PGN - ACCION DE NULIDAD - Diferencia con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D.C. Febrero 14 de 2003 Alegato N° 034 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade

Expediente 7516 En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le asisten, procede esta Procuraduría Delegada a presentar alegato de conclusión en el 2 proceso de la referencia, dentro del término establecido en el Art. 210 del C.C.A. en la nueva redacción del Art. 59 de la ley 446 de 1998. ANTECEDENTES El ciudadano Sixto Manuel García Mejía, actuando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública consagrada en el Art. 84 del C.C.A., solicita la nulidad de la Resolución 1-010 del 29 de octubre de 1999, expedida por la Comisión Nacional de Regalías, “por la cual se ordena un cambio de ejecutor para la administración de los recursos de regalías directas giradas al municipio de Santiago de Tolú y se autoriza al Departamento de Sucre su administración”, por considerarla contraria a la ley. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN La Resolución demandada, según el actor viola los arts. 66 y 84 del C.C.A. en cuanto los fundamentos de hecho y de derecho en los que se sustentó, desaparecieron y dado que se expidió con falsa motivación, y desarrolla el concepto de violación de la siguiente manera:

1. Que la Resolución acusada que viene aplicándose, perdió su fuerza

ejecutoria por haber desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su expedición, en cuanto los supuestos malos manejos de los recursos de regalías directas giradas al municipio de Santiago de Tolú, que motivó la expedición de dicha resolución, han desaparecido, puesto que solo se dieron en la administración del doctor Jairo Romero Bonilla, estando actualmente representado el municipio por 3 el señor Alfredo José Navas Patrón, elegido como Alcalde el 30 de octubre de 2000 para el período 2.001-2003, quien ha sometido a la administración municipal al proceso de reestructuración con base en la ley 550 de 1999 y sin que éste haya tenido oportunidad de manejar los recursos de regalías directas del municipio, lo cual impide alegar un mal manejo de los mismos, concluyendo entonces que dichos fundamentos de hecho han desaparecido. Así mismo han desaparecido los fundamentos de derecho, dado que la resolución atacada se expidió en uso de las atribuciones otorgadas en el Art. 7° del D. 1178 de 1999, tal como aparece de sus propios considerandos, el que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-722/99, lo que implica que dicha resolución quedara sin sustento legal.

2. Que respecto de la falsa o errónea motivación, todo acto administrativo como decisión que es, presupone la existencia de ciertas condiciones o circunstancias de hecho y de derecho en los cuales se apoya la voluntad decisoria de la administración,que constituyen el motivo del acto, de suerte que al desaparecer deviene evidentemente su nulidad.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO La situación planteada en este proceso permite advertir la existencia de dos extremos que es necesario tener en cuenta al asumir su estudio en consideración a la acción instaurada, frente a los cuestionamientos en ella planteados y a la posición asumida por la entidad demandada, a saber: La acción pública de nulidad en su naturaleza y objetivos y la Resolución N° 1-010 en su contenido. 4 Pues bien, es regla general dentro del ámbito del derecho administrativo que la acción pública de nulidad o de nulidad objetiva tiene cabida de ordinario frente a actos de contenido general, impersonal o abstractos y excepcionalmente frente a actos de contenido particular y concreto; de suerte que su finalidad se traduce en la preservación o restablecimiento de la legalidad y en la restauración del orden jurídico vulnerado. La acción de nulidad y restablecimiento o contencioso subjetivo opera por el contrario, frente a actos de contenido particular y concreto y busca en suma el restablecimiento del derecho vulnerado; de suerte que solo puede ejercerse por quien se sienta ofendido en su derecho amparado por una norma jurídica, dentro del término de caducidad que es de cuatro (4) meses, a diferencia de la pública de nulidad que puede ejercerse por cualquiera persona y en cualquier tiempo. No obstante lo anterior, uno de los casos excepcionales del ejercicio de la acción pública de nulidad frente a actos de contenido particular y concreto, lo constituye la eventualidad en la que la nulidad del respectivo acto no implique el restablecimiento automático del derecho afectado, al punto que si ello ocurre, se sigue la regla general, vale decir, que solamente está legitimado para su

ejercicio la persona afectada, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y dentro de la oportunidad señalada en la ley. Sobre este particular el Honorable Consejo de Estado, dando alcance a la doctrina, a través de su Sección Tercera señala: “La regla general que contempla el articulo 84 (Acción de simple nulidad) y que permite la nulidad de los actos administrativos sin distingos, en el solo interés del mantenimiento del orden jurídico, deberá armonizarse así con lo que dispone el artículo 85, el cual enseña que cuando la nulidad del acto restablece el derecho de la persona afectada con el mismo, la acción no podrá ser la regulada en aquél sino la nulidad y el restablecimiento del derecho prevista en éste. 5 En otras palabras, la acción de simple nulidad procederá contra los actos administrativos de contenido general y con miras al mantenimiento de la legalidad abstracta; igualmente procederá, con idéntico propósito contra los actos de contenido particular cuando su nulidad no restablezca el derecho de la persona afectada con el mismo; porque si esa nulidad tiene efectos restablecedores para la persona afectada con el acto, la acción, que no podrá instaurarse sino por persona legitimada (la que se crea lesionada en un derecho suyo amparado por una norma jurídica) y en la oportunidad señalada en la ley (C.C.A., Art. 136 inciso 2°), no podrá ser otra que la de nulidad y restablecimiento del derecho.......” (Sent. del 18 de abril de 1996, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero

Ponente: doctor Carlos Betancur Jaramillo).

Trasladado este marco jurídico y conceptual al sub-littae, encontramos que examinada la Resolución acusada en su contenido, ésta representa sin duda alguna un acto administrativo de contenido particular y concreto como que se relaciona con un derecho de índole semejante amparado por la Constitución y la ley en favor del Municipio de Santiago de Tolú, respecto de la administración y manejo de las regalías directas en calidad de beneficiario de las mismas, siendo dicho municipio y solo él, el directamente lesionado por dicho acto, convirtiéndose por ende en el titular único de la acción tendiente al restablecimiento del derecho del que fue despojado a través de la correspondiente acción resarcitoria, la que por tal razón debía ejercitarse dentro del término legal establecido, o sea dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de su notificación, en los términos del artículo 136 numeral 2° del C.C.A. De otra parte del contenido mismo de la demanda puede apreciarse con claridad que la acción está dirigida no propiamente a la salvaguarda del orden jurídico sino al restablecimiento del derecho del municipio de Santiago de Tolú, referido a la administración, manejo y ejecución de los recursos originados en las regalías y compensaciones, del cual había sido despojado a través de la 6 resolución objeto de cuestionamiento, a raíz de los malos manejos que venían ocurriendo, lo que implicaba que la acción procedente en este caso era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de simple nulidad en tanto que en ésta además, la nulidad de la Resolución demandada implica el restablecimiento automático del derecho afectado, lo que impide el ejercicio de

la acción pública de nulidad, la que, a contrario sensu, se ve igualmente desplazada por la resarcitoria frente a actos de contenido general, cuando su nulidad implique a la vez un restablecimiento automático. En estas condiciones al no haberse ejercitado en el sub-examine la acción que correspondía, ni por el directamente perjudicado o sea el municipio de Santiago de Tolú, tampoco dentro del término de caducidad señalado en el Art. 136 inciso 2° del C.C.A., Las pretensiones de la demanda no pueden tener prosperidad alguna y deberán rechazarse por falta de legitimación en la causa por activa (legitimatio ad processum), como presupuesto fundamental de la acción, dado que el actor no tenía capacidad procesal para actuar, en tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo único titular de la misma, en su condición de perjudicado directo, era el municipio de Santiago de Tolú, como se dejo plenamente establecido, fuera de que para el momento de su ejercicio ésta ya había caducado. Con fundamento en las breves consideraciones que anteceden, esta agencia del Ministerio Público, muy comedidamente se permite solicitar de esa H. Corporación, sean negadas las súplicas de la demanda. 7 Atentamente,

MARTHA CLEMENCIA MENDOZA ARDILA

Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado