PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto administrativo que regula bonif

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto administrativo que regula la bonificación por gestión judicial PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD-Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido suspendidos o anulados RÉGIMEN SALARIAL-El gobierno no puede desmejorar los derechos de los empleados RÉGIMEN SALARIAL-No es dable para al legislador establecer diferencias salariales entre iguales PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD-No se pude transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles PRINCIPIO DE IGUALDAD-Se vulnera al dar trato distinto a funcionarios de las mismas calidades, capacidades y realizadores de las mismas funciones No es compatible que en un Estado Social de Derecho se consagre la posibilidad de que dos funcionarios que reúnan las mismas calidades, capacidades, que hayan cumplido con la misma regla requisitos para ostentar el cargo, realicen las mismas funciones y se encuentren en un mismo orden, estén sometidos a un tratamiento de desigualdad, no predicada de una acción afirmativa o justificación lógica; argumentos que entre otros, sirven de fundamento para declarar nula la disposición contenida en el decreto 4040 de 2004. ACTOS ADMINISTRATIVOS-Deben respetar el derecho internacional del trabajo representado en convenios internacionales sobre la materia 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 Bogotá, D. C. Mayo 15 de 2012

PROCURADURIA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO N.100

SIAF: 2012-148312

Señores:

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDACONJUEZ PONENTE: Dr. EURIPIDES DE JESUS CUEVAS CUEVAS

E. S. D.

REFERENCIA: EXP No. : 730012331000200800176 02

NÚMERO INTERNO : 1396-11

ACTOR : HECTOR HERNANDEZ QUINTERO DEMANDADO : NACION -RAMA JUDICIALACCION : ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

ASUNTO: BONIFICACION POR GESTION JUDICIAL

I. INTRODUCCION Procede esta Agencia del Ministerio Publico, dentro de la oportunidad legal correspondiente, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia calendada al 13 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de TolimaSala de Conjueces, mediante la cual se accede a las suplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES 2.1 La demanda En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, HECTOR HERNANDEZ QUINTERO, a través de apoderado judicial solicita: “1. inaplicar por inconstitucional el decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004 por el cual se crea una, Bonificación de Gestión Judicial para Magistrados de Tribunal y otros funcionarios,

el decreto 664 de 1969 así como cualquier otro que se haya expedido en desmejora de la remuneración mensual de los Magistrados de los Tribunales Superiores.

2. Declarar la nulidad de la decisión administrativa contenida en el oficio DEAJO720006 de 21 de diciembre de 2007 expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial que negó a mi poderdante el pago de la Bonificación por compensación creada por el decreto 610 de 1998 hasta completar el 80% de lo que 2 3ª Delegada ante el C. de E.

Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 por todo concepto reciban los señores Magistrados de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). Como consecuencia de la declaración de nulidad, solicita a titulo de restablecimiento: “3. a manera de restablecimiento del derecho condenar a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar al demandante la diferencia entre el salario mensual realmente cancelado y el 80% de lo percibido por todo concepto por los señores Magistrados de las Altas Cortes, desde el 1 de mayo de 2004, y que en adelante siga pagando ese mismo porcentaje. 4. condenar a la NaciónRama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar al actor la diferencia de lo cancelado por prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por servicios la diferencia entre lo

que le fue pagado realmente y el 80%de lo que recibieron por tales conceptos los Magistrados de las Altas Cortes. 2.2. Sustento fáctico Como fundamento de las pretensiones manifestó que el actor es magistrado del tribunal superior del distrito judicial de Ibagué desde el 1 de mayo de 2004, a la fecha; que el valor del salario mensual percibido por el actor no corresponde al 80% de lo que por todo concepto reciben los Magistrados de Altas Cortes. Que el actor estaba percibiendo la Bonificación Judicial creada mediante el decreto 4040 de 2004, la cual es incompatible con la Bonificación por Compensación; el actor eleva solicitud de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, para que se le reconociera y pagara la remuneración contenida en el decreto 610 de 1998, es decir la Bonificación por Compensación, la cual fue negada mediante oficio DEAJ07-20006 de 21 de diciembre de 2007 por ser incompatibles. 2.3 Normas infringidas y Concepto de la violación La parte actora estimo infringidos los artículos 2, 13, 25, 45, 53 y 58 de la Constitución Política; artículos 2 literal A), parágrafo del articulo 14 de la ley 4 de 1992 y articulo 152 numeral 7., de la ley 270 de 1996. Manifiesta que en material salarial la constitución de 1991, distribuyo las competencias entre el legislador y el Gobierno; en cumplimiento de ese mandato se expide la ley 4 de 1992, que en articulo 2 establece la imposibilidad de desmejorar los salarios; arguye que con la

declaratoria de nulidad del decreto 2668 de 1998 por parte de la jurisdicción contenciosa, quien a su vez había derogado el decreto 610 del mismo año, recobro vigencia la disposición derogada; no obstante, no le era dable al Gobierno mediante la expedición del decreto 4040 de 2004, reducir los emolumentos contenidos en el decreto 610 de 1998, máxime cuando estos se expidieron en detrimento de los derechos de los servidores de la rama judicial; entonces, se solicita la inaplicación del decreto 4040 de 2004, mediante el cual se le desconocen las garantías salariales de no disminución y remuneración justa a los funcionarios de la rama judicial. Se trae a colación sentencia C168 de 1995, de la Corte Constitucional en el entendido que los derechos adquiridos son “aquel derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de el, y que por lo 3 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creo o reconoció legítimamente”; manifiesta entonces, que los Magistrados de Tribunal habían adquirido un derecho con el reconocimiento de la bonificación por compensación tenida por el decreto 610 de 1998; por tanto, no era dable mediante el decreto 4040 de 2004, ser arrebatado. Por ultimo, manifiesta la violación del decreto del cual se

solicita su inaplicación, toda vez que este daba la posibilidad de renunciar a los derechos salariales obtenidos por los funcionarios de la Rama Judicial.

III. CONTESTACION DE LA DEMANDA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA mediante apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y argumenta que los actos administrativos enjuiciados están acordes con la ley; como argumentos de su defensa expone; que a partir del 1 de enero de 2004 el Gobierno Nacional mediante decreto 4040 de 2004, creo una bonificación de Gestión Judicial con carácter permanente del que sumada a la asignación básica, iguala el 70% de lo que por todo concepto reciben los Magistrados de Altas Cortes siempre y cuando los funcionarios a quienes se dirige dicho emolumento, desistan de sus pretensiones siempre que hayan interpuesto acciones judiciales o suscribieran contrato de transacción para precaver litigios futuros; adicionalmente, trae a colación a folios 62, sentencias de la H. Corte Constitucional, las cuales acogen la teoría del derecho a la igual debe ser predicado entre iguales, es decir la igual en sentido material. Arguye, que no existe dentro de la Constitución un texto expreso que se refiere al ejercicio de la excepción de ilegalidad, ni a la posibilidad de que los particulares o autoridades administrativas, por fuera del contexto judicial, invoquen dicha excepción para sustraerse de la obligación de acatar los actos administrativos (a folio 63); por ultimo, manifiesta la facultad del actor de haberse acogido a lo establecido en el decreto 4040 de 2004, mediante el desistimiento o

contratos de transacción. Adicionalmente, propone las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación por pasiva: manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no es la responsable de los hechos y pretensiones alegadas por el demandante, toda vez que es el Gobierno Nacional quien expidió el decreto bajo las facultades conferidas en al ley 4 de 1992. (ii) cosa juzgada: el actor manifestó su voluntad de acogerse a lo establecido en el decreto 4040 de 2004. (iii) falta de causa de la acción: el actor desistió de la posibilidad del pleito cuando se acogió de forma voluntaria al decreto 4040 de 2004. (iv) inexistencia del demandado: la entidad demandada es complemente ajena a la expedición del decreto que se demanda.

IV. ALEGATOS La parte demandante presenta su escrito de alegatos basado en los siguientes argumentos: trae a colación a folio 86, fallo del H. Consejo de Estado que declara la nulidad del decreto 2668 de 1998 que deroga el 610 de 1998, en el cual se establece “como los efectos de la nulidad administrativa son ex tunc, vale decir, desde entonces, dejan la situación jurídica en el estado en que se encontraba antes de la expedición del acto declarado nulo” y por lo tanto “ recobran vigencia los decreto 610 y 1239 de 1998 que establecieron un derecho económico para determinados servidores de la Rama Judicial” y por lo tanto se deberán ser 4 3ª Delegada ante el C. de E.

Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 reconocidos y pagados; adicionalmente, manifiesta que no se solicita al demandado que incremente la remuneración mensual pues esto no es de su competencia ya que en materia salarial y prestacional se encuentra distribuida entre el Congreso y el Gobierno Nacional, sino la aplicación del decreto 610 de 1998; accesoriamente, se reitera lo expuesto en el escrito de demanda. La parte demandada guardo silencio en este momento procesal.

IV. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Tolima-Sala de Conjueces, mediante providencia fechada el 13 de enero de 2011 negó las excepciones formuladas por parte del accionado y accedió a las suplicas de la demanda. Antes de precisar del fondo del asunto, el Tribunal pasa a resolver las excepciones propuestas en el escrito de contestación así; de la excepción de cosa juzgada por el hecho de haber suscrito contrato de transacción entre los involucrados, se precisa, que la transacción en material laboral no se gobierna por lo establecido en el código civil, sino por lo establecido en el articulo 15 del código sustantivo del trabajo, el cual establece que es una figura valida en materia laboral, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles; al respecto, se afirma que la bonificación establecida el decreto 610 de 1998 es un derecho cierto, sin que pueda predicarse que son meras expectativas; entonces, decantada la naturaleza de lo controvertido, se concluye que no aplica la transacción y en consecuencia, no prospera la excepción. De las otras excepciones, se toman como argumentos de defensa, las cuales se definen

en el fondo de la controversia. Entonces, pasa al objeto de la controversia, la cual se contrae a la inaplicación del decreto 4040 de 2004 y decreto 664 de 1999, y en consecuencia aplicarse el decreto 610 de 1998, declarándose la nulidad entonces de los actos enjuiciados, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación. Pasa el A quo a hacer un recuento normativo de lo pretendido, así; el decreto 610 de 1998 establece una bonificación por compensación a favor de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios, del 60% inicialmente, la cual se extendía al 80% en el tercer año fiscal de su vigencia; luego, fueron derogados con la expedición del decreto 2668 de 1998 el cual fue demandado ante la Jurisdicción y declarado nulo, restableciendo la vigencia del 610 de 1998; posteriormente, se expide el decreto 4040 de 2004 por el cual se creo una bonificación por gestión judicial que sumada al salario básica, ascendía al 70% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes; como corolario de lo anterior, se reconoce la existencia de dos regimenes salariales, el establecido en el decreto 610 de 1998 y el establecido en el decreto 4040 de 2004, de lo que se infiere una desigualdad salarial para los que devengan por todo concepto el 70%, entonces, aterrizando el caso, se entra a determinar que el actor, quien para el 1 de mayo de 2004, se desempeñaba como Magistrado de Tribunal, había adquirido un derecho frente a la nivelación salarial del 80% por la Bonificación por Compensación. En efecto, si la

entrada en vigencia del decreto 4040 de 2004 fue el 3 de diciembre de 2004, el 5 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 actor tenia el derecho adquirido para acceder al régimen salarial del decreto 610 de

1998. En conclusión, se precisa que si no es dable para al legislador establecer diferencias salariales entre iguales, menos aun, lo será para el Gobierno Nacional vía acto administrativo; como resultado entonces, se afirma que actualmente, se encuentran magistrados de Tribunal, quien para ostentar el cargo, han tenido que cumplir la misma gama de requisitos, y realizan las mismas funciones, pero no devengan la misma remuneración por lo establecido en el decreto del cual se pide su inaplicación.

Por ultimo, como quiera que el decreto 4040 de 2004, trae la figura del desistimiento y la transacción, se hace la precisión que no tiene ninguna validez los contratos de transacción, como el del caso en concreto, ya que se suscribe la renuncia de derechos laborales, los cuales son irrenunciables por disposición expresa del código sustantivo del trabajo en su articulo 14.

V. RECURSO DE APELACION El apoderado de la parte demandada, disiente del fallo de primera instancia, y presenta de recurso de apelación dentro de término el cual reposa en los folios 114-117, bajo los siguientes argumentos: arguye que la sentencia deberá ser revocada toda vez que a la accionante le fueron cancelados todos los

emolumentos a los que tenia derecho, y adicionalmente, se suscribió contrato de transacción, con lo que el actor renunciaba a la posibilidad de iniciar un litigio por las causales de la Bonificación por Compensación; por lo tanto manifiesta que la primera instancia no tuvo en cuanta el contrato de transacción suscrito en los involucrados.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 6.1 Criterio genérico Para esta Agencia Fiscal, la sentencia recurrida debe ser CONFIRMADA, de acuerdo a las consideraciones que pasan a plantearse. 6.2 El sub examine El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a establecer si la parte actora, tiene derecho al reconocimiento y pago de la Bonificación por Compensación establecida en el decreto 610 de 1998, o si por el contrario, se ajustan a derecho los actos administrativos mediante los cuales se le negó la nivelación salarial, bajo el argumento de la entrada en vigencia del decreto 4040 de 2004, el cual contiene una Bonificación por Gestión Judicial, la cual es incompatible con la Bonificación por Compensación, y, la suscripción del Contrato de Transacción entre los involucrados. 6.3. De lo Probado Del acervo probatorio sen tiene: a folios 4-8 oficio DEAJ07-20006 de 21 de diciembre de 2007 mediante el cual se niega la solicitud de reconocimiento y pago 6 3ª Delegada ante el C. de E.

Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02

de la bonificación por compensación al actor y otros funcionarios (acto acusado), a folio 10-12 reposa certificación de ingresos del actor. 6.4 Examen En vista del caso que nos ocupa, ha de recurrirse necesariamente, para la resolución de la presente controversia, a fallo de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de Conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino, en sentencia de 7 de julio de 2011 (exp.

N. 2009-00603) en los siguientes argumentos:

“2.INAPLICABILIDAD DEL DECRETO 4040 DE 2004 POR SER

REGRESIVO RESPECTO DEL DECRETO 610 DE 1998-VIOLACION DEL

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.

El decreto 610 de 1998, consagra un derecho laboral denominado bonificación por compensación con carácter permanente, a favor de los Magistrados de Tribunales, de Consejos Seccionales de la Judicatura y Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, entre otros, el cual sumado a la prima especial de servicio y demás ingresos laborales iguales, para la vigencia de 2001 en adelante, corresponderá como salario al 80% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, que se pagara mensualmente.” (…) “así las cosas, todos los Magistrados de Tribunales y Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes del país, en virtud del decreto 610 de 1998, adquirieron a partir de 2001, el derecho laboral irrenunciable a tener una remuneración mensual equivalente al 80% de lo devengado por un

Magistrado de Alta Corte.” (…) En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un mismo plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía, tienen facultad de administrar justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas funciones y responsabilidades, deben cumplir los mismo requisitos y calidades generales y especificas para desempeñar el cargo, dos normas aun vigentes, el decreto 610 de 1998 y el decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regimenes laborales referentes al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en el primero, el salario es del 80% y en el segundo, es el 70% de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes. De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creo una desigualdad manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable. Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político, económico o intelectual de un trabajador publico o privado, esta prohibido constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles.” 7 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 En adición, se trae a colación reciente fallo del H. Consejo de Estado, Sección

Segunda, Sala de Conjueces, de fecha 14 de diciembre de 2011, Conjuez ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora, el cual declaro nulo el decreto N. 4040 de 2004, acogiéndose a fallo de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de Conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino, en sentencia de 7 de julio de 2011, citado anteriormente, y concluye: “de suyo, las consideraciones transcritas, que esta Sala de Conjueces comparte en su integridad, demuestran que el estatuto demandado, o sea el decreto 4040 de 2004, en efecto violo la normatividad constitucional, particularmente los artículos 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la Carta Fundamental.” (Refiriéndose a de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de Conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino, en sentencia de 7 de julio de 2011, exp. N. 2009-00603, también citada en este fallo) “Es claro para esta Sala que el decreto en comento pretende imponer su contenido sobre los mismos principios constitucionales laborales, conocidos hoy en la doctrina internacional como “derechos fundamentales del trabajo”; del mismo modo, que afecta esencialmente el derecho de igualdad entre funcionarios del mismo nivel o rango, sin justificación alguna; que deja de lado la protección que el estado debe brindarle a las relaciones laborales y específicamente, a los trabajadores; que disminuye

inequitativamente la remuneración mensual de funcionarios que tienen el mismo derecho que sus pares judiciales; que le abre camino al quebrantamiento de un postulado fundamental en estas relaciones de trabajo, como es el de que no se puede transigir o conciliar, sobre derechos ciertos e indiscutibles; que lesiona el propósito del legislador, que le ordena al operador jurídico, en lo que tiene que ver con la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, darle cabida al principio de favoralibilidad en Pro del titular del derecho correspondiente; y que condiciona al Estado Colombiano, en definitiva, para que sus actos administrativos respeten el Derecho Internacional del Trabajo, representado en los convenios internacionales sobre la materia.” En consecuencia, el suscrito Procurador Delegado reconoce el reciente pronunciamiento jurisprudencial, y hace las siguientes precisiones: el decreto 4040 de 2004 por medio del cual se creo la Bonificación por Gestión Judicial fue declarado nulo por el H. Consejo de Estado en sentencia mencionada en el presente concepto; el actor solicita el reconocimiento y pago de la Bonificación por Compensación creada por el decreto 610 de 1998, y por ende, se inaplique el decreto 4040 de 2004 por contener disposiciones salariales que van en detrimento del trabajador; consecuente con las afirmaciones hechas, esta Delegada hace especial mención del articulo 66 del código contencioso administrativo el cual establece: “salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendido por la 8 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 jurisdicción en lo contencioso administrativo, (…)” (subrayas fuera del texto) Dicho lo anterior, mal haría esta Agencia, en solicitar se revoque el fallo del A quo, y en consecuencia, solicitar la aplicación de un acto administrativo que ha sido declarado nulo por el H. Consejo de Estado en reciente fallo del 14 de diciembre de 2011, tal y como lo solicita el apelante; entonces, el precedente citado es acucioso y pertinente para resolver la presente controversia, toda vez que en el recurso de alzada se solicita aplicación del decreto 4040 de 2004, el cual es el argumento base para el no reconocimiento de la Bonificación por Compensación, la cual, a juicio de lo establecido en la precitada norma, es incompatible con la Bonificación por Gestión Judicial. Se infiere, que el fallo en comento, deja sin argumentos de base las razones de derecho explicadas en el recurso vertical que ahora nos ocupa, en tanto, no existe la posibilidad jurídica para que la Administración, en este caso, la demandada, solicita se aplique una norma que para el momento de dictar sentencia, ha sido declarada nula, y en consecuencia, no tendría asidero jurídico tal argumento. En consecuencia, y a luz de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, y en armonía con los precedentes citados, la normatividad a aplicar será la establecida en el decreto 610 de 1998, que establece una bonificación por compensación del 80%, para los funcionarios incluidos en ese acto administrativo,

dentro de los cuales se encuentra el apoderado de la parte actora. No obstante, esta Delegada comparte las apreciaciones hechas por la primera instancia, respecto de la irrenuncialibilidad de derechos ciertos e indiscutibles, en el presente caso, la Bonificación por Compensación contenida en el decreto 610 de 1998, para los Magistrados de Tribunal, cargo que ostenta el actor desde el 1 de mayo de 2004, dicho esto, no es de recibo el argumento del apelante, de que vía contrato de transacción, es dable para los trabajadores renunciar a derechos que por su naturaleza le son inherentes a su condición de trabajador; adjuntamente se precisa, que no es compatible que en un Estado Social de Derecho se consagre la posibilidad de que dos funcionarios que reúnan las mismas calidades, capacidades, que hayan cumplido con la misma regla requisitos para ostentar el cargo, realicen las mismas funciones y se encuentren en un mismo orden, estén sometidos a un tratamiento de desigualdad, no predicada de una acción afirmativa o justificación lógica; argumentos que entre otros, sirven de fundamento para declarar nula la disposición contenida en el decreto 4040 de 2004.

VII. CONCEPTO Acorde con lo aquí expuesto, la Procuraduría Tercera Delegada ante el Concejo de Estado solicita comedidamente a la Sección Segunda-Sala de Conjueces de esa Honorable Corporación, que CONFIRME la sentencia, y ordene la reliquidación y pago de la Bonificación por Compensación, toda vez que se comparten las apreciaciones hechas por el Tribunal de Primera Instancia, y adicionalmente que la Bonificación de Gestión Judicial que da origen al presente litigio fue declarada

NULA, por el H. Consejo de Estado en sentencia citada. 9 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.100 Nulidad –Restablecimiento: Héctor Hernández Quintero vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Expediente: 730012331000200800176 02 De los Señores Consejeros, cordialmente, LUIS ALFONSO BOTERO CHICA Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado (e)

LABC/ NMO

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