PGN - ACCIÓN DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL CONTRA EJÉRCITO - Ministerio Público

Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) ACCIÓN DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL CONTRA EJÉRCITO NACIONAL-El Ministerio Público concluye que ocurrió la caducidad del medio de control propuesto por Ministerio de Defensa contra ex soldado que por descuido disparó en contra de compañero produciendo condena judicial CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-Dos momentos a partir de los cuáles comienza a contarse el término de los dos años Coincide el Ministerio Público con lo advertido por el tribunal de instancia, al indicar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de los dos años para impetrar el medio de control de repetición, a saber: (i) a partir del día siguiente a aquél en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia o conciliación, según corresponda y, (ii) desde el día siguiente al vencimiento del plazo, en este caso, de los 18 meses consagrados en el artículo 177 del C.C.A., previsto para que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta. Precisando, en todo caso, que será a partir de lo que ocurra primero en el tiempo, esto es, el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses, sin que se haya realizado el pago de tal suma como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-El inicio de la contabilización del término siempre será a partir de la fecha de lo que ocurra primero entre los dos

momentos posibles Para el Ministerio Público, sin lugar a dudas, operó el fenómeno jurídico de la CADUCIDAD, pues, independientemente de la fecha en que se haya producido el respectivo pago, lo cierto es que primero se venció el plazo para ello sin que se hubiese efectuado pago alguno, a contrario sensu, sería que el pago se hubiese efectuado antes del vencimiento de los 18 meses, momento en el cual el término de caducidad se empezaría a contabilizar a partir del día siguiente a dicho pago y no esperar al vencimiento de los 18 meses ya referido. Se reitera, el inicio de la contabilización del término de caducidad siempre será a partir de la fecha de lo que ocurra primero Página 1 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) CONCEPTO No. 041 / 2023 Bogotá D.C, 19 de abril de 2023

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente Doctora: Marta Nubia Velásquez Rico.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 180012333000201800095-01 (69547)

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN – Ley 1437 de 2011

ACTORA: EJERCITO NACIONAL Y OTROS DEMANDADA: OLIDEN MARTINEZ MORENO Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la decisión de primera instancia / Caducidad de la acción / Término previsto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, norma vigente al momento de la presentación de la demanda / Alcance a lo dispuesto en el Art. 11 Ley 678/2001, Corte Constitucional en la Sentencia C-394 de 2002, al establecer que las consideraciones de la Sentencia C-832 de 2001

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, para decidir el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento y protección del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales y del Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2.017, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional instauró el medio de control de repetición en contra del señor OLIDEN MARTÍNEZ MORENO, en calidad de ex soldado, con el fin de que se lo declare administrativamente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales que la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional debió cancelar en el equivalente a quinientos veintisiete millones seiscientos ocho mil novecientos setenta pesos ($527.608.970) en favor

de los demandantes dentro del proceso de reparación directa de radicado No. 18001233100219990041900, como consecuencia de las lesiones padecidas por el soldado HAROLD ALEXANDER GUTIÉRREZ URREGO el 30 de septiembre de 1.998, quien se encontraba prestando su servicio militar obligatorio en las instalaciones de la base San Isidro del Batallón “JUANAMBÚ”, ubicado en la ciudad de Florencia. Página 2 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) 1.2.Situaciones fácticas. - Con ocasión de la demanda de Reparación Directa interpuesta por HAROLD ALEXANDER GUTIERREZ URREGO -lesionadoy otros, con radicado No. 18001233100219990041900, se profirió fallo condenatorio en primera instancia el 7 de diciembre de 2004, al encontrarse probada la falla en la prestación del servicio en cuanto el soldado OLIDEN MARTÍNEZ MORENO, en el ejercicio de su función militar, cargó su arma de dotación oficial, disponiéndose a manipularla y por un descuido y negligencia la disparó en contra de la humanidad de su compañero HAROLD GUTIÉRREZ, lo que conllevó a que

se produjera una condena en contra de la NaciónMinisterio de Defensa NacionalEjército Nacional; decisión que fue modificada por el Consejo de Estado mediante providencia del 29 de enero de 2.014. Se afirmó que, con ocasión de dicha condena, se profirió Resolución No. 1178 el 16 de febrero de 2016, por medio de la cual la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional ordenó el pago de la condena impuesta; resolución que fue pagada en su totalidad por la entidad, conforme a certificación de pago suscrita por la señora MARIA FERNANDA PAREDES ROJAS. 1.3.Contestación de la demanda La parte demandada a través de curador ad litem contestó la demanda. Adujo lo siguiente: Se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que carecían de fundamento de hecho y de derecho para su reconocimiento. Señaló que, era un exabrupto pretender establecer una responsabilidad por culpa grave ante la jurisdicción contencioso administrativa, cuando era deber de la demandada adelantar las investigaciones disciplinarias y penales del caso; por lo que no correspondía a dicha jurisdicción enmendar los errores de la parte demandante. Adujo que, no es posible entablar dicho medio de control en tanto no existe ningún proceso disciplinario o penal que comprometa la responsabilidad del demandado, y al no estar determinada ni la culpa ni el dolo de su actuar, no es posible dar prosperidad a las pretensiones de la demanda; sin dejar de advertir lo que se dispuso en el auto No.102 del

despacho sobre la caducidad. Propuso como excepción la que denominó falta de dolo o culpa grave en el actuar del demandado. Página 3 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) 1.4. Estimación razonada de la cuantía. En el escrito de la demanda se estimó como cuantía la suma de Quinientos veintisiete millones seiscientos ocho mil novecientos setenta pesos M/CTE. ($$527.608.970). 1.5. La sentencia de primera instancia objeto de apelación A través de Sentencia del 17 de agosto de 2022, el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá decidió DECLARAR probada la excepción de “caducidad” planteada por la parte demandada y en consecuencia dio por terminado el proceso. En síntesis, el A Quo respaldó su decisión señalando que en el sub examine la sentencia condenatoria de reparación directa en contra del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, fue proferida en primera instancia el 7 de diciembre de 2004, notificada por edicto publicado del 6 al 10 de febrero de la misma anualidad, dicha sentencia fue objeto de

recurso de apelación instaurado por la parte demandante y resuelto por el Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de enero de 2.014, quedando finalmente ejecutoriada el 13 de febrero de 2.014 a las 5:00 p.m. Conforme a lo anterior, para el Tribunal de instancia, quedó claro que los dieciocho (18) meses de que trata el artículo 177 del C.C.A. para el pago por parte de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL se cumplieron el 13 de agosto de 2.015, sin que se encuentre acreditado pago alguno de la obligación reconocida dentro de ese lapso. De tal manera que, como lo primero que ocurrió fue el vencimiento del plazo de los 18 meses, no quedó duda de que el término de caducidad de los dos (2) años empezó a contabilizarse a partir del día siguiente a dicho vencimiento, esto es, que la parte demandante tenía la posibilidad de acudir ante esta jurisdicción entre el 14 de agosto de 2.015 –día siguiente al vencimiento de los 18 mesesy el 13 de agosto de 2.017 – vencimiento de los dos años de caducidad-, pero como la demanda de repetición fue incoada el 15 de diciembre de 2.017, para la Sala operó el fenómeno jurídico de la CADUCIDAD. 1.6. El Recurso de apelación – parte demandante. A través de apoderado apeló la decisión de primera instancia, señalando que, disiente del fallo que resultó contrario a sus pretensiones. Aduce que, acatando lo consagrado en el inciso primero del artículo 11° de la Ley 678 de

2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial Página 4 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”, la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Agrega que, este término jurídico se aplica para el presente caso, toda vez que el medio de control de repetición, se interpuso el 18 de diciembre de 2017, es decir dentro del término de dos años teniendo en cuenta que el pago efectivo de la condena se realizó el 16 de febrero de 2016 en cumplimiento a la respectiva resolución de pago. Considera que, en el presente caso, se debe acudir directamente a la norma especial que señala, direcciona y establece el término de caducidad en materia de repetición, norma que se encuentra en la Ley 678 de 20011, la cual dispone que el término de caducidad se debe de contar desde el momento en que la entidad realice el pago, toda vez que, hasta ese

momento, se acredita el desembolso, la erogación presupuestal, el dinero que paga la entidad en cumplimiento de una condena. Precisa que en el presente caso, la caducidad de la acción debe contarse a partir del día 29 de septiembre de 2016, fecha que correspondió al pago de la condena judicial impuesta, y que como consecuencia de ello, el termino para impetrar la acción de repetición era hasta el 29 de septiembre 2018, y la demanda fue presentada el 09 de agosto de 2018, ante la Oficina de Apoyo Judicial de Florencia Caquetá, es decir dentro del término legalmente establecido por el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, razón por la cual NO opera el fenómeno jurídico de la caducidad.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos Se restringen a determinar: ¿Si se encuentra probada la excepción de caducidad de la acción, en el entendido de que la demanda fue presentada por fuera del término previsto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, norma vigente al momento de la presentación de la demanda?

2.2. Marco Jurídico 1 ARTÍCULO 11. CADUCIDAD. <Artículo modificado por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El término de caducidad dispuesto en el presente artículo aplicará a las condenas, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley que quede ejecutoriada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Página 5 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) Sobre la caducidad, en reciente sentencia, el Máximo Tribunal d lo Contencioso Administrativo se pronuncia en el siguiente sentido:2 “La caducidad establece un límite temporal o plazo perentorio de orden público para el ejercicio de una acción judicial; tal institución jurídica, en sus efectos, ha sido instituida como la consecuencia de la falta de ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional. La caducidad, como fenómeno procesal, no admite renuncia ni suspensión del término3, el cual transcurre de manera inexorable, y como se ha referido, debe ser declarada por el juez oficiosamente cuando se configure. Estas premisas son universales, y no pueden escapar en su aplicación y

entendimiento para ninguna entidad o autoridad pública. Es pertinente recordar que las normas de caducidad tienen profundas raíces en el ordenamiento jurídico, en el sentido de impedir que las situaciones conflictivas permanezcan indefinidas en el tiempo. Así, la exigencia de respetar los límites temporales que han sido dispuestos para el ejercicio y exigencia de los derechos, propende por la consolidación del orden público y la paz en las relaciones sociales, y fortalece la seguridad jurídica en favor de los asociados, a quienes, en el ejercicio de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, se les demanda actuar con diligencia y eficacia a fin de que sus pretensiones puedan ser resueltas con carácter definitivo por un juez con competencia para ello. Correlativamente, la institución de la caducidad permite a quienes son sujetos pasivos de las demandas, tener certeza sobre hasta cuándo pueden estar sometidos a requerimientos judiciales por una determinada causa. En relación con el término de caducidad para demandar en repetición, la Ley 678 de 2001, norma vigente para la época en que acontecieron los hechos que precedieron a la demanda, dispone en su artículo 11 que “La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”. Dicha disposición fue estudiada por la Corte Constitucional en Sentencia C-394 de 2002, en la que la declaró exequible sometiéndola al mismo condicionamiento establecido por la Sentencia C-832 de 2001, esto es, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago total o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18

meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago4. Vale la pena precisar que la normativa dispuesta en el C.C.A. que establece el plazo de los 18 meses para el pago de la condena, es aplicable a este asunto, porque el proceso de reparación 2 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN AConsejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 20001-23-33-000-2013-00063-01(54263) 3 Salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 22 de mayo de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis. En la sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001 se dispuso sobre la caducidad de la acción de repetición que “(…) el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una

prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen. (…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo” (negrillas por fuera del texto original). Página 6 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) directa que dio origen a la condena que pagó la entidad demandante, se tramitó durante su vigencia.” 2.3. Material probatorio Para el análisis del caso objeto de estudio, resulta pertinente referir las siguientes piezas probatorias:  Copia de la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2004 proferida dentro del proceso

de reparación directa adelantado por el señor Harold Alexander Gutierrez Urrego contra EL Ministerio de Defensa Ejército Nacional por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la institución demandada.  Copia de la sentencia de fecha 29 de enero de 2014 proferida por el Consejo de Estado mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá. En esta ocasión el Consejo de Estado modificó la decisión de primera instancia, pero condenando a la institución demandada.  Copia auténtica de la Resolución Nro. 1178 de fecha 16 de febrero expedida por el Ministerio de Defensa – Dirección de Asuntos Legales, mediante la cual se da cumplimiento a una sentencia judicial a favor de HAROLD ALEXANDER GUTIERREZ URREGO. En la misma se decidió reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINC PESOS CON 31 CVS. M/Cte.  Certificación de fecha 17 de febrero de 2017, suscrita por la señora María Fernanda Paredes Rojas, en su calidad de Tesorera Principal de Min-defensa, mediante la cual señala que: “La Resolución No. 1178 del 16 de febrero de 2016, por valor de $809.645.445.31 se pagó al señor HORACIO PERDOMO PARADA identificado con la C.C. No. 2920269, con la orden de pago del sistema integrado de información

financiera SIIF No. 40181216 a través de la Dirección del Tesoro Nacional mediante transferencia electrónica a la cuenta No. 1167059718 de Bancolombia S.A. el 26 de febrero de 2016.” 2.4. Caso concreto Página 7 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) 2.4.1. En el sub judice se analizará si hay lugar a declarar la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada en el entendido de que la demanda fue presentada por fuera del término previsto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, norma vigente al momento de la presentación de la demanda. El alcance de esa disposición fue precisado por la Corte Constitucional en la Sentencia C394 de 20025, al establecer que las consideraciones de la Sentencia C-832 de 2001 también condicionaban la interpretación de la norma, esto es, que cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad empezará a correr a partir de la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si se hubiera condenada a ellas, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso 4 del artículo 177 del

CCA, lo que ocurra primero. En ese sentido, cuando la acción de repetición persiga el reembolso de una condena pagada en cuotas, el conteo de la caducidad dependerá de si el último pago de la condena se da con anterioridad o posterioridad al vencimiento del plazo de los 18 meses. En caso de que el último pago se realice con anterioridad a este plazo, la caducidad empezará a partir del día siguiente al último pago. En cambio, si el último pago se realiza con posterioridad a ese plazo, la caducidad se contará a partir del día siguiente al vencimiento de los 18 meses6. 2.4.2. En el caso objeto de examen, de conformidad con el material documental probatorio que obra en el expediente, quedó acreditado que mediante sentencia de primera instancia proferida el 7 de diciembre de 2.004 el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de reparación directa con radicado N° 18001-2331-002-2000-00413-00, se declaró la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, decisión que fue apelada y modificada por el Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 29 de enero de 2.014 a 5 Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002 “Para la Corte las consideraciones hechas en la Sentencia C832 de 2001 atrás citadas, determinan que se condicione igualmente la constitucionalidad de dicho inciso, pues la fecha del pago total efectuado por la entidad pública a que se refirió esa sentencia necesariamente coincide con la fecha del pago de la última cuota a que se alude en el presente caso. // Debe en consecuencia entenderse que la expresión “Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a

contarse desde la fecha del último pago”, contenida en el segundo inciso del artículo 11 atacado solo es constitucional si se somete al mismo condicionamiento establecido por la Sentencia C-832 de 2001 para la expresión “contados a partir del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad pública” es decir que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.” 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 30 de agosto de 2018, Radicado 55661; Sentencia de 10 de noviembre de 2017, Radicado 47848; Sentencia de 14 de septiembre de 2016, Radicado 40601, Sentencia de 10 de agosto de 2016, Radicado 40867, Subsección B, Sentencia de 6 de septiembre de 2020,, Radicado 44055; Sentencia de 7 febrero de 2018, Radicado 59603; Sentencia de 2 de mayo de 2017, Radicado 35405, Sentencia 30 de marzo de 2017, Radicado 42603 y Subsección C, Sentencia de 27 de noviembre de 2017, Radicado 59151. Página 8 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá,

Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) efectos de aumentar la condena impuesta y reconocer perjuicios morales a otros demandantes. De conformidad con la prueba documental que obra a folio 157 del cuaderno principal, la sentencia de fecha 29 de enero de 2014 proferida por el Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el día 13 de febrero de 2.014, a las 5:00 p.m. La cancelación de la condena impuesta en la sentencia se cumplió a través de la Resolución N° 1178 del 16 de febrero de 2016, y conforme al certificado de fecha 17 de febrero de 2.017, emanado de la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional, fue debidamente pagada la suma de $809.645.445,31 el mismo 16 de febrero de 2.0167. La demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2.0178, correspondiendo su conocimiento, en principio, al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, despacho que mediante auto del 13 de abril de 2.018 la remitió por competencia -factor cuantíaal Tribunal Administrativo del Caquetá. 2.4.3. Así las cosas, conforme con anterioridad de advirtió, en relación con la caducidad del medio de control de REPETICIÓN, el artículo 11 de la Ley 678 de 2.001 establece que la

acción caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2.001, declaró la exequibilidad condicionada de la anterior disposición, en el entendido de que en el evento en el cual no se hubiere pagado la condena respectiva, el término se debe contabilizar a partir del vencimiento de los 18 meses de la ejecutoria de la sentencia que impuso la condena, haciendo referencia al plazo contemplado en el otrora artículo 177 del C.C.A.9 Ahora bien, el artículo 164, numeral 2, literal i - CPACA), -disposición aplicable al sub examineexpresamente dispone que: “Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, 7 Folio 61 c.1 8 Folio 82 c.1. 9 “(…) el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado y, por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen. (…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de

tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”. (Negrilla y subraya del Ministerio P.). Página 9 de 11 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Radicado No. 180012333000201800095-01 (69547) contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas, de conformidad con lo previsto en este Código”. Al respecto, coincide el Ministerio Público con lo advertido por el tribunal de instancia, al indicar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de los dos años para impetrar el medio de control de repetición, a saber: (i) a partir del día siguiente a aquél en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta

en una sentencia o conciliación, según corresponda y, (ii) desde el día siguiente al vencimiento del plazo, en este caso, de los 18 meses consagrados en el artículo 177 del C.C.A., previsto para que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta. Precisando, en todo caso, que será a partir de lo que ocurra primero en el tiempo, esto es, el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses, sin que se haya realizado el pago de tal suma como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción. En el sub examine la sentencia objeto del presente medio de control de repetición fue proferida en primera inst