PGN - ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra los actos administrativos con finali

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra los actos administrativos, por los cuales la Procuraduría General de la Nación impuso sanción disciplinaria con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo de secretaria de desarrollo social y político del municipio de Pereira POTESTAD DISCIPLINARIA-El Estado es el titular Conforme a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 734 de 2002, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria y la acción disciplinaria, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia. LEY DISCIPLINARIA-Destinatarios DEBIDO PROCESO-Marco constitucional DEBIDO PROCESO-En materia disciplinaria DERECHO A LA DEFENSA-Marco legal DEBIDO PROCESO-Principios que comprende El debido proceso en materia administrativa implica entonces la garantía de los siguientes principios: (i)[del] principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria,

(ii) del principio de publicidad, (iii) del derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) del principio de la doble instancia, (v) de la presunción de inocencia, (vi) del principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in ídem, (viii) del principio de cosa juzgada y (ix) de la prohibición de la reformatio in pejus”. DEBIDO PROCESO-Noción El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas sus etapas. 2

PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 7: SEGUNDA ANTE EL

CONSEJO DE ESTADO

IUS: E-2022-492611

Concepto No.095 Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2022 Doctor WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Consejero ponente Sección Segunda (Subsección A) Consejo de Estado

E. S. D.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 66001-23-33-000-2019-00446-01 (3869-2022)

Demandante: Karen Stephany Zape Ayala

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación Trámite: Apelación sentencia Tema: Sanción disciplinaria (suspensión)

Respetado consejero de Estado. Como agente del Ministerio Público delegado en el proceso de la referencia, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente de aquellas atribuciones que se encaminan a la protección del patrimonio público, defensa del orden jurídico y protección y garantía de los derechos fundamentales, de la manera más atenta procedo a rendir y someter a consideración de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concepto de fondo en los siguientes términos.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA 1.1.1 Pretensiones. La señora Karen Stephany Zape Ayala, a través de apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó la nulidad de los actos administrativos contenidos de 9 de octubre y 23 de noviembre de 2018, por medio de los cuales la Procuraduría General de la Nación la sancionó disciplinariamente con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo de secretaria de desarrollo social y político del municipio de Pereira.

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3 Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pide, en síntesis, el decaimiento del acto administrativo contenido en la Resolución 418 de 25 de enero de 2019, «por medio de la cual se ejecuta una sanción disciplinaria», proferida por el alcalde de Pereira, se cancele la aludida sanción en

el registro de la Procuraduría General de la Nación y se paguen los salarios y prestaciones dejados de recibir mientras duró la sanción. 1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que fue investigada por la Procuraduría Provincial de Pereira dentro del proceso IUS 2018.333421-D2018.1148875, por queja formulada por el señor Jhan Stiven García Puerta el 17 de julio de 2018, donde informó que en la ciudad de Pereira no activaron los protocolos de emergencia para atender a dos familias víctimas provenientes del departamento del Valle del Cauca, que no contaban con albergue y apoyo. Que el 16 de agosto de 2018 fue llamada a proceso verbal de que trata la Ley 734 de 2002, donde en el auto de llamamiento a audiencia especial verbal se vulneró la presunción de inocencia al señalarle que «se está en el momento de comisión de una falta, la que está objetivamente demostrada y existe prueba que compromete la responsabilidad de las investigadas». Que le fueron formulados dos cargos disciplinarios: en el primero no hubo claridad al señalar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos y la forma de culpabilidad a título de culpa gravísima y el segundo, con dolo. Que el 5 de septiembre de 2018, en la audiencia pública, solicitó la práctica de unos testimonios, aportó pruebas, entre ellas, copia del oficio 24465 de 17 de julio de 2018 por medio del cual se reintegró de sus vacaciones. Que reincorporada al cargo, envió a las familias para que se alojaran en el Hotel Lujan por dos días, como consta en las facturas 592 y 594, teniendo en cuenta

que la contratación del albergue estaba en cabeza del secretario de vivienda social, lo que eso dificultaba la situación. Que el 9 de octubre de 2018 la Procuraduría Provincial de Pereira profirió fallo de primera instancia en su contra, en que señaló que si bien se encontraba en vacaciones eso no era óbice para derrumbar el cargo formulado porque este iba dirigido al reproche para el mes de julio de 2018 por no garantizar la asistencia y atención oportuna a las familias víctimas. Que el fallo de primera instancia adolece de no calificación de la falta, no existencia de culpa gravísima. Que luego de apelado el fallo de instancia la Procuraduría Regional de Risaralda profirió confirmó la sanción y la redujo a dos meses de suspensión. 1.1.3 Fundamentos jurídicos. Citó como normas infringidas por los actos

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IUS: E-2022-492611 4 demandados los artículos 2, 13, 15, 29, 85, 90 y 228 de la Constitución Política y 128, 129, 130, 131 de la Ley 734 de 2002, al indicar que con su expedición se presentó falsa motivación y desconocimiento del debido proceso, derechos de contradicción y defensa, desconocimiento del principio de legalidad y congruencia. 1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderado, se opuso a las presentaciones de la demanda, al indicar que actuó ajustada a derecho y no

existió falsa motivación, pues se demostró que por omisión de la disciplinada no se pudo garantizar para el mes de julio de 2018 la ayuda humanitaria solicitada por las familias que en ese mes acudieron a la mencionada secretaría, lo que fue sustentado con las pruebas arrimadas a la actuación disciplinaria. Aduce que en el fallo de segunda instancia se garantizaron los principios de favorabilidad e in dubio pro disciplinado. Que con la exclusión de una prueba testimonial, se pudo vulnerar su confiabilidad por haberse permitido por el funcionario de primera instancia que los grupos familiares ingresaran juntos a la sesión de audiencia, donde ellos mismos eran testigos. Señala que la disciplinada tuvo la oportunidad de manifestarse en forma clara y detallada respecto de las imputaciones que se le hicieron para lo cual rindió las explicaciones que consideró necesarias a través de su defensor y ejerció su derecho fundamental de probar y contradecir, hizo uso de su derecho de defensa dentro del marco de la garantía fundamental al debido proceso. 1.3 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Risaralda, mediante sentencia de 17 de marzo de 2022, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó se paguen los salarios y prestaciones sociales dejas de percibir con ocasión de la ejecución de la sanción de suspensión, y la cancelación de los registros que lleva la entidad sobre anotaciones que se hubieren efectuado respecto de la aludida sanción. Aduce que la demandada con la expedición de los actos administrativos objeto de reparo no logró respaldo probatorio por lo que se trasgredió el debido proceso por

indebida valoración probatoria dentro del trámite disciplinario que llevó erradamente a la imposición de una sanción disciplinaria de suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo que desempeñaba y que no le era atribuible las omisiones endilgadas, con lo que quedó desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados. Señala que no se presentó comportamiento omisivo o negligente de la actora, sino que obedeció a una circunstancia imprevisible en la contratación estatal por cuanto se adelantaba un proceso de selección abreviada previamente a que acudieran las familias, cuyo fin era la atención a la victimas en cuanto al albergue,

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IUS: E-2022-492611 5 que fue declarado desierto porque ninguna de las propuestas cumplía con los requerimientos legales establecidos, que conllevó a un nuevo proceso contractual.

Que las pruebas demuestran que la etapa precontractual no era de manejo exclusiva de la actora sino de otra dependencia y funcionarios. Enfatiza que las pruebas son contundentes e inequívocas en la ausencia de responsabilidad y, por consiguiente, la falta endilgada no resultaba antijurídica. 1.4 RECURSO DE APELACIÓN Inconforme con la anterior decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación, en el que indica que los hechos se suscitaron en razón a que el señor Johan Stiven García Puerta, coordinador de la mesa de victimas de Pereira,

departamento de Risaralda, el 17 de julio del año 2018 se presentó ante la Procuraduría Provincial de Pereira a informar que el municipio de Pereira no cuenta con albergue que permitan alojar a las familias desplazadas que lleguen a la ciudad y tampoco activan los protocolos de emergencia para garantizar su atención y que en el momento hay dos familia provenientes del Valle del Cauca mendigando atención. Refuta que las pruebas obrantes en el expediente fueron analizadas en su integridad, en el momento procesal correspondiente, con lo que se llegó a la conclusión de que las mismas conducían razonablemente a demostrar la responsabilidad de la investigada, en su condición de secretaria de desarrollo social y político del municipio de Pereira, por no haber garantizado para el mes de julio de 2018 la asistencia y atención oportuna a las familias compuestas por Diana Milena Hurtado Solarte y Jhon Edison Jaramillo Soto – Gustavo Fernando Solís Landazuri y Suany Milena Arboleda Arroyo. Señala «que el Cargo Uno, que prosperó en contra de la accionante en la presente, estuvo encaminado a reprocharle a la entonces investigada, que en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, y como responsable de los planes, programas y protocolos de asistencia humanitaria del Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, acorde con el Manual de Funciones, tal y como se le señala en el mencionado cargo; para el mes de julio del año 2018, no tenía garantizada la atención de la fa familias que requirieran de atención humanitaria, tal y como

sucedió con las Familias HURTADO JARAMILLO y SOLIS ARBOLEDA; es decir, no se le reprochó la falta de atención a estas familias específicamente para la fecha en que acudieron a ese despacho; sino la inexistencia de planes, programas y protocolos de atención y ayuda humanitaria para familias victimas de desplazamiento forzado, tal y como sucedió con las familias señaladas con anterioridad; ya que esa era su responsabilidad». Insiste que a la investigada disciplinariamente, hoy actora, se le respetaron y otorgaron todos los derechos y garantías procesales, sin desconocer en momento alguno derechos fundamentales, que los actos administrativos cuestionados fueron emitidos por funcionario competente, se respetaron las normas en que

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IUS: E-2022-492611 6 debían fundarse, que a lo largo del proceso se garantizó el derecho de defensa y contradicción y los actos fueron motivados y fundados en el material probatorio recaudado con todas las formalidades.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 PROBLEMA JURÍDICO Consiste en determinar si con la expedición de los actos demandados, que sancionaron disciplinariamente a la actora, se encuentran viciados de nulidad o si por el contrario la actuación procedimental estuvo ajustada a los parámetros constitucionales y legales como lo argumenta la accionada en la alzada. 2.2 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE 2.2.1 Potestad Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

Conforme a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 734 de 2002, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria y la acción disciplinaria, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia. 2.2.2 Destinatarios de la ley disciplinaria La Corte Constitucional, en la sentencia C-728 de 2000, precisó que el «Estado establece un orden jurídico y los servidores públicos son los principales encargados de que impere en la vida social. Los funcionarios deben, entonces, velar por la aplicación y el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Si ello es así, sufre gran mengua la imagen y legitimidad del Estado, cuando algún servidor público se convierte en un violador impenitente del orden jurídico. Esa conducta atenta contra el buen nombre de la actividad estatal y contra el interés de todo Estado democrático participativo de generar con los ciudadanos una relación de cercanía y confianza». Por su parte, la Ley 734 de 2002 prevé que los servidores públicos son los

destinatarios de la ley disciplinaria, aunque se encuentren retirados del servicio, así como los particulares contemplados en el artículo 53 ibidem. 2.2.3 Causales de nulidad invocadas por la parte actora

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7 En el caso bajo examen, la actora sustentó la nulidad en que los actos administrativos demandados están afectados de falsa motivación, dado que sus fundamentos no corresponden a la realidad fáctica ni probatoria, tampoco se ajustan al orden legal, además, vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa, también por incurrir en defecto fáctico por desconocimiento de los principios de legalidad y congruencia, por no ser la falta una conducta típica.

Expresa además que se presentó: (i) defecto factico por la no valoración del acervo probatorio; (ii) falta de tipicidad de la conducta sancionada; y (iii) aplicación de la duda razonable o del principio denominado «indubio pro disciplinado» 2.2.3.1 Actuaciones del proceso disciplinario bajo examen Ahora bien, del examen de las piezas procedimentales del expediente disciplinario IUS 2018—333421 – D2018-1148875, se puede establecer que el procedimiento se surtió bajo el rito de los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002, para la época de los hechos, donde se constató: Citación a audiencia de procedimiento verbal La Procuraduría Provincial de Pereira mediante auto de 16 de agosto de 2018,

proferido dentro del proceso disciplinario IUS 2018—333421 – D2018-1148875, calificó el procedimiento verbal según el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, y formuló cargos disciplinarios a la actora, donde también argumentó que se está en comisión de la falta, que se encuentra objetivamente demostrada y existe prueba que compromete la responsabilidad de las investigadas, así: 2.1. CARGO UNO: KAREN STEPHANY ZAPE AYALA, como Secretaria de Desarrollo Social y político del Municipio de Pereira, al parecer, para el mes de julio de 2018, no garantizó la asistencia y atención oportuna a las familias compuestas por DIANA MILENA HURTADO SOLARTE Y JHON EDISON JARAMILLO SOTOGUSTAVO FERNANDO SOLIS LANDAZURI Y SUANY MILENA ARBOLEDA ARROYO, con sus hijos menores de edad, quienes acudieron ante dicha secretaria a solicitar ayuda humanitaria, la que no les fue suministrada oportunamente motivo por el cual se presume el incumplimiento de los deberes previsto en el artículo 178 de la LEY 1448 de 2011, que señala:… 4. Adoptar o solicitar en forma inmediata las medidas apropiadas para garantizarles a las víctimas y a sus familiares su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, de acuerdo con los programas de protección existentes. 5. Tratar a las víctimas con consideración y atención especiales para que no provoquen un nuevo trauma, durante los procedimientos jurídicos y administrativos en busca de justicia y

reparación…”

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8 2.2. CARGO DOS: KAREN STEPHANY ZAPE AYALA, como Secretaria de Desarrollo Social y político del Municipio de Pereira, al parecer no cumplió oportunamente lo ordenado por el Juez Quinto penal Municipal, quien mediante auto del 6 de julio de 2018, decretó la medida provisional y le concede un plazo de 24 horas para que de manera inmediata se garantice un albergue temporal, y proporcionar una asistencia temporal a la familia compuesta por DIANA MILENA HURTADO SOLARTE Y JHON EDISON JARAMILLO SOTO los cuales llegaron provenientes de la ciudad de ArgeliaValle del Cauca con dos hijos menores de edad, de donde se presume el incumplimiento de los deberes previstos en el numeral 1,2 y del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la incursión en la prohibición contenida en el Artículo 35 numeral 1 y 24 ante el presunto incumplimiento de la orden del juez, ya que este solo vino a ser atendida el día 17 de julio de la presente anualidad, cuando se dirige ante la Secretaría Jurídica del Municipio, el oficio 24465 solicitando la expedición del CDP. Luego de surtirse la audiencia pública dentro del proceso verbal, en seis sesiones, dio por terminada la eta procedimental y se profirió fallo de primera instancia, en que se mantuvo solo el primer cargo disciplinario endilgado.

Fallo de Primera instancia La Procuraduría Provincial de Pereira, mediante providencia de 9 de octubre de 2018, puso fin a la primera instancia y declaró disciplinariamente responsable a la actora por la falta endilgada en el pliego de cargos y la sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo de secretaria de desarrollo social y político del municipio de Pereira por el término de tres (3) meses, por la falta endilgada en el cargo primero, conducta que calificó como «“grave”, con CULPA GRAVISIMA, según la calificación contenida en el parágrafo del artículo 44 ibídem, pues desatendió e incurrió en la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, ante la inobservancia de los deberes en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los decretos, tal y como se le sustento en el acápite pertinente». Tipificó la falta disciplinaria a la actora en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y señaló que también incurrió en la prohibición contenida en el artículo 35, numeral 1, por el incumplimiento de deberes. Como forma de culpabilidad a título de culpa cometida con culpa grave. Fallo de Segunda Instancia Le correspondió desatar el recurso de apelación a la Procuraduría Regional de Risaralda, que, en providencia de 23 de noviembre de 2018, confirmó la responsabilidad disciplinaria de la investigada y modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, al reducir la sanción solo de dos (2) mes de suspensión en el ejercicio del cargo.

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Para el efecto señaló: «Como quiera que quedó acreditada la materialidad de la falta y la consiguiente responsabilidad, conforme el fallo de primera instancia y lo reiterado por esta Regional en el acápite que antecede, teniendo presente la clasificación de las sanciones, sea lo primero indicar que frente a la conducta de KAREN STEPHANY ZAPE AYALA como Secretaria de Desarrollo Social y político del Municipio de Pereira, a quien solo le quedó estructurado el primer cargo; conducta que se califica como “GRAVE”, con CULPA GRAVE, según la calificación contenida en el parágrafo del artículo 44 del CDU, pues desatendió e incurrió en la inobservancia del cuidado necesario en el ejercicio profesional frente a la relación especial de sujeción que le imponía el desempeño de su cargo». 2.2.3.2 Del debido proceso Ahora bien, en torno a lo anterior, es preciso señalar que dentro del debido proceso se establece la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, para tal efecto, el artículo 29 de la Carta Política dispone: ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Por su parte, el artículo 6 de la Ley 734 de 2002, sobre el debido proceso, consagra que se debe aplicar el rito procesal pertinente: ARTÍCULO 6º. DEBIDO PROCESO. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público. El artículo 17 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), sobre el derecho de defensa dispone:

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10 ARTÍCULO 17. DERECHO A LA DEFENSA. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio

Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.”. La Corte Constitucional respecto del debido proceso en materia disciplinaria, ha expresado lo siguiente:1 4.1. El debido proceso en materia disciplinaria En numerosas oportunidades, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho al debido proceso (art. 29, C.P.) es aplicable a las actuaciones disciplinarias desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación. Entre las garantías que, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, forman parte del ámbito de protección del derecho al debido proceso disciplinario, se encuentran las siguientes, que se enumeran a título meramente enunciativo: (a) en términos generales, el respeto por los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad2; (b) “la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; la imposición de una

sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones” 3; (c) “los principios de la presunción de inocencia, el de in dubio pro reo que emana del anterior, los derechos de contradicción y de controversia de las pruebas, el principio de imparcialidad, el principio nulla poena sine lege, la prohibición contenida en la fórmula non bis in ídem y el principio de la cosa juzgada”4; y (d) el principio de no reformatio in pejus5. 1 Corte Constitucional, Sentencia T-791349 del 4 de noviembre del 2004. 2 Sentencia C-013 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez). 3 Sentencias T-301/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-433/98 (MP Alfredo Beltrán Sierra). 4 Sentencia C-555 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 5 Sentencia C-175 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

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11 Es preciso traer a colación lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en decisión de 3 de octubre de 2019, dentro del radicado interno 05402017, con ponencia del doctor William Hernández Gómez, que respecto al debido proceso disciplinario indica que goza de una doble naturaleza en el sentido formal y material explicando cada una de ellas, para concluir que no toda violación a la

dimensión formal del debido proceso debe traducirse inexorablemente en la anulación de la actuación procesal. 4.1.2.1 Debido proceso disciplinario. El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas sus etapas. Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de una naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra, material. La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como lo son las etapas que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las oportunidades de actuación procesal, entre otras. Por otro lado, su dimensión material alude a las garantías sustanciales en las que se proyectan esas formalidades, entre las cuales pueden destacarse el principio de publicidad, la doble instancia, la contradicción, la presunción de inocencia, la imparcialidad, el non bis in ídem , y el derecho a la prueba, entre muchas otras. Con base en esa distinción, es plausible aseverar que no toda violación a la dimensión formal del debido proceso debe traducirse inexorablemente en la anulación de la actuación procesal afectada, pues, para tales efectos, será necesario que aquella transgresión se proyecte en la esfera material de protección de aquel derecho. (Subrayado externo) Es pertinente también precisar que mediante sentencia C-030 de 2012 la Corte

Constitucional reafirmó que el debido proceso comprende la aplicación de los principios de legalidad e imparcialidad y estableció como pilar el derecho de defensa, el derecho de contradicción y de controvertir las pruebas, al preceptuar: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Principios que comprende: El debido proceso en materia administrativa implica entonces la garantía de los siguientes principios: (i)[del] principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) del principio de publicidad, (iii) del derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) del principio de la doble instancia, (v) de la presunción de inocencia, (vi) del principio de im