecta al 1.8% de la población. Los demás estudios, incorporan conceptos complementarios. El realizado por el Ministerio de Educación en convenio con el DANE, incorpora los conceptos de equiparación de oportunidades y de participación social, y como el Censo, cuantifica a las personas en esta condición en 1.8%. Los conceptos de discapacidad incorporados en estos dos estudios, y otros más generales, son considerados por el de la Gobernación y la Universidad del Valle. Su estimación de prevalencia es de 4%. Finalmente, el de la Universidad Javeriana y la Vicepresidencia de la República, encuentra una prevalencia de 23.6%. Es claro que las diferencias en cobertura de estos estudios hacen no comparables sus estimaciones de prevalencia de la condición de discapacidad15.

Se observa, que el país no cuenta con un regist ro sistemático que permita precisar tanto la incidencia como la prevalencia de la condición de discapacidad en el nivel nacional. Se han dado avances en algunos municipios y departamentos. La debilidad en los sistemas de información dificulta la formulación correcta de políticas encaminadas a modificar el riesgo y la condición de discapacidad. Las fuentes de información adolecen de problemas de comparación entre sí y presentan limitaciones y diferencias de definición de la situación de discapacidad, de cobertura y metodología. Los estudios no

fuentes de información adolecen de problemas de comparación entre sí y presentan limitaciones y diferencias de definición de la situación de discapacidad, de cobertura y metodología. Los estudios no

15 Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se es tima en el 12% (OPS/OMS. “Resumen de discapacidad en las América”. www.ops.org.ni/opsnic/tematicas/rehabilita/resumen_americas.htm#cifras_discapacidad, Oct. 27 de 2003)8 permiten precisar la magnitud actual de la condición de discapacidad tal y como este documento la define, sus consecuencias y causas, como tampoco su caracterización, o sus factores de riesgo.

No obstante las restricciones, los diferentes estudios coinciden en que en Colombia: (i) la discapacidad aumenta con la edad, siendo mayor su incidencia a partir de los 45 años; (ii) la diferencia entre géneros no es significativa; (iii) las principales causas se asocian a enfermedad general (43% - 46%) y violencia16 (11-15%); (iv) el nivel educativo exhibido entre las personas y hogares con discapacidad en promedio es mucho menor frente a la población sin discapacidad; (v) la participación social de la personas con discapacidad es baja17; (vi) las familias con personas con discapacidad en su seno son más vulnerables económicamente; y (vii) las restricciones para el desarrollo de actividades y el acceso a salud, educación y trabajo entre otros, se deben en parte a las actitudes de la comunidad, lo cual genera barreras de acceso en las instituciones.

3. Acciones que se han venido adelantando de acuerdo a las estrategias del MSR

3.1 Prevención

La respuesta del Estado y de la sociedad colombiana para la prevención de la discapacidad, ha ido

barreras de acceso en las instituciones.

3. Acciones que se han venido adelantando de acuerdo a las estrategias del MSR

3.1 Prevención

La respuesta del Estado y de la sociedad colombiana para la prevención de la discapacidad, ha ido más allá de la regulación18. Se expresa también en las ejecutorias de la Nación y de entidades territoriales para la puesta en marcha de sistemas que permitan monitorear y vigilar las causas de enfermedad asociadas a discapacidad19, así como en el desarrollo e implementación de estrategias preventivas en torno al ciclo vital de la personas y las familias, expresadas en la promoción de estilos de vida, actitudes y comportamientos saludables, estrategias de promoción como las escuelas saludables, la determinación de las principales causas de discapacidad, y la inversión en diferentes programas de prevención.

16 Los hombres aportan casi un millón de años perdidos más que las mujeres a expensas del grupo de lesiones, intencionales principalmente. Ministerio de Salud, Mortalidad y años de vi da ajustados por discapacidad como medidas de carga de la enfermedad Colombia 1985-1995. 17 Entendida como participación en actividades con la familia, comunitarias, religiosas, económicas, deportivas, académicas, gremiales, cívicas, entre otras. 18 Se pueden mencionar, entre otras: la creación del Sistema N acional de Prevención y Atención de Desastres; la formulación de políticas contra las diferentes formas de violencia y exclusión; el establecimiento de políticas sobre salud ocupacional; la Ley 100 de 1993 que establece el sistema de seguridad social integral (pensiones, salud, riesgos profesionales); la Resolución 412 de 2000 y normas complementarias, donde se establecen las actividade s, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y

de 1993 que establece el sistema de seguridad social integral (pensiones, salud, riesgos profesionales); la Resolución 412 de 2000 y normas complementarias, donde se establecen las actividade s, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. 19 Pueden mencionarse sistemas de vigilancia en salud pública como el SIVIGILA, y el SISVAN.9 Como se observa, existen acciones encaminadas a reducir el riesgo y la morbilidad, y en consecuencia, a reducir el riesgo de discapacidad. Sin embargo, hacen falta acciones de prevención con evidencia de ser costo–efectivas y eficaces, que además se enfoquen en los determinantes económicos, culturales y sociales. Las debilidades de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la carencia de una gestión orientada a la administración y reducción de riesgos de acuerdo a su potencial para inducir daño y a la vulnerabilidad de la población, limitan el mejor conocimiento de la problemática, la eficiencia y eficacia de la inversión y los logros alcanzados.

Por ejemplo, la escuela tiene una baja participación en la detección de las deficiencias 20, y por ende en prevención de la situación de discapacidad. Este resultado parece ser contradictorio con el hecho de que el 36.4% de las entidades territoriales que han desarrollado “escuelas saludables” realizan filtros de salud oral, auditiva y visual y sólo en el 6% controles de crecimiento y desarrollo 21. Es evidente, la importancia de realizar acciones de detección temprana y de homogenizar el tipo de acciones que deben

de salud oral, auditiva y visual y sólo en el 6% controles de crecimiento y desarrollo 21. Es evidente, la importancia de realizar acciones de detección temprana y de homogenizar el tipo de acciones que deben realizar las instituciones educativas sobre este tema, dado que los niños y jóvenes pasan gran parte del día en las aulas de clase22.

3.2 Mitigación

Aseguramiento en salud. El anexo 5 presenta la cobertura indicativa del régimen subsidiado, RS, para el año 2000 por edad y sexo. La afiliación al régimen subsidiado de la población pobre muestra bajas coberturas para los menores de 5 y de 20-54 años con relación a los demás grupos de edad. Las mayores coberturas se concentran en la población mayor de 45 años, lo que indica una preocupación por parte de los municipios por proteger de las contingencias en salud a los grupos de mayor edad. De otra parte, las personas con limitación sensorial y motora son las de menor afiliación al RS.

La baja cobertura en la afiliación al RS de la población infantil, unido al índice de población infantil afiliada con limitaciones, puede constituirse en un elemento que incremente la vulnerabilidad de las familias en el futuro, así como tener un impacto de sfavorable en los costos de atención para la familia y la sociedad. Lo anterior indica que la focalización, dado el actual marco legal, puede ser mejorada, pues la norma señala como prioridad de afiliación a los niños recién nacidos. De otra parte, en los anexos 6 y 7

20 Gobernación del Valle, Universidad del Valle. “Prevalencia de Discapacidad en el Departamento del Valle del Cauca”, agosto de 2001.

20 Gobernación del Valle, Universidad del Valle. “Prevalencia de Discapacidad en el Departamento del Valle del Cauca”, agosto de 2001. 21 Boletín de la Red Colombiana de Escuelas Saludables, 6 de ma rzo de 2003. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, ICBF, OPS y Secretaría de Salud de Cundinamarca. 22 La jornada en primaria es de 25 horas semanales y en básica secundaria de 30 (alrededor de 8 horas diarias).10 se observa que entre quienes sufren algún tipo de limitación, los que padecen limitación física representan más del 70% de la afiliación al RS en este grupo.

En términos generales para 2003, la población asegurada, a los regímenes contributivo 23 (12,3 Mll. afiliados) y subsidiado (11,7 Mll. afilia dos), representa el 54% del total de la población 24; implica esto que cerca del 46% de la población del país no tiene garantizado el financiamiento de acciones individuales de promoción y prevención ni la protección financiera para atender las contingencias en salud.

Aseguramiento frente a riesgos profesionales. Para el año 2003 se ha logrado afiliar a 4,86 millones trabajadores. Sin embargo, aún se presentan grandes niveles de evasión que implican mayor riesgo social en torno a discapacidad 25. El riesgo social por discapacidad se visualiza si se tiene en cuenta que la población trabajadora asciende a 16.5 Mll. de ocupados, la mayoría de los cuales son trabajadores independientes e informales.

Las tasas de morbilidad profesional disminuyeron desde 1996 (2.3 por mil) a 1999 (1.4 por mil)

independientes e informales.

Las tasas de morbilidad profesional disminuyeron desde 1996 (2.3 por mil) a 1999 (1.4 por mil) en el caso de los trabajadores afiliados a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) del ISS, que cuenta con el mayor número de afiliados en el país. Para las ARP privadas la tasa de morbilidad ha aumentado 0.4 por mil a 1.5 por mil, en el mismo período, pudiendo relacionarse con el incremento de la afiliación y mejor registro de información26. La tasa de accidentalidad, de 1996 a 1999 se mantuvo constante para las ARP privadas (4,45–4,5 por cada mil) . La siniestralidad mantiene tasas de crecimiento del 60% en promedio y tiende al alza, así como también aumenta la tasa de siniestralidad bruta 27. Estos hallazgos son interesantes si se tiene en cuenta que las ARP deben invertir recursos para promoción y prevención.

Por otra parte, la tasa de trabajadores declarados con invalidez se incrementó de 1996 a 1999 (0.08 a 0.3 por cada mil) para las mismas entidade s. Las juntas de calificación de invalidez, presentan dificultades en su operación, procedimientos a