PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Término caducidad según jurisprudencia consejo de estado

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad por enfermedad y pérdida de capacidad de funcionaria por falla en el servicio ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Alcance Normativo ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Término caducidad según Jurisprudencia Consejo de Estado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Operó el fenómeno de la caducidad En concepto del Ministerio Público como quiera que la enfermedad fue diagnosticada el 21 de enero de 2006 y la demanda solo se presentó el 26 de enero de 2009 había operado el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa. Para efectos de la caducidad debe tenerse en cuenta el momento de la omisión o cuando se produce el daño si éste se manifiesta después. Si el daño se produce y se conoce cuando se diagnostica la enfermedad profesional, es a partir de esa fecha cuando se empieza a contabilizar el término de 2 años, pues las supuestas omisiones fueron anteriores pero solo se conoció la producción del daño cuando se diagnostica... … Inclusive ,los dictámenes de la ARP ISS y de la Junta de Calificación de Invalidez Bogotá indican que la estructuración de la enfermedad fue el 30 de octubre de 2006. Si se toma en cuenta esta otra fecha, de igual forma se debe concluir que el 26 de enero de 2009 ya habían trascurrido los 2 años que tenía para accionar oportunamente por reparación directa, los que habrían vencido el 30 de octubre de 2008. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No responsabilidad de entidad por indemnización de perjuicios reclamados

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA–No aplica falla en el servicio por omisión …el Ministerio Público considera que tampoco hay lugar a declarar la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación .En primer lugar porque no existe ningún despliegue probatorio para demostrar la omisión de la entidad con anterioridad a enero de 2006 cuando se le diagnosticó la enfermedad profesional. Esto es, como se imputa responsabilidad por omisión lo que en concepto de los actores produjo la enfermedad profesional, la carga probatoria debió dirigirse a establecer esas omisiones previas a esa fecha .En segundo lugar porque de la revisión de los elementos de prueba surge con claridad que la demandada no incurrió en falla del servicio por omisión toda vez que adoptó las medidas pertinentes con visitas, análisis y estudios, adelantó los trámites frente al supuesto acoso laboral por parte del jefe inmediato y estuvo receptiva a las solicitudes de la demandante frente a la reubicación, sin que pueda concluirse que no haberla designado como Procuradora Judicial en… que era la única opción que daba la actora, la hiciera incurrir en responsabilidad. … finalmente porque no puede ser jurídico, ni razonable, calificar como falla del servicio por omisión el hecho de no haber designado a la actora como Procuradora Judicial I en… que fue la única opción que dio y en la cual insistió en sus comunicaciones a la entidad-, Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02)

toda vez que se trataba de una decisión institucional que además debía analizar el estado de salud de la abogada, el cual, como le señalara en su oportunidad el entonces Secretario General de la entidad, no se beneficiaría si continuaba en la misma ciudad en la misma sede pero con una remuneración mayor. En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita modificar el fallo impugnado para que en su lugar se declare la caducidad de la acción. De manera subsidiaria pide modificarlo y negar todas las pretensiones por cuanto no se acreditó falla en el servicio. 2 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 055 / 2014

Bogotá, D.C., 2 de abril de 2014.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 47.816 (850012331000 2009 00024 02)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: CAROLINA SANABRIA AYALA y otros

CONTRA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 26 de enero de 2009 (fl. 631 c. 1 Tomo II) Carolina Sanabria y

Carlos Fernando Cortés Reyes en su nombre y en el de su hijo menor Daniel Fernando Cortés Sanabria, demandaron a la Procuraduría General de la Nación para que se hicieran las siguientes declaraciones: que la demandada es responsable porque no realizó ninguna acción tendiente a prevenir la enfermedad profesional que sufrió Carolina Sanabria a partir de enero de 2006 cuando se desempeñaba como Asesora Grado 19; que como consecuencia de la enfermedad la actora perdió el 19.20% de su capacidad laboral según calificación definitiva de 25 de julio de 2007 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cundinamarca; que la demandada es responsable de la enfermedad y de la pérdida de capacidad por falla en el servicio, teniendo en cuenta que no realizó visitas a los sitios de trabajo, ni evaluaciones médicas ocupacionales a la actora en el sitio de trabajo, ni ordenó medidas de control necesarias; que la Procuraduría General de la Nación omitió realizar acciones como mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores con riesgos profesionales y condiciones originadas en los procesos de trabajo, omitió acciones como reubicarla laboralmente, omitió el cumplimiento del art. 8 de la ley 776 de 2002 porque los empleadores están obligados a ubicar a los empleados incapacitados parcialmente en el cargo que desempeñaba o en un trabajado compatible con sus capacidades y aptitudes; que es responsable por no cumplir la normatividad de salud ocupacional en la cual los trabajadores están expuestos a riesgos psicosociales; que es responsable de la enfermedad 3 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02) producida durante la ejecución de órdenes del empleador. Se solicitó que, como consecuencia, se le condenara a pagar a favor de la señora Carolina Sanabria suma igual o superior a $289’752.405 por lucro cesante consolidado y futuro; 200 smlm por alteraciones a las condiciones de existencia y 200 smlm por perjuicios fisiológicos, y por perjuicios morales 200 smlm a favor de cada uno de los 3 actores. Como fundamento fáctico de las pretensiones se adujo, en términos generales, que contra la actora Carolina Sanabria abogada asesora grado 19, de carrera a partir de abril de 2003 en la Regional de Casanare, se presentó un supuesto acoso laboral. Que como en 2005 el jefe inmediato le pidió retirarse o pedir traslado y la nueva Procuradora Regional Gloria Sonia Cuellar de Chavarro en septiembre de 2005 le manifestó que nada tenía que hablar con ella, la actora sufrió stress postraumático y síndrome depresivo ansioso. Se refiere a trato discriminatorio, posteriores incapacidades, análisis sicológico, consultas y seguimientos médicos a la actora; así como informe sobre riesgos psicológicos de todos los que laboraban en esa Regional; también alude al aislamiento de los compañeros y el trato que éstos le daban ridiculizándola. Afirma que el acoso y hostigamiento se continúa presentando. Hace referencia al cruce

de comunicaciones con la Procuradora Regional, señala que en mayo 2007 la ARP solicitó a la entidad la reubicación de la actora sin afectar su núcleo familiar y calificó la pérdida de capacidad laboral con un 15.80%; que ella también elevó la solicitud de reubicación. El 19 de julio de 2007 la Junta Regional de Calificación de Invalidez calificó la pérdida de capacidad laboral en 19.20%. Que a raíz de la enfermedad profesional se ha deteriorada su relación de pareja y las relaciones madre – hijo; y que hasta la fecha de presentación de la demanda la entidad no ha acatado las indicaciones de la ARP y la EPS de trasladarla. 1.2. Contestación de la demanda. (fls. 644 a 667 C. 1 tomo II). Respecto de las pretensiones señaló la Procuraduría General de la Nación que el estrés postraumático puede provenir de distintas causas, que el dictamen de la ARP del ISS es de 8 de noviembre de 2006 lo que significa que los eventos desencadenantes fueron anteriores a esa fecha; que la entidad desplegó todos los mecanismos para conjurar la situación de la actora quien pretendía se le nombrara como Procuradora Judicial en Casanare; se opuso a la pretensión relacionada con la calificación de pérdida de capacidad porque las apreciaciones y valoraciones adolecen de imprecisión y se basan en fuentes de información contaminadas, aunado a que lo relacionado con acoso laboral ya fue decidido por funcionario competente; que el dictamen final indica que el trastorno tiene 10 años de evolución y por tanto no se le puede exigir a la Procuraduría que responda por

eventos originados en otros ámbitos laborales; que la junta se equivocó o la paciente se restableció pues la actora adelantó la especialización en derecho con notas sobresalientes sin que mostrara alguna minusvalía, se restableció totalmente en el mismo medio y circunstancias; que la entidad sí ha efectuado visitas a los puestos de trabajo; sí se buscó la reubicación pero la actora solo quería que se le designara procuradora judicial; que la entidad cumple con la normatividad de salud ocupacional. También se opuso al reconocimiento de 4 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02) perjuicios. Alega que al quedar sin piso la pérdida de capacidad queda sin piso la pretensión económica. Al pronunciarse sobre los hechos sostuvo que el actual esposo de la señora Carolina Sanabria era Procurador Regional de Casanare donde la conoció y que pudo suceder que al salir aquél del cargo se generara una frustración para la actora que pudo conducir a desajustes emocionales que llevaran a una situación precaria con los jefes siguientes. Agregó que no hay responsabilidad de la entidad por las relaciones con el hijo y la pareja; que las acciones de acoso laboral se decidieron en la instancia correspondiente de manera desfavorable a la actora, que esas pruebas no pueden ser trasladadas a este proceso porque existe cosa juzgada; que en la programación del año si se tuvo en cuenta a la actora en

atención al público y por su estado de salud e incapacidades no se le programaron visitas a municipios. En cuanto a la relación médica hace referencia a las incapacidades y dictámenes; y afirma que el cuadro clínico obedecía a no obtener el cargo de Procuradora Judicial, cargo con el que no se restablecería su estado de saludo por el alto nivel de stress y tensión y por las cargas y compromisos mayores; no podía designarla en ese cargo sin arriesgar su salud. Señaló que es inexistente el nexo causal entre la presunta enfermedad profesional y el acoso laboral, que ninguna queja de las que interpuso la señora Carolina Sanabria contra la doctora Gloria Cuellar prosperó Propuso como excepciones de mérito: a) inexistencia de la causa; b) inexistencia de los hechos; c) inexistencia del acoso laboral; d) amistad de la demandante con médicos, sicólogos, siquíatras y terapistas ocupacionales que tuvieron contacto profesional con el caso debatido; e) la capacidad mental, sobriedad y capacidad argumentativa para adelantar tareas jurídicas de alta complejidad y logros académicos que no dejan entrever pérdida de capacidad laboral; f) se debe desestimar el porcentaje de 10% de pérdida de capacidad laboral en el factor deficiencia establecido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá Cundinamarca; g) se debe desestimar el porcentaje de discapacidad de 1.20% y de minusvalía de 8.00% de pérdida de capacidad laboral establecido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 1469 a 1498 C. Consejo de Estado). El

Tribunal Administrativo de Casanare1 declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada, declaró administrativamente responsable a la Procuraduría General de la Nación de los perjuicios causados a los demandantes y la condenó a pagar a la señora Carolina Sanabria 9 smlm por perjuicios materiales, 20 smlm por perjuicio moral y 20 smlm por daño a la salud; a favor de Carlos Fernando Cortes Reyes (esposo) 10 smlm por perjuicio moral y Daniel Fernando Cortés Sanabria (hijo) 10 smlm. Negó las restantes pretensiones. El a-quo encontró probado el daño consistente en la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje de 19.20% de la señora Carolina Sanabria. Que fue objeto de agravios por parte de la doctora Gloria Cuellar y que si bien el acoso laboral no puede discutirse porque fue resuelto por el competente, no podía pasar por alto que la situación presentada por la actora en la institución le generó una pérdida de 1 Sentencia de 23 de mayo de 2013 5 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02) capacidad laboral que resultó de la difícil situación que vivió en ese ente de control. Sostuvo que también se probó que la demandada nunca tomó las medidas necesarias para mejorar el ambiente de trabajo, ni después de haber conocido el dictamen de la ARP y la I.P.S., no se hizo nada para mitigar los daños ni

corregirlos; la entidad no realizó ninguna acción tendiente a prevenir la enfermedad de la actora por lo que es responsable del padecimiento que ella y su núcleo familiar sufrieron a título de falla del servicio, por cuanto no realizó visitas al sitio de trabajo, no ordenó evaluaciones médicas ocupacionales, ni ordenó medidas tendientes a controlar el estrés de la actora; no desplegó ninguna actividad para mejorar el ambiente de trabajo de la demandante, ni la ubicó en un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes. Señaló que para reconocer los perjuicios materiales tenía en cuenta la disminución de la capacidad laboral conforme a los decretos 917 de 1999 y 2644 de 1994, lo que correspondía a 9 smlm. Reconoció perjuicios morales por la pérdida de capacidad laboral en 20 smlm para la víctima directa y 10 smlm para el esposo y para el hijo, teniendo en cuenta que no se ha limitado por completo el desempeño de la actora en la entidad y menos en su vida personal. Y por la afectación a la salud –conforme al dictamen médico legistareconoció 20 smlm. 1.4. Apelación. Las dos partes apelaron el fallo - La parte actora (fls. 1500 a 1504 c. Consejo de Estado). Alega que no se calcularon los perjuicios de acuerdo con los criterios del Consejo de Estado. Que ya se le pagó por Administradora de Riesgos Laborales la indemnización por pérdida de capacidad laboral y no busca obtener algún pago por parte del Sistema General de Seguridad Social; que para la indemnización se debe tener en cuenta la vida probable de la actora.

De otro lado señala que se debe reconsiderar el monto de perjuicios morales a favor del esposo e hijo de la señora Sanabria; que se debe condenar al pago de daño a la vida de relación. Pidió que se reconocieran todas las pretensiones y se condenara al pago de costas. - Procuraduría General de la Nación (fls. 1505 a 1509 C Consejo de Estado) Apela la sentencia para que se revoque y se exonere de toda responsabilidad. Aduce que no hubo falla en la prestación del servicio por cuanto la entidad tomó las medidas necesarias para la reubicación sin afectar el núcleo familiar; el grupo de salud ocupacional realizó visitas, análisis y recomendaciones; que la actora no quiso ser trasladada de ciudad y en Yopal se encuentra la Regional donde labora y unas procuradurías judiciales administrativas, penales, agraria y de familia, por lo que la reasignación sería a una procuraduría judicial donde no hay cargo de asesor 19 y donde los niveles de responsabilidad y carga laboral podían exponer a la servidora a un mayor riesgo psicosocial. La actora manifestó su interés en ser promovida a Procuradora judicial I frente a lo cual salud Ocupacional señaló que debía ser objeto de cuidadoso estudio por la patología que padecía la servidora la cual podía agravarse por la mayor responsabilidad. 6 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02)

De acuerdo con los decretos 262 y 265 de 2000 carecía de legalidad pedir ser promovida de asesor grado 19 a procurador judicial I y más aun manifestando un estado de enfermedad que persistía aun con el cambio de jefe inmediato. No se le puede condenar a la Procuraduría por una imposibilidad manifiesta. En cuanto a la recomendación de un puesto de trabajo donde el nivel de estrés más bajo señaló que la carga laboral es de grado 19 y no se puede comparar con la de grado 17. Se solicitó al superior inmediato que implementaran estrategias para mantener clima laboral y relaciones armónicas en esa dependencia y manejar el caso con discreción, frente a lo cual la actora manifestó que con el jefe inmediato era mejor porque se cambió, pero que había mal clima con sus compañeros. Agregó que actualmente la actora presta los servicios en la Provincial de Ibagué, traslado que ella pidió porque al esposo lo nombraron magistrado de Tolima, lo que indica que la entidad siempre ha velado por el bienestar de sus funcionarios, que antes no se le dio traslado dentro de la planta globalizada porque ella no deseaba cambiar de domicilio. Afirma que no se reúnen los requisitos para que se configure la falla del servicio porque la salud mental de la actora que según ella tuvo origen en el acoso laboral no se probó, a más que el proceso por acoso laboral se adelantó ante el competente y hubo fallo en contra de la actora por lo que se trata de cosa juzgada, ley 1010 de 2006. Que se demostró también que el deterioro mental de la actora proviene de hace más de 10 años, antes de ingresar a la entidad; y de ser cierto cómo es posible

que requiera un cargo con mayor responsabilidad y carga laboral?. Agrega que el Seguro Social ya canceló los daños materiales; y que no existe nexo causal entre el daño y la responsabilidad de la entidad.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar si la Procuraduría General de es responsable por la enfermedad profesional y la pérdida de capacidad laboral que aquélla le ocasionó a la actora Carolina Sanabria.

2.2. Caducidad. De acuerdo con la demanda la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación deviene de la falla del servicio por omisión lo que condujo a que la actora Carolina Sanabria padeciera una enfermedad profesional que le diagnosticaron el 21 de enero de 2006 y por la cual, el 2 de mayo de 2007, la ARP calificó la pérdida de capacidad laboral en 15.80% y el 19 de julio de ese año la Junta Regional de Invalidez la calificó en 19.20%. La SECCIÓN TERCERA, en proveído de 3 de marzo de 2010. Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00126-01(37398), precisó: 7 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02) 2.1. La caducidad de la acción impetrada. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la

figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez. El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8°, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente: “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (negrillas adicionales). La ley consagra entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción. Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en

reiterada jurisprudencia2, se ha pronunciado en los siguientes términos: “Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. “Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen” 3. “Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. (…) (…) En cuanto a la caducidad de la acción de reparación directa, cuando ésta se fundamenta en el daño producido por una omisión de la Administración, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado: 2 (pie de página de la cita) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de

julio del 2005 Exp. 14.691 y del 5 de septiembre del 2006, Exp. 14228, ambas con ponencia del Consejero, doctor Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras. 3 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13.126. 8 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02) “En relación con las omisiones, el término de caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. “Aunque la omisión se mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada porque la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años contados a partir de la omisión.”4 (Negrillas adicionales).” (Negrillas con subrayas fuera del texto) En términos de la demanda la responsabilidad de la entidad se genera por la omisión en adoptar las medidas pertinentes para PREVENIR la enfermedad profesional que se le diagnosticó a la señora Sanabria y que posteriormente dio

lugar a calificar la pérdida de capacidad laboral la cual se ha venido incrementando. En concepto del Ministerio Público como quiera que la enfermedad fue diagnosticada el 21 de enero de 2006 (fl. 559 c. 1 Tomo II, 869 c. 1 T. III) y la demanda solo se presentó el 26 de enero de 2009 (fl. 631 c. 1 tomo II) había operado el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa. Para efectos de la caducidad debe tenerse en cuenta el momento de la omisión o cuando se produce el daño si éste se manifiesta después. Si el daño se produce y se conoce cuando se diagnostica la enfermedad profesional, es a partir de esa fecha cuando se empieza a contabilizar el término de 2 años, pues las supuestas omisiones fueron anteriores pero solo se conoció la producción del daño cuando se diagnostica. La actora conoció el diagnóstico desde esa fecha y adujo la existencia del mismo como argumento en los recursos de calificación de servicios (fls. 140, 316 c. 1 Tomo I). No podría sostenerse válidamente que el término se inicia a contar a partir de la calificación de pérdida de capacidad laboral pues ese hecho es consecuencia del “daño”, es un efecto que se prolonga y se vuelve definitivo y según afirman los actores inclusive se intensifica. En ese orden de ideas, como quiera que se configuró el fenómeno de caducidad de la acción, la sentencia deberá modificarse para que en su lugar se nieguen todas las pretensiones.

Inclusive, los dictámenes de la ARP ISS y de la Junta de Calificación de Invalidez Bogotá indican que la estructuración de la enfermedad fue el 30 de octubre de 2006 (fls. 326 y 347). Si se toma en cuenta esta otra fecha, de igual forma se debe 4 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2004, Exp. 25.854, M.P. Ricardo Hoyos Duque. 9 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02) concluir que el 26 de enero de 2009 ya habían trascurrido los 2 años que tenía para accionar oportunamente por reparación directa, los que habrían vencido el 30 de octubre de 2008. 2.3. En el evento en que el Consejo de Estado no comparta el criterio anterior y considere que la acción se instauró dentro del término legal, el Ministerio Público considera que tampoco hay lugar a declarar la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación. En primer lugar porque no existe ningún despliegue probatorio para demostrar la omisión de la entidad con anterioridad a enero de 2006 cuando se le diagnosticó la enfermedad profesional. Esto es, como se imputa responsabilidad por omisión lo que en concepto de los actores produjo la enfermedad profesional, la carga probatoria debió dirigirse a establecer esas omisiones previas a esa fecha.

En segundo lugar porque de la revisión de los elementos de prueba surge con claridad que la demandada no incurrió en falla del servicio por omisión toda vez que adoptó las medidas pertinentes con visitas, análisis y estudios, adelantó los trámites frente al supuesto acoso laboral por parte del jefe inmediata y estuvo receptiva a las solicitudes de la demandante frente a la reubicación, sin que pueda concluirse que no haberla designado como Procuradora Judicial en Yopal, que era la única opción que daba la actora, la hiciera incurrir en responsabilidad. De las pruebas allegadas, se tiene: - Se acreditó que la actora Carolina Sanabria está vinculada a la Procuraduría General de la Nación en el cargo de Asesora Grado 19 en carrera desde abril de 2003 (fls. 46, 81 a 104 C. 1 Tomo I; 134 a 141 c. pruebas T. I). - Se allegaron actas de reparto de 2005 en la Regional Casanare en las que se evidencia número de expedientes equitativo entre los abogados. A la actora a partir de julio cuando se reintegró (fls. 694 a 727 c. 1 T. III). - En enero de 2006 se le diagnosticó enfermedad profesional (fls. 559 c. 1 T. II, 869 c. 1 T. III). - El 24 de enero de 2006 la Procuradora Regional solicita a la Coordinadora del Grupo de Bienestar de Personal de la Procuraduría una valoración médico científica a Carolina Sanabria habida cuenta para determinar las causas que dieron origen a la incapacidad de 30 días por trastorno depresivo mayor (fl. 684 c. 1

T. III) - El 3 de abril de 2006 el ISS informó a la Procuraduría el concepto de Salud Ocupacional de Carolina Sanabria indicando que padecía un episodio depresivo mayor y recomendó tratamiento médico e intervención psicosocial a la jefe inmediata (fl. 194 c. 1 Tomo I). - Historia clínica e incapacidades por enfermedad profesional desde enero de 2006 (fls. 199 201 c. 1 tomo I; 398, 399, 452 a 455, 457 a 459, 471, 472, 557 a 559, 590 a 610 c. 1 Tomo II, 869 a 884 T. III, 231 a 247, 249 a 277 C. pruebas T. I; 521 a 568 c.

10 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.816 (850012331000 2009 00024 02) pruebas T. II; anexo Historia clínica). - El 24 de abril de 2006 la Coordinadora Grupo Desarrollo y Bienestar de Personal de la Procuraduría envió a Carolina Sanabria copia del informe sobre riesgo psicosocial realizado ente el 21 y 24 de marzo de ese año (fl. 573 c. 1 Tomo II). - Dictamen calificación de capacidad laboral y determinación de invalidez y origen. ARP ISS 2 de mayo de 2007. Enfermedad profesional pérdida de capacidad laboral 15.80%. Califica la enfermedad profesional con diagnóstico de 30 de octubre de 2006 (fls. 346 y 346 vto. c. 1 Tomo I).

• La Junta de Calificación de Invalidez Bogotá – Cundinamarca dictaminó el 19 de julio de 2007 que la señora Carolina Sanabria tenía pérdida de capacidad laboral de 19.20%. fecha de estructuración 30 de octubre de 2006 (fls. 327 a 331 c. 1 Tomo I., 278