PGN - ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL - No están dados los elementos de juicio

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-No están dados los elementos de juicio que sumen una contrariedad en la elección del Representante a la Cámara, no se acreditó la consumación de la inhabilidad alegada por los demandantes Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Bogotá D.C., 8 de junio de 2022 Concepto No. 2022-06-NE091 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00101-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL, artículos 179 -3, Constitucional y 280-5 de la Ley 5 de 1992

DEMANDANTE: JUAN ALEJANDRO SÁNCHEZ MUÑOZ Y OTRO DEMANDADA: JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLOREPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE

CALDAS, PERÍODO 2022-2026

ASUNTO DE INTERÉS: INHABILIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS Dentro del término concedido mediante auto de 26 de mayo de 2022, intervengo como agente del Ministerio Público en el trámite de solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección de JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, período 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.1. El 13 de marzo de 2022 se llevaron las elecciones para elegir al Congreso de la República, período 2022-2026. 1.1.2. El 20 de marzo de 2022, según el formulario E-26 CAM, resultó electa JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, período 2022-2026. 1.1.3. El 9 de mayo de 2022, contra el acto de elección E-26 CAM, del 20 de marzo de 2022, se interpuso demanda de nulidad electoral y se allegó escrito de solicitud de suspensión provisional. 1.2. Argumentos y normas que sustentan la solicitud de la medida cautelar Los demandantes, mediante escrito separado, presentaron solicitud de suspensión provisional del acta de escrutinio E-26 CAM de 20 de marzo de 2022, por medio del cual se eligió a JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, período 2022-2026, al considerar que se desconoció el numeral 3 del artículo 1791 constitucional y el numeral 3 del artículo 2802 de la Ley 5 de 1992; esto es, estar incursa en inhabilidad por haber adelantado negocios ante entidades

públicas dentro del período inhabilitante. Lo anterior, aducen, por cuanto la demandada se lucró y se continúa lucrando de la relación existente entre la sociedad Londoño Jaramillo Asociados S.A.S., de la cual es representante legal, y, la Central de Inversiones S.A. (CISA) como entidad pública, “lo cual queda plenamente demostrado con la evidencia aportada y solicitada ante su Honorable Despacho, probando así la inhabilidad expuesta en la que se encuentra la Dra. Juana Carolina Londoño Jaramillo”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1“3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”. 2“3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección”.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 2.1. Problema jurídico Corresponde determinar si es procedente la suspensión provisional del acta de escrutinio E26 CAM, del 20 de marzo de 2022, mediante la cual se declaró electa a JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, período 2022-2026.

Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la suspensión provisional; ii) la causal de inhabilidad por gestión de negocios; y, iii) luego analizará los fundamentos de la medida cautelar en el presente caso. 2.2. Suspensión provisional La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control. El Consejo de Estado, específicamente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA. Igualmente, el legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, la Sección Quinta, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al

artículo 233 el CPACA para ordenar el traslado allí previsto. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 4 En consecuencia, la mayoría de la Sala Electoral corre el traslado de esta solicitud y luego decide sobre la misma en el auto admisorio. Diferencia con los otros medios de control regulados en el CPACA, en tanto, en el resto de los procesos declarativos la solicitud de medida cautelar se puede hacer en cualquier momento. En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral se ha indicado que: “i) La medida cautelar se debe solicitar (no es oficiosa), ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el actor sustente en escrito separado presentado con esta u otro posterior, siempre y cuando se pida antes de admitir la misma. Lo anterior exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. ii) Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza. iii) Para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado”.3 Igualmente, se ha advertido que, para resolver la solicitud de medida cautelar, el juez de lo

contencioso “…debe efectuar un estudio, un análisis de los argumentos expuestos y confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados al proceso para llegar al convencimiento sobre la procedencia o no de la medida, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del artículo 152 del C.C.A., en donde la infracción debía ser manifiesta”4 (negrillas del texto original que se transcribe). En consecuencia, con las pruebas presentadas en la demanda y los argumentos expuestos para solicitar la medida cautelar, al juez le corresponde efectuar un juicio previo de legalidad, el cual es provisional y, por tanto, puede variar al resolver el asunto de fondo, según la dinámica del proceso, razón por la que el artículo 229 del CPACA señala que la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. 3Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de 09 de abril de 2015. Radicación: 19001-23-33-000-201500044-01. Demandante: Luis Guillermo Céspedes Solano. Demandada: Paola Andrea Umaña Aedo. Rectora de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. M.P.: Alberto Yepes Barreiro. 4 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto 18 de febrero de 2015. Radicación número: 11001 03 28 000 2015 00003 00. Actor: Nación-Ministerio de Educación Nacional. Demandado: Jaime Alberto Leal

Afanador.M.P.: Alberto Yepes Barreiro.

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Página 5 Bajo ese análisis, la medida cautelar se puede decretar en el auto que admita la demanda si i) del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas se advierte violación de estas; o, ii) si del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, se demuestra que el acto es contrario al ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, corresponde analizar los cargos en que se sustenta la solicitud de la medida cautelar y las pruebas allegadas, para determinar su procedencia. 2.3. La inhabilidad por gestión de negocios y celebración de contratos El artículo 179, numeral 3 constitucional, replicado de manera idéntica en forma y en contenido por el numeral 3 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992, consagra que no podrán ser congresistas: “3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”. La primera parte del numeral trascrito contiene dos conductas o hechos inhabilitantes: la primera, la gestión de negocios y la segunda, la celebración de contratos. El último apartado, consagra una inhabilidad adicional; esto es, la relacionada con la representación legal de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento. Respecto de la inhabilidad por gestión de negocios, que impide el acceso a varios cargos

de elección popular, conviene destacar que ha sido justificada, por la Sección Quinta, en la necesidad de evitar dos circunstancias: i) que el particular que gestiona el negocio saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y ii) que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular5. 5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 31 de julio de 2009. Expediente: 2007-00244-02, reiterada en sentencia de 5 de marzo de 2012, expediente 11001-03-28-000-2010-00025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro a su vez reiterada en la sentencia de 3 de septiembre de 2020, expediente: 11001-03-28-0002020-00010-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 6 La conducta, de acuerdo con la Sección, “consiste en la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado”6. Además, ha sido descrita como la participación o realización de diligencias por parte del candidato, ante entidades públicas, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un

beneficio que puede o no, tener carácter lucrativo, es decir, el interés del candidato puede consistir en la imagen preponderante que puede otorgarle ante el electorado el hecho de tomar parte en diligencias y trámites antes las entidades públicas7. Ha resaltado la jurisprudencia que la gestión i) debe ser realizada directamente por quien luego es candidato o elegido y ii) tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.”8 Conviene destacar que la Sección, de manera contundente ha indicado que las actividades posteriores a la celebración de un contrato no constituyen gestión de negocios: “… la jurisprudencia ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato estatal.9 Son las diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete.10 Siendo así, mucho menos constituyen gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el Estado, como las relacionadas con su ejecución o liquidación.11”12 (Negrillas fuera de texto) 6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 5 de marzo de 2012. Expediente: 11001-03-28-0002010-00025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 7 Sentencia de 13 de septiembre de 2007, Rad. 3979-3986.

8 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 21 de abril de 2009.

Expediente: 2007-00581(PI), reiterado en sentencia de 5 de marzo de 2012, rad: 11001-03-28-000-201000025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 13 de agosto de 2004, Expediente: 3944-3957. 10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de octubre de 2002, Rad. PI-046 y Sección Quinta, sentencia de 13 de septiembre de 2007, Expediente 3979-3986. 11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 10 de marzo de 2005, Expediente: 3451. 12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 5 de marzo de 2012. Expediente: 11001-03-28000-2010-00025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. Reiterada en sentencia de 25 de octubre de 2018, Expediente: 11001-03-28-000-2018-00018-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Página 7 La jurisprudencia13 ha indicado que los elementos de la gestión de negocios son:

1. Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás. ii) Elemento material u objetivo: la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado o participar en trámites negociales ante autoridades en interés propio o de terceros. iii) Elemento territorial: que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe efectuarse la elección. iv) Elemento subjetivo: la gestión tiene que ser potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.

Debe destacarse que “[l]a gestión de negocios también ha sido definida por esta Sala Electoral como ‘(…) las tratativas precontractuales sin que se requiera en efecto la culminación o logro de la celebración del contrato o negocio jurídico de que se trate (…)’14.”15 (Negrilla añadida). Ahora bien, es relevante señalar que, una vez celebrado el contrato, la causal de inhabilidad será, valga la redundancia, la celebración de contratos y no la intervención en la gestión, como se evidencia a continuación: “Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios propiamente dicha. Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin

de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la 13 Ver CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00090-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-00110-00). Sentencia de 28 de marzo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de 13 de diciembre de 2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00018-00. Sentencia de 25 de octubre de 2018. M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-0328-000-2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P.: Susana Buitrago Valencia. 14 Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandada: Ana María Rincón Herrera, Representante a la Cámara por el departamento del Huila. 15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta. Sentencia de 25 de octubre de 2018, Expediente: 11001-03-28000-2018-00018-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 celebración de contratos en interés propio o de terceros”.16 (Negrilla del texto original).

En cuanto a la inhabilidad por celebración de contratos, debe recordarse que la Sección Quinta ha precisado sus elementos, los cuales deben ser concurrentes17. Veamos:  Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás.  Elemento material u objetivo: intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. La inhabilidad, según la jurisprudencia, se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal.  Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito para el cual resultó electo.  Elemento subjetivo: la intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales al candidato o a terceros. Refiriéndose a inhabilidad por celebración de contratos, consagrada en el artículo 179, numeral 3 constitucional, la Sección Quinta señaló que “la conducta prohibida es “celebrar”; por ello, actividades relacionadas con la ejecución y/o liquidación del contrato se entienden ajenas a la inhabilidad”18. (Negrilla fuera de texto). Bajo los presupuestos mencionados, se analizará el caso del acto demandado y los argumentos expuestos en la medida cautelar. 2.4. Análisis del caso concreto El argumento de la medida cautelar está en que JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO fue elegida Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas,

período 2022-2026, pese a estar incursa en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 179, numeral 3, constitucional, reproducida en el artículo 280 numeral 3 de la Ley 5 de 16 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 18 de noviembre de 2008 M.P. Mauricio Torres Cuervo. Radicación No. 11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI). 17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Expediente: 13001-23-33-000-2018-00417-01. Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Elementos reiterados en la sentencia de 3 de septiembre de 2020, expediente: 11001-03-28-000-2020-00010-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, los cuales, si bien se refirieron al caso de un gobernador, mutatis mutandi, son aplicables al presente proceso. 18 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de abril de 2019, expediente: 11001-03-28-000-201800080-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-000127-00 y 11001-03-28-000-2018-000130-00) Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar - Partido Opción Ciudadana, Víctor Velásquez Reyes y Nesly Edilma Rey Cruz, Demandado: Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas - Senador de la República - Período 20182022. M.P: Alberto Yepes Barreiro. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 1992; esto es, haber “intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas” dentro del período inhabilitante: seis meses antes de elecciones.

Por lo tanto, le corresponde al Ministerio Público determinar si con la elección de JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas se vulneró el ordenamiento jurídico, en tratándose de la posibilidad de estar inmersa en una causal de inhabilidad. 2.4.1. De las pruebas y la presunta consumación de la inhabilidad Los recurrentes centran su tesis en que, JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO salió electa como Representante a la Cámara, período 2022-2026, por el Departamento de Caldas, pese a estar inhabitada, habida cuenta que es la representante legal de la sociedad LONDOÑO JARAMILLO ASOCIADOS S.A.S., la cual gestionó y suscribió contratos con la Central de Inversiones S.A. -CISAdentro de los 6 meses anterior a la elección, -período inhabilitante-, según lo prescrito en el numeral 3 del artículo 179 constitucional y el numeral 3 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992. Para intentar fundamentar su afirmación, los accionantes allegaron con el escrito de demanda diferentes documentos y requirieron otros, con los que consideran que se acredita la gestión de negocios ante entidades púbicas por parte de la demandada JUANA

CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO, dentro del período inhabilitante para ser Representante a la Cámara, período 2022-2026. A saber: Se allega acta parcial de escrutinio E-26 CAM del 20 de marzo de 2022, Departamento de Caldas, en la que consta que LONDOÑO JARAMILLO resultó electa como Representante a la Cámara, período 2020-2026, por el Partido Conservador Colombiano. También se anexa copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 6 de mayo de 2020, con el que se da cuenta que el 22 de enero de 2019 se constituyó la sociedad LONDOÑO Y MONTES ASOCIADOS S.A.S., la cual se reformó el 26 de agosto de 2020 y pasó a denominarse LONDOÑO JARAMILLO ASOCIADOS S.A.S. No está disuelta, actualmente se encuentre vigente, su duración es indefinida y su objeto social es: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 “…Prestar asesorías jurídicas, consultoría, capacitaciones, relaciones corporativas y asesorías en el sector privado estatal, medio ambiente, energético. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de la naturaleza que fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como todas las

actividades similares, conexas, o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad” La representante legal de la sociedad LONDOÑO JARAMILLO ASOCIADOS S.A.S. es la demandada JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO, según la inscripción del documento privado No. SIN NUM del 22 de enero de 2019 de la Asamblea de Accionistas. Por último, se adjunta la respuesta a un derecho de petición presentado ante la Central de Inversiones S.A. -CISA-, a la que se le interrogó si había celebrado contratos con la persona jurídica LONDOÑO JARAMILLO ASOCIADOS S.A.S. La contestación se dio en los siguientes términos: En primer lugar, la sociedad Central de Inversiones S.A. CISA deja claro que es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene por objeto comprar, comercializar y administrar todo tipo de inmuebles y cartera propiedad de las entidades públicas de cualquier orden o rama, así como, de los organismos autónomos e independientes previstos en la Constitución Política y en la ley, las sociedades con aportes estatales régimen especial y patrimonios autónomos. En segundo lugar, establece que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 795 de 2003, el Decreto 033 de 2015 y el artículo 1 de los Estatutos Sociales de CISA, los actos de la entidad están sujetos “exclusivamente al régimen de derecho privado”. En tercer y último lugar, da cuenta frente al requerimiento puntual lo siguiente: “indicamos

que una vez verificadas las bases de datos de contratación les informamos que la persona jurídica Londoño Jaramillo Asociados SAS identificado con NIT 9012467191 no ha celebrado contratos con la entidad”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). Es decir, que la sociedad Central de Inversiones S.A. -CISAno ha suscrito ningún tipo de contrato con la sociedad LONDOÑO JARAMILLO ASOCIADOS S.A.S. y no se pronunció sobre gestión alguna. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 11 Así las cosas, sin que exista mayor discusión, el juicio realizado por los demandantes no se ajusta y no es congruente, prima facie, con los “medios de prueba” allegados como anexos a la demanda. A saber: Por un lado, no se deriva desde ningún punto de vista que la sociedad LONDOÑO JARAMILLO SOCIADOS S.A.S., de la cual es representante legal la demandada JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO, haya celebrado contrato alguno con la Central de Inversiones S.A. -CISAy, menos, circunscrito al período inhabilitante antes de elecciones, esto es, dentro de los 6 meses anteriores al 13 de marzo de 2022. Por otro lado, tampoco está acreditado que la sociedad LONDOÑO JARAMILLO SOCIADOS S.A.S. mediante JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como representante legal, o, esta de manera independiente, haya realizado alguna gestión de tipo

contractual o de otra naturaleza ante el grupo empresarial Central de Inversiones S.A. - CISAdentro de los 6 meses anteriores a elecciones. Valga decirlo entonces, de manera preliminar, que no se avizora consumada una conducta de inhabilidad de la demandada LONDOÑO JARAMILLO en los términos del numeral 3 del artículo 179 constitucional y del numeral 3 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992; es decir, haber adelantado negocios ante entidades públicas o celebrar contratos para sí o por interpuesta persona dentro del período inhabilitante anterior a las elecciones. Lo cual es consecuente, con que en este momento procesal se tiene un escenario probatorio parcial, en la medida que solo se cuenta con los medios remitidos por la parte demandante y sus elementos de juicio y/o percepciones subjetivas sobre el particular, sin que se conozcan las evidencias de la parte demandada y de los terceros con interés en el asunto, por las que se debe esperar en el abordaje del proceso, con miras a valorar y decidir de manera eficaz y congruente con la realidad la presente litis. En ese sentido, para el Ministerio Público, en este momento preliminar, no están dados los elementos de juicio que sumen una contrariedad entre la elección de JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara, período 2022-2026 y lo prescrito en el ordenamiento jurídico, habida cuenta que no se acreditó la consumación de la inhabilidad alegada por los demandantes, según lo dispuesto en la ley y la Constitución. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 2.5. Síntesis del concepto Todo lo expuesto lleva a afirmar que lo allegado hasta el momento no tiene la entidad y la contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico, pues no se allegaron los medios de prueba que acrediten la ocurrencia y/o consumación de alguna irregularidad en la inscripción y posterior elección de JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara, período 2022-2026, por el Departamento de Caldas.

En ese sentido, esta delegada del Ministerio Público considera que en esta etapa preliminar no están dados los elementos de juicio para que se decrete la medida cautelar solicitada.

III. CONCLUSIÓN Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada solicita NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional del acta de escrutinio E-26 CAM de 20 de marzo de 2022, mediante la cual se declaró electa a JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO como Representante a la Cámara, período 2022-2026, por el Departamento de Caldas.

Respetuosamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ

Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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