PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Aplicación del requisito de procedibilidad de orden constitucion

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-No requiere agotamiento de la vía gubernativa La acción electoral es una acción pública de legalidad de un acto administrativo, que puede ser ejercida por todos y por cualquiera de los ciudadanos, se encuentra sujeta a reglas propias en las que, en principio, no se ha establecido como requisito de procedimiento el agotamiento previo de la vía gubernativa. Sobre este particular, el H. Consejo de Estado se ha manifestado en este sentido y ha sido enfático en señalar que no existe ningún texto legal que haya instituido, como condición para el ejercicio de la acción electoral, el requisito previo del agotamiento de la vía gubernativa. REVOCATORIA-De inscripción en el tema electoral La revocatoria de la inscripción es una facultad asignada al Consejo Nacional Electoral y opera a petición de parte o de manera oficiosa, pero no se estableció como requisito para ejercer el contencioso de nulidad de contenido electoral. ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Aplicación del requisito de procedibilidad de orden constitucional Ahora bien, en la Constitución Política en el parágrafo del artículo 237 ha establecido un requisito de procedibilidad para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa, pero este opera solo para aquellos eventos en los que la nulidad se formula con fundamento en las denominadas causales objetivas por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio. ACCIÓN DE NULIDAD-Alcances de la denominada inexistencia de inhabilidad Esta excepción tampoco ha de prosperar. Esta Delegada funda la aseveración anterior en jurisprudencia que elaborara el H. Consejo de Estado y conforme a la cual : Derivándose

la acción ejercida del derecho que consagra la ley en favor de toda persona para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos, no es posible predicar de dicho ejercicio una inexistencia de causal cuando, precisamente, la causal que se alega es el objeto de la litis, y sobre ella corresponde al juez administrativo decidir en la sentencia que ponga fin al proceso, de tal manera que no se trata propiamente de una excepción que pretenda enervar la pretensión. INHABILIDAD–Definición gramatical y jurídica Como se ha indicado por este Despacho en oportunidades anteriores, y nuevamente se reitera, la inhabilidad gramaticalmente, se entiende como el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo”, así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. En el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992 se dice que inhabilidad es todo acto o situación que invalide la elección de congresista o impide serlo. Como corolario de lo anterior, se puede concluir que la inhabilidad es aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como

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van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Finalidad Se ha señalado que la finalidad del establecimiento de un régimen de inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma, se ha dicho que constituyen una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función; que con su consagración lo que se busca es :impedir el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado para hacerse elegir o hacer elegir a determinadas personas; mantener la igualdad de condiciones entre quienes aspiran al favor popular en la elección popular. De igual manera, se ha dicho que su fin teleológico es cautelar de nocivas influencias y desigualdades incompatibles con el diáfano y equitativo discurrir democrático, los procesos electorales, garantizando así la independencia de los electores y la libertad de los elegidos o nombrados. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Doctrina de la pgn/INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Concepto doctrinal Ahora bien, esta Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en varios de sus conceptos ha iniciado el estudio destacando en un acápite especial la regla de hermenéutica que se impone, cuando le corresponde al intérprete u operador jurídico abordar el estudio de normas prohibitivas o restrictivas del ejercicio de derechos. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Por gestión de negocios o celebración de contratos Se encuentra el proceso en trámite bajo la consideración de que la elegida transgredió el régimen de inhabilidades, en particular la señalada en el numeral 3º del artículo 40 de la

Ley 617 del 2000, relacionada con la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Requisitos para su configuración cuando la causal es por gestión de negocios o celebración de contratos Del contenido de la norma, siguiendo en ello a la Sala Plena del H. Consejo de Estado que analizó los presupuestos que a continuación se enlistan en relación con la inhabilidad señalada en la Constitución para los congresistas, adecuados a la norma citada, se tiene que para la prosperidad de la pretensión que se funda en la inobservancia de esta inhabilidad se han de demostrar los siguientes presupuestos: 1.- El sujeto de la prohibición: El elegido Concejal; 2.- La conducta prohibitiva: Celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel; 3.- Móvil de la actuación: En interés propio o de un tercero. 4.- Circunstancias modales de la actuación: 4.1.- Tiempo: Celebración del contrato dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 4.2. Lugar: Que el contrato o los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Conforme a lo indicado por el demandante, la elegida concejal del Distrito de Santa Marta (Magdalena) celebró contratos de prestación de servicios con el Departamento

Administrativo Distrital del Medio Ambiente –DADMAdentro del año anterior a la elección, los cuales debían ejecutarse en el respectivo Distrito. De estos dos contratos se infiere, sin hesitación alguna, que la elegida concejal era inelegible por cuanto había celebrado contratos, con UNA entidad pública del orden municipal, dentro del año anterior a la elección, y los cuáles debían ejecutarse en el distrito, es decir, que los presupuestos que atrás se señalaron como configuradores de la causal se cumplían a cabalidad todos y cada uno de ellos. DOCUMENTO AUTÉNTICO-Eficacia probatoria Se presume que el Director de la entidad es el funcionario que puede certificar sobre la autenticidad de los documentos de la entidad, más tratándose de los contratos allegados al plenario, que los suscribe el Director del Departamento Administrativo, se trata de documentos que deben estar en esa oficina y los funcionarios públicos están facultados para autorizar copias de documentos que se encuentren en su oficina, ya sean transcripciones o reproducciones mecánicas. CONTRATO-Intereses en los celebrados con la administración En cuanto al interés en la celebración del contrato, es de advertir que lo sostenido por el apelante no es de recibo pues afirmar que el contrato no lo celebra la elegida concejal en interés propio porque está ejecutando una actividad de la administración y que ella realiza el interés público es asunto que tampoco llama a duda, por cuanto que por la celebración y ejecución de los contratos recibe unos honorarios, o sea, si hay interés propio en los mismos. Efectivamente dos intereses se vislumbran en todo contrato de la administración (i) el que le es propio a la administración contratante, que será y debe ser siempre realizar el

interés público, satisfacer el interés de la comunidad en general. Así lo señala la Ley de contratación, cuando indica que :los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines y (ii) el del contratista llamado a celebrar el contrato, que en casos como el que es objeto de examen está determinado por un animo reflejado en el valor del contrato, también señalado de manera expresa en la Ley cuando prescribe que: Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. Bogotá D.C., agosto 15 de 2012 Concepto No. 048 Señores Consejo de Estado

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M.P. Dra. SUSANA BUITRAGO VALENCIA

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 470012331000 2011 00526 02

Radicado interno: 2011 - 00526

Actor: Carlos Vicente Bolaño Gómez

Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 9 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección de la señora Rosmira Rivadeneira como

concejal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Magdalena) para el período 2012 - 2015.

Respetada Señora Consejera: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  1.- La demanda El ciudadano Carlos Vicente Bolaño Gómez, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral demandó la nulidad del acto por el cual la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena declaró la elección de concejales en el Distrito Turístico Histórico y Cultural de Santa Marta

(Magdalena), en cuanto en este acto se contiene la elección de la ciudadana Rosmira del Rosario Rivadeneira Narváez.  Pretensiones de la demanda El actor la concreto como a continuación se indica:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «1. Que se declare parcialmente nulo el acto administrativo expedido el

veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011), por medio del cual la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena, luego de resolver las apelaciones interpuestas contra algunas decisiones proferidas por la Comisión Escrutadora Municipal, mediante acta, declaró entre otros, a la señora ROSMIRA DEL ROSARIO RIVADENEIRA NARVÁEZ, como Concejal Electo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para el período constitucional y legal 2012 – 2015, avalada, inscrita y elegida por el Movimiento Político AFROVIDES; tal y como consta en el Acto Administrativo declaratorio de la elección contenido en el Acta General de escrutinios (E-26 CO)….» «2. (…)»  Hechos de la demanda Luego de aludir a aspectos generales del proceso electoral adelantado, el actor manifiesta que la ciudadana Rosmira del Rosario Rivadeneira Narváez, estaba inhabilitada para ser inscrita como candidata al Concejo del Distrito de Santa Marta, porque en ella se configuraba la inhabilidad del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617, por cuanto que dentro de los doce (12) meses anteriores a la declaratoria de la elección prestó sus servicios profesionales, como contratista al Departamento Administrativo del Medio Ambiente DADMA. Normas violadas y concepto de la violación Indicó como normas violadas las siguientes:  El artículo 293 de la Constitución Política.  El artículo 40 numeral 3º de la Ley 617 del 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Señala que la celebración de los contratos por parte de la elegida concejal con el

Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Santa Marta, configuran la inhabilidad del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000. Manifiesta que los presupuestos que exige la configuración de la inhabilidad se presentan en el caso, por cuanto el DADMA es un ente público del orden distrital y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co con él se celebró el contrato, se debe ejecutar en el respectivo distrito y se suscribe dentro del año anterior a la elección.  2. ) Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 9 de mayo de 2012, declaró la nulidad del Acta General de Escrutinio del 22 de noviembre de 2011, realizada por los delegados del Consejo Nacional Electoral (formulario E-26 – CO), en cuanto declaró la elección de la Señora Rosmira del Rosario Rivadeneira Narváez como concejal del D.T.H.C de Santa Marta para el período 2012 - 2015. Luego de analizar las excepciones que se propusieron y considerar que las mismas no estaban llamadas a prosperar, procede a estudiar la Litis propuesta considerando para el efecto unas premisas normativas y unas fácticas. Se refiere en su decisión a aquellas providencias en las que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han considerado la imposibilidad estructurar esta inhabilidad para luego concluir señalando los presupuestos que se

requieren acreditar para efectos de la demostración de la causal del numeral 3º del artículo 40, precisando que los mismos son los siguientes: i) la elección del concejal; ii) la celebración de un contrato en interés propio o de terceros; iii) que el contrato se celebre con entidades públicas; iv) que se ejecute en el respectivo municipio o distrito y, v) que se celebre dentro del año anterior a la elección. Seguidamente analiza lo que denominó premisas fácticas, que están constituidas por los elementos de prueba que son demostrativos de la causal y concluye en manifestar que la elegida concejal ciudadana Rosmira del Rosario Rivadeneira Narváez, se encontraba incursa en la causal de inhabilidad y por lo mismo, falla declarando la nulidad de la elección.  3. ) Recurso de apelación

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En su escrito el apoderado de la demandada solicita que se entiendan incorporados al alegato de impugnación, lo que indicara en la contestación de la demanda en relación con la solicitud de pruebas, las excepciones y los alegatos de conclusión. Ab initio manifiesta que los argumentos en los cuales centra su impugnación son los siguientes:  La falta de autenticación de los documentos aportados con la demanda (contratos y demás soportes) y,  Que el a-quo no consideró que las funciones realizadas por la elegida

concejal en cumplimiento de los contratos buscaban la satisfacción del interés general y no el interés propio. En cuanto al primero de los argumentos sostiene que el demandante no acreditó con documentos idóneos la inhabilidad porque los aportados al plenario eran «copias con un sello que no hace mención a la fecha de expedición, carece de firma y denominación del cargo de quien en el DADMA tiene asignada la función de dar FE de la autenticidad de los documentos, esto es de quien en cumplimiento de sus deberes legales está autorizado para la expedición de las mismas…» Concluye manifestando que «… si a la actuación que nos ocupa no se allega el documento idóneo, es decir, con la observancia de los requisitos de autenticidad, la copia tal como se presentó de los contratos, no es posible que se le dé el valor probatorio del cual carece, y en ese orden, deben negarse las pretensiones de la demanda». Más adelante expresa como conclusión lo siguiente: «Al no existir prueba que conlleve demostrar efectivamente que entre el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente DADMA y la señora ROSMIRA ROSARIO RIVADENEIRA NARVAEZ, se celebraron contratos en el período inhabilitante, es decir entre el 30 de octubre de 2010 y 30 de octubre de 2011, esta corporación judicial debe desestimar las pretensiones de la parte demandante las cuales buscan que se decrete la nulidad de la elección de la Concejal del Distrito de Santa Marta a la ciudadana ROSMIRA ROSARIO RIVADENEIRA NARVAEZ para el período constitucional y legal 2012 – 2015, por su presunta incursión

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000» Expresa que se analizó con objetividad la naturaleza de los contratos suscritos por la elegida Concejal y la finalidad de los mismos; en términos del impugnante, la actuación de la demandada se dio en cumplimiento de un deber legal inherente a los fines propios de la entidad contratante, sostiene que cuando ejecutaba el contrato lo hacía en nombre y representación de la autoridad ambiental del Distrito de Santa Marta y que todas las actividades que se desarrollan en pro de la preservación del medio ambiente, su interés es general lo cual desvirtúa el interés propio a que hizo alusión el a-quo para configurar la causal de inelegibilidad.  Admisión del recurso Por auto del 18 de julio de 2012, se admitió el recurso, se ordenó su fijación en lista y se dispuso que, vencido este trámite, se diera el traslado respectivo para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y cumplido lo anterior, se remitiera al Ministerio Público para emitir el concepto de rigor que le corresponde.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede este Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto de rigor que le corresponde en el asunto sub examen.

Como el apoderado de la demandada en su escrito de apelación manifiesta que se

han de considerar las excepciones propuestas, esta Delegada de manera previa al estudio del asunto de fondo se referirá a estos medios de defensa, que propuso el apoderado de la demandada al contestar la demanda.  Excepciones propuestas  1.) Ineptitud sustantiva de la demanda

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Sostiene que la demanda no ha debido ser admitida, porque con ella no se acompañaron debidamente autenticados los documentos que se pretenden hacer valer como prueba de la causal de inhabilidad. Para esta Delegada este argumento debe ser considerado no como excepción según lo pretende el apoderado judicial de la parte demandada. El mismo atañe al fondo del asunto y debe comprenderse su estudio en la decisión, y allí el operador ha de evaluar si los medios de prueba allegados por la parte actora, son demostrativos de la causal de inhabilidad que invoca en pro de su pretensión. Conforme a lo anterior la excepción no está llamada a prosperar.  2.) Falta de agotamiento del procedimiento administrativo de solicitud de revocatoria de la inscripción Esta excepción tampoco está llamada a prosperar. En efecto, el requisito a que alude el apoderado de la parte opositora, o sea, el solicitar la revocatoria de la inscripción del candidato ante las autoridades electorales, no se ha señalado en la Ley como requisito de procedibilidad.

La acción electoral es una acción pública de legalidad de un acto administrativo, que puede ser ejercida por todos y por cualquiera de los ciudadanos, se encuentra sujeta a reglas propias en las que, en principio, no se ha establecido como requisito de procedimiento el agotamiento previo de la vía gubernativa. Sobre este particular, el H. Consejo de Estado se ha manifestado en este sentido y ha sido enfático en señalar que no existe ningún texto legal que haya instituido, como condición para el ejercicio de la acción electoral, el requisito previo del agotamiento de la vía gubernativa.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co La revocatoria de la inscripción es una facultad asignada al Consejo Nacional Electoral y opera a petición de parte o de manera oficiosa, pero no se estableció como requisito para ejercer el contencioso de nulidad de contenido electoral. Ahora bien, en la Constitución Política en el parágrafo del artículo 237 ha establecido un requisito de procedibilidad para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa, pero este opera solo para aquellos eventos en los que la nulidad se formula con fundamento en las denominadas causales objetivas por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio. El parágrafo del artículo 237 de la Carta Constitucional sobre el particular prescribe lo siguiente: «PARÁGRAFO: Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la

demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral».  3.) Inexistencia de inhabilidad Esta excepción tampoco ha de prosperar. Esta Delegada funda la aseveración anterior en jurisprudencia que elaborara el H. Consejo de Estado y conforme a la cual «Derivándose la acción ejercida del derecho que consagra la ley en favor de toda persona para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos, no es posible predicar de dicho ejercicio una inexistencia de causal cuando, precisamente, la causal que se alega es el objeto de la litis, y sobre ella corresponde al juez administrativo decidir en la sentencia que ponga fin al proceso, de tal manera que no se trata propiamente de una excepción que pretenda enervar la pretensión».1  Consideración preliminar o Noción de inhabilidad o Interpretación restrictiva del régimen de inhabilidades 1 Consejo de Estado – Sección Primera – Consejero Ponente Libardo Rodríguez Rodríguez – sentencia de 17 de junio de

1994. Radicado 2459

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como se ha indicado por este Despacho en oportunidades anteriores, y

nuevamente se reitera, la inhabilidad gramaticalmente, se entiende como el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo”2, así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. En el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992 se dice que inhabilidad es todo acto o situación que invalide la elección de congresista o impide serlo. Como corolario de lo anterior, se puede concluir que la inhabilidad es aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. Se ha señalado que la finalidad del establecimiento de un régimen de inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma, se ha dicho que constituyen una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función; que con su consagración lo que se busca es “impedir el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado para hacerse elegir o hacer elegir a determinadas personas; mantener la igualdad de condiciones entre quienes aspiran al favor popular en la elección popular”. 3 De igual manera, se ha dicho que su fin teleológico es cautelar de nocivas influencias y desigualdades incompatibles con el diáfano y equitativo discurrir

democrático, los procesos electorales, garantizando así la independencia de los electores y la libertad de los elegidos o nombrados. 4 2 Diccionario de la Lengua Española – Real Academia Española – Editorial Espasa Calpe - Madrid España – XXI edición –

11999. Pág 1167 3 ? Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – M.P. Dr.: AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ. Sentencia de 17 de agosto de 1995. Exp. No. 1306 4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – M.P. Dr.: AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ. Sentencia de 13 de julio de 1995. Exp. No. 1346

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Ahora bien, esta Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en varios de sus conceptos ha iniciado el estudio destacando en un acápite especial la regla de hermenéutica que se impone, cuando le corresponde al intérprete u operador jurídico abordar el estudio de normas prohibitivas o restrictivas del ejercicio de derechos. Con el respeto de la H. sala se reitera y se transcribe, lo que sobre este punto en particular se ha indicado,  “La interpretación del asunto se debe hacer con carácter

restrictivo “Una de las reglas de hermenéutica jurídica enseña que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, además el intérprete debe tener que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”, según expresión tradicional de la H. Corte Suprema de Justicia (Casación de diciembre de 1898, XIV, 92), toda vez que según expuso la misma Corporación (Acuerdo, 29 de septiembre de 1917. XXVI, 154) el principio de hermenéutica jurídica estatuye que las disposiciones de carácter excepcional, en materias que no sean penales, deben interpretarse restrictivamente por causa de su previsión y exactitud para efectos de no extender una excepción más allá de los límites indicados en ella o para no reducirla hasta el punto de sustraer de su imperio casos que deben quedar comprendidos en su ámbito. 5 Lo anterior significa que las prohibiciones contenidas en la Constitución o en la ley deben interpretarse con estricta sujeción a la descripción que las contenga, buscando que su aplicación se circunscriba al ámbito de su comprensión gramatical, sin modificar su espectro en ninguna dirección, y que en esta forma, obviamente, debe tratarse aquélla que se refiera señalada en el inciso final del artículo 122 de la Norma Superior, disposición conforme a la cual no podrán ser inscritos como candidatos a cargo de elección popular, ni elegidos “quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado

sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño” . Como lo ha dicho en varias oportunidades esta Delegada en los conceptos que ha rendido en asuntos de competencia el H. Consejo de Estado – Sección Quintay como lo tiene aceptado la jurisprudencia, dado el tema que se analiza que corresponde a un régimen de excepciones -las inhabilidades lo son-, que limita el ejercicio de derechos fundamentales “éste debe ser interpretado de conformidad con la regla de hermenéutica que enseña que “en 5 Las citas están tomadas de los comentarios consignados por JORGE ORTEGA TORRES, a los artículos 27 y 31 del Código Civil. (Código Civil. Ed. Temis).

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”; este Despacho considera que si la elaboración interpretativa se ciñe a esta regla se cumplirán en mejor forma los principios interpretativos “in dubio pro homine” e interpretación “pro homine” de conformidad con los cuales debe acogerse la interpretación más favorable a los derechos humanos fundamentales cuando existan ambigüedades en la exégesis de una norma jurídica, la que permita y posibilite a la persona ejercer el derecho fundamental que en su favor ha consagrado el Constituyente, además, que en caso de

duda, esta se dilucidará a favor de la libertad del ser humano como garantía de la efectiva vigencia de los derechos (subjetivos) fundamentales”. No se puede desatender a esta regla de hermenéutica a la cual aludió de manera expresa la H. Magistrada doctora MARIA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN, en el salvamento de voto que hiciera a la sentencia que decretó la pérdida de investidura del Senador de la República doctor Iván Díaz Mateus, de él se destaca el aparte en cual consigna como regla de interpretación que cuando ésta “se realice sobre el ejercicio y alcance de los derechos fundamentales debe siempre ser lo más favorable posible a su titular, permitiendo a través de ello que la garantía de los derechos fundam