PGN - ACTIVIDAD PELIGROSA - Como la conducción de vehículos

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por muerte de agente de la Policía Nacional RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Definición y elementos De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar si se configuran los elementos previstos en esta norma para que nazca el deber del Estado de reparar, esto el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado. ACTIVIDAD PELIGROSA-Como la conducción de vehículos La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha sostenido que en los casos de daños producidos en desarrollo de actividades peligrosas como lo es la conducción de vehículos, el título de imputación no es otro que el fundamentado en la actividad generadora de riesgo, en el cual el demandante debe probar la ocurrencia del hecho y su relación con la actividad peligrosa, el daño y un nexo causal entre éste y aquél. A su vez, el demandado puede exonerarse demostrando una causa extraña, bien sea fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 050/2012

Bogotá D. C., 6 de marzo de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Ref: Proceso 42602 (13001233100020070036901)

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 2 Exp. 42602 Acción Reparación Directa

Actor: Betsy Ariza Beltrán y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional El Ministerio Publico presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES Betsy Ariza Beltrán, obrando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Breiner Alexander y Renso Smith Ruiz Ariza, en ejercicio de la acción de reparación directa demanda a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se les declare administrativamente responsables de la muerte del Agente de la Policía PT. Renso Ruiz Cogollo en hechos ocurridos el 30 de junio de 2005 (fls. 2 a 9 C. 1) 1.2. LA CONTESTACIÓN El Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 38 a 42 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, argumentando que se atiene a lo que resulte probado en el proceso. Sostiene que no se evidencia el anormal funcionamiento del servicio y que el daño fue una causa totalmente ajena a la administración, a situaciones imprevisibles e irresistibles ajenas al querer de la institución.

1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 147 a 161 C. Consejo de Estado) negó las pretensiones de la demanda argumentando que no existe prueba en el proceso que determine que el hecho dañino hubiese sido ejecutado por la administración. Considera

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 3 Exp. 42602 que las causas del fatal accidente obedecen a caso fortuito o fuerza mayor, lo cual rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño para que pueda configurarse una falla del servicio. 1.4. LA IMPUGNACIÓN La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia (fls. 164 a 166 C. Consejo de Estado). Sostuvo que si bien es cierto que la coexistencia en un momento dado de la fuerza mayor o caso fortuito es excluyente de responsabilidad, no es menos cierto que el hecho se da en cumplimiento de su deber como miembro de la institución. Argumenta que pertenecer a las fuerzas militares conlleva riesgos pero la conducción de vehículos es una actividad peligrosa y el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Por tratarse de un proceso que llega a esta instancia por intervención de apelante único el estudio debe concretarse en las inconformidades expresadas por el recurrente. 2.1. PROBLEMA JURIDICO El problema jurídico consiste en determinar si la Policía Nacional tiene responsabilidad patrimonial por la muerte del Agente de la Policía PT. Renso Ruiz Cogollo ocurrida en

accidente de transito el 30 de junio de 2005 y si se encuentra obligada a indemnizar a los demandantes o si, por el contrario, opera causal que excluye la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional. 2.2. PRECEDENTE Sobre el problema jurídico de cómo opera la responsabilidad del Estado en ejercicio de actividades peligrosas, como el uso de vehículos automotores, el H. Consejo de Estado

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 4 Exp. 42602 en sentencia de 3 de mayo de 2007, Rad 25000-23-26-000-1999-00631-01 Exp 25020, señaló:

1. Régimen de responsabilidad aplicable-.

Respecto del ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de vehículos automotores, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró hasta 1989 que el régimen de imputación aplicable era subjetivo bajo el título de falla probada. Pero a partir de ese año1 se adoptó el título de falla presunta para juzgar este tipo de eventos en atención a que “un vehículo automotor, por su peligrosidad, al ser nexo instrumental en la causación de un perjuicio, compromete de por sí la responsabilidad del ente público a quien el vehículo pertenece, sin necesidad de que se pruebe la falla del servicio, que por demás bien puede existir”2. Posteriormente, en el año de 19923, a fin de fallar un caso en el que se discutía la responsabilidad en la prestación del servicio médico, la Corporación señaló que la falla probada o presunta

únicamente se debe aplicar a éstos casos, mientras que, frente a los daños causados por cosas o actividades peligrosas, en los que no se juzga la conducta irregular de la Administración sino el daño antijurídico, opera una presunción de responsabilidad y no una presunción de falta4. La teoría de presunción de responsabilidad para juzgar eventos de daños derivados de cosas o actividades peligrosas se consolidó en los años siguientes hasta la sentencia de marzo de 20005, en la cual la Sala replanteó su posición en el sentido de aclarar que no existe en ningún caso, la llamada "presunción de responsabilidad", expresión que resulta poco afortunada, en tanto que sugiere que todos los elementos que permiten configurar la obligación de indemnizar se presumen. “El régimen así denominado por esta Corporación en varias oportunidades tenía, sin duda, todas las características del régimen objetivo de responsabilidad, en el cual si bien no tiene injerencia alguna la calificación subjetiva de la conducta -por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta al demandado como prueba para exonerarse la demostración de que su actuación fue diligente-, los demás elementos de la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte demandante. Recae sobre la parte demandada la carga de la prueba de los hechos objetivos que permitan romper el nexo de causalidad, únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad”6 En consecuencia, en la actualidad, cuando se discute la responsabilidad del Estado por daños causados con elementos o actividades peligrosas -uso de armas de fuego de dotación oficial, uso de vehículos automotores oficiales, conducción de energía eléctricaha entendido la

Sala que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo excepcional. En efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es el uso de vehículos automotores, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales elementos peligrosos 7 . El mencionado título de imputación puede ser empleado tanto en favor de terceros, como para los conductores de tales vehículos y para los servidores públicos que los acompañan para el cumplimiento de funciones propias del servicio. 1 Consejo de Estado, S.C.A. Sección Tercera, sentencia de diciembre 19 de 1989, Exp. 4484. C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo. 2 Ibídem. 3 Consejo de Estado, S.C.A. Sección Tercera, sentencia de agosto 24 de 1992, Exp. 6754. 4

Ver por ejemplo: Consejo de Estado, S.C.A. Sección Tercera, sentencias de octubre 18 de 2000, Exp. 12707 y; abril 18 de 2002, Exp. 14076, ambas con ponencia del Consejero Ricardo Hoyos.

5 Consejo de Estado, S.C.A. Sección Tercera, sentencia de marzo 2 de 2000, Exp. 11401, C.P. Alier Hernández. 6 Ibídem. 7 Consejo de Estado, S.C.A. Sección Tercera, sentencias de: mayo 11 de 2006, Exp. acumulados 14694 y 15640, C.P. Ramiro

Saavedra Becerra; julio 14 de 2005, Exp. 14974, C.P. Ruth Stella Correa; diciembre 4 de 2006, Exp. 15723; de la misma fecha Exp. 18479, ambas C.P. Mauricio Fajardo; entre otras.

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En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño antijurídico y el nexo causal entre éste y la acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez, la Administración para exonerarse de responsabilidad deberá acreditar que éste último elemento no existe o que es apenas aparente, mediante la comprobación de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. (Resalto y subrayo)

2.3. CASO CONCRETO

2.3.1. EL DAÑO

Se encuentra demostrado de la siguiente manera: (i) Copia del registro Civil de defunción de Renso Ruiz Cogollo, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual indica que su muerte se produjo el 30 de junio de 2005 (fl. 13 C. 1). (ii) Copia del acta de levantamiento de cadáver (fls. 99, 100 y 101 C. 1) del señor

Renso Ruiz Cogollo, donde se consignó que su muerte fue producto de un accidente de transito ocurrido en la avenida Santander, sentido Crespo-Centro, calzada derecha, frente a la construcción del Banco Colpatria, donde iba como pasajero y se dirigían a las instalaciones de la Fiscala con otro compañero de la institución con el fin de judicializar al capturado Jorge Alvarado Sierra. Conforme a lo anterior, el Ministerio Público encuentra demostrado el daño antijurídico invocado por la parte actora, consistente en la muerte del patrullero Renso Ruiz Cogollo, cuando se movilizaba como pasajero en un vehículo oficial de placas OPE024, de siglas 41-179 modelo 2002 propiedad del Ministerio de Transporte (fl. 71 C. 1). 2.3.2. LOS HECHOS PROBADOS En relación con los hechos de que da cuenta la demanda, obran en el expediente los siguientes medios probatorios:

1. Copia del informe prestacional por muerte No. 007/05 (fls. 71 a 75 C. 1) donde se declara que los hechos que originaron la muerte del PT. (F) Renso Ruiz Cogollo se

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 6 Exp. 42602 enmarcan en el artículo 71 literal “B” del Decreto 1091/95 “MUERTE EN ACTOS DE

SERVICIO”.

2. Copia auténtica de la Resolución No. 00082 de 18 de enero de 2006 por la cual se le

reconoce indemnización y pensión por muerte a los beneficiarios del PT. (F) Renso Ruiz Cogollo, las prestaciones sociales a que por Ley tenían derecho a consecuencia de la muerte en servicio activo (fls. 65 y 66 C. 1).

3. Copia del informe rendido por el agente de tránsito Tony Barrios Buelvas, el cual da cuenta de los vehículos que hicieron parte del accidente de tránsito como de las personas vinculadas al mismo (fl. 104 C. 1).

4. Copia del informe policial de tránsito No. 05 – 42920, en el cual se determinan tanto los vehículos como las personas involucradas en el accidente, igualmente se informa que la vía en donde ocurrió el siniestro era de doble sentido, recta, de asfalto, que se encontraba inundada y en condiciones húmedas (fl. 106 C. 1).

5. Copia del auto de 7 de julio de 2005 proferido por la fiscalía seccional 30 de Cartagena de indias donde se ordeno: “Comisionase al perito del tránsito para que en el término de tres (3) días realice inspección judicial a los vehículos de placas RCE 464 Y a la camioneta de la policía de placas OPE 024 de siglas 41-17, con el fin de que se determine el estado de funcionamiento de los automotores, los cuales se encuentran en el parqueadero manitos de Marbella. (…)

6. Copia de la inspección judicial efectuada a la camioneta marca Toyota, de placas

OPE-024 y la sigla 1-179, donde se concluyó: (…) La llanta delantera izquierda presenta una rotura pronunciada, esta y las restantes presentan un

buen estado de labrado. El ring de la llanta rota se encuentra con abolladuras alrededor, la llanta trasera izquierda se encuentra pinchada.

7. Copia del acta de levantamiento de cadáver No. 262 (fl. 99 C. 1) donde se consignó: “…JUAN DAVID ZAPATA MONTOYA iba conduciendo una camioneta de la institución y se dirigía a las instalaciones de la Fiscalía con otro compañero patrullero RENSO RUIZ con el fin de judicializar al capturado JORGE ALVARADO SIERRA a quien en calidad de capturado y con el fin anotado llevaban en dicha camioneta, que cuando iban movilizándose por la avenida Santander a la altura del predio donde la empresa Colpatria esta construyendo una edificación una de las

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 7 Exp. 42602 llantas de la camioneta se estalló y el conductor perdió el control del vehículo invadiendo la calzada contraria y colisionó con una volqueta que venia movilizándose o circulando por esa calzada y a consecuencia de la colisión resultaron heridos gravemente tanto sus compañeros JUAN DAVID ZAPATA MONTOYA y RENSO RUIZ, el capturado JORGE ALVARADO SIERRA, que luego del accidente su compañero JUAN DAVID ZAPATA MONTOYA y el capturado JORGE ALVARADO SIERRA fueron remitidos de emergencia a la clínica Vargas y su compañero RENSO

RUIZ fue remitido al hospital Naval (…)

8. Copia de certificación expedida por Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena – Coordinación de la Unidad de Vida y otros (fls. 117 y 118 C. 1), donde consta:

“Que de acuerdo a lo establecido en el Acta de levantamiento de cadáver No. 262 y 263 del 200506-30, elaborada por la Fiscalía Seccional No. 7, adscrita a la URI, los antes mencionados JUAN DAVID ZAPATA MONTOYA y RENSO RUIZ COGOLLO, y lo establecido en el curso de la investigación, iniciada en fecha 7 de julio de 2005 por tales hechos, el deceso de los hoy occisos, fue producto de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Santander, sentido Crespo-Centro, calzada derecha, frente a la construcción del Banco Colpatria, donde el patrullero de la Policía Nacional JUAN DAVID ZAPATA MONTOYA, era el conductor del vehículo camioneta Hilux de placas OPE-024, perteneciente a la Policía Nacional – Policía de Carreteras, y el señor patrullero de la Policía Nacional RENSO RUIZ COGOLLO, venía en dicho vehículo en calidad de acompañante. Es de anotar que el vehículo conducido por los funcionarios de la Policía Nacional colisionó con el Camión de placas RCE 464, Marca Dogde, el cual era conducido por el señor LIMBERTO BALDIRIS PUELLO. “Según lo consignado por el Fiscal que realizo la diligencia de levantamiento de cadáver de los fenecidos, se vislumbra, que los hoy occisos se dirigían a las instalaciones de la Fiscalía General

de la Nación-Seccional Cartagena con el fin de judicializar al señor JORGE ALVARADO SIERRA, quien iba en el rodante en calidad de capturado; cuando se desplazaba por la avenida Santander a la altura de la Edificación Colpatria que esta en construcción, una de las llantas de camioneta donde se movilizaban los miembros de la Policía Nacional, se estalló y el conductor del vehículo perdió el control del mismo invadiendo la calzada contraria colisionando con el camión de placas RCE 464. Estos hechos ocurrieron el día 30 de Junio de 2005, a eso de las 9:30 de la mañana.” 2.3.3. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar si se configuran los elementos previstos en esta norma para que nazca el deber del Estado de reparar, esto el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado. La parte actora señala que se le causó un daño antijurídico como consecuencia de la muerte del Agente de la Policía PT. Renso Ruiz Cogollo, ocurrida el día 30 de junio de

2005. La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha sostenido que en los casos de daños producidos en desarrollo de actividades peligrosas como lo es la conducción de

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REOG 8 Exp. 42602 vehículos, el título de imputación no es otro que el fundamentado en la actividad generadora de riesgo, en el cual el demandante debe probar la ocurrencia del hecho y su relación con la actividad peligrosa, el daño y un nexo causal entre éste y aquél. A su vez, el demandado puede exonerarse demostrando una causa extraña, bien sea fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, el día 30 de junio de 2005, la camioneta Toyota de placas OPE-024 y la sigla 1-179, color verde, blanco y naranja, con numero de motor 1703518686 colisiono con un vehículo marca Dodge color blanco placas RCE-464, de servicio particular en la avenida Santander, sentido CrespoCentro, calzada derecha, frente a la construcción del Banco Colpatria, donde el patrullero de la Policía Nacional JUAN DAVID ZAPATA MONTOYA, era el conductor del vehículo. Se encuentra demostrado que la camioneta en mención al momento del accidente se encontraba al servicio de la Policía, cuyos miembros se dirigían a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Cartagena con el fin de judicializar al señor Jorge Alvarado Sierra, quien iba en el rodante en calidad de capturado. También se demostró que como consecuencia de la colisión de los vehículos perdieron la vida los agentes Juan David Zapata y Renso Ruiz Cogollo. El Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 147 a 161 C. Consejo de Estado) negó las pretensiones de la demanda argumentando que no existe prueba en el proceso que

determine que el hecho dañino hubiese sido ejecutado por la administración y considera que las causas del fatal accidente obedecen a caso fortuito o fuerza mayor, lo cual rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño para que pueda configurarse una falla del servicio. En cuanto a si existe nexo causal entre la actividad peligrosa y el daño sufrido por los demandantes, debe tenerse en cuenta que la entidad demandada alegó la ocurrencia de una causa extraña (fuerza mayor o caso fortuito), pues según su dicho el accidente fue ocasionado porque la vía se encontraba mojada, lo que produjo que el vehículo perdiera el control, invadiera el carril contrario y colisionara con otro automotor, causando la muerte de los dos policiales.

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Corresponde al Ministerio Publico examinar si efectivamente se configura la eximente de responsabilidad alegada. En sentencia de 9 de mayo de 2011 Radicación número: 54001-23-31-000-199408654-01(19976) se hace referencia a los elementos que conforman las causales eximentes de responsabilidad así:

8. Imputación de la responsabilidad.8

Las causales eximentes de responsabilidadfuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen eventos que dan lugar a que sea inadmisible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya

causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración:(i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad; y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente: “En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados. Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina: «La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo

en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida »9. En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia "10,toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipa8 Consejo de Estado. Sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente No. 18.562. 9 Nota original en la sentencia Citada: ROBERT, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., p. 19. 10 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 10 Exp. 42602 ción"11, entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo

jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto. Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil12 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia” 13 . La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre. No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si éste se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y

razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente. Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones: (...) 11 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581. 12 Nota original en la sentencia Citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”. 13 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982,

Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.

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Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña , si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente , pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el

deber jurídico de responder la accionada”14. Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.15 (Resalto y subrayo) En el proceso obran copias del informe policial de tránsito No. 05 – 42920, en el cual se determinan tanto los vehículos como las personas involucradas en el accidente y se informa que la vía en donde ocurrió el siniestro era de doble sentido, recta, de asfalto, que se encontraba en condiciones húmedas y copia de la inspección efectuada a la camioneta marca Toyota, de placas OPE-024 y la sigla 1-179, donde se consigno que “…La llanta delantera izquierda presenta una rotura pronunciada, esta y las restantes presentan un buen estado de labrado. El ring de la llanta rota se encuentra con abolladuras alrededor, la

llanta trasera izquierda se encuentra pinchada.” 14 Consejo de Estado. Sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente No. 16.530. 15 En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los h