PGN - ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Concejales de san josé del guaviare por indebida destinació

ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Concejales de san josé del guaviare por indebida destinación de dineros públicos.

CAUSAL DE PERDIDA DE INVESTIDURA-Requisitos.

El Consejo de Estado ha precisado que para que se configure esta causal de pérdida de investidura deben estar reunidos los siguientes requisitos: i) Que se ostente la condición de concejal. (ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una actividad económica del Estado. (iii) Que los dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades y cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente establecidos en la Constitución y la ley. En efecto, la honorable corporación ha sostenido: “La indebida destinación de dineros públicos se concreta cuando un miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público, de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la Constitución, la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero. Al respecto cabe precisar que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, se “entiende que la indebida destinación de los dineros públicos puede ser directa, cuando el congresista [léase para el caso concejal] es ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes públicos, o puede ser indirecta, como ocurre en los casos en que sin tener ninguna de las dos condiciones mencionadas, el congresista [para este caso el concejal] ejerciendo las funciones del cargo traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, porque desvía los dineros

públicos a fines distintos de los previstos por medio de instrumentos, como por ejemplo, los contratos o las autorizaciones para el pago de salarios”. Por lo que ello conlleva al detrimento patrimonial del Estado. Por último, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha identificado algunos eventos en los cuales los miembros de una corporación pública incurren en esta causal de pérdida de investidura, así: “[…] en sentencia de 3 de octubre de 2000 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a este respecto precisó: «[...] como ocurre en los siguientes casos: a) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; b) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; c) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento. d) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros. f) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros. [...]» (se destaca)”. PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Debe estar acreditado el elemento subjetivo, es decir, se requiere evaluar si la conducta fue dolosa o gravemente culposa. PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL-Fundamento legal. Desde ya, esta Delegada advierte que comparte los argumentos sostenidos por el Ministerio Público en primera instancia, y por el Tribunal a quo, al considerar que en el caso sub judice no está acreditado el detrimento al patrimonio público y por ende la configuración de la causal de indebida destinación de dineros pú-

blicos, así como tampoco la conducta dolosa o gravemente culposa de los concejales demandados.

INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS-No se acreditó.

En efecto, no está acreditada la indebida destinación de dineros públicos, pues a los concejales se les pagó únicamente los honorarios correspondientes a 8 sesiones extraordinarias y no a 9, tal como quedó evidenciado. Es decir, a los concejales demandados se les reconocieron los honorarios correspondientes a las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde mediante el Decreto 016 de 2020 que, valga decir, no es objeto de reproche. ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Tampoco se acreditó el grado de culpabilidad (conducta dolosa o gravemente culposa) de los demandados, requisito indispensable para la prosperidad del medio de control. En conclusión, a juicio del Ministerio Público no se encuentra demostrada la causal de pérdida de investidura contemplada en el numeral 3º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 4 de agosto de 2021

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 50001-23-33-000-2020-00789-01 5aCdeE/JADV/Alb Doctor

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Sección Primera

Sala de lo Contencioso Administrativo

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 21087

Medio de Control: Pérdida de Investidura Radicación: 50001-23-33-000-2020-00789-01

Actor: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS

Demandado: LUÍS FERNANDO ABRIL Y OTROS Honorable Señor Consejero: Procede esta agencia del Ministerio Público a realizar su intervención ante la Sección Primera del Consejo de Estado frente a la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano José Enrique Molina Rojas contra los Concejales del municipio de San José del Guaviare, para el período constitucional 2020-2023, Luis Fernando Abril, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, Luis Antonio Beltrán Pérez, Bernardo Betancourt Serna, Jair Iván Carmona Poveda, Wilmer Cuellar Suarez, Ana Del Pilar Gallego, German Gómez Angarita, Raúl Hurtado Forero, Paul Osney Mambi Martínez, Marlon Mauricio Monroy Rey, Wilmar Alejandro Palacios

Gutiérrez Y Reinaldo Pulido Rangel.

ANTECEDENTES.

La Demanda El ciudadano José Enrique Molina Rojas, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó solicitud de perdida de investidura contra Luis Fernando Abril, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, Luis Antonio Beltrán Pérez, Bernardo Betancourt Serna, Jair Iván Carmona Poveda, Wilmer Cuellar Suarez, Ana Del Pilar Gallego, German Gómez Angarita, Raúl Hurtado Forero, Paul Osney

Mambi Martínez, Marlon Mauricio Monroy Rey, Wilmar Alejandro Palacios Gutiérrez Y Reinaldo Pulido Rangel, quienes fueron elegidos Concejales del municipio de San José del Guaviare, para el período constitucional 2020-2023.

Causal invocada: el demandante se apoyó en la causal establecida en el numeral 3º del artículo 55, de la Ley 136 de 1994 y numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es, “Por indebida destinación de dineros públicos”.

Según informó el actor, los hechos que configurarían la causal de pérdida de investidura aducida guardan relación con que el Concejo Municipal de San José del Guaviare concurrió a sesionar de forma extraordinaria, en atención al Decreto Municipal 16 de 2 50001-23-33-000-2020-00789-01 5aCdeE/JADV/Alb 10 de enero del año 2020, expedido por el alcalde del municipio, quien los cito inicialmente a sesionar de manera extraordinaria del 14 al 21 de enero del 2020, para tramitar cuatro proyectos de acuerdo y que mediante el Decreto Municipal 018 de 20 de enero de 2020, el alcalde prorrogó por un día más, sin tener facultad, las sesiones extraordinarias. Sostuvo que la mesa directiva del concejo municipal de San José del Guaviare expidió la Resolución 4 de 22 de enero del 2020, mediante la cual ordeno causación de Honorarios a favor de los Concejales Luis Fernando Abril, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, Luis Antonio Beltrán Pérez, Bernardo Betancourt Serna, Jair Iván Carmona Poveda, Wilmer Cuellar Suarez, Ana Del Pilar Gallego,

German Gómez Angarita, Raúl Hurtado Forero, Paul Osney Mambi Martínez, Marlon Mauricio Monroy Rey, Wilmar Alejandro Palacios Gutiérrez y Reinaldo Pulido Rangel por haber sesionado de forma extraordinaria del 14 al 22 de enero de 2020, conforme a la citación del Decreto Municipal 016 del 10 de enero de 2020 modificado por el Decreto Municipal 018 del 20 de enero del 2020. Afirmó que las únicas sesiones que están autorizadas para ser prorrogadas son las ordinarias, competencia del Concejo y no del alcalde, pero que en este caso es evidente que los concejales al sesionar en dichas sesiones extraordinarias prorrogadas, vulneraron los artículos 23, 24, 66, modificado por el artículo 20 de la Ley 617 de 2000 y 73 de la Ley 136 de 1994. Por lo expuesto, a juicio del demandante los Concejales del Municipio de San José del Guaviare deben perder su investidura al haber sesionado bajo la figura de prórroga de las sesiones extraordinarias y haber cobrado honorarios por dichas sesiones prorrogadas ilegalmente. Contestación Los concejales demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda alegando que no se acreditó la indebida destinación de dineros públicos, pues los concejos municipales pueden sesionar de manera extraordinaria dentro del límite de sesiones – máximo 12 pagas – y que en este caso se convocó a 9 días de sesiones extraordinarias y sólo se cancelaron 8 días, sin pasar el tope fijado por la Constitución y la Ley, “ya que para la vigencia 2020 la norma autoriza pagar hasta 20 sesiones extraordinarias”.

Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Meta denegó las súplicas de la demanda, al considerar que no se encuentra demostrada la causal de pérdida de investidura de los concejales del municipio de San José del Guaviare, electos para el periodo constitucional 2020 - 2023, contemplada en el numeral 3º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. En efecto, el a quo manifestó: “claro que no se acredita en el sub lite, que la conducta de los CONCEJALES demandados, se subsuma en la causal de pérdida de investidura que atribuyó el actor, indebida destinación de recursos públicos, máxime cuando su sustento, fue que en su criterio, no es posible de sesionar y recibir honorarios en virtud de prórrogas de sesiones extraordinarias, y dichos elementos no configuran una prohibición que pueda acarrear la sanción de pérdida de investidura, pues de un lado, no se demostró que los demandados recibieran honorarios por el día de prórroga de sesión extraordinaria, y en todo caso, la falencia de llamar prórroga a una convocatoria para continuar en sesión extraordinaria, discusiones de determinados proyectos, y sin sobrepasar los topes y periodos fijados en la Ley, no representa una causal que comprometa la responsabilidad de los demandados. 3 50001-23-33-000-2020-00789-01 5aCdeE/JADV/Alb Como bien se precisó en la parte motiva de esta providencia, las causales de pérdida de investidura son taxativas, y el proceso sancionatorio responde a los principios de legalidad, favorabilidad y pro homine, en virtud de los cuales, no es posible atribuir a la conducta de los demandados, la connotación de falta, que los conduzca a estar inmersos en la causal de pérdida de investidura, por indebida destinación de dineros públicos. Aunado a ello, en el plenario no se aportaron elementos que permitieran acreditar que la actuación de los demandados fuere dolosa o gravemente culposa, por lo que, en conjunto, es claro que no se reúnen los elementos para acreditar que existió una indebida destinación de recursos públicos, siendo por ende, la conclusión lógica, reconocer que no existen en el sub lite, razones que demuestren la configuración de la causal de pérdida de investidura”. Apelación El demandante expresó su desacuerdo con la forma como el Tribunal a quo analizó el caso planteado, pues insistió en que los alcaldes indistintamente de la categoría del municipio no pueden prorrogar sesiones extraordinarias conforme se ha reiterado en sentencias del Consejo de Estado, entre otras de 2007 y 2009 y que los honorarios que se causen con ocasión de las sesiones extraordinarias prorrogadas vician todo lo actuado y serán por igual razón ilegales. Que la causación de honorarios dentro de un periodo de sesiones extraordinarias, bajo la figura ilegal de las prórrogas, dará lugar a una destinación indebida de recursos públicos.

A su juicio: “No quiere entender el Tribunal del Meta, que de las 9 sesiones plenarias a las que asistieron los Concejales de San José incluida la ilegal del día de prórroga, que vicia todo lo actuado, ni los demandados ni el demandante podemos certificar de ellos

cuales si se pagaron y cuáles no, por lo que no le es permitido al Tribunal afirmar aceptando las tesis de la defensa, que solo se pagaron 8 de los 9 y que por esa razón el 9 día no se pagó”. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico En el presente caso, el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si los señores Luis Fernando Abril, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, Luis Antonio Beltrán Pérez, Bernardo Betancourt Serna, Jair Iván Carmona Poveda, Wilmer Cuellar Suarez, Ana Del Pilar Gallego, German Gómez Angarita, Raúl Hurtado Forero, Paul Osney Mambi Martínez, Marlon Mauricio Monroy Rey, Wilmar Alejandro Palacios Gutiérrez Y Reinaldo Pulido Rangel, concejales del municipio de San José del Guaviare, para el período constitucional 2020-2023, incurrieron en la causal de pérdida de investidura relacionada con indebida destinación de dineros públicos. Para resolver el problema jurídico planteado se realizarán unas breves precisiones jurisprudenciales en relación con la causal de indebida destinación de dineros públicos, para luego definir su aplicación al caso concreto. El Consejo de Estado ha precisado que para que se configure esta causal de pérdida de investidura deben estar reunidos los 1 siguientes requisitos : (i) Que se ostente la condición de concejal. 1 Consejo de Estado, sentencia del 18 de junio de 2021, Rad.: 68001-23-33-000-2019-00924-01(PI); sentencia del 22 de febrero de 2018, Rad.: 25000-23-42000-2017-04038-01(PI); sentencia del 28 de marzo de 2017, Rad.: 11001 03 15 000 2015 00111 00; sentencia del 15 de marzo de 2018, Rad: 13001-23-33000-2016-01107-01(PI). 4 50001-23-33-000-2020-00789-01 5aCdeE/JADV/Alb (ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una actividad económica del Estado. (iii) Que los dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades y cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente establecidos en la Constitución y la ley. En efecto, la honorable corporación ha sostenido: “La indebida destinación de dineros públicos se concreta cuando un miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público, de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la Constitución, la ley 2 o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero . Al respecto cabe precisar que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, se “entiende que la indebida destinación de los dineros públicos puede ser directa, cuando el congresista [léase para el caso concejal] es ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes públicos, o puede ser indirecta, como ocurre en los casos en que sin tener ninguna de las dos condiciones mencionadas, el congresista [para este caso el concejal] ejerciendo las funciones del cargo traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o

el reglamento, porque desvía los dineros públicos a fines distintos de los previstos por medio de instrumentos, como por ejemplo, los contratos o las 3 autorizaciones para el pago de salarios” . Por lo que ello conlleva al detrimento patrimonial del Estado. Por último, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha identificado algunos eventos en los cuales los miembros de una corporación pública incurren en esta causal de pérdida de investidura, 4 5 así : “[…] en sentencia de 3 de octubre de 2000 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a este respecto precisó: «[...] como ocurre en los siguientes casos: a) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; b) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; c) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento. d) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros. f) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros. 6 [...]» (se destaca)” . Además, como en todos los casos de pérdida de investidura, debe estar acreditado el elemento subjetivo, es decir, se requiere evaluar 7 si la conducta fue dolosa o gravemente culposa . CASO CONCRETO Partiendo de que se encuentra probada la calidad de Concejales, del municipio de San José del Guaviare, de los señores Luis

Fernando Abril, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, Luis Antonio Beltrán Pérez, Bernardo Betancourt Serna, Jair Iván Carmona Poveda, Wilmer Cuellar Suarez, Ana Del Pilar Gallego, German Gómez Angarita, Raúl Hurtado Forero, Paul Osney Mambi Martínez, Marlon 8 Mauricio Monroy Rey, Wilmar Alejandro Palacios Gutiérrez Y Reinaldo Pulido Rangel y, siguiendo los lineamientos señalados por la jurisprudencia, se procede a estudiar si se encuentra acreditada la configuración de la causal alegada. Pues bien, el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 reza: “[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por: 2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de noviembre de 2016. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2015 02938 00. Pie de página de la cita. 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 27 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2019 00 771 00 (PI). Pie de página de la cita. 4 Consejo de EstadoSala de lo Contencioso AdministrativoSección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente

radicación nro. 85001-23-33-000-2015-00001-01(PI). Pie de página de la cita. 5 C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla. Expediente AC-10529 y AC-10968. Actores Emilio Sánchez Alsina y Pablo Bustos Sánchez. Pie de página de la cita. 6 Consejo de Estado, sentencia del 18 de junio de 2021, Rad.: 68001-23-33-000-2019-00924-01(PI). Pie de página de la cita. 7 SU-424 de 2016; Consejo de Estado, sentencia de 22 de octubre de 2019, Rad.: 11001 0315 000 2018 01294 01; sentencia de 25 de mayo de 2017, Rad.: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI); sentencia de 9 de marzo de 2017, Rad.: 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI); sentencia de 11 de junio de 2020, Rad.: 17001-23-33-000-2018-00611-02; sentencia de 30 de julio de 2020, Rad.: 25000-23-15-000-2019-00142-01(PI). Pie de página de la cita. 8 Primero de los requisitos contemplados en el precedente de la jurisdicción contencioso administrativa. 5 50001-23-33-000-2020-00789-01 5aCdeE/JADV/Alb (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”

9 Por su parte, el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 dispone:

“[…] ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…)

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

[…]”. En el sub judice, el demandante estima que los concejales demandados deben perder su investidura pues incurrieron en la causal de indebida destinación de dineros públicos al haber sesionado bajo la figura de prórroga de las sesiones extras y haber cobrado honorarios por dichas sesiones prorrogadas ilegalmente. Sobre este particular, es decir, sobre el período de sesiones, el artículo 23 de la Ley 136 de 1994 dispone: “ARTÍCULO 23. PERIODO DE SESIONES. Los concejos de los municipios clasificados en categorías Especial, Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias así: a) El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año. El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el primero de marzo y el treinta de abril; b) El Segundo período será del primero de junio al último día de julio; c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal. Los concejos de los municipios clasificados en las

demás categorías, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día así: febrero, mayo, agosto y noviembre. Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse PARÁGRAFO ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente. 1o. PARÁGRAFO Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo. 2o. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos PARÁGRAFO 3o. 2 que se sometan a su consideración. <Artículo adicionado por el artículo de la Ley 1148 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que algunos miembros de los Concejos Municipales y Distritales concurran a su sede habitual, podrán participar de las sesiones de manera no presencial. Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los Concejales. En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los mismos términos establecidos en el presente artículo. Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir

declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para 15 las decisiones de los Concejos Municipales y Distritales. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. <Inciso adicionado por el artículo de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Cada Concejo deberá expedir un acto administrativo que especifique los requisitos que debe cumplir para el uso de estos medios. El personero servirá como veedor y verificará el uso proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnológicos. Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones de manera no presencial, deberán ser comunicados al personero dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición”. De otro lado, sobre el reconocimiento de honorarios a los concejales, el artículo 312 de la Constitución Política prevé: 5 “ARTICULO 312. <Artículo modificado por el artículo del Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal. La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. La ley podrá determinar los casos en que tengan

derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta”. 9 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. 6 50001-23-33-000-2020-00789-01 5aCdeE/JADV/Alb Por otra parte, el artículo 65 de la Ley 136 de 1994 prescribe: “ARTÍCULO 65. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. Los miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias. Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual fueron elegidos, a un seguro de vida y a la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores públicos municipales. Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los concejos, serán publicadas en los medios oficiales de información existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá impugnarlas, y la autoridad competente, según el caso, dará curso a la investigación o proceso correspondiente”. Y el artículo 20 de la Ley 617 de 2000, consagra: 66 “ARTICULO 20. HONORARIOS DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES. El artículo de la Ley 136 de 1994, quedará así:

66 "Artículo . Causación de honorarios. Los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales serán como máximo el equivalente al ciento por ciento (100%) del salario diario que corresponde al respectivo alcalde. En los municipios de categoría especial, primera y segunda se podrán pagar anualmente hasta ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta treinta (30) extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por prórrogas a los períodos ordinarios. En los municipios de categorías tercera a sexta se podrán pagar anualmente hasta setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas. A partir del año 2007, en los municipios de categoría tercera se podrán pagar anualmente hasta setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. En los municipios de categoría cuarta se podrán pagar anualmente hasta sesenta (60) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. En los municipios de categorías quinta y sexta se podrán pagar anualmente hasta cuarenta y ocho (48) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas. Cuando el monto máximo de ingresos corrientes de libre destinación que el distrito o municipio puede gastar en el concejo, sea inferior al monto que de acuerdo con el presente artículo y la categoría del respectivo municipio se requeriría para pagar los honorarios de los concejales, éstos deberán reducirse proporcionalmente para cada uno de los concejales, hasta que el monto a pagar por ese concepto sume como máximo el límite

10 PARAGRAFO. autorizado en el artículo de la presente ley. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del tesoro público del respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones previstas en la Ley 4a. de 1992". Según el Consejo de Estado, para los concejales, los honorarios constituyen la contraprestación que por su asistencia a cada una de 10 las sesiones de la respectiva Corporación fija la Constitución y la ley en su favor . Sobre este punto, además de lo dispuesto en la Ley, cuyo aparte fue transcrito previamente, resulta oportuno citar al Consejo de Estado, quien ha manifestado: “los Concejos Municipales pueden concertar el número de sesiones a realizar en los períodos ordinarios previstos en la Ley, para cumplir las funciones y atribuciones asignadas por la Constitución y la Ley; lo que sí no les está permitido es pagar más de setenta sesiones ordinarias y veinte sesiones extraordinarias a que asistan los Concejales en la anualidad correspondiente. Es de resaltar que tal limitación, conforme lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-540 de 22 de mayo de 2001 (Magistrado ponente doctor Jaime Córdoba Triviño), se hizo con el fin de garantizar en debida forma las oportunidades en que se reúnen a debatir los asuntos de interés del Municipio y evitar que los Concejales dilaten la toma de decisiones para presionar la prórroga de las sesiones ordinarias o la convocatoria a sesiones 11 extraordinarias, lo cual se enmarca dentro de los principios de eficacia y economía de la función administrativa” .

Pues bien, en el caso que nos ocupa, está acreditado que mediante el Decreto 016 de 2020, el alcalde municipal convocó a sesiones extraordinarias por 8 días y que mediante el Decreto 018 de 2020, decide “prorrogar” por un día las sesiones extraordinarias. Igualmente, se acreditó que los concejales demandados sesionaron extraordinariamente del 14 al 22 de enero de 2020, es decir, por 9 12 días y asimismo, se probó que los concejales recibieron honorarios, cancelados con recursos públicos, por 8 sesiones . Desde ya, esta Delegada advierte que comparte los argumentos sostenidos por el Ministerio Público en primera instancia, y por el Tribunal a quo, al considerar que en el caso sub judice no está acreditado el detrimento al patrimonio públic