PGN - ACCION DE REPETICION - Operó el fenómeno de la caducidad de la acción

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Operó el fenómeno de la caducidad de la acción CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Computo del término de caducidad La demanda fue presentada el día 8 de marzo de 2010 (fl. 8 c-copia), cuando ya había caducado la acción de repetición. Con respecto al segundo punto esta Delegada expresa que: el 177 inciso 4, por cuanto si bien es cierto los hechos acaecieron en el año de 1999, es de colegir que para la fecha de la sentencia condenatoria ( 31 de agosto de 2004 la cual quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de ese mismo año), ya había pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, el cual se encuentra referenciado en el marco teórico, donde explicaba a partir de qué momento se iniciaba el computo del término de caducidad de la acción de repetición; lo anterior en razón de que la norma no se debía interpretar bajo el entendido que la entidad condenada tenía un término indeterminado para efectuar el pago correspondiente, al contrario sensu, debe contar con un término preciso para efectos de cancelar el monto de la condena judicial como así lo indica el inciso 4 del Artículo 177 para, de esa forma, no violar el derecho a la defensa que tiene el funcionario presuntamente responsable objeto de la acción de repetición. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se requiere acreditar el pago de la condena impuesta El Ministerio Público dentro de su concepto, expresó que para el ejercicio de la acción de repetición se requiere acreditar el pago de la condena impuesta según lo previsto en los artículo 8 y 11 de la Ley 687 de 2001; presupuesto que no se probó en el curso del

proceso. Agregó que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil la actuación del funcionario fue consciente y con la intención positiva de inferir un daño al vehículo camioneta marca Mazda, modelo 1999, para efectos de determinar el dolo o la culpa grave. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-La Rama Judicial le faltó diligencia en el actual proceso toda vez que presentó extemporáneamente la demanda Que al haberse cumplido con los requisitos para la configuración de la figura de la caducidad, en consecuencia no pueden prosperar las pretensiones alegadas, de acuerdo con los fundamentos de orden fáctico y legal expuestos a los problemas jurídicos planteados. La apoderada de la parte actora manifestó en su escrito de apelación que el pago se efectuó al beneficiario el 7 de marzo de 2008, y que quedó efectivamente materializado, no en esa fecha sino diez días después, esto es, el 31 de marzo de 2008. Esta afirmación no se encuentra probada en el expediente y por ende no es de tenerse en cuenta. La Nación-Rama Judicial le faltó diligencia en el actual proceso, toda vez que presentó extemporáneamente la demanda, es decir, cuando ya habían vencido los términos que la Ley le concede para la presentación de la misma (dos años) a partir del día en que se efectuó el pago (artículo 136 numeral 9º del Código Contencioso Administrativo) 2 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado 3 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 115 /2013

Bogotá, D.C., 4 de junio de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

REF: Proceso 6600 1233 1000 201000063 -01 (46131)

Acción: Repetición

ACTOR: NaciónRama Judicial Demandado: Néstor William González Contreras Sentido del concepto: solicitud de confirmar la sentencia recurrida. / Operó el fenómeno de la caducidad de la acción de repetición. / Aplicación de los artículos 177 inciso 4º y 136 numeral 9º del Código Contencioso Administrativo.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES I.1. Demandahechos En el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira se adelantó un proceso ejecutivo singular en el cual aparece como demandante Eduardo Restrepo Arboleda y como demandado Felipe Jaramillo Londoño, en dicho proceso se embargó y secuestró una camioneta marca Mazda modelo 1999 de propiedad del

4 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo demandado y se nombró como secuestre al señor Néstor William González Contreras.

El vehículo tuvo un accidente de tránsito mientras era conducido por José Ricardo Marulanda Contreras, primo del secuestre y quien había consumido licor al momento del accidente. El rodante, que se supone estaba inmovilizado, reportó un incremento de 4.178 kilómetros, lo que supone que se configuró para el actor un defectuoso funcionamiento de la Rama Judicial. El Señor Jaramillo Londoño presentó demanda de Reparación Directa contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia y la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva, con el propósito de que se declara responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al vehículo de su propiedad. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de descongestión de Antioquia, Caldas, Risaralda y Chocó, en sentencia del 31 de agosto de 2004, condenó a la Nación – Rama Judicial a pagar a título de indemnización por concepto de perjuicios materiales la suma de $2.186.187 a favor de Felipe Jaramillo Londoño y declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del Ministerio del Interior y de Justicia. En cumplimiento de tal obligación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante Resolución 1643 del 22 de febrero de 2008, ordenó el pago al señor Jaramillo Londoño; mismo que se hizo efectivo el 07 de marzo del mismo año. La Rama Judicial demandó en acción de repetición en la que se ignoró el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado Néstor William González Contreras, por no conocerse su paradero. 5 Exp. No. 660012331000201000063-01

(46131) Rzo I.2. Contestación de la demanda La parte demandada no contestó la demanda por lo que fue representada por curador ad litem, quien respondió manifestando que se atenía al valor probatorio de los documentos aportados y pidió que se probaran los hechos. I.3. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, el 19 de octubre de 2012 dictó fallo declarando oficiosamente la caducidad de la acción y dijo que la sentencia condenatoria de reparación directa quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2004 por lo que el término legal para realizar el pago venció el 24 de marzo de 2006, fecha a partir de la cual empezó a correr el término de caducidad de la acción, el cual venció, en consecuencia, el 24 de marzo de 2008; de manera que cuando se presentó la demanda de repetición, esto es el 08 de marzo de 2010, la acción había caducado al haber transcurrido más de 2 años previstos para tal efecto. En consecuencia, la Sala declaró de oficio, el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. I.4. Recurso de apelación La apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación contra el fallo adverso a los intereses de su representada, y dijo que la caducidad de la acción constituye una de las causales de rechazo de la demanda, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 143, inciso 3, del Código Contencioso Administrativo vigente a la fecha de la presentación de la acción de repetición. Así las cosas, si la demanda no fue rechazada de plano es porque de ninguna manera se evidenció

la caducidad de la acción incoada. De otra forma, la misma no hubiera alcanzado la presente instancia. 6 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

II.1. Problemas jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: II.1.1. ¿Tiene viabilidad un proceso de repetición que fue presentado después de dos años de haberse hecho el pago? II.1.2. ¿Operó el fenómeno de la caducidad de la acción de repetición? II.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público. 2.2.1. Acción de repetición – Elementos estructurales. Del anterior contexto normativo se deduce que la prosperidad de la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas. La Sala analizará cada uno de los anteriores requisitos en la medida en que se verifique su existencia. Con base en los anteriores medios de prueba, encuentra la Sala satisfecho el primero de los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, pues se encuentra acreditado

que la entidad demandante fue condenada a pagar una suma de dinero a favor de una persona, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el demandado.1 2.2.2. Caducidad de la acción Al respecto, se ha pronunciado el Consejo de Estado, en Sentencia de 8 de Julio de 2009, Magistrado Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, de la siguiente forma: 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 7 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo “…La figura de la caducidad se configura cuando el plazo establecido por la ley para instaurar algún tipo de acción ha vencido. La caducidad de la acción es un fenómeno jurídico en virtud del cual el titular de una acción pierde la facultad de acudir ante la jurisdicción por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley. Así, para que opere la caducidad deben concurrir dos supuestos: i) el transcurso del tiempo y ii) el no ejercicio de la acción. Los términos para promover acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo están edificados sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e invariable para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no. La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, por

tanto, el fenómeno de la caducidad de las acciones judiciales opera de pleno derecho, pues contiene plazos fatales no susceptibles de interrupción ni de suspensión, salvo en los casos expresamente determinados en la ley. Respecto de la acción de repetición, el numeral noveno del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, establecen lo siguiente: “La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”. Como se observa, para resolver el asunto de la caducidad de la acción resulta necesario establecer cuándo se produjo el pago por cuyo reembolso se demanda, el cual es determinante para acreditar el daño y para señalar la oportunidad para formular la demanda de repetición. Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del C. C. A. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-832 de 2001, al analizar el tema de la caducidad en la acción de repetición declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contado a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, bajo el presupuesto de que: “(...) el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que

efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo” (se resalta). Como puede apreciarse, la Corte señaló que el plazo máximo que tiene la entidad para efectuar el pago respectivo se encuentra establecido en el artículo 177 del C. C. A., según el cual la entidad pública cuenta con 18 meses para cancelar las condenas impuestas en su contra, de manera que una vez vencido ese término comenzará a computarse el término para el ejercicio oportuno de la acción de repetición. ...La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con tales propósitos; fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al 8 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con el cobijo de los segundos regula asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Sin embargo, los hechos y actos ocurridos bajo el

imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o ex funcionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente o ex agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política. Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación; sólo excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos. De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con anterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, tal como ocurrió en el caso que aquí estudia la Sala, dado que los actos administrativos que fueron anulados y que dieron lugar a la imposición de una condena se profirieron en el año de 1989, las normas sustanciales aplicables para dilucidar los ahora demandados actuaron con culpa grave o con dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil, en su artículo 63, sin que sea posible aplicar, en consecuencia, las presunciones de responsabilidad previstas en la Ley 678 de 2001. Lo anterior sin perjuicio de

que las disposiciones procesales contempladas en la citada ley hayan entrado a operar directamente aun en relación con aquellos litigios que se encontraban en trámite, pues la naturaleza de las mismas exige su aplicación inmediata…” 2.2.3. Interpretación del artículo 136 del Código Contenciosos AdministrativoCaducidad de las Acciones. Al respecto, se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, de la siguiente manera: demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 9° del artículo 136 del código contencioso administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998examinó la constitucionalidad de la norma antes transcrita, y señaló que el término de caducidad empieza a correr a partir de la fecha en que 9 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4° del Código Contencioso Administrativo2; en el presente caso se debe tener en cuenta que para la fecha en que cobró ejecutoria el fallo de condena -26 de noviembre de 2002 – ya se había determinado el mencionado condicionamiento jurisprudencial para la contabilización del término de caducidad3. “(…) En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el

presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho repetir cuando no se ha pagado. Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales. (…) … como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado. 2 Las sentencias de constitucionalidad producen efectos al día siguiente de aquél en que se profieran y no requieren de notificación (Cfr. entre otras, C-973 de 2004) 3 Ley 270 de 1996, artículo 45: Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control (…), tienen efectos hacía el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. 10 Exp. No. 660012331000201000063-01

(46131) Rzo Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. (…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (Subrayo y destaco). El término para pagar emana de las propias normas legales y constitucionales ya mencionadas (arts. 345 y 346 C. Pol, y 177 C.C.A.) las que estaban vigentes para el momento en que se profirió la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó que impuso la condena en contra de la NaciónRama Judicial. 2.3. Pruebas obrantes en el proceso

Para el examen sobre la oportunidad para ejercitar la acción hay que señalar que la sentencia de condena cobró ejecutoria el 24 de septiembre de 2004 ( fl. 44), por lo que el término de 18 meses, fijado por el Código de Procedimiento Civil, para el cumplimiento de la sentencia venció el 24 de marzo de 2006.  Sentencia de fecha 31 de agosto de 2004 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó. 11 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo  Resolución 1643 del 22/02 de 2008 del Dir. Ejecutiva de Administración Judicial “ por medio de la cual se dio cumplimiento a una sentencia”  Orden de pago 0340 del 28 de febrero de 2008 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  El pago se efectuó el 7 de marzo de 2008 según lo contemplado en la demanda (fl. 3 c-copias) y aceptada esta fecha por la apoderada de la entidad demandante en su escrito de apelación (fl. 139 cConsejo de Estado). 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, esta Delegada encuentra que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada conforme a los siguientes planteamientos: En el presente caso se dan dos situaciones a saber: 1.) El Código Contencioso Administrativo, en el numeral noveno del artículo 136 y el artículo 11 de la Ley 687 de 2001, establece lo siguiente:

“La repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad” 2.) Aplicando los criterios de la Corte Constitucional en sentencia C832 de agosto 8 de 2001 y del Consejo de Estado en sentencia 8 de julio de 2009, señaló el plazo máximo que tiene la entidad para efectuar el pago respectivo se encuentra establecido en el artículo 177 del C.C.A., según el cual la entidad pública cuenta con 18 meses para cancelar las condenas impuestas en su contra, de manera que una vez vencido ese 12 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo termino comenzará a computarse para ejercer oportunamente la acción de repetición. Con respecto al primer punto esta Delegada manifestar que: la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por medio de la Resolución No. 1643 del 22 de febrero de 2008, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal, ordenó el pago de $ 3.260.672.oo a favor de Felipe Jaramillo Londoño. El pago se efectuó el 7 de marzo de 2008, según copia simple del reporte estado orden de pago (fl. 18 ccopias) y según lo contemplado en la demanda (fl. 3 ccopias) y aceptada esta fecha por la apoderada de la entidad demandante en su escrito de apelación (fl. 139 cConsejo de Estado). La demanda fue presentada el día 8 de marzo de 2010 (fl. 8 c-copia), cuando ya había caducado la acción de repetición. Con respecto al segundo punto esta

Delegada expresa que: el 177 inciso 4, por cuanto si bien es cierto los hechos acaecieron en el año de 1999, es de colegir que para la fecha de la sentencia condenatoria ( 31 de agosto de 2004 la cual quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de ese mismo año), ya había pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, el cual se encuentra referenciado en el marco teórico, donde explicaba a partir de qué momento se iniciaba el computo del término de caducidad de la acción de repetición; lo anterior en razón de que la norma no se debía interpretar bajo el entendido que la entidad condenada tenía un término indeterminado para efectuar el pago correspondiente, al contrario sensu, debe contar con un término preciso para efectos de cancelar el monto de la condena judicial como así lo indica el inciso 4 del Artículo 177 para, de esa forma, no violar el derecho a la defensa que tiene el funcionario presuntamente responsable objeto de la acción de repetición.

El Ministerio Público dentro de su concepto, expresó que para el ejercicio de la acción de repetición se requiere acreditar el pago de la condena impuesta según lo previsto en los artículo 8 y 11 de la Ley 687 de 2001; presupuesto que no se probó en el curso del proceso. Agregó que de acuerdo con el artículo 63 del 13 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo Código Civil la actuación del señor Néstor González Conteras fue consciente y con la intención positiva de inferir un daño al vehículo camioneta marca Mazda, modelo 1999, para efectos de determinar el dolo o la culpa grave.

Que al haberse cumplido con los requisito para la configuración de la figura de la caducidad, en consecuencia no pueden prosperar las pretensiones alegadas, de acuerdo con los fundamentos de orden fáctico y legal expuestos a los problemas jurídicos planteados. La apoderada de la parte actora manifestó en su escrito de apelación que el pago se efectuó al beneficiario el 7 de marzo de 2008, y que quedó efectivamente materializado, no en esa fecha sino diez días después, esto es, el 31 de marzo de 2008. Esta afirmación no se encuentra probada en el expediente y por ende no es de tenerse en cuenta. La Nación-Rama Judicial le faltó diligencia en el actual proceso, toda vez que presentó extemporáneamente la demanda, es decir, cuando ya habían vencido los términos que la Ley le concede para la presentación de la misma (dos años) a partir del día en que se efectuó el pago (artículo 136 numeral 9º del Código Contencioso Administrativo) La Procuraduría General de la Nación en su función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación der los intereses de la sociedad, a través de esta Delegada, solicita se declaren imprósperas las pretensiones de la acción de repetición de la referencia confirmando en todas sus partes la sentencia apelada. 14 Exp. No. 660012331000201000063-01 (46131) Rzo

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del diecinueve (19) de octubre dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, debe ser CONFIRMADA, de acuerdo con los argumentos que antecede.

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado