PGN - ACCION POPULAR - Naturaleza, características y procedencia de esta según regulación legal

ACCIÓN POPULAR-Para amparar derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y los servicios públicos ACCIÓN POPULAR-Naturaleza, características y procedencia de esta según regulación legal DERECHOS COLECTIVOS-Concepto y alcance según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN POPULAR-Derecho al goce de un ambiente y equilibrio ecológico, según regulación constitucional y legal ACCIÓN POPULAR-Derecho a la salubridad pública y acceso a infraestructura de servicios públicos, según sentencia del Consejo de Estado ACCIÓN POPULAR-Es procedente como aplicativa de solución la reubicación de familias En ese orden de ideas, el Ministerio Público aboga por la aplicación de una solución en la que se mantenga la vía férrea donde está y que el Distrito de Barrancabermeja reubique a las familias habitantes de los sectores 2 y 4 del barrio Tres Unidos, cuyas casas se encuentren de manera peligrosamente cercana a la vía del tren, sin que dicha responsabilidad se le atribuya solidariamente a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-. Nótese que los habitantes del barrio en mención no presentaron oposición alguna a la decisión del a quo en torno a su reubicación, pues de ninguna manera apelaron la sentencia. LEGITIMACIÓN EN CAUSA-Respecto de partes recurrentes y autoridades llamadas a responder por derechos colectivos vulnerados COMPULSA DE COPIAS-De querella de concesionarios de la ANI para que Procuraduría Provincial de Barrancabemeja adelante procesos disciplinarios por omisión DERECHOS COLECTIVOS-Está probada su afectación en el sub examine

En el caso bajo estudio se observa que, probado como está la afectación a los derechos colectivos analizados en precedencia, no se puede pasar por alto el hecho de que si bien los habitantes del barrio Tres Unidos, carecen del servicio público de alcantarillado primario que pueda conectarse con una red matriz que permita la evacuación en forma rápida y segura de las aguas residuales municipales (domésticas o de establecimientos comerciales) hacia una planta de tratamiento y finalmente a un sitio de vertimiento donde no causen daños ni molestias; ello obedece a que su asentamiento se hizo en una zona donde legalmente no les Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público era permitido establecerse como comunidad y prueba de ello es que se constató por la administración distrital y por el perito que intervino en el caso, que las viviendas que se ubican en ese sector, no tuvieron licencia de urbanismo para el efecto.

DERECHOS COLECTIVOS-Deben ser amparados en el sub examine 2 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01 Acción Popular

Concepto: Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No 006 2021

Bogotá, D.C., 4 de febrero de 2021

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente Doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE : 68001-23-33-000-2018-00276-01

MEDIO DE CONTROL : ACCIÓN POPULAR

DEMANDANTE : DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL

MAGDALENA MEDIO

DEMANDADOS : MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS,

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –

ANI Y UNIÓN TEMPORAL FERROVIARIA

CENTRAL.

El Ministerio Público presenta su concepto en el proceso de la referencia, en el cual se abordarán los siguientes puntos de análisis:

I. ANTECEDENTES I.1. Demanda y alegatos del demandante antes de la sentencia de primera instancia I.2. Contestación de la demanda y alegatos por parte de los demandados I.3. Sentencia de primera instancia

I.4. Apelación I.4.1. Del demandado Municipio de Barrancabermeja (Santander) I.4.2. Del demandado Agencia Nacional de Infraestructura – ANI I.5. Actuaciones en segunda instancia I.5.1. Alegatos de las partes

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO II.1. Naturaleza, características y procedencia de la acción popular II.2. Derechos e intereses colectivos cuya protección se invoca y las

pruebas de su afectación. II.3. Derecho colectivo con el que entran en tensión los derechos invocados por el demandante. II.4. Problema Jurídico. II.5. Legitimación en causa de las partes recurrentes y autoridades llamadas a responder por los derechos colectivos vulnerados. II.5.1. Municipio de Barrancabermeja II.5.2. Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 3 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público II.6. Solución al caso.

II.7. Revisión de cada una de las determinaciones tomadas en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. II.8. Otras alternativas que se sugiere adoptar. II.9. Revisión del término para cumplir las órdenes.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda y alegatos del demandante antes de la sentencia de primera instancia La presente acción fue instaurada por la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena Medio, quien atendiendo el llamado de los habitantes del barrio Tres Unidos del distrito de Barrancabermeja (Santander), expuso la problemática que aqueja a ese sector de la población señalando que esa comunidad ha visto afectados sus derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, la seguridad y prevención de desastres técnicamente

previsibles, y el acceso a una infraestructura de servicios públicos que les garanticen condiciones de salubridad; toda vez que en el sector comprendido entre la carrera 30 con calle 44 y toda la carrera 32 de Barrancabermeja, no se ha construido un sistema de alcantarillado para los residentes del Barrio Tres Unidos de esa municipalidad, y por ende los residentes carecen de un sistema que canalice, recolecte, conduzca y garantice la disposición final de las aguas de nacimiento, de las aguas lluvias, y de las aguas residuales, lo que conduce a que los habitantes soporten injustamente el rebosamiento de las aguas negras se devuelven hacia las casas, soportando malos olores y enfermedades. Señala que los residentes de ese lugar acudieron a la Defensoría del Pueblo porque la Administración Distrital no ha atendido sus reclamos formulados desde el año 2010 y, en consecuencia, solicitan que en el término de 30 días se gestionen los asuntos administrativos, presupuestales y contractuales para que se instale el alcantarillado en el sector1. En los alegatos ante la primera instancia adujeron que el Barrio Tres Unidos no es un asentamiento humano con ocupación ilegal pues cuenta con conexión a otros servicios públicos domiciliarios y agregan que la línea férrea no es una limitante para construir el sistema de alcantarillado, ni ésta resultaría afectada, ya que los propietarios implementarían un sistema de bombeo de aguas negras que permita llevarlas hasta la red primaria de alcantarillado2. 1.2. Contestación de la demanda y alegatos por parte de los demandados

1.1.1. El Municipio de Barrancabermeja (Santander), se opone a las pretensiones porque considera que la vulneración alegada no se ha acreditado dado que el sector cuenta con un sistema de alcantarillado, al punto de que la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S. P. ha realizado visitas de limpieza con equipos especializados y pudo determinar que con ocasión de la vista técnica que hicieron en el sector, no era posible ampliar ese sistema pues algunos predios se encuentran ubicados dentro de la franja de protección 1 Folios 2 al 16 2 Folios 647 a 651 4 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público de la vía férrea que atraviesa el lugar3. En sus alegatos reitera lo expuesto y apoyados en el peritazgo obrante en el proceso, señala que las viviendas de los demandantes se construyeron antes del actual POT, sin contar con licencias de construcción4. 1.1.2. La empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas de Barrancabermeja S.A.

E.S.P, también se opone a las pretensiones indicando que el demandante no prueba en qué consiste la amenaza a los derechos colectivos que invoca, y en su defensa sostiene que el sector no cumple con los requisitos y las normas técnicas para el acceso al servicio público de alcantarillado, precisando que

los únicos predios que carecen del servicio de alcantarillado son los que se ubican en la carrera 32 por estar dentro de la franja de protección de la línea férrea, sin que sea posible intervenirlos sin permiso previo de la ANI en tanto esa entidad es la que tiene a cargo la administración del corredor ferroviario. Aunado a lo anterior aduce que en caso de ser posible dicha intervención, la misma no tendría sentido porque las viviendas fueron construidas de manera irregular, toda vez que sus baños se encuentran en un nivel más bajo que el de la red pública de alcantarillado, lo que impide la conexión de las viviendas, salvo que sus propietarios luchen contra la gravedad e instalen sistemas de bombeo de las aguas negras hacia la red. De otra parte, afirma que muchos de los propietarios del sector cuentan con una red de alcantarillado artesanal instalado en sus patios que no cumple con las especificaciones de las normas para el efecto5. En sus alegaciones finales reitera lo señalado en la contestación.6 1.1.3. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS-, también se opone a las pretensiones y alega su falta de legitimación en la causa porque considera que los llamados a responder son el Municipio de Barrancabermeja y la Empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas de Barrancabermeja, señalando que su intervención en el tema se limitó a aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el Municipio7. En sus alegatos aduce que los responsables de la situación son el municipio por permitir la construcción ilegal de las viviendas de los reclamantes, y los

demandantes por ocupar esos terrenos sin permiso8. 1.1.4. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, también alega su falta de legitimación en la causa en tanto aduce que ella solo tiene a cargo la administración de los contratos de concesión en materia de infraestructura vial, y por lo tanto no cuenta con facultades para construir obras de alcantarillado o prestar ese servicio público domiciliario a la comunidad del barrio Tres Unidos de Barrancabermeja, precisando que la vía férrea que les atañe está ubicada en ese lugar desde hace más de 80 años, y que fueron los residentes demandantes quienes invadieron el sector sin contar con licencias de urbanismo para el efecto. Finalmente agrega que no existen pruebas que la comprometan en la acción que se instaura9, y no presentó alegatos de conclusión. 1.1.5. El concesionario Unión Temporal Ferroviaria Central integrada por Construcciones-SONACOL S.A. y Ferroviaria Oriental S.A Sucursal Colombia contestó la demanda y en ella, el primero de los integrantes de la UT adujo que 3 Folios 42 a 47. 4 Folios 657 a 658. 5 Folios 54 a 64. 6 Folios 642 a 646. 7 Folios 94 a 97 vto. 8 Folios 635 a 637. 9 Folios 197 a 208 5 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público la comunidad violó la norma que les prohíbe ubicarse dentro de los límites de la vía férrea y anotó que en el Contrato de Obra No.418 de 2018 suscrito con la ANI, ejecutado entre el 31 de octubre de 2013 al 09 de octubre de 2017, no se estableció ninguna obligación relacionada con la intervención, administración y mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Barrancabermeja, y que quien está llamado a responder por estos problemas es el municipio en mención en virtud de su plan de ordenamiento territorial10. El segundo miembro de la unión temporal adujo que tampoco tenía legitimación en la causa porque en virtud de su contrato no le corresponde construir redes de alcantarillado dado que su labor se limita a la reparación y atención de los puntos críticos que presente la vía férrea del Magdalena11. En sus alegatos indicó que la comunidad estaba invadiendo la ronda férrea que era un bien de uso público y por ende no se podría construir ningún sistema de alcantarillado allí12. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander se pronunció sobre el caso el 19 de mayo de 2020 tras analizar los presupuestos procesales para instaurar la acción, la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos de conclusión de las partes y el marco normativo sobre la materia, especialmente lo atinente a la instalación del sistema de alcantarillado en una ciudad; todo ello con el fin de resolver los dos problemas jurídicos que planteó, los cuales se concentran en establecer si: (i) la

comunidad del barrio Tres Unidos de Barrancabermeja carecía de un sistema o red pública de alcantarillado y (ii) en caso de que no cuente con dicha red, verificar si es posible construir una red matriz o primaria de alcantarillado para las 167 viviendas del barrio Tres Unidos, sin que se vea afectada la vía férrea del lugar. Con base en las pruebas recaudadas y acerca del primer interrogante, llegó a la conclusión de que el barrio en mención cuenta con 4 sectores, pero solamente los sectores 2 y 4, son los que presentan la mayor problemática pues sus viviendas fueron construidas sin licencias de urbanismo y por lo tanto cuentan con un alcantarillado artesanal construido por sus habitantes, quienes hacen sus vertimientos al aire libre y en el humedal más cercano, destacando que ciertamente muchas de esas viviendas se encuentran muy cerca y por debajo del nivel de la vía férrea. En cuanto al segundo interrogante, la sala, apoyada en el dictamen pericial que decretó, consideró que la comunidad del barrio Tres Unidos no puede coexistir al lado o por debajo del nivel de la vía férrea, porque si se llegase a construir la red de alcantarillado allí, se podría socavar peligrosamente dicha vía, de modo que contempló dos alternativas excluyentes entre sí, a saber: i) o se reubica a los residentes del barrio en cuestión, preservando la vía del tren, o ii), se traslada la vía del tren a otro lugar, y a los residentes de los sectores afectados se les construye la red matriz del alcantarillado; toda vez que la vulneración a los derechos colectivos alegados por los

demandantes pertenecientes a los sectores 2 y 4 del barrio Tres Unidos, se encontró probada. El tribunal se pronunció sobre la legitimación en la causa de todos los sujetos que obraban como responsables de los hechos y determinó que la Alcaldía de 10 Folios 348 a 354. 11 Folios 385 a 390. 12 Folios 638 a 641. 6 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público Barrancabermeja, era responsable por haber permitido el asentamiento ilegal de los habitantes de los sectores que sufren la problemática denunciada; así mismo responsabilizó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI ya que por medio de sus concesionarios dejó de administrar correctamente el corredor férreo al no interponer las querellas policivas que contribuyeran a evitar el asentamiento humano ilegal de los habitantes del barrio Tres Unidos; sin embargo excluyó a la Unión Temporal con la que la ANI había suscrito los contratos de concesión, toda vez que estos habían finiquitado para el momento de los hechos. En ese mismo orden, también hizo responsable a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS porque con la autorización que le dio al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el Municipio, desconoció la problemática del sector donde habitan los demandantes.

A la empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P,

no la hizo responsable de los hechos, pero sí le asignó una participación importante en la solución del problema. El tribunal la excluyó de la problemática al considerar que dicha empresa no podía construir una red matriz de alcantarillado en el sector porque dicha empresa no podía hacer excavaciones cercanas a la red ferroviaria nacional debido a las prohibiciones legales existentes y para no socavar la estabilidad del terreno por donde circula el tren. Para resolver el asunto y proteger a la comunidad vulnerada, ofreció dos alternativas de solución a fin de que los demandados decidieran por cuál optar, y por ello, en su parte resolutiva indicó: PRIMERO: Amparar los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la prevención de desastres previsibles técnicamente, al goce de un ambiente sano y a la utilización y defensa de los bienes de uso público de la población residente en el Barrio Tres Unidos de Barrancabermeja.

SEGUNDO: Ordenar al Municipio de Barrancabermeja y a la Agencia Nacional de Infraestructura decidir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si para la protección de los derechos colectivos se reubica a la vía férrea que atraviesa el Barrio Tres Unidos, o a los habitantes de las 167 viviendas que en la actualidad se encuentran en su zona de seguridad. Parágrafo. Cualquier reubicación debe realizarse en el plazo de dieciocho meses (18) meses siguientes al vencimiento del precitado mes.

TERCERO: Ordenar al Municipio de Barrancabermeja, en caso que (sic)

se escoja la reubicación de los habitantes, ofrecer alternativas de vivienda a los habitantes fuera de la zona de seguridad de la vía férrea. Parágrafo. El Municipio de Barrancabermeja debe ejercer un efectivo control urbano para evitar reasentamientos en la zona de seguridad de la vía férrea que pasa por el Barrio Tres Unidos de Barrancabermeja CUARTO: Ordenar al Municipio de Barrancabermeja y a la Agencia Nacional de Infraestructura, si se decide reubicar la vía férrea, financiar respectivamente, el costo de la adquisición de los predios donde pase el nuevo trayecto y el valor de la infraestructura férrea que se requiera. 7 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público QUINTO: Ordenar, si se decide reubicar la vía férrea, a Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.: (i) brindar a los habitantes de las 167 viviendas que en la actualidad se ubican en su zona de seguridad la asesoría y supervisión técnica para que ellos construyan las redes locales o secundarias de alcantarillado, y construir la red primaria o matriz de alcantarillado para los sectores del Barrio Tres Unidos que carezcan de ella. Parágrafo 1. El Municipio de Barrancabermeja debe destinar, si llega a ser necesario, recursos del Sistema General de

Participaciones para la construcción de la red matriz, conforme a lo previsto en el artículo 11 lit. e) de la Ley 1176 de 2007. Parágrafo 2. Las redes de alcantarillado deben estar construidas a más tardar dentro de los seis (06) meses siguientes al desmonte de la vía férrea.

SEXTO: Ordenar al Municipio de Barrancabermeja y la Corporación Autónoma Regional de Santander actualizar, desde el ámbito de sus competencias y dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el plan maestro de alcantarillado y de control vertimientos para que incluyan los que realizan las redes artesanales de alcantarillado que en la actualidad existen en el Barrio Tres Unidos de

Barrancabermeja.

SÉPTIMO: Denegar las demás pretensiones.

OCTAVO: Conformar un Comité de Verificación de Cumplimiento de la Sentencia integrado por la Defensoría del Pueblo, un representante de la comunidad del Barrio Tres Unidos, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Municipio de Barrancabermeja, Aguas de Barrancabermeja SAESP, la Corporación Autónoma Regional de Santander y la agente del Ministerio Público. Parágrafo. El actor popular debe garantizar la difusión de esta providencia entre la comunidad interesada.

NOVENO: Sin condena en costas en esta instancia DÉCIMO: Prevenir a las partes que la oportunidad para interponer el recurso de a elación en contra de esta providencia. es la señalada en el art. 322.1 del CGP. según art. 37 .1 de la L.472 de 1998.

DÉCIMO PRIMERO: Notificar electrónicamente esta providencia según lo ordenado en el art. 5.5 del Acuerdo PCSJA20-11549 del 07.05.2020

DÉCIMO SEGUNDO: anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XXI. 1.4. Apelación Dado que la sentencia de primera instancia se notificó el día 19 de mayo de 2020 cuando se encontraban suspendidos los términos judiciales según los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA2011526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556, emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la pandemia originada por el virus COVID -19, se tiene que los recursos se presentaron dentro del plazo legal cuando se presentó el

8 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público levantamiento de la suspensión de dichos términos, el 1 de julio de 2020. En ese orden de ideas, solo el Municipio de Barrancabermeja13 y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI-14 presentaron recurso de apelación contra la sentencia del 19 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 322 del Código de General del Proceso, en armonía con el artículo 37 de la Ley 472 de 1998. 1.4.1. Apelación del Distrito de Barrancabermeja (Santander) En su recurso adujo no haber violado ningún derecho colectivo de los demandantes y agregó que los únicos llamados a responder por las afectaciones a la comunidad eran la empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P y la Corporación Autónoma Regional de Santander, ya que ellos contaban con patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera para atender lo ordenado por el juez colegiado, insistiendo una vez más en su falta de legitimación en la causa y solicitando su exclusión en el pleito, anotando que en caso de que ello no fuera posible, se reconsiderara la ampliación del plazo para cumplir las obligaciones impuestas en la sentencia. 1.4.2. Apelación de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANIEsta entidad insistió en la falta del agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en poner en conocimiento la situación de los demandantes ante la autoridad llamada a responder, toda vez que alegan que no se les podía vincular al pleito sin haber cumplido ese paso previo a la presentación de la demanda. Por otra parte, insisten en que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI no tiene dentro de sus obligaciones proveer el sistema de alcantarillado de una población porque ese no es su cometido estatal y por ende nunca vulneró los derechos alegados por los demandantes. Puntualizó una vez más que la vía férrea que colinda con las viviendas de los

habitantes que presentan la problemática denunciada en la acción popular, ya existía mucho antes de que ellos se instalaran indebida e ilegalmente en esa zona, agregando que la misma hace parte de un bien público y por ende no la podían ocupar. Precisó que los concesionarios si interpusieron las querellas policivas que daban cuenta de la ocupación ilegal de los habitantes del barrio Tres Unidos de Barrancabermeja, pero que la Alcaldía de ese distrito nunca atendió sus reclamaciones. En cuanto a la alternativa propuesta por el Tribunal Administrativo de Santander relacionada con la reubicación de la vía férrea, se opuso rotundamente en tanto una modificación al corredor férreo que va desde la Dorada hasta Santa Marta y que pasa por Barrancabermeja, traería consecuencias graves porque: i), ya existen contratos de concesión que no se pueden incumplir; ii) en el dictamen pericial no se hizo un estudio de viabilidad acerca de esta alternativa, y al intentar instalar redes de alcantarillado en esa zona, se socavaría seriamente la infraestructura férrea; iii) al trasladar la vía, se afectarían otras viviendas del distrito distintas a las de los habitantes del barrio Tres Unidos; iv) al trasladar la vía tendrían que hacerlo por terrenos de humedales, cercanos a la Ciénaga de San Silvestre bordeando la zona oriental de la ciudad, terreno que ofrecería gran inestabilidad, aunado a los costos ambientales y de adquisición de predios que estiman en más de tres millones de dólares por kilómetro 13 Folios 207 a 209 del expediente. 14 Folio 224 a 231 ibídem. 9

Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público para un total de 27 millones de dólares; v) el tiempo para el traslado no dependería de ellos sino del otorgamiento de licencias ambientales respecto de las cuales, ni siquiera se sabe si van a ser concedidas o no; vi) dentro de sus actividades misionales no se encuentra la adquisición de predios para la reubicación de los habitantes que fungen como demandantes, pues eso no está contemplado en sus contratos de obra pública; vii) los estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como los ambientales para proceder con el traslado de la vía férrea serían muy altos y demandarían tiempo para su realización; viii) el impacto ambiental sobre la fauna silvestre, la topografía, los sustratos actuales del suelo, los cambios en el paisaje, en el aire, en la vegetación de lugar y las afectaciones a la calidad del agua, harían inviable la alternativa propuesta por el Tribunal de Santander, siendo más factible la reubicación de las viviendas de los residentes de los sectores afectados del barrio Tres Unidos de Barrancabermeja; y ix) por tratarse de una zona donde se hace exploración y explotación de hidrocarburos, sería un peligro trasladar la vía férrea a otro sector donde los tubos de las actividades petroleras se sometieran a una vibración constante, por el tránsito de los trenes. 1.5. Actuaciones en segunda instancia

1.5.1. Alegatos de las partes - El 24 de enero de 2021, la Corporación Autónoma Regional de Santander, expresó su conformidad con el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, aclarando que la entidad ambiental solo es responsable del seguimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos, ya que este debe ser formulado y presentado por el Municipio o empresa prestadora del servicio público de alcantarillado del municipio, ante la Autoridad Ambiental competente; aunado al hecho por el cual el Municipio es quien debe armonizar su plan de saneamiento y manejo de vertimientos con el plan de ordenamiento territorial, y con el plan de desarrollo vigente. - La Agencia Nacional de Infraestructura ANI presentó sus alegatos de conclusión reiterando que la vía férrea se había construido desde los años 30, lo que significaba que llevaba más de 80 años en el lugar donde está y que no era procedente removerla para dar lugar a un asentamiento humano que además había llegado mucho después de que la vía estuviera allí y era de carácter ilegal. Así mismo agregó que esa entidad no tenía dentro de su actividad misional proveer el sistema de alcantarillado de ningún municipio, porque eso era obligación del ente territorial respectivo. Insistió en que el corredor de la vía férrea era un bien público que no se le podía entregar a particulares y que las órdenes del tribunal de origen que tenían que ver con la ANI no eran viables porque en la experticia rendida por el perito no se realizó el análisis de viabilidad para la reubicación de la vía férrea, y no obstante el tribunal emitió una orden sin verificar su

viabilidad, la cual no es ni técnica, ni jurídica, ni social, ni ambientalmente posible. Para el efecto anexó fotografías donde se evidencia la magnitud de la obra que tendrían que construir si se acatara la orden del tribunal, agregando que no se trataba de remover 181 metros sino aproximadamente 7 kilómetros de vía férrea y además hacerlo hacia un terreno cenagoso que afectaría la estabilidad de la vía.

II. CONSIDERACIONES DELMINISTERIO PÚBLICO 2.1. Naturaleza, características y procedencia de la acción popular La acción popular se encuentra consagrada en el inciso 1 del artículo 88 de la

10 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 68001-23-33-000-2018-00276-01

Acción Popular Concepto: Ministerio Público Constitución Política y fue desarrollada por la Ley 472 de 1998; su finalidad radica en la protección de los derechos e intereses colectivos, muchos de los cuales se encuentran reseñados entre los artículos 78 a 82 de la norma superior, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio, e incluso un daño contingente derivado de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

Según letras del Consejo de Estado dicha acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial apto para la protección efectiva, rápida y sencilla de sus derechos colectivos, siempre y cuando la amenaza o vulneración a los mismos se

encuentre probada, pues solo de esta manera procederá su amparo. El sustento normativo que rige esta acción se encuentra en las reglas contenidas en los artículos 1º, 2º, 4º y 9º de la citada Ley 472, y entre