PGN - ACCION DE CUMPLIMIENTO - Los términos son perentorios e improrrogables
Detalles
- Título
- PGN - ACCION DE CUMPLIMIENTO - Los términos son perentorios e improrrogables
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
Bogotá, D.C. Septiembre 12 de 2006 Concepto No. 082 1IJP Doctor
JOSE MARIA IMBETT BERMUDEZ
Representante Investigador Comisión de Investigación y Acusaciones Cámara de Representantes Ciudad REFERENCIA: No. 1847 contra la doctora MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON, Consejera de Estado.
Muy Distinguido Representante: En mi condición de Procuradora Delegada, por medio del presente rindo
concepto en el asunto de la referencia:
1. H E C H O S: En escrito de noviembre 18 de 2005, el señor LUIS GERMAN LEAL PARADA acusa a la doctora MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON, Consejera de Estado de desatención y falta de respuesta oportuna a la demanda No. 2005-01133 repartida en octubre 25 de ese año, toda vez que solo existe un lapso de cuarenta y ocho (48) horas para la definición de la respectiva acción de cumplimiento en segunda instancia de conformidad con el Artículo 3º. del Parágrafo Transitorio de la Ley 393 de julio 29 de 1997 y en la fecha han pasado más de veintitrés (23) días, por lo que allega los
siguientes documentos: 1.1. Formato de DATOS PARA RADICACION DEL PROCESO expedido por la Oficina Judicial de la Rama Judicial del Poder Público contra los doctores ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República y EDGARDO MAYA V., Procurador General de la Nación. 1.2. Oficio No. 545-02 de noviembre 15 de 2002, suscrito por la doctora
ANA LUCIA BUITRAGO SALAZAR, Secretaria del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Madrid, en el cual se da cumplimiento al auto proferido en el proceso ejecutivo de mínima cuantía de MARCO AURELIO QUINTANA contra MARCO FIDEL CHACON y LOURDES MENDEZ, remitiéndole de nuevo la carta No. 354-02 con sus anexos e informándole que sus derechos de petición han sido contestados de manera oportuna, haciéndole llegar la comunicación respectiva a su apartado aéreo. Y en cuanto a su escrito de octubre 29 de 2002, en audiencia a prueba de ésa fecha, se dispone que el señor LUIS GERMAN LEAL PARADA al no ser parte, ni tercero con interés sustancial carece de interés legítimo para ejecutar dicha solicitud, siendo rechazada. 1.3. En octubre 19 de 2005 presenta demanda o derecho de petición contra funcionarios del Poder Ejecutivo y los Organismos de Control de la República de Colombia: 1.3.1. Doctor ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República porque como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en los Numerales 3º., 10º. y 11º. del Artículo 89 de la Constitución Política, le corresponde: Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares. Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto
cumplimiento. 1.3.2. Mayor General e Inspector General de la FAC, FERNANDO SOLER TORRES, Coronel de la FAC, DANIEL ALBERTO MELENDEZ RIVEROS y ocho funcionarios adscritos al Comando Base Aérea, CAMAN de Madrid –Cundinamarca. 1.3.3. Doctor EDGARDO MAYA VILLAZON, Procurador General de la Nación porque han pasado más de doscientos, diecinueve (219) días de radicados en su Despacho, cinco (5) documentos sin obtener contestación que satisfaga las expectativas frente a derechos constitucionales violados de petición y al debido proceso. Por ello, ruega tener como prueba tanto los archivos documentales como magnéticos del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, la FAC y el CAMAN. 1.4. Carta de noviembre 15 de 2005 dirigida a la doctora MARIA NOHEMI HERNANDEZ, Magistrada Ponente del Consejo de Estado, para que informe y colme sus anhelos frente a las diligencias que le han correspondido por sorteo de octubre 25 de 2005, o sea, veinte (20) atrás. 1.5. Comunicado de enero 25 de 2005 al doctor EDGARDO MAYA VILLAZON, Procurador General de la Nación alusivo a solicitud de Certificado de Antecedentes de LUIS GERMAN LEAL PARADA por todo el tiempo de servicio prestado en el sector público al ser una persona de la tercera edad con más de cuarenta y tres (43) años de experiencia deportiva, campeón departamental de Cundinamarca y Bogotá en fútbol. También de sus dos hijos deportistas e ingenieros LEONARDO y JOHN LEAL RIOS, aclarando que recibe las
certificaciones Nos. 0643973-0 y 2927655 de enero 1º. de 2005 (Fls. 2-15).
2. A C T U A C I O N E S: 2.1. En Oficio 40296 de noviembre 21 de 2005, suscrito por la señora YIRA LUCIA OLARTE AVILA, Secretaria Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se remite a la Presidencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la queja del señor LUIS GERMAN LEAL PARADA y dicha Corporación, mediante Resolución 250 de noviembre 28 de 2005 efectúa el reparto de éste diligenciamiento (Fls. 1, 16-9). 2.2. El señor Representante Investigador avoca el conocimiento de éstas diligencias en diciembre 13 de 2005 (Fls. 20-1). 2.3. Por medio de auto de febrero 8 de 2006, el señor Procurador General de la Nación designa al titular de éste Despacho, para que actúe como Agente del Ministerio Público en el presente expediente (Fls. 27-9). 2.4. La doctora MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON, a través de documento de marzo 6 de 2006 da respuesta a la queja del ciudadano LUIS GERMAN LEAL PARADA, relacionada con su inconformidad frente al trámite de acción de cumplimiento interpuesta, entre otros, contra el señor Presidente de la República y radicada bajo el No.
11001031500020050113300. Así: 2.4.1. La Secretaría General del Consejo de Estado entrega el reporte
del software de gestión en éste asunto: Octubre 21 de 2005: La acción se recibe y registra en ésa Secretaría, pasando al Despacho. Noviembre 15 y 16 de 2005: A la secretaría llegan memoriales dirigidos al proceso y se trasladan a la Magistrada Sustanciadora. Noviembre 17 de 2005: La funcionaria indicada suscribe ponencia como integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, declarando la falta de competencia y disponiendo el envío del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, la cual se notifica en noviembre 22 de esa anualidad por la Secretaría General. Noviembre 29 de 2005: Hay aporte de nuevos escritos, razón por la que en diciembre 6 de 2005, se cumple la remisión enunciada. 2.4.2. En cuanto al proveído que determina la incompetencia para conocer la acción de cumplimiento referida: No se puede censurar su contenido material porque el Inciso 1º. y el Parágrafo Transitorio del Artículo 3º. de la Ley 393 de 1997 fijan las reglas sobre éste tema. Además, éste último a la letra reza: “Mientras entran en funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado”. En el aspecto temporal, su Oficina al dar curso a la acción pública, se ajusta a los parámetros legales. Si bien es cierto que la demanda ingresa en octubre 21 de
2005 por sorteo, el 15 y 16 de noviembre de 2005 de nuevo se presentan y pasan solicitudes adicionales, resolviéndose todo esto por la Sala con auto de noviembre 17 de 2005, pero en ésta última fecha entra otra petición que a su turno, se decide en noviembre 22 de 2005, o sea, que ni siquiera se emplean los tres (3) días ordenados en el Artículo 12 de la Ley 393 de 1997. O sea, que el tiempo invertido en solucionar ésta situación no puede ser objeto de reproche contra los administradores de justicia, máxime cuando se trata de una falencia proveniente de las personas que seleccionaron la autoridad judicial (Fls. 30-40). En conclusión su actividad procesal cumple no solo con los términos, sino también con lo sustancial.
3. C O N S I D E R A C I O N E S: 3.1. Este Despacho es competente para conocer de éstas actuaciones, en las cuales aparece como presunta sindicada la doctora MARIA NOEMI HERNANDEZ, Consejera de Estado, de acuerdo con lo normado en el Numeral 7º. del Artículo 277 de la Constitución Política.
Con la comunicación No. 0074 de febrero 10 de 2006, firmada por la señora MERCEDES TOVAR DE HERRAN, Secretaria General del Consejo de Estado, se remite la certificación laboral de la doctora MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON como Magistrada de la Sección Quinta de ésa entidad, en propiedad desde mayo 14 de 2003 hasta la fecha de expedición de ése escrito en febrero 10 de 2006 (Fls.
39-40). 3.2. El Artículo 6º. de la Constitución Nacional determina la responsabilidad de los servidores públicos, en caso de infringir la Carta Fundamental y las leyes, además, por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Ello quiere decir que los empleados estatales solo pueden realizar lo permitido en las normas porque el detentador del poder opera exclusivamente a través de dicha autorización, o sea, que la actividad oficial está prevista, para evitar todo abuso contra la sociedad civil, permitiendo inferir la existencia del deber de cumplir las disposiciones o en su defecto, hay que asumir los efectos adversos. 3.3. En el presente asunto, se demuestra en forma evidente, la inexactitud de las aseveraciones efectuadas en la queja por el señor LUIS GERMAN LEAL PARADA, en lo atinente al día de asignación del expediente No. 11001031500020050113300 en el Consejo de Estado, el conteo del tiempo utilizado para expedir la providencia sobre la acción de cumplimiento por la doctora MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON y la enunciación de la norma que lo regula. Pues, se observa que a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación en cita, le toca éste negocio en OCTUBRE 21 DE 2005; la fecha a partir de la cual comienza a correr el término para resolución de la demanda en el Despacho es OCTUBRE 24 DE 2005 y finaliza cuando ésta efectivamente se produce en NOVIEMBRE 17 DE 2005, lo cual permite inferir el transcurso de TRECE (13) DIAS HABILES, lapso que
es interrumpido por la entrega del demandante de dos nuevos memoriales en NOVIEMBRE 15 Y 16 DE 2005. Fuera de eso, en NOVIEMBRE 17 DE 2005 entra una tercera solicitud que es decidida en NOVIEMBRE 22 DE 2005, utilizando en ello solo DOS (2) DIAS HABILES, período inferior al dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 393 de 1997. Mas aún, por la Secretaría General del Consejo de Estado, se efectúa la correspondiente notificación en NOVIEMBRE 22 DE 2005, pero éste trámite también se afecta por otro recibo de peticiones del señor GERMAN LEAL PARADA en NOVIEMBRE 29 DE 2005, lo cual posterga hasta DICIEMBRE 5 DE 2005 su envío a la autoridad competente, en CUATRO (4) DIAS HABILES. Por último del análisis atento del procedimiento empleado en ésta acción 2005-01133 y la providencia de NOVIEMBRE 17 DE 2005 proferida en el mismo, se deduce que los señores LUIS GERMAN LEAL PARADA y HERNAN DARIO CORTES COLORADO, en lugar de presentar la demanda en primera instancia ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, lo hacen en el Consejo de Estado que es la segunda instancia, trastocando la competencia del Precepto 3º. de la legislación anotada e incumpliendo así dicha solicitud con el requisito indicado en el Numeral 4º. del Artículo 10 ibídem sobre la DETERMINACION DE LA AUTORIDAD. 3.4. Cierto es que la culpa propicia la infracción de derechos constitucionales y esta circunstancia está prevista en el régimen
disciplinario, siempre y cuando con la misma no se pretenda aplicar una forma de responsabilidad objetiva, es decir, el ordenamiento jurídico del país restringe la posibilidad de imponer penas a comportamientos por el sólo hecho de su resultado, siendo preciso verificar durante la investigación la finalidad del actor. Asimismo, ésta clase de derecho busca prevenir y lograr la buena marcha de la gestión pública. También la garantía en el cumplimiento de las atribuciones y objetivos estatales frente a las conductas de los servidores públicos que vulneren o pongan en peligro, ya que según las Sentencias C 427 de 1994 y C 244 de 1996 de la Corte Constitucional, se busca en ellos: la obediencia, la disciplina, la eficiencia, la moralidad y la actividad ética en el ejercicio de sus cargos. De ahí que exija el deber general de cuidado, diligencia y corrección en el desempeño de las funciones o en su defecto, se impone castigo. Pero respecto a la demanda y los cuatro grupos de pedimentos elevados por el señor LUIS GERMAN LEAL PARADA, se observa que no se debe ejecutar una interpretación exegética, automática y matemática de los períodos de determinación asumidos por la funcionaria, ya que es un hecho notorio la congestión judicial de Colombia que en la actualidad obliga a la imposición de una reforma que facilite el ejercicio del principio de la celeridad, máxime cuando en los medios de comunicación se especifica que el Consejo de Estado requeriría detener durante los próximos veinte (20) años la llegada de nuevas actuaciones para intentar quedar al día y allí tiene prelación la
ACCION DE TUTELA frente a los demás temas de conocimiento, conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la ley 939 de julio 29 de 1997: “… TRAMITE PREFERENCIAL. La tramitación de la Acción de Cumplimiento estará a cargo del Juez, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación, para lo cual pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo la Acción de Tutela. Cuando en la localidad donde se presente la Acción de Cumplimiento funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquel ante el cual se ejerció la misma se someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad una vez realizado el reparto por solicitud de cumplimiento se remitirá inmediatamente al funcionario competente. Los términos son perentorios e improrrogables…” Lo anterior permite predicar que la conducta de la doctora MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON como Consejera de Estado está justificada, máxime cuando existen constantes interrupciones del interesado que generan dilación y sobretodo hay que destacar que ella no está habilitada para el ejercicio de las atribuciones del Artículo 3º. de la legislación señalada, por lo que no se deduce transgresión culposa al mencionado orden. Entonces, en éste momento no es posible iniciar actuación disciplinaria alguna dado que el comportamiento acusado es irrelevante, conforme al Parágrafo 1º. del Artículo 150 de la Ley 734 de 2002, decisión que no genera cosa juzgada, ni es juicio sobre los acontecimientos. Finalmente, si se concreta una conducta que pueda
ser investigada en el futuro procedería, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 164 de la Ley 734 de 2002.
4. S O L I C I T U D: En consecuencia, esta Agencia del Ministerio Público, respetuosamente pide al señor Representante Investigador al no existir mérito para investigar de oficio éste asunto que presente proyecto para abstenerse de dar apertura investigación penal en éste diligenciamiento No. 1847 adelantado contra la doctora MARIA NOEMI HERNANDEZ, Consejera de Estado, dictando la respectiva decisión de archivo.
No sobra agregar que dicha determinación deberá comunicarse al Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el señor Representante Investigador, conforme a lo previsto en el Artículo 331 de la Ley 5ª de 1992 y notificarse a esta Oficina según lo ordenado en el Artículo 5º. de la Ley 273 de 1996 que modificó el Reglamento del Congreso de la República en cuanto al juzgamiento de los Altos Funcionarios del Estado que a la letra reza: “En todos los procesos que se adelanten ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es obligatoria la presencia del Ministerio Público”. Atentamente,
ELSA PATRICIA CARREÑO MARIN
Procuradora Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal MPR.