PGN - ACCION DE REVISION - Elementos para que prospere la casual invocada

Bogotá, D.C., 29 de mayo de 2009 Concepto No. 032 - 1IJP Doctor

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Magistrado Sala de Casación Penal

H. Corte Suprema de Justicia

Ciudad.

REF: Radicación Nº. 25028.

Acción de Revisión PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ Dentro del término establecido por el Artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, procede la Procuraduría Delegada en lo Penal a presentar sus alegaciones dentro del trámite de la ACCIÓN DE REVISIÓN, de la referencia. ANTECEDENTES El 16 de julio de 1999 en horas de la noche, varios sujetos provistos de armas de fuego ingresaron al inmueble ubicado en la calle 75 No 78 – 54 de Bogotá, lugar donde funciona una tienda, procediendo a intimidar a las personas que allí se encontraban, despojándolos de sus pertenencias, entre ellas un vehículo automotor, tipo camioneta, de placas CRZ 281, en donde huyó uno de los criminales, además de la suma en dinero de $ 950.000.oo, dos relojes, una chaqueta y un beeper. Se señala que los demás sujetos abordaron el vehiculo en el que se movilizaban, un taxi Renault 18 de placas SEF 672 que utilizaron para abandonar el lugar del hecho delictivo y que en desarrollo de la huida y dentro de la ruta escogida para su escape, convergieron, éstos, con el trayecto de una unidad motorizada de la Policía Nacional, conformada por los agentes MARCO TULIO HEREDIA VIVAS y LEONEL

CHAPARRO TORRES, ante lo cual procedieron a su persecución. 1 Como consecuencia de la referida presión, los delincuentes chocaron su vehiculo contra un poste, bajando seguidamente del mismo para proceder a disparar contra los policiales que les seguían, impactando los proyectiles desalojados por ellos de las armas de fuego que portaban en la humanidad de HEREDIA VIVAS y de CHAPARRO TORRES, lo que ocasionó la muerte del agente de la policía Nacional MARCO TULIO HEREDIA VIVAS y lesiones personales al oficial

LEONEL CHAPARRO TORRES.

Una vez abandonado el taxi estrellado de placas SEF 672, los criminales hurtaron otro automotor, también de servicio público, marca Daewoo, de placas SGW 572, pero colisionaron contra la camioneta de placas NBH 997, lo que los obligó a retirarse del lugar dejando el vehículo hurtado en la vía pública, para proceder en la concreción de la fuga. Durante la investigación preliminar se pudo establecer que el automóvil de placas SEF 672, de marca Renault 18, era de propiedad de PEDRO NEL MARTINEZ BOYACÁ, pues al interior del mismo se encontró una tarjeta de operación y precios sobre la prestación del servicio público de taxi y un arma de fuego tipo revólver, dejada allí en el afán de la huida. Por lo anterior, se ordenó la captura de MARTINEZ BOYACÁ, la cual se produjo el 2 de agosto de 2001 y el 17 de diciembre de 2001 el Fiscal Seccional le profirió medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto coautor responsable de los delitos de homicidio

agravado, lesiones personales agravadas, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de defensa personal, porte de armas de uso privativo de la Fuerzas Militares y daño en bien ajeno. En razón de los anteriores acontecimientos, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados realizó la investigación penal por los hechos referidos, y el 5 de agosto de 2002 profirió resolución de acusación contra PEDRO NEL MARTINEZ BOYACÁ, como presunto autor responsable de la comisión de los delitos por los cuales se le había dictado medida de aseguramiento. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá a quien le correspondió el conocimiento de la causa, en sentencia de fecha 20 de febrero de 2004, determinó condenar a PEDRO NEL MARTINEZ BOYACÁ a la pena principal de 33 años, a la accesoria de interdicción de derechos, por un tiempo de 20 años, a cancelar por daños materiales las sumas de $1.160.000.oo, $ 1.100.000.oo y $950.000.oo a favor de los ofendidos JAIME MORA VANEGAS, GABRIEL CARDENAS y HUGO SALINAS SIERRA, respectivamente en calidad de coautor material responsable de los delitos de homicidio agravado, 2 lesiones personales agravadas, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de defensa personal, porte de armas de uso privativo de la Fuerzas Militares. Respecto a los daños morales se le condenó a cancelar la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legal mensuales a favor

de los herederos de MARCO TULIO HEREDIA VIVAS, de quince (15) salarios mínimos legales mensuales a favor de LEONEL CHAPARRO TORRES, y diez (10) salarios mínimos legales mensuales a favor de los demás ofendidos con la conducta punible de hurto calificado y agravado. El procesado impugnó la decisión aduciendo que el relato del fallo es una mera suposición, que el juez incurrió en un falso raciocinio, que el vehículo puede pasar por cien manos diferentes y todas pueden reputarse dueñas y así mismo que la descripción física realizada por testigos está en el rango correspondiente a la media de muchos colombianos. En fallo de 10 de septiembre de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia apelada, decisión que fue impugnada por la apoderada del sentenciado ante la Sala de Casación Penal mediante acción de tutela al aseverar que la sentencia de segunda instancia constituye en una verdadera vía de hecho al desconocer una prueba que tiene la virtualidad de modificar el fallo, lo cual conduce a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, de la defensa y la presunción de inocencia. La Sala de Casación Penal en fallo de 8 de noviembre de 2005, resolvió negar la tutela reclamada por la apoderada del sentenciado, decisión que fue impugnada, siendo confirmada mediante sentencia de fecha 12 de enero de 2006, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

CAUSAL DE REVISIÓN INVOCADA ELCIDA MOLINA MÉNDEZ, apoderada del señor PEDRO NEL

MARTÍNEZ BOYACÁ, promovió acción de revisión contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de diciembre de 2004, que confirmó la condena a la pena principal de 33 años de prisión, al amparo de la causal 3ª del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal (ley 600 del 2000). “La acción de revisión procede contra sentencias 3 ejecutoriadas, en los siguientes casos: …3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad.”. Los puntos sustentatorios de la demanda los respalda mediante fundamentos probatorios dirigidos a demostrar que la persona capturada el 28 de julio de 2001 y confirmada su condena a la pena de prisión de 33 años en fallo del 10 de diciembre de 2004, quien en la actualidad se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, para el día en que ocurrieron los hechos delictivos, se encontraba detenida en la Estación Sexta de Policía de Tunjuelito, de Bogotá. Plantea la accionante que después de proferida la sentencia condenatoria de primera instancia por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, de fecha 20 de febrero de 2004, tanto el señor PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ, como su defensor emprendieron la búsqueda de la certificación policiva que les señalara

en qué Estación de Policía había estado recluido el día en que sucedieron los hechos, pues no recordaba con exactitud el lugar donde permaneció privado de su libertad. Señaló que después de haber sido capturado el día 28 de julio de 2001, su cliente señaló a la justicia que podía demostrar su inocencia en razón a que había permanecido recluido en una Estación Policial la noche del 16 de julio de 1999 señalando primero a la de Germania y después la de Quinta Paredes. Mediante oficio Nº 777, de fecha 22 de junio de 2004, el Comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, Mayor Ohover de Jesús Cáceres Díaz, certificó que una vez revisados los libros que reposan en su unidad, se encontró que el señor MARTÍNEZ BOYACÁ había ingresado a la Sexta Estación de Policía el día 16 de julio de 1999 por requerimiento de la ciudadanía, debido a que en un alto grado de excitación se dedicaba a golpear los vehículos que transitaban frente a la Corporación Colmena, siendo dejado en libertad el día 17 de julio de ese mismo año por orden del Comandante de la Unidad en perfectas condiciones físicas, mentales y psicológicas, para lo cual dejó plasmada su firma y huella en el libro respectivo, razón por lo cual el apoderado allegó la certificación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con la intención de que fuera tomada en cuenta al momento de la decisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria de primera instancia, prueba que dicha Corporación negó tenerla en cuanta y así lo argumentó en le capitulo de la actuación

procesal, al considerar que por su extemporaneidad se tendría como ilegalmente aportada al proceso, pues no cumplía con los principios de 4 publicidad y contradicción, hecho que impidió que fuera motivo de valoración alguna. Para demostrar lo anterior, la apoderada del condenado anexó pruebas documentales tendientes a demostrar la inocencia de su defendido, en el sentido que estos señalan el hecho de haber estado privado de su libertad en la Estación Sexta de Policía de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá, a la hora en que tuvieron ocurrencia los actos criminales por los cuales fue condenado por la justicia ordinaria. Entre otros se encuentran:  Oficio Nº 963 COMAN - TESEX de agosto 17 de 2005, suscrito por el Mayor ARMANDO JOSÉ MEDINA SCARPETTA, en donde se señala que los libros correspondientes al año de 1999 se encuentran guardados en la Oficina de Archivo General del Departamento de Policía Tequendama;  Oficio de fecha 6 de septiembre de 2005, por el cual se envía fotocopia del Libro de Población de la Sexta Estación de Tunjuelito, de los folios 205, 206, 207 y 208 de fecha 16 y 17 de julio de 1999, donde aparece registrada la anotación que hace referencia al señor PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ;  Folios 205, 206, 207 y 208 del Libro de Población de la Sexta Estación de Tunjuelito correspondiente al año de 1999 donde aparece registrada la entrada a la Estación de PEDRO NEL

MARTÍNEZ BOYACÁ, el día 16 de julio, a las 17: 10 horas y la salida del mismo, el día 17 de julio a las 15;30 horas.  Sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con fechas 20 de febrero de 2004 y 10 de diciembre del mismo año respectivamente.  Constancia de ejecutoria de la sentencia condenatoria contra PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ, el día 19 de julio a las 4 P.M.  Sentencias contentivas de los fallos de tutela de primera y segunda instancia emanados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 8 de noviembre de 2005, en el cual se negó el amparo solicitado y de la Sala de Casación Civil de 12 de enero de 2006 confirmatoria de la negativa a la protección invocada. 5 CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO a) Elementos para que prospere la casual invocada. La acción de revisión tiende a lograr por medio de un fallo anulatorio que se corrija la injusticia material en que haya podido incurrir el Estado, a través del funcionario que administra justicia, pero sólo por el acaecimiento de precisos motivos, cuya demostración corre por cuenta de quien los alega, y no como instrumento ordinario en el que se abra un espacio para debatir aspectos que cuestionen el escenario dentro del cual se ha producido la declaración de justicia, toda vez que la cosa juzgada está amparada por su dual connotación: de definitiva e

inmutable. Así, para los propósitos del presente análisis, hemos de referirnos a lo que se entiende por prueba nueva, parte fundamental del presente debate. Por suerte que, sobre la materia la línea jurisprudencial ha dejado una huella conceptual muy precisa, destacando que el concepto de prueba nueva recae sobre un medio probatorio y cuya aparición ocurre después de cerrado el debate procesal, (documental, pericial o testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex-novo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal que se concretó en la condena del procesado. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el carácter de novedad que se predica de los elementos probatorios con los cuales se forzó a un nuevo análisis a través del trámite de la revisión, no se satisface con la sola circunstancia de que el medio de prueba se hubiere aportado al proceso. Es imprescindible además que la evidencia que se reputa de novedosa sea de tal magnitud que de haber sido conocida por el juzgador, no tendría otra alternativa que la de absolver a quien condenó. El máximo tribunal de justicia ha querido enfatizar los elementos que se deben tener en cuenta respecto a la causal tercera, mediante providencia Nº 21905 de 8 de marzo de 2004: “3. Referida la causal tercera a la aparición de hechos o de pruebas nuevas que no fueron conocidas al tiempo de los debates, pero que permitían establecer la inocencia del condenado o demostrar que correspondía una medida de seguridad en vez de la pena común por 6 razón de su inimputabilidad, el supuesto fáctico o medio probatorio debe

reunir la condición o ser de tal entidad que de haber sido conocido en la etapa del proceso, habría conducido a proferir una sentencia absolutoria o, a imponer una sanción penal distinta a la fijada en la condena. Por hecho nuevo se ha entendido todo acaecimiento fáctico ligado al delito y desconocido en la actuación, sin que sea aquel que surja como consecuencia de los debates o con posterioridad a la sentencia, aunque su verificación se haga a través de la prueba; por prueba nueva se tiene a todo medio de convicción legal que no pudo ser objeto de controversia porque no fue conocido dentro del proceso.” b) De las pruebas. Así, para los efectos del caso que se examina, observamos que los planteamientos de la libelista, con los cuales persigue que se remueva la cosa juzgada, tendientes a demostrar que su defendido no es la persona que cometió los delitos por los cuales resultó condenado y que en la actualidad lo tiene privado de la libertad, tienen vocación de prosperidad por las siguientes razones:

1. La demandante adjuntó lo que considera prueba primigenia de la exculpación de su prohijado, se trata del documento contentivo del oficio Nº 777 de fecha junio 22 de 2004 que obra a folio 13 del cuaderno 1º de la Corte, dirigido al recluso PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ, en el cual el Comandante de la Sexta Estación de Tunjuelito Mayor OHOVER DE JESUS CACERES DÍAZ señala que una vez revisados los libros que reposan en la Unidad a su cargo, se pudo constatar que su reclusión en la

referida institución policial se produjo el día 16 de julio de 1999, quedando en libertad el 17 de julio del mismo mes por orden del Comandante, situación que quedó registrada a través de su firma y huella en el libro respectivo.

2. Lo consignado en el documento antes referido, adquirió especial importancia, tanto así que el defensor público lo presentó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en agosto 24 de 2004, con la finalidad de incorporarlo al proceso, solicitud que fue rechazada por la Corporación en la decisión confirmatoria de la sentencia de 1ª instancia de 10 de diciembre de 2004, señalando

en uno de sus apartes lo siguiente: 7 “Por último dígase que cuando ya estaba el expediente con ponencia llegó a la Sala un oficio emanado del Comando de la Sexta estación de Policía de Tunjuelito, en donde consta que para el día de los hechos, el procesado MATINEZ BOYACÁ, se encontraba recluido en dicha estación de la cual aparece que salió el 17 de julio de 1999, lo que traduciría que no podría ser la persona que causó los hechos, como anuncia su defensor. Empero debe afirmar la Corporación que dicha prueba aparece en forma extemporánea, no ha cumplido los principios de publicidad y contradicción, y que fue pedida personalmente por el procesado, por lo cual no puede tenerse en cuenta en esta instancia. Es prueba ilegalmente aportada en el proceso.”

3. Lo anterior se vio reforzado con el envío por parte de la Policía Nacional de una copia del Libro de Población de la Sexta Estación de Policía de Tunjuelito, donde evidentemente aparece

registrado la reclusión del señor PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ quien ingresó a las 17:10 horas del 16 de julio de 1999 y que salió el 17 de julio de ese mismo años a las 15:30 horas, lo mismo que su firma.

4. A este tenor se le suma lo expresado por el señor RICARDO RODRIGUEZ GÓMEZ, Subintendente de la Policía Nacional en declaración rendida por que obra a folio 253 del cuaderno Nº 2 de la Corte, quien para la época de los hechos estaba asignado a la Estación Sexta de Policía de Tunjuelito y señaló que las anotaciones que aparecen en el libro y que hacen referencia al motivo y hora de la captura y posterior liberación del señor PEDRO NEL MARTINEZ BOYACÁ, fueron elaboradas por él, pues fue la persona que se encargó del caso.

5. En diligencia de inspección judicial practicada en las instalaciones del la Estación Sexta de Policía de Tunjuelito llevada a cabo el 25 de febrero de 2009 y que obra a folio 278 del cuaderno 2, se estableció una vez revisado el Libro de Población correspondiente a las fechas comprendidas entre el 17 de mayo de 1999 al 11 de Agosto de ese mismo año, que las hojas correspondientes a los folios 205,206,207,208 y 209, están completas y el cuadernillo contentivo de los folios 201 a 220 “….se encuentra cosido y no presenta evidencia de haber sido descosido y vuelto a rehacer. En cuanto a las otras partes del libro no se observan señales de manipulación o de haberse insertado hojas. ..”

6. Por último es importante resaltar que el informe sobre el examen practicado por Fiscalía General de la Nación de fecha 200903.12, a la firma de PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ, que 8 aparece estampada en el Libro de Población de la Sexta Estación de Policía de Tunjuelito del departamento de Policía Tequendama a folio 207, comparadas con muestras que se tomaron extraproceso, concluye en uno de su apartes lo siguiente. “… las firmas elaboradas en estos cuadernos, presentan evidentes similitudes con las muestras escritúrales (identidad escritural), en sus diversas características de morfología, estructura y dinámica; lo que nos permite concluir que son uniprocedentes. Es decir, se identifican con el gesto gráfico del señor Martínez Boyacá.” En este sentido, las pruebas allegadas con posterioridad a la finalización del proceso, se afincan con carácter de certeza, tanto así que al examinar cada una de esas piezas procesales, anteriormente enunciadas, se aprecia que todas hacen alusión a que PEDRO NEL MARTÍNEZ BOYACÁ en la actualidad se encuentra privado de la libertad de manera injusta, pues de manera enfática demuestran que no participó en los hechos, por la sencilla razón que el día y a la hora de la consumación de los hechos execrables aquí narrados, se encontraba detenido en la Estación de Policía de Tunjuelito por haber cometido actos que atentaban contra vehículos automotores.

Finalmente se trae a consideración que, de haberse conocido estos elementos probatorios ex novo en su momento, es indiscutible que la

decisión de la justicia hubiese sido totalmente diferente, pues probado como está con los medios de convicción surgidos después del proceso, no es la persona que cometió tan execrable delito. Con fundamento en la anterior argumentación, es evidente que las razones que trae la defensora como aptas para derrumbar la res iudicata, que quedó establecida en el presente asunto a partir de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de diciembre de 2004, reúnen los requerimientos exigidos por la causal 3ª del artículo 220 del C.P.P.

PETICION

9 Por tal razón considera este Representante del Ministerio Público que la causal invocada por la accionante debe prosperar y en consecuencia, con todo respeto solicito a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia que la declare fundada y proceda según lo normado en los numerales 2 y 3 del artículo 227 C.P.P. Atentamente,

JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal

JAGV /Jan

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