JEP - Auto SRVR-04-00-127-20 11-septiembre de 2020

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE

RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN

DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 202003007507

Para responder cite: 202003007507

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS SITUACIÓN No. 04 de 2018

AUTO SRVNH-04/00-127/20

Bogotá D.C. Viernes, 11 de septiembre de 2020 Radicación 202003007507 Asunto La Situación territorial de Urabá caso No.004, de la SRVR de la JEP ordena diligencia de testimonio del señor ROBERTO REINA SUAREZ con cédula de ciudadanía No. 79690255. Fecha de reparto No aplica

I. ASUNTO POR RESOLVER La Magistrada relatora del caso No. 04, “Situación territorial de la región de Urabá” miembro de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante: la Sala de Reconocimiento o SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante: la JEP), en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003007507 reglamentarias, ordena la diligencia de testimonio del señor ROBERTO REINA SUAREZ con cédula de ciudadanía No. 79690255.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento profirió el Auto No. 040 avocando conocimiento de la Situación territorial de la región de Urabá, nombrando como relatora de la situación a la magistrada Nadiezhda Henriquez Chacín para investigar: … los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó, cometidos presuntamente por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública, sin perjuicio de la aplicación del principio de conexidad por hechos, víctimas y presuntos responsables1. .

2. En las labores de investigación este despacho relator está siendo apoyado por la magistrada auxiliar Clara Inés Muñoz Peláez, en virtud de los 1 JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR No.040/2018. Sobre la situación territorial de la región de Urabá.

Disponible en el sitio oficial: www.jep.gov.co. Consultado 4/1/2020.

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003007507 acuerdos de movilidad que se encuentran vigentes por un periodo de 6 meses en modalidad tiempo parcial a partir del 8 de septiembre de 20202.

3. Hasta la fecha, el despacho relator ha vinculado a (242) personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (ejército nacional)3, exmiembros de FARC-EP4 y terceros civiles5, mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá y ha corrido traslado de los informes que las comprometen con la Situación, poniendo a su disposición el expediente de la Situación territorial de Urabá (en adelante: expediente de Urabá) que reposa en la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento.

4. Se han adelantado cinco (5) “Diligencias colectivas de construcción dialógica de la verdad” con los comparecientes notificados centradas en los primeros diez años del conflicto armado en Urabá, con actas y anexos. Han 2 JEP. Órgano de Gobierno. Acuerdo AOG No. 037 de 8 de septiembre de 2020. Art. 1; JEP. Asamblea Plenaria. Reglamento General (Acuerdo ASP No. 001 de 2 de marzo de 2020). Arts. 15-a y 43; Ley 1957 de 2019. Art. 110. 3 JEP. Salas de Justicia. Auto de despacho SRVNH-04/01-01/19 de 10 de junio de 2019 (20193240122743). Notificación y puesta a disposición del expediente a “personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (ejército nacional)” mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá, radicada como Situación No. 004 por Auto SRVR No. 40 de 11 de septiembre

de 2018; JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR 04 de 2020 de 13 de enero de 2020. Llamamiento a versión voluntaria, traslado de información y comunicación a las víctimas. Compareciente: Alfonso Romero Buitrago. 4 JEP. Salas de Justicia. Auto de despacho SRVNH-04/02-01/19 de 11 de junio de 2019 (20193240144833). Notificación y puesta a disposición del expediente a “exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP” mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá, radicada como Situación No. 004 por Auto SRVR No. 40 de 11 de septiembre de 2018. 5 JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR 95 de 2020 de 17 de junio de 2020. Vinculación, puesta a disposición del expediente y los informes que lo comprometen y llamamiento a versión voluntaria del señor MARIO ZULUAGA ESPINAL, cuyo sometimiento voluntario fue admitido por la JEP en su condición de tercero civil, y relacionado a hechos y conductas del Caso 04. 3

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003007507 sido expedidos 193 autos de trámite solicitando información, ampliación y/o coordinación interinstitucional. Se han realizado reuniones con diferentes órganos de la JEP y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante: Sistema Integral o SIVJRNR) para la identificación y acceso a la información que requiere el caso. Han sido ordenadas y

practicadas inspecciones judiciales a por lo menos 284 expedientes y han sido incorporados al expediente 30 informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

5. Hasta septiembre de 2020, el despacho relator de la Situación territorial de Urabá ha acreditado como interviniente especial en calidad de víctimas a 103 sujetos colectivos: 9 Consejos Comunitarios; 1 sindicato; 3 organizaciones de campesinos; 19 comunidades con pertenencia étnica negra; sujetos colectivos indígenas pertenecientes a 71 comunidades, 69 territorios ancestrales y 4 pueblos [Embera (Dobida, Eyabida, Katio), Wounaan, Senu y Guna Dule], de los cuales hacen parte aproximadamente 35.176 individuos.

Adicionalmente, como víctimas individuales se han acreditado 77 personas discriminadas así: 13 LGBTI, 5 hombres, 7 mujeres (1 violencia sexual), 37 integrantes del barrio la Chinita de Apartadó y 15 integrantes de la Vereda Guacamayas. Los territorios colectivos reconocidos como víctima del conflicto armado se han estimado en 192.275 hectáreas.

6. Entre 21 de noviembre de 2019 y hasta la fecha, el despacho relator ha oído en 35 diligencias de versión voluntaria a 29 comparecientes exmiembros de la fuerza pública, exmiembros de FARC-EP y terceros civiles. Además, desde el 13 de agosto de 2020 el despacho está recibiendo diligencias testimoniales e indagando por testigos potenciales como el que aquí se cita.

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RADICADO: 202003007507

III. ANÁLISIS JURÍDICO La magistrada relatora procederá a analizar: (i) su propia competencia; e (ii) identificación del testimonio a decretar

(i) Competencia del despacho para decretar la prueba testimonial en el marco de su investigación

7. La Sala de Reconocimiento es una de las Salas de Justicia de la JEP, que es el órgano de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR –. Su actuación se define a partir del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 2016 (en adelante: el Acuerdo Final)6, el Acto Legislativo 01 de 20177 la Ley 1957 de 2019 estatutaria de la administración de justicia en la JEP (en adelante: Ley 1957 de 2019) y la Ley 1922 de 18 de julio de 2018 que adopta las reglas de procedimiento de la JEP

(en adelante: Ley 1922 de 2018), en armonía con el bloque de constitucionalidad y demás normas concordantes.

8. Así mismo, la cláusula remisoria establecida en el artículo 72 de la Ley 1922 de 2019, enseña que, en lo no regulado en las normas de procedimiento, se aplicará la Ley 1592 de 2012, la Ley 1564 de 2012, Lay 600 de 2000 y la Ley 6 Acuerdo Final. Punto 5. Al respecto, el Acto Legislativo 02 de 2017, derogando el artículo 4 del Acto

legislativo 01 de 2016, establece que: “…las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.” 7 Acto Legislativo 01 de 2017. Arts. 1, 5 y 7. 5

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003007507 906 de 2004, siempre y cuando tales remisiones se ajustes a los principios de la justicia transicional.

9. En este marco, la Ley 1922 de 2018 faculta a los magistrados de la JEP para “… acceder a los documentos y fuentes de investigación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto ley 588 de 2017 y 34 de la ley 1621 de 2013”8 y para solicitar de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) la asignación de un cuerpo de funcionarios de policía judicial para la recolección de elementos materiales probatorios, entre otros.

10. Por su parte, en su ejercicio misional, los magistrados de la Sala de Reconocimiento tienen un deber de contrastación de los informes recibidos y de la información allegada por las partes y los intervinientes especiales, por orden expresa de la Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la JEP9 y en tal ejercicioreitera la normatividad10-, los procedimientos y actuaciones en la Sala, en materia de garantía procedimental se sujetará a los dispuesto en el artículo 18 de la Ley 906 de 200411.

11. Para tal efecto, la magistratura está investida de poder para practicar pruebas "para resolver asuntos de su competencia"12 y tiene libertad probatoria "por cualquiera de los medios establecidos en la legislación y la jurisprudencia 8 Ley 1922 de 2018. Art. 20. 9 Ley 1957 de 2019. Art. 79-h; Ley 1922 de 2018. Art. 27B. 10 Ley 1922 de 2018. Art. 27B "… Respecto a los procedimientos y actuaciones que se surtan ante la Sala de Reconocimientos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004". 11 Ley 906 de 2004. Art. 18. Publicidad. 12 Ley 1922 de 2018. Art. 19(i)

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003007507 colombiana"13 siendo el testimonio uno de los medios clásicos de conocimiento14 y puede delegar a: … magistrados auxiliares y profesionales especializados grado 33 adscritos a los despachos judiciales… para la realización de los siguientes actos de colaboración judicial: (i) practicar las pruebas y dirigir las diligencias previamente ordenadas por la o el magistrado titular correspondiente; (ii) adoptar decisiones pertinentes de trámite o sustanciación, únicamente en el marco de las pruebas específicas ya decretadas por las y los magistrados titulares15.

12. En efecto, en su ejercicio misional la Sala de Reconocimiento hace uso de instrumentos de conocimiento en el marco de sus competencias durante la investigación judicial16 y puede solicitar de autoridades públicas y privadas,

así como de los órganos internos de la JEP, el recaudo de información con fines judiciales.

13. Por su parte, la persona que fuere llamada tiene una obligación legal de acudir y rendir el testimonio que se recibirá bajo la gravedad del juramento, salvo las excepciones constitucionales y legales17, siempre con el lleno de las garantías procesales18 y sin que “el carácter reservado de una 13 Ley 1922 de 2018. Art. 18 14 Ley 1564 de 2012. Art. 165; Ley 600 de 200. Art. 233; Ley 906 de 2004. Art. 382 15 JEP. Asamblea Plenaria. Reglamento General (Acuerdo ASP No. 001 de 2 de marzo de 2020). Art. 128-f; Ley 1957 de 2019. Art. 75. 16 Ley 1922 de 2018. Art. 11. 17 Ley 1564 de 2012. Art. 383; Ley 600 de 200. Art. 266; Ley 906 de 2004. Art. 383 18 Constitución Política. Art. 29; Ley 734 de 2002. Art. 140; Corte Constitucional. SU-159 de 2002.

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003007507 información o de determinados documentos [sea] oponible a los Magistrados de JEP, Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial”19.

14. En este punto argumental, la jurisprudencia penal colombiana es pacífica en estimar que las reglas probatorias relevantes al momento de decretar una prueba se articulan en torno a la pertinencia, que exige una

relación suficiente entre el medio de prueba con el tema de la prueba, la utilidad, que se refiere a su aporte concreto al objeto de la investigación y la necesidad o conducencia que regla “(i) la obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba; (ii) la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba, y (iii) la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba”20.

15. Para el ejercicio de la labor de contrastación en desarrollo de las potestades probatorias a las que se ha hecho referencia, el despacho relator identifica necesaria la práctica de testimonios21 en atención a los postulados de oportunidad, utilidad y pertinencia de estos en el momento procesal en que se encuentra el macrocaso No. 004 y del análisis de las fuentes recaudadas en el marco de la situación territorial. 19 Ley 1922 de 2018. Art. 20. 20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP5785, Rad. 46.153 del 30 de septiembre de 2.015, M.P Patricia Salazar Cuellar; Corte Suprema de Justicia, sala de casación Penal, AP del 17 marzo de 2009, Rad. 22053. 21 El testimonio como medio probatorio tiene en el sistema procesal colombiano dos marcos conceptuales y alcances en razón a la coexistencia de la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004. Para el primero, el testimonio corresponde a la obligación para todas las personas, salvo las excepciones constitucionales y legales, de ser rendido bajo juramento en la actuación procesal que sea requerido, En el segundo caso, está concebido como medio de convencimiento para su desarrollo en el juicio

oral como momento procesal para su práctica, incorporación y valoración, sujeta a una obligación para el convocado a rendir testimonio. 8

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16. Ahora bien, en el desarrollo de la práctica de los testimonios se encuentran algunas diferencias que resulta necesario precisar para armonizar la coexistencia de los sistemas de procesamiento penal a los que se hace remisión por el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, en tal sentido, se aplicará el recaudo probatorio previsto en el artículo 276 de la Ley 600 de 2000.

17. Por su parte la dinámica del testimonio en el marco del sistema penal oral acusatorio establece la técnica del interrogatorio cruzado22 que guarda armonía y concordancia con la interacción necesaria de los sujetos que intervienen en el procedimiento dialógico y con la función de contrastación a cargo de esta Sala de Reconocimiento.

18. No resulta menos importante señalar que, en el contexto de esta práctica probatoria, a partir del 11 de marzo de 2020, se hizo pública la crisis epidemiológica del coronavirus COVID-19 y, en este marco, fue decretado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional de Colombia23 con un aislamiento preventivo obligatorio prorrogado sucesivamente hasta el 1 de septiembre de 202024 y normas complementarias que se encuentran en vigor hasta 30 de noviembre de 202025.

19. De otro lado, la JEP, ha venido adaptando su actividad a la orden nacional de aislamiento preventivo obligatorio expidiendo a través, entre otros, del Acuerdo AOG No. 014 de 2020 de 13 de abril de 2020 y las circulares

complementarias que han prorrogado la suspensión de términos judiciales 22 Ley 906 de 2004. Art. 391. 23 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 417 de 17 de marzo de 2020. 24 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020. 25 Ministerio de Salud. Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020; Alcaldía de Bogotá. Decreto 193 de 26 de agosto de 2020. 9

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003007507 acorde con los decretos nacionales, sin que esto suponga la interrupción de actividades ni el cese en el ejercicio de la facultad de las Salas de Justicia y las Secciones del Tribunal para la Paz de proferir, comunicar y notificar las decisiones judiciales a que haya lugar, incluida la instrucción de los macrocasos priorizados por la Sala de Reconocimiento, entre otros, cuando se cuente con las condiciones de bioseguridad establecidos y se respeten las órdenes de distanciamiento social y trabajo en casa, a través de: vii) autos que convoquen a diligencias judiciales que se puedan realizar integralmente de manera virtual, sin que se comprometa el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías procesales de los intervinientes, como por ejemplo entrevistas a testigos; en consecuencia, podrán practicarse dichas diligencias judiciales26.

(ii) Identificación del testimonio a decretar

20. Acopiados los elementos de juicio que permiten asegurar la importancia de la información a recaudar, este despacho estima útil, necesario y pertinente convocar al señor ROBERTO REINA SUAREZ con cédula de

ciudadanía No. 79690255 quién, en marzo de 1997, se desempeñó como cabo responsable de comunicaciones en la operación Neptuno, cuando formaba parte del Batallón de Infantería N° 47 “FRANCISCO DE PAULA VELEZ. Los hechos presenciados por el entonces cabo REINA SUAREZ y que son de interés para este despacho, ocurrieron el 27 de marzo de 1997 en la vereda Las 26 JEP. Presidencia y Secretaría Ejecutiva. Acuerdo AOG 014 de 13 de abril de 2020. “Por el cual se prórroga la suspensión de audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz y se establecen unas excepciones”. Art. 3. 10

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Nieves del corregimiento de San José de Apartadó y se refieren a la detención ilegal y ejecución extrajudicial de los señores Helidoro Zapata, Alberto Antonio Valle y Heliberto Guerra David (discapacitado), la desaparición de los señores José Elias Zapata y Felix Antonio Valle (menor) y la muerte en circunstancias por esclarecer, de una menor de 15 años, probablemente combatiente de las FARC-EP, en hechos que son de conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como la masacre de Jueves Santo.

21. Adicionalmente, la magistratura estima útil recabar la información del entonces cabo del Ejército Nacional sobre su conocimiento respecto de las comunicaciones entre las tropas militares y paramilitares durante la Operación Neptuno de 1997, hechos que ya han sido probados así como sobre

otros hechos victimizantes cometidos en los territorios priorizados a los que se refiere el numeral 1 de este proveído, que involucran a miembros del Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez. Interesa a este despacho toda información relativa a preparativos, contactos, medios de comunicación, estrategia de comunicación, responsables de las comunicaciones y apoyos prestados por las tropas paramilitares a las operaciones del ejército nacional en los territorios priorizados por la Situación territorial de Urabá. En mérito de lo antes expuesto este despacho, 11

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IV. RESUELVE: PRIMERO. – ORDENAR, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la práctica de la diligencia de declaración juramentada del señor Sargento Primero (r) del Ejército Nacional ROBERTO REINA SUAREZ con cédula de ciudadanía No. 79690255, el día miércoles veinte tres (23) de septiembre de 2020 a las 8:00 a.m., por los medios virtuales disponibles.

SEGUNDO. – DELEGAR, a la magistrada auxiliar Clara Inés Muñoz Peláez la práctica de la prueba testimonial antes decretada y DELEGAR a la profesional especializada grado 33 Rosmerlin Estupiñan Silva la secretaría ad hoc de dicha diligencia, en los términos de lo dispuesto en los numerales 2 y 11 de este proveído. TERCERO. – NOTIFICAR, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los

Hechos y Conductas, la decisión adoptada por el despacho a las partes e intervinientes especiales del caso No. 04. CUARTO. - ORDENAR a la Secretaría Ejecutiva de la JEP que, de acuerdo con sus funciones legales y reglamentarias, adelante todas las acciones necesarias y pertinentes para asegurar el funcionamiento de los medios técnicos necesarios para la realización de la diligencia de testimonio programada. 12

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QUINTO. - Contra este auto procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1922 de 2018 y demás normas concordantes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado en Original) NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHACIN Magistrada relatora de la Situación Territorial de Urabá

Proyectó: R.ES

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