JEP - Auto SRVR-04-00-117-20 03-septiembre de 2020

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE

RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN

DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 202003006438

Para responder citar el numero 202003006438

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD

Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS

AUTO SRVNH -04/00-117/20

Bogotá D.C., jueves, 3 de septiembre de 2020 Radicación 202003006438 Asunto La Situación territorial de Urabá caso No. 004 ordena diligencia de Testimonio del señor

ÁLVARO VILLARRAGA.

Fecha de reparto No aplica

I. ASUNTO POR RESOLVER La Magistrada relatora de la Situación territorial Urabá, Caso No. 04 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante la Sala de Reconocimiento o SRVR), de la

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 202003006438

Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP), en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias ordena la diligencia de testimonio del

señor ÁLVARO VILLARRAGA.

I. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento profirió el Auto No. 040 avocando conocimiento de la Situación territorial de la región de Urabá,

nombrando como relatora de la situación a la magistrada Nadiezhda Henriquez Chacín para investigar: … los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó, cometidos presuntamente por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública, sin perjuicio de la aplicación del principio de conexidad por hechos, víctimas y presuntos responsables1. .

2. Hasta 5 de agosto de 2020, el despacho relator ha vinculado a (242) personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (ejército 1 JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR No.040/2018. Sobre la situación territorial de la región de Urabá.

Disponible en el sitio oficial: www.jep.gov.co. Consultado 4/1/2020.

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 nacional)2, exmiembros de FARC-EP3 y terceros civiles4, mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá y ha corrido traslado de los informes que las comprometen con la Situación, poniendo a su disposición el expediente de la Situación territorial de Urabá (en adelante: expediente de Urabá) que reposa

en la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento.

3. Durante el desarrollo procesal de la Situación Territorial Urabá se han adelantado cinco (5) “Diligencias colectivas de construcción dialógica de la verdad” con los comparecientes notificados, centradas en los primeros diez años del conflicto armado en Urabá, con actas y anexos. Han sido expedidos 193 autos de trámite solicitando información, ampliación y/o coordinación interinstitucional. Se han realizado reuniones con diferentes órganos de la JEP y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante: Sistema Integral o SIVJRNR) para la identificación y acceso a la información que requiere el caso. Han sido ordenadas y practicadas inspecciones 2 JEP. Salas de Justicia. Auto de despacho SRVNH-04/01-01/19 de 10 de junio de 2019 (20193240122743).

Notificación y puesta a disposición del expediente a “personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (ejército nacional)” mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá, radicada como Situación No. 004 por Auto SRVR No. 40 de 11 de septiembre de 2018; JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR 04 de 2020 de 13 de enero de 2020. Llamamiento a versión voluntaria, traslado de información y comunicación a las víctimas. Compareciente: Alfonso Romero Buitrago. 3 JEP. Salas de Justicia. Auto de despacho SRVNH-04/02-01/19 de 11 de junio de 2019 (20193240144833). Notificación y puesta a disposición del expediente a “exintegrantes de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP” mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá, radicada como Situación No. 004 por Auto SRVR No. 40 de 11 de septiembre de 2018. 4 JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR 95 de 2020 de 17 de junio de 2020. Vinculación, puesta a disposición del expediente y los informes que lo comprometen y llamamiento a versión voluntaria del señor MARIO ZULUAGA ESPINAL, cuyo sometimiento voluntario fue admitido por la JEP en su condición de tercero civil, y relacionado a hechos y conductas del Caso 04. 3

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 judiciales a por lo menos 284 expedientes y han sido incorporados al expediente 30 informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

4. El despacho relator de la Situación territorial de Urabá ha acreditado como interviniente especial en calidad de víctimas a 35176 individuos que corresponden a 103 sujetos colectivos, discriminados así: 9 Consejos Comunitarios; 1 sindicato; 3 organizaciones de campesinos; 19 comunidades con pertenencia étnica negra; sujetos colectivos indígenas pertenecientes a 71 comunidades, 69 territorios ancestrales y 4 pueblos [Embera (Dobida, Eyabida, Katio), Wounaan, Senu y Guna Dule]. Adicionalmente, como víctimas individuales se han acreditado 76 personas discriminadas así: 13 LGBTI, 7

hombres, 4 mujeres (1 violencia sexual), 37 integrantes del barrio la Chinita de Apartadó y 15 integrantes de la Vereda Guacamayas. Los territorios colectivos reconocidos como víctima del conflicto armado se han estimado en 192.275 hectáreas.

5. Entre 21 de noviembre de 2019 y hasta la fecha, el despacho relator ha oído en 35 diligencias de versión voluntaria a 29 comparecientes exmiembros de la fuerza pública, exmiembros de FARC-EP y terceros civiles. En el marco de estos y otros actos de investigación, surgen elementos que requieren el testimonio de protagonistas y espectadores de momentos históricos y de hechos del conflicto armado como el testigo que aquí se cita.

II. ANÁLISIS JURÍDICO La magistrada relatora procederá a analizar: (i) su propia competencia; e (ii) identificación del testimonio a decretar

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(i) Competencia del despacho para decretar la prueba testimonial en el marco de su investigación

6. La Sala de Reconocimiento es una de las Salas de Justicia de la JEP, que es el órgano de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR –. Su actuación se define a partir del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 2016 (en adelante: el Acuerdo Final)5, el Acto Legislativo 01 de 20176 la Ley 1957 de 2019 estatutaria de la administración de

justicia en la JEP (en adelante: Ley 1957 de 2019) y la Ley 1922 de 18 de julio de 2018 que adopta las reglas de procedimiento de la JEP (en adelante: Ley 1922 de 2018), en armonía con el bloque de constitucionalidad y demás normas concordantes.

7. Así mismo, la cláusula remisoria establecida en el artículo 72 de la Ley 1922 de 2019, enseña que, en lo no regulado en las normas de procedimiento, se aplicará la Ley 1592 de 2012, la Ley 1564 de 2012, Lay 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, siempre y cuando tales remisiones se ajustes a los principios de la justicia transicional.

8. En este marco, la Ley 1922 de 2018 faculta a los magistrados de la JEP para “… acceder a los documentos y fuentes de investigación, atendiendo a lo dispuesto 5 Acuerdo Final. Punto 5. Al respecto, el Acto Legislativo 02 de 2017, derogando el artículo 4 del Acto legislativo 01 de 2016, establece que: “…las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.” 6 Acto Legislativo 01 de 2017. Arts. 1, 5 y 7.

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 en el artículo 16 del Decreto ley 588 de 2017 y 34 de la ley 1621 de 2013”7 y para

solicitar de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) la asignación de un cuerpo de funcionarios de policía judicial para la recolección de elementos materiales probatorios, entre otros.

9. Por su parte, en su ejercicio misional, los magistrados de la Sala de Reconocimiento tienen un deber de contrastación de los informes recibidos y de la información allegada por las partes y los intervinientes especiales, por orden expresa de la Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la JEP8 y en tal ejercicio -reitera la normatividad9-, los procedimientos y actuaciones en la Sala, en materia de garantía procedimental se sujetará a los dispuesto en el artículo 18 de la Ley 906 de 200410.

10. Para tal efecto, la magistratura está investida de poder para practicar pruebas "para resolver asuntos de su competencia"11 y tiene libertad probatoria "por 7 Ley 1922 de 2018. Art. 20. 8 Ley 1957 de 2019. Art. 79-h; Ley 1922 de 2018. Art. 27B. 9 Ley 1922 de 2018. Título Primero. Procesos en caso de Reconocimiento de Responsabilidad. Capítulo Primero. Procedimientos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Articulo 27B. CONTRASTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (…) Respecto a los procedimientos y actuaciones que se surtan ante la Sala de Reconocimientos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004. 10 Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Artículo 18. PUBLICIDAD. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de

comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. 11 Ley 1922 de 2018. Art. 19(i) 6

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 cualquiera de los medios establecidos en la legislación y la jurisprudencia colombiana"12 siendo el testimonio uno de los medios clásicos de conocimiento13.

11. Por su parte, la persona que fuere llamada tiene una obligación legal de acudir y rendir el testimonio que se recibirá bajo la gravedad del juramento, salvo las excepciones constitucionales y legales14, siempre con el lleno de las garantías procesales15 y sin que “el carácter reservado de una información o de determinados documentos [sea] oponible a los Magistrados de JEP, Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial”16.

12. En este punto argumental, se recuerda que la ley y la jurisprudencia han establecido como reglas probatorias al momento de contemplar el decreto de una prueba, las siguientes: i) la pertinencia, vinculada al “análisis de la relación de los medios de prueba con el tema de prueba, esto es, con los hechos que deben probarse en cada caso en particular” , en suma: el medio de prueba debe estar

dirigido a probar hechos jurídicamente relevantes; ii) la conducencia referida a una cuestión de derecho; en la que sus principales expresiones son: (a) la obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba; (b) la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba, y (c) la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba; y finalmente, iii) la utilidad entendida como su aporte concreto al objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e 12 Ley 1922 de 2018. Art. 18 13 Ley 1564 de 2012. Art. 165; Ley 600 de 200. Art. 233; Ley 906 de 2004. Art. 382 14 Ley 1564 de 2012. Art. 383; Ley 600 de 200. Art. 266; Ley 906 de 2004. Art. 383 15 Constitución Política. Art. 29; Ley 734 de 2002. Art. 140; Corte Constitucional. SU-159 de 2002. 16 Ley 1922 de 2018. Art. 20. 7

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 intrascendente, que puede llegar a establecerse con su práctica en el procedimiento.

13. Para el ejercicio de la labor de contrastación en desarrollo de las potestades probatorias a las que se ha hecho referencia, el despacho relator del Caso 004, identifica necesaria la práctica de testimonios17 en atención a los postulados de oportunidad, utilidad y pertinencia de estos en el momento procedimental en el que se encuentra el Caso 004 y del análisis de las fuentes recaudadas en el marco de la situación territorial.

14. Ahora bien, en el desarrollo de la práctica de los testimonios se encuentran algunas diferencias que resulta necesario precisar para armonizar la coexistencia de los sistemas de procesamiento penal a los que se hace remisión por el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, en tal sentido, la forma en que será recaudado corresponde a las reglas establecidas en el Artículo 276 de la Ley 600 de 2000.

15. Por su parte la dinámica del testimonio en el marco del sistema penal oral acusatorio (Ley 906 de 2004) establece la técnica del interrogatorio cruzado en 18 17 El testimonio como medio probatorio tiene en el sistema procesal colombiano dos conceptualizaciones y alcances en razón a la coexistencia de sistemas de procesamiento penal ordinario siendo estos: el establecido en la Ley 600 de 2000, y la Ley 906 de 2004; para el primero, el testimonio corresponde a la obligación para todas las personas, salvo las excepciones constitucionales y legales, de ser rendido bajo juramento en la actuación procesal que sea requerido ; en el segundo caso está concebido como medio de convencimiento para su desarrollo en el juicio oral como momento procesal para su práctica, incorporación y valoración; en este régimen procedimental también se define como una obligación para el convocado a rendir testimonio. 18 Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. ARTÍCULO 391. INTERROGATORIO CRUZADO DEL TESTIGO. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término, será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 el cual, la interacción de los sujetos que intervienen en el proceso de juzgamiento coincide con la función de contrastación a cargo de la Sala de Reconocimiento.

16. No resulta menos importante señalar que, en el contexto de esta práctica probatoria, a partir del 11 de marzo de 2020, se hizo pública la crisis epidemiológica del coronavirus COVID-19 y, en este marco, fue decretado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional de Colombia19con un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, que ha sido prorrogado sucesivamente y a la fecha, mediante el Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020, se ha dispuesto en el desarrollo de las medidas de atención a esta crisis, la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable disponiendo en el articulo 8 de éste que en el periodo de la emergencia sanitaria, las entidades de los sectores públicos y privados procurarán que sus empleados y contratistas, cuya presencia no sea absolutamente indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones en las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares desde las cero horas (00:00 a.m.) del primero (1) de septiembre de 2020 y las cero horas (00:00 a.m.) del primero (1) de octubre de 2020 m.). los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. En segundo lugar, si lo desea, la parte

distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo. Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. 19 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 417 de 17 de marzo de 2020. 9

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17. Por su parte, la JEP, ha venido adaptando su actividad a la orden nacional de aislamiento preventivo obligatorio expidiendo a través, entre otros, del Acuerdo AOG No. 014 de 2020 de 13 de abril de 2020 y las circulares complementarias que han prorrogado la suspensión de términos judiciales acorde con los decretos nacionales, sin que esto suponga la interrupción de actividades ni el cese en el ejercicio de la facultad de las Salas de Justicia y las Secciones del Tribunal para la Paz de proferir, comunicar y notificar las decisiones judiciales a que haya lugar, incluida la instrucción de los macrocasos priorizados por la Sala de Reconocimiento, entre otros, cuando se cuente con las condiciones de bioseguridad establecidos y se respeten las órdenes de distanciamiento social y trabajo en casa, a través de:

1. autos que convoquen a diligencias judiciales que se puedan realizar integralmente de manera virtual, sin que se comprometa el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías procesales de los intervinientes, como por ejemplo entrevistas a testigos; en consecuencia, podrán practicarse dichas diligencias judiciales20.

18. En consecuencia, con lo anterior la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante Circular 036 de 31 de agosto de 2020, dispuso la prorroga de la suspensión de audiencias y términos judiciales hasta las cero horas (00:00 am) del 21 de septiembre de 2020, así como la aplicación de las excepciones que en materia de expedición de decisiones judiciales prevé el Acuerdo AOG No. 014 del 13 de abril de 2020 modificado por los Acuerdos AOG No. 026 del 18 de mayo de 2020 y AOG 029 del 23 de junio de 2020. 20 JEP. Presidencia y Secretaría Ejecutiva. Acuerdo AOG 014 de 13 de abril de 2020. “Por el cual se prórroga la suspensión de audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz y se establecen unas excepciones”. Art. 3.

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19. En orden de lo expuesto, el despacho relator de la Situación territorial de Urabá se encuentra facultado y estima útil, necesaria y pertinente la práctica de testimonios en el marco de su investigación y en este marco procederá.

(ii) Identificación del testimonio a decretar

20. Acopiados los elementos de juicio que permiten asegurar la importancia de la información a recaudar, este despacho estima útil, necesario y pertinente convocar al señor ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO dadas las siguientes

circunstancias:

21. En su condición de investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad en la cual se desempeñó como Director de Acuerdos de la Verdad y presidente de Fundación Cultura Democrática –Fucude-, el señor Villarraga Sarmiento es testigo de preferencia en la documentación del conflicto armado en Colombia, y es conocedor de aspectos concretos de la incidencia de este en la región Urabá.

22. Se ha establecido que el referido testigo en el año 1992 presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos contra ex combatientes del EPL, del cual se dio entrega a la Defensoría del Pueblo con ocasión del proceso de desmovilización que ocurrió en la región Urabá en temporalidad que hace parte de la investigación a cargo de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

23. Hizo parte del equipo de selección y apoyo a la Comisión de Superación de la Violencia, que incluyo un capítulo especial referente a la región Urabá, también de la mano a la Fundación Progresar en 1994 realizo la visita a los terrenos del Barrio Obrero en el municipio de Apartadó, donde tuvo lugar la

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 masacre de “La Chinita” generando un importante informe sobre este hecho determinando las responsabilidades de la FARC –EP en estos eventos.

24. Es autor del texto: Para reconstruir los sueños, una historia del EPL, en el año 1994 en el cual recoge el testimonio del exterminio sucedido contra el movimiento político: Esperanza, Paz y Libertad, y colaborador y coautor de otros informes publicados por la Fundación Cultura Democrática en los años 2000 y 2006 relativos a la victimización de este movimiento y de las incidencias del conflicto armado en la región.21

25. En sus investigaciones de orden académico y de contribución a las actividades de memoria desarrolladas por el Centro de Memoria Historia22 ha referido que la zona definida por la Sala para el desarrollo del Caso 004 de la siguiente forma: -“Entre el Urabá antioqueño y el Atrato chocoano se ha establecido, por investigaciones judiciales, que a partir de 1997 se produjeron ataques, desplazamientos y despojo de territorios de comunidades afro descendientes y campesinas por parte de paramilitares, en alianza con militares, ganaderos, autoridades locales y funcionarios, directivos y empleados de empresas de palmicultores. Según la Fiscalía, entre 2001 y 2005 hubo 15 desplazamientos forzados colectivos propiciados por las AUC y el Ejército, uno por las FARC y otro producto de enfrentamientos bélicos. El Tribunal Superior de Chocó ordenó en 2009 restituir más de 100 mil hectáreas de

21En: https://www.sinergiainformativa.com.co/alvaro-villarraga-no-desconoce-proceso-de-exterminiode-esperanza-paz-y-libertad-y-no-propone-conmemoracion-con-farc/. Consultado el 21 de agosto de

2020. 22Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Hacia el fn del conficto: experiencias de desarme, desmovilización y paso de excombatientes a la vida civil en Colombia. Resumen, CNMH, Bogotá. Álvaro Villarraga Sarmiento Coordinador y relator de la investigación 12

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 territorios colectivos de las comunidades afro de Jiguamiandó y Curvaradó; sin embargo, continuaron las amenazas, ataques y asesinatos contra los líderes”

26. Conclusiones que dan cuenta de la importante labor desarrollada en su ejercicio investigativo y como funcionario de la dependencia aludida la cual resulta conducente apreciar para el ejercicio de contrastación de las fuentes acopiadas en la situación territorial de la región Urabá.

27. Por su parte, encuentra el despacho relator que en el informe presentado a la SRVR “Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá” elaborado por las organizaciones Comisión lntereclesial de Justicia y Paz (CIJP), Corporación Jurídica Libertad (CJL), Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) en diciembre de 2019 da cuenta de los hechos ocurridos en la región de Tulapas, en particular respecto de las comunidades ubicadas en el corregimiento de Macondo, considerando que este sector: “fue el escenario de uno de los mayores despojos de tierras ocurridos en Urabá y de una de las luchas jurídicas más adversas para las víctimas en sus procesos de

reclamación de predios. Dada su posición, entre los departamentos de Chocó y Antioquia, Guacamayas ha sido un corredor estratégico tanto para guerrilleros como para paramilitares y Fuerza Pública, por lo que ha sido un territorio altamente disputado y sobre el que se han proyectado diversos intereses”; afirmaciones que son coincidentes con lo afirmado por el llamado testigo VILLARRAGA SARMIENTO en sus producciones académicas y de orden institucional.

28. Con ocasión a la experiencia profesional del referido en búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconciliación de las víctimas, el señor ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO, resulta una fuente necesaria para la verificación de los hechos y afectaciones del conflicto, la interacción de actores en la región y de los principales ejercicios de victimización ejecutados por los comparecientes

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006438 vinculados al caso 004, llevando a considerar relevantes las narraciones que se puedan aportar a este escenario judicial y dialógico de construcción de verdad bajo el mandato que se configuró en el Acuerdo de Paz sucrito con las extintas FARC y que se recoge en el Acto Legislativo 001 de 2017.

29. Por lo tanto, y observándose el recaudo de las fuentes a este momento de la actuación adelantada en la Situación Territorial Urabá se establece que resulta necesario convocar el testimonio en las particularidades referidas en precedencia de ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO,, la pertinencia de su testimonio

radica en la relación directa que tiene con los hechos dada su calidad de víctima, y su liderazgo ampliamente conocido y acreditado en los diferentes procesos de Justicia y Paz, restitución de tierras y de incidencia nacional e internacional en los que ha participado y su conducencia en cuanto la valoración directa de los hechos objeto de investigación del macro caso 04.

30. Teniendo presente la establecida necesidad del testimonio referido y su consecuente conducencia, pertinencia y utilidad, el despacho relator del Caso 04, Situación Territorial de la Región Urabá, de la Sala de Reconocimiento ordenará la práctica de la declaración juramentada del señor ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.257.519 para el día diecisiete (17) de septiembre de 2020 a las 3:00 pm, en modalidad virtual.

Esta fecha podrá ser modificada o ajustada por la Magistrada relatora del caso, si sobrevienen circunstancias excepcionales que así lo exijan. En mérito de lo antes expuesto este despacho,

III. RESUELVE: PRIMERO. – ORDENAR, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los

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Hechos y Conductas, la práctica de la diligencia de declaración juramentada del señor señor ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.257.519 para el día diecisiete (17) de septiembre de 2020 a las 3:00 pm a través de los medios virtuales disponibles en atención a las medidas

derivadas de la emergencia sanitaria en curso. SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión al señor señor ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.257.519 para que se presente a la diligencia convocada, en la hora, fecha y en la forma indicada en el numeral anterior. TERCERO.- NOTIFICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz. CUARTO.- ORDENAR a la Secretaría Ejecutiva de la JEP que, de acuerdo con sus funciones legales y reglamentarias, adelante todas las acciones necesarias y pertinentes para asegurar el funcionamiento de los medios técnicos necesarios para la realización de la diligencia de testimonio programada. QUINTO.- Contra este auto procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1922 de 2018 y demás normas concordantes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado en Original) NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHACIN Magistrada relatora de la Situación Territorial de Urabá 15