PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - No existe responsabilidad del estado porque no hay certeza de l

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No existe responsabilidad del Estado porque no hay certeza de los móviles y autores materiales del hecho investigado Nos encontramos frente a un limitado material probatorio, que impide hacer una valoración sobre el autor o autores del homicidio, para determinar realmente las circunstancias en que acontecieron los hechos, lo cual no permite tener certeza acerca de la configuración real del daño. Las simples afirmaciones plasmadas en la demanda, sin el suficiente respaldo probatorio, fueron razones válidas para tomar la decisión el A.-quo la cual se encuentra ajustada a derecho. El concepto de la prueba se convierte en una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadramiento de la prueba de fondo, hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo en un principio de responsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que se desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no las pruebas de los hechos que las benefician o la contraprueba de aquellos que, habiendo sido acreditados por el adversario en la Litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables proveniente de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo, circunstancia que se avizora en el caso en comento toda vez que al no quedar demostrado con certeza el autor o autores del hecho decimos que al faltar el requisito principal para estructurar responsabilidad del Estado como lo pretenden los accionantes ya que es sabido para que exista la

responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Nos encontramos en presencia del hecho exclusivo de un tercero Del acervo probatorio recaudado, podemos decir que no hay certeza de los móviles y autores materiales e intelectuales del homicidio, y con la simple afirmación sin sustento probatorio no se le puede atribuirle el asesinato al grupo subversivo de las FARC, para de esta manera catalogarlo como un acto terrorista, sin embargo fue un hecho ejecutado por un tercero, y por tanto no se puede imputarle responsabilidad al Estado. Mal podría imputarse responsabilidad al Estado sin que exista prueba de que la víctima o su familia, notificó en debida forma y de manera oportuna la existencia de amenaza o peligro presunto, pues la víctima trabajó por espacio superior a un año en esa zona donde ocurrieron los hechos. Resulta claro que nos encontramos en presencia del hecho exclusivo de un tercero, que configura una causal de ausencia de responsabilidad del Estado y por lo tanto rompe el nexo causal. Si bien existió un hecho que le causó la muerte al señor, el cual resultó ser imprevisible e irresistible para los demandados, no por ello se deriva automáticamente responsabilidad, pues es menester demostrar el nexo de causalidad. No existe responsabilidad cuando oportunamente no se denuncia ante las autoridades la amenaza o el peligro presunto Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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Rzo CONCEPTO No. 329 /2012

Bogotá, D.C., 13 de noviembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE Dr. HERNÁN ANDRADE RINCÓN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 730012331000201100063 01 (44348)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACTORA: MYRIAM LAMPREA OCAMPO Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE-SENA.

Sentido del Concepto: solicitud de CONFIRMACIÓN de la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima/ No existe responsabilidad del Estado porque no hay certeza de los móviles y autores materiales del hecho investigado/ Tampoco existe responsabilidad cuando oportunamente no se denuncia ante las autoridades la amenaza o el peligro presunto/ Nos encontramos en presencia del hecho exclusivo de un tercero por lo tanto no aplica responsabilidad estatal.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Los Señores: MIRYAM LAMPREA OCAMPO actuando en nombre propio y en representación de los menores y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ministerio de la Protección Social y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a fin que se declare que son solidaría y administrativa responsables de los perjuicios materiales y morales, que les fueron causados por la muerte del señor EDUAR CARBONELL PEÑA, quien se desempeñaba con instructor del SENA, en La Vereda La Primavera del Municipio de Planadas

(Tolima) quien falleció el día 8 de septiembre de 2009 momentos en que se desplazaba en una motocicleta y que posteriormente estaba al servicio de la guerrilla. 1.2. La contestación. El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, a través de apoderado judicial contestó de la demanda oponiéndose a las pretensiones. Manifestó que existen pruebas que esa entidad no ha incurrido en falla en el servicio pues no tiene a su cargo la custodia y seguridad del personal que le presta los servicios, por lo que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues quien debe encargarse de la seguridad, son las Fuerzas Armadas de Colombia, quienes están vinculadas al presente proceso. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Rzo Propuso las excepciones: - Ausencia de los presupuestos básicos para la prosperidad de las pretensiones, toda vez que no hay prueba de que por acción u omisión el SENA haya ocasionado la muerte del señor Eduar Carbonell Peña. - Falta de legitimación por pasiva o ausencia de responsabilidad del SENA Regional Tolima. - Inexistencia del nexo causal. - Imposibilidad del SENA de disponer del patrimonio de los administrados por fuera de los cánones legales. - Caducidad de la acción. - Genérica la que el despacho encuentre demostrada. 1.2.1. La NaciónMinisterio de Defensa, guardó silencio. 1.3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de primera instancia adiada 30 de marzo de 2012, declaró infundada las excepciones de caducidad y exoneración de toda responsabilidad al SENA, y con relación a las excepciones de ausencia de los presupuestos básicos para la prosperidad de las pretensiones, falta de legitimidad por pasiva o ausencia de responsabilidad del SENA Regional Tolima y la inexistencia del nexo de causalidad.

Manifestó: que en efecto entre el Instituto Nacional de Aprendizaje-SENA y el instructor Eduar Carbonell Peña, no existió vínculo laboral directo, pues así se infiere del contrato de prestación de servicios No. 042 del 13 de marzo de 2009,

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo en el cual aparecen como partes el SENA Regional Tolima, en calidad de contratante y la Cooperativa de Trabajo Asociado LABOORUM TALENTO HUMANO INTEGRAL como contratista. Negó las pretensiones de los demandantes. Señaló que promover la presente acción en contra el SENA no tiene vocación de prosperidad por falta de legitimación por pasiva, pues no le era exigible a la entidad demandada, la guarda y protección de un instructor contratista, respecto de quien no tenía ninguna relación laboral directa y por lo tanto nada tuvo que ver con la muerte del finado Eduar Carbonell Peña, razones estas suficientes para exonerarlo de responsabilidad. Señaló que el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, está contenido en el inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Nacional que establece: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6 Ibídem establece que: “los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las

autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, de tal manera que omitir el cumplimiento de esas funciones, no sólo genera responsabilidad personal del funcionario, sino además, responsabilidad institucional, que de ser continúa y que pone en tela de juicio su legitimación, por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que disponga para lograr el respeto a la vida y demás derechos fundamentales que tenemos las personas por 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo el solo hecho de existir. La muerte del señor Eduar Carbonell Peña, por la falta de pruebas sobre el autor o autores del homicidio que es objeto de investigación de la Fiscalía General de la Nación, bien puede ser atribuida a miembros de un grupo subversivo o a la delincuencia común, es decir a un tercero indeterminado, ya que no obra prueba de la autoría en la comisión del ilícito ni que dicha conducta punible tuviera fines terroristas, lo cual, configura una ausencia de imputación de responsabilidad respecto del Estado por tratarse del hecho exclusivo de un tercero, lo que permite concluir que no existe nexo causal entre una acción u omisión de la Nación y el daño causado. Tampoco existe prueba de que el occiso o su familia, pusieran en conocimiento de

las autoridades civiles o militares, la existencia de algún riesgo que pusiera en inminente peligro la vida e integridad de Eduar Carbonell, al punto que estuvo trabajando durante más de un año en la zona, sin que hubiese conocido la Cooperativa de Trabajo Asociado de la que formaba parte o del mismo SENA, que tenía problemas para el desarrollo de su actividad como instructor. 1.4. Recurso de apelación 1.4.1. El apoderado demandante, presenta recurso de apelación contra de la sentencia que negó las pretensiones, en donde en términos generales manifestó lo siguiente (folios 188 a 221 cdel Consejo de Estado): Esta demostrado que la víctima era un servidor público, cuya función principal era la de contribuir al cumplimiento de la política del Estado en cuanto a la transmisión de sus conocimientos a la comunidad campesina de Planadas (Tolima) lugar 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo donde por primera vez en la historia de Colombia tuvieron asentamiento los subversivos de la FARC. Es evidente que el Ejército Nacional, tenía conocimiento que los servidores públicos, como el caso del contratista del SENA, Eduar Carbonell que laboró en el Municipio de Planadas (Tolima) necesitaba una protección especial sin que éste lo hubiera solicitado. La existencia y notoriedad del riesgo era conocida por las

autoridades del Ejército Nacional y el Gobierno, por que existen continuos enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública sin que se adopten medidas eficientes y oportunas para enfrentar y repeler la acción de los violentos y así lograr preservar la vida de las potenciales víctimas. La muerte del contratista del SENA, no fue un suceso aislado, que haya tomado por sorpresa a la fuerza pública ya que los funcionarios y la población en general del Municipio de Planadas (Tolima) toda vez que se han realizado varios consejos de seguridad con representantes del gobierno nacional, departamental, la Policía, el Ejército, la defensoría del pueblo entre otros. De acuerdo con las pruebas que reposan en el proceso indudablemente constituyen indicios ciertos e irrefutables de que fueron las FARC, quienes causaron el deceso al señor Eduar Carbonell Peña, motivo por el cual debe el Estado reparar los daños de carácter material y moral que le causaron a su familia, en el evento que no fueren aceptados los documentos y declaraciones para probar el daño y el nexo de causalidad, para deducir la responsabilidad del Estado-Ejército Nacional, no es necesario probar el nexo, sino que basta con probar el daño. 1.4.2. La parte accionada, Servicio Nacional de AprendizajeSENA, presentó alegatos de concusión en el cual expresó: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo La parte actora no probó, ni suministró plena prueba de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y que supone fueron la causa del perjuicio, ni demostró que los hechos fueran derivados de la acción u omisión de la entidad encargada de prestar el servicio. Está claro que el SENA no es la entidad encargada de garantizar la seguridad de los ciudadanos, la ley y la doctrina han sostenido que cuando se alega la falla en el servicio, existen causales de exoneración, como culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, con referencia al primer supuesto de la existencia de alguna amenaza en contra del señor Carbonell, la omisión por parte de éste, al tener conocimiento sobre cualquier tipo de riesgo presunto y no avisar de manera verbal o escrita a la Cooperativa LABOORUM a la cual estaba vinculado al momento del su deceso, a la Alcaldía de Planadas o a cualquier otra entidad departamental o nacional, lo cual desvirtúa fehacientemente que el SENA hubiese omitido conducta alguna, por el contrario hubiésemos requerido una medida inmediata a la Cooperativa o a los organismos competentes locales y regionales de seguridad. Los hechos ocurridos fueron por culpa exclusiva de la víctima en el entendido que la falta de conocimiento por parte del SENA a través de la Cooperativa o directamente por el fallecido o familiares que hubiese tenido conocimiento alguno de amenazas contra su vida, se hubieran tomado las medidas necesarias. La jurisprudencia ha establecido que el no poner en conocimiento del Estado las amenazas contra la vida, éste no puede ejercer ninguna actividad contigua a la

satisfacción y protección. El hecho de un tercero, en este caso quienes presuntamente cometieron el ilícito en el cual resultó muerto Carbonell fueron organizaciones al margen de la ley, por lo tanto no es responsabilidad del SENA. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo Pidió que se confirme la absolución de su representada.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Puede ser expresados en los siguientes términos: ¿La NaciónMinisterio de Defensa y el Servicio Nacional de AprendizajeSENA, son responsable administrativamente, cuando la víctima o sus familiares no han puesto en conocimiento de la fuerza pública amenazas contra su vida? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes

presupuestos: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Deber de protección del Estado - Hecho de un tercero Resulta pertinente hacer mención a los señalamientos que se han efectuado en punto a la determinación de la responsabilidad estatal por los daños que, siendo inferidos por un tercero, se atribuyen a la falta de protección de la victima1. Así, en sentencia del 3 de febrero de 2000, dijo la Sala2:

“el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º. inc. 2º., de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes, creencias y 1 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gomez, Bogotá, D.C., Veintitrés (23) De Abril De Dos Mil Nueve (2009), Radicación Número: 76001-23-31-000-1996-02664-01 (16923) 2 Expediente No. 14.787. Magistrado Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo demás derechos y libertades…, “ debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc, para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera.”3 Es que las obligaciones que son de cargo del Estado y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto,

frente al caso particular que se juzga, tomando en cuenta las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de dichos medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.” (Se subraya) 2.2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 28 de septiembre de 2011, radicación 15001-23-31-000-1993-03144-01 (20571), manifestó que para que la administración responda, por falla en el servicio, debe tener en cuenta el grado de cumplimiento por la entidad demandada en el caso concreto y la relación de causal adecuada entre 3 Cita original de la sentencia citada: “Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837.” 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo dicha omisión y la producción del daño. De este modo concluyó que:

“la administración debe responder cuando a) desatiende los llamados de la comunidad, b) le era imposible prever la amenaza inminente por problemas de seguridad permanente, c) se solicita protección y ésta o no se suministra o se hace de manera no diligente, d) es evidente que la persona afectada necesitaba protección en razón a la configuración de serios indicios, así no la hubiere solicitado, o e) conocía, de manera no solo formal, de la situación de peligro en que se encontraba el afectado. En consecuencia, es necesario que de algún modo la administración resulte enterada de la amenaza a la afectación de cualquier bien jurídico, por cuanto la obligación protectora del Estado no va hasta asignar oficiosamente un escolta a cada ciudadano o cada bien, por cuanto ello seria una obligación imposible de cumplir” 2.2.4. Deber de Protección del Estado – Relatividad Al respecto, en Sentencia Nº 66001-23-31-000-1996-03099-01(14443) de 6 de Marzo de 2008, Sección Tercera, el H. Consejo de Estado dijo: “En relación con la responsabilidad del Estado por la omisión de prestar el servicio de seguridad a sus funcionarios, los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, en su orden establecen que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, y que a la Policía Nacional corresponde el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, deberes que luego se precisaron en la ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional4. De acuerdo con las normas citadas, la razón de ser de las autoridades públicas y en particular la de la Policía Nacional, es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir el cumplimiento de esas funciones genera responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos5. 4 El artículo 1 de dicha ley establece: “Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que

los habitantes de Colombia convivan en paz”. 5 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo Un repaso de la jurisprudencia de la Sección muestra que la Sala ha considerado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se

encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones6. No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas 7 , en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”8. Aunque, se destaca que esta 6 Ver, entre otras, sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737; 15 de febrero de 1996, exp. 9940; 19 de junio de 1997, exp. 11.875; 30 de octubre de 1997, exp: 10.958 y 5 de marzo de 1998, exp. 10.303 7 Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585. 8 Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de

tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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730012331000201100063 01 Rzo misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían (Subrayado fuera de texto) 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil.

En su orden son: contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible". Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un

determinado servicio". (Exp. N° 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1.977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con l