PGN - ACCION DE REPETICION - Finalidad y naturaleza jurídica según jurisprudencia del consejo de est

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para que se condene al pago de dinero conforme a acuerdo conciliatorio por el no pago de seguro de vida de Concejal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Finalidad y Naturaleza Jurídica según jurisprudencia del Consejo de estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de viabilidad según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco legal Es oportuno señalar que los hechos debatidos en este proceso tuvieron ocurrencia para el lapso 24 de julio y 4° de agosto de 2003 (desde que el señor…asumió la condición de Concejal hasta cuando se produjo el hecho de la muerte), esto es, en vigencia de las Leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. Por lo tanto, dicha normativa es aplicable en los aspectos sustanciales de este caso. No sobra advertir que en materia procesal, el caso en estudio igualmente se debe analizar a la luz de dichas disposiciones, por tratarse de normas de orden público y, por ende, de aplicación inmediata . ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término de caducidad

ACUERDO CONCILIATORIO-Indemnización a los afectados Como ya se anotó, se allegó al proceso copia del auto aprobatorio de la conciliación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acuerdo efectuado dentro del proceso de Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 2 Expediente 49643 reparación directa promovido por… y otros contra el Municipio de…, asumiendo el ente público la obligación de pagar la suma de $35’000.000 por concepto de indemnización de perjuicios. … De manera previa hay que señalar que conforme a la diligencia de conciliación el acuerdo conciliatorio se llevó a cabo el 15 de junio de 2006 dentro del proceso de reparación directa promovido por… y Otros, diligencia a la que conforme al auto aprobatorio también asistió la sra… como parte actora del proceso”, decisión en la que además se indicó que la parte activa estaba conformada por las señoras. A esta actuación se allegó por la parte actora el original del poder que los beneficiarios del acuerdo conciliatorio presentaron el 27 de septiembre de 2006 ante la alcaldía municipal para que el pago se realice y fuera recibido por la señora… mandato que se encuentra debidamente suscrito y presentado ante el Juzgado promiscuo municipal de Tena. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se encuentra acreditada la condición de servidor público Al proceso se allegó copia del acta de posesión de la señora…como alcaldesa municipal del municipio de... cargo del que tomó posesión para el período 1° de enero

de 2001 a 31 de diciembre de 2003, lo que permite inferir que para el lapso 24 de julio a 4 de agosto de 2003 la demandada ostentaba la citada condición. ACCIÓN DE REPETICIÓN-La prueba del pago es requisito esencial para su prosperidad Para acreditar el pago se allegaron al proceso: i) copia del comprobante de egresos del 2 de noviembre de 2006 en el que aparece que la señora… recibió la suma de 35 millones de pesos, quien en constancia suscribió tal documento, copia del certificado de disponibilidad presupuestal, del registro presupuestal, de la Resolución de 21 de octubre de 2006 por medio de la cual el ente territorial reconoció y dispuso el pago de $35’000.000 a favor de la señora… documentos con los cuales se probó que ésta recibió el pago de la conciliación, por lo que se tiene por acreditado el pago con el cual se extinguió la obligación. ACCION DE REPETICION-Dolo y Culpa Grave/DOLO Y CULPA GRAVE-Marco Normativo Estima el Ministerio Público que en principio el detrimento patrimonial del Estado es imputable a la conducta gravemente culposa de la demandada, pues acorde con las citadas disposiciones, la entonces Alcaldesa Municipal como agente del Estado pudo haber actuado bajo una conducta gravemente culposa porque el daño que se le atribuye y que generó la conciliación se dice devino en últimas de una omisión en atender lo dispuesto en la Ley, es decir consecuencia de una infracción directa de las normas previstas en las citadas disposiciones lo que se traduciría en una violación

manifiesta e inexcusable de las normas de Derecho, pues fueron desconocidas las normas relacionadas con el referido beneficio o seguro de vida para uno de los concejales del municipio… Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 3 Expediente 49643 … En conclusión, el ente territorial evidentemente tomó la póliza de seguro de vida para los concejales del municipio de… para el año 2003 y en tal razón ello desvirtúa el proceder gravemente culposo que se le atribuye a la demandada, toda vez que al haber tomado el respectivo seguro de vida con la compañía de seguros Mapfre para el conjunto de concejales, se infiere que la hoy demandada no desconoció los preceptos constitucionales y legales mencionados. Ante la ausencia del elemento subjetivo no es dable imputar la conducta de la demandada como gravemente culposa, menos aún como dolosa, razón por la que en el presente caso no están dados todos los presupuestos legales para la procedibilidad de la acción de repetición. De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita al

H. Consejo de Estado confirmar la decisión de primera instancia, denegando las pretensiones de la Demanda.

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 4 Expediente 49643

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 054-2014

Bogotá D. C., 2 de abril de 2014

Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor: ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Ref: Proceso 49643 (1100133310002007 00244-01)

Acción Repetición

Actor: Municipio de Tena Demandado: Mariela Castillo Garzón El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- El Municipio de Tena (Cundinamarca) demandó a Mariela Castillo Garzón, alcaldesa del citado ente territorial, para que se le condene a pagar la suma de $35’000.000 que la demandante debió cancelar conforme a acuerdo conciliatorio que fue aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 17 de agosto de 2006, dentro del proceso de reparación directa promovido por familiares del Concejal Juan de Dios Pinto quien falleció estando en el ejercicio del cargo sin que se le hubiera amparado con el seguro de vida que establecen los artículos 68 y 69 de la Ley 136 de 1994 (Cfr. fls.2 a 9

C.1). 1.2. La demandada guardó silencio. 1.3. El a quo denegó las pretensiones al concluir que la parte actora no probó que la demandada haya obrado con dolo o culpa grave (Cfr.fls. 199 a 207 C.5). 1.4. Apeló la demandante. Alega que se acreditó la existencia de una condena en contra del ente territorial, que la administración efectuó y probó el pago

conforme al comprobante de egreso y a la certificación emitida por la Tesorería del Municipio, y que el obrar de la demandada fue negligente pues consta en Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 5 Expediente 49643 acta del Concejo Municipal que el Presidente de dicha Corporación solicitó se efectuaran los trámites correspondientes para proveer el seguro de vida al entonces concejal Juan de Jesús Pinto Calderón (Cfr. fls. 209 a 218 C.5).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la Acción de Repetición. 2.1. Naturaleza de la acción de repetición El Consejo de Estado ha precisado sobre la naturaleza y finalidades de la acción de repetición1: En cuanto a la acción de repetición, el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, prescribe: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” La acción de repetición se erige, entonces, como el mecanismo procesal especial con que cuenta el Estado para proteger el patrimonio público,

pues, sustentado en la responsabilidad patrimonial de los servidores y exservidores públicos, tiene el derecho-deber de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa2, para que se declare responsable al sujeto, que con su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico por el cual -el Estadoha respondido. El objeto de la acción de repetición se encamina a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública3. (…) 1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 16335 2 (pie de página de la cita) De acuerdo al artículo 7 de la Ley 678 de 2001, la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer de este tipo de acciones. El artículo dispone: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. (…)” 3 (pie de página de la cita) En efecto, el artículo 3 de la Ley 678 de 2001 dispone: “La acción de repetición está orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella.” Así mismo, ha señalado la Corte Constitucional: “Es importante subrayar que la responsabilidad de los agentes del Estado surge como consecuencia de un proceso de fortalecimiento del compromiso que debe tener el servidor público con la función o labor que esta llamado a desempeñar a favor de la sociedad y en beneficio general, y pretende desarrollar los principios superiores de moralidad pública, eficiencia y eficacia administrativa (C.P. art. 209), defensa del

interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 2°). (Sentencia C-965 de octubre 21 de 2003) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 6 Expediente 49643 […] 2.3. Naturaleza jurídica de la acción de repetición La Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción de carácter civil -art. 2-, lo cual implica que su fundamento y propósito se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. En este sentido, el objeto directo de la acción consiste en reembolsar el dinero pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.” (resalto y subrayo) De conformidad con lo expuesto la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena en contra de la administración. 2.2. Presupuestos para la viabilidad de la de repetición Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo

conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 7 Expediente 49643 2.3. Normatividad aplicable Es oportuno señalar que los hechos debatidos en este proceso tuvieron

ocurrencia para el lapso 24 de julio y 4° de agosto de 2003 (desde que el señor Juan de Jesús Pinto asumió la condición de Concejal hasta cuando se produjo el hecho de la muerte), esto es, en vigencia de las Leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. Por lo tanto, dicha normativa es aplicable en los aspectos sustanciales de este caso. No sobra advertir que en materia procesal, el caso en estudio igualmente se debe analizar a la luz de dichas disposiciones, por tratarse de normas de orden público y, por ende, de aplicación inmediata. Así lo ha explicado la Sala: “En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme a las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño. (…) y en lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es obligado concluir que se aplica para los juicios de repetición en curso y pendientes a dicha fecha, incoados a la luz de la Ley 446 de 1998 4 . (Resaltado por fuera del texto original). 2.4. De la caducidad. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé: “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de

dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.” (subrayado fuera de texto) El término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición se contabiliza desde el último pago; la entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A., conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 20015. 4 Sentencia del 8 de julio de 2009, Radicación: 11001-03-26-000-2001-0057-01 (Expediente: 21.626) 5 “(…) En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho repetir cuando no se ha pagado. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 8 Expediente 49643 Se allegó copia del auto del 17 de agosto de 20056 (Cfr. fls. 24 y 25 C.3) mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó el acuerdo

conciliatorio, y constancia de ejecutoria, quedando claro que la condena en contra de la administración quedó ejecutoriada el día 28 de agosto de 2006. El plazo de los 18 meses para pagar iría hasta el 28 de febrero de 2008. Acorde con el comprobante de egreso No. 2006001426 el pago se efectuó antes de los 18 meses, el 2 de noviembre de 2006 (Cfr. fl. 17 C.3) y en consecuencia la oportunidad para ejercitar la acción de repetición fenecería el 3 de noviembre de 2008. La demanda se presentó el 21 de agosto de 2007 (Cfr. fl. 9 vto C.1), por lo que se concluye que la acción se ejercitó dentro de la oportunidad prevista por el legislador para tales efectos. 2.5. Del pago acordado en la conciliación Como ya se anotó, se allegó al proceso copia del auto aprobatorio de la conciliación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acuerdo efectuado dentro del proceso de reparación directa promovido por Dioselina Ruiz Pinto y otros contra el Municipio de Tena, asumiendo el ente público la obligación de pagar la suma de $35’000.000 por concepto de indemnización de perjuicios. 2.6. Calidad de servidor público Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el

momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales. (…) … como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado. Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.(…) Si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el

vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (subrayo y destaco) 6 Léase de 2006 pues la audiencia de conciliación fue el 6 de julio de 2006 (Cfr. fl. 23 C.3), el mencionado auto se notificó por estado el 23 de agosto de 2006 (Cfr. fl. 25 C.3) y la ejecutoria fue del 28 de agosto de 2006 (Cfr. fl. 22 C.3) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 9 Expediente 49643 El medio probatorio idóneo para comprobar la calidad de servidor público y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias auténticas del nombramiento y del acta de posesión7: Al proceso se allegó copia del acta de posesión de la señora Mariela Castillo como alcaldesa municipal del municipio de Tena (Cfr. fl. 27 C.3), cargo del que tomó posesión para el período 1° de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2003, lo que permite inferir que para el lapso 24 de julio a 4 de agosto de 2003 la demandada ostentaba la citada condición. 2.7. Pago En sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926, se expresó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una

suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] 7 Sección Segunda. Sentencia de 8 de febrero de 2001, Expediente 66001-23-31-000-1997-460-01, Consejero Ponente Tarcisio Cáceres Toro. “De la prueba supletoria en el campo laboral administrativo. De tiempo atrás la Jurisdicción ha admitido la prueba supletoria para acreditar tiempos de servicios estatales, restrictivamente con fundamento en la Ley 50 de 1886 que al respecto manda: Art 7° No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos ó por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar en los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias autenticas.” Art. 8º En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al código militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de

éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta, bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. (…) (…) Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley. (Subrayado ajeno al texto original) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 10 Expediente 49643 2.2.- Caso concreto.

[…] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la obligación por cuya restitución se repite, pues el mismo no proviene del deudor, de manera que no reúne los requisitos legales para tener por cierto que la entidad pública demandante efectivamente hubiere cancelado una suma de dinero a Gustavo Vega Arias por razón de una condena judicial. Sobre el particular conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones8, dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida9. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago10, modo de extinción de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación11 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la

prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma, mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega 8 ? (pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo 2) Por la novación 3) Por la transacción 4) Por la remisión 5) Por la compensación 6) Por la confusión 7) Por la pérdida de la cosa que se debe 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión 9) Por el evento de la condición resolutoria 10) Por la prescripción. 9 (pie de página de la cita) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la

obligación como la novación, la transacción, la remisión etc. 10 ? (pie de página de la cita) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 11 ? (pie de página de la cita) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 11 Expediente 49643 material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor del acreedor. (subrayado fuera de texto) A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago o el recibo según el Código de Comercio, documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “…el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora

demandante demostrar que efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial. En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor. En este caso, no se solicitó la práctica de alguna prueba idónea ni se aportó un documento tendi