PGN - ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA - Colaboración de entidades públicas y privad

TRAMITE LEGISLATIVO-En los proyectos de ley estatutaria El control de constitucionalidad del proceso de formación de los proyectos de ley estatutaria, exige revisar el trámite de los mismos a la luz de los principios y reglas que regulan la actividad legislativa. El artículo 157 Superior establece que las leyes, tanto estatutarias como ordinarias, requieren en su trámite que se publique el proyecto antes de someterlo a debate en la comisión respectiva; que se apruebe el proyecto en las comisiones de las cámaras, lo que puede hacerse en sesión conjunta; que se apruebe en segundo debate en cada cámara; que el Gobierno sancione el proyecto, lo cual ocurre, en el caso de los proyectos de leyes estatutarias, luego de que se haya realizado el control de constitucionalidad. Antes de cada debate el proyecto debe ser anunciado, conforme a lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003. Los artículos 158 y siguientes de la Constitución, establecen otras previsiones, como las relativas a que el proyecto debe referirse a una misma materia; a que los términos establecidos deben transcurrir entre los debates en las comisiones y en las plenarias, así como el lapso que debe mediar entre el traslado de una cámara a la otra; y a que el trámite de urgencia, si lo hubiere, siga las reglas fijadas. Para el caso particular de los proyectos de leyes estatutarias, el artículo 153 Superior dispone dos requisitos adicionales: su aprobación por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, y su trámite en una sola legislatura.

ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-Definición y

alcances El origen de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, a través de las agencias creadas por la ley para tal fin, surge de la habilitación que legitima al Estado y a las autoridades para mantener la soberanía, el orden público interno, la preservación del orden institucional, la garantía a las personas en el ejercicio pleno de sus derechos al interior de la sociedad, al tenor de lo previsto en los artículos 2°, 189, 212, 213, 215, 216, 217, 218 y 223 Superiores. La Carta Política, a su vez, en aplicación del principio de primacía de los derechos inalienables de las personas, fija límites a las actividades de inteligencia y contrainteligencia a cargo del Estado. En varias oportunidades, entre ellas en la Sentencia C-913 de 2010, la Corte destaca el carácter legítimo de las actividades de inteligencia y el carácter reservado de cierta información que, por su importancia, no puede hacerse pública, pero en ambos casos lo ha hecho a partir del principio de proporcionalidad y dentro del contexto propio de una sociedad democrática. El principio de proporcionalidad exige que haya una estrecha relación entre los medios empleados por los organismos de inteligencia y contrainteligencia, con los criterios de idoneidad, necesidad y conducencia. La Constitución defiere a la ley estatutaria la regulación de los asuntos relativos a la protección de los derechos fundamentales de las personas, los cuales pueden verse afectados con las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Si bien no se puede desconocer la existencia de amenazas para la seguridad y defensa nacionales, previstas en la propia Constitución en los literales a y e del artículo 152, las medidas necesarias para contrarrestar estas amenazas deben inscribirse dentro del principio constitucional de

que las autoridades están instituidas para proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos. Concepto 5314 FUNCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-Cuando son realizadas por las fuerzas militares debe definirse un instrumento jurídico para su control En relación con el artículo 3°, es plausible que la ley establezca que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAFson los organismos que llevan a cabo labores de inteligencia y contrainteligencia, e igualmente que se establezca la reserva de ley para determinar cuales son los demás organismos que pueden adelantar estas labores. Sin embargo, la expresión “La función de inteligencia y contrainteligencia es llevada a cabo por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por éstas para tal fin…”, es muy genérica, valga decir, en extremo abierta, difusa e imprecisa. Esta imprecisión podría permitir a un sinnúmero de dependencias militares o policiales, en cualquier tiempo, ejercer la competencia. En vista de esta circunstancia el Ministerio Público solicita a la Corte que declare exequible la expresión en comento, bajo el entendido de que las dependencias de las Fuerzas militares y de la Policía Nacional que desarrollan funciones de inteligencia y contrainteligencia, lo harán por disposición administrativa suscrita por el Ministro de Defensa Nacional, conjuntamente con el comandante de la respectiva fuerza o el Director General de la Policía Nacional, la cual deberá estar debidamente motivada y atender a los principios consagrados en la presente

ley. Implica la intervención del Ministro de Defensa Nacional y del Comandante de la respectiva fuerza o, en su caso del Director de la Policía Nacional para determinar, a través de un instrumento jurídico, las dependencias de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional que están facultadas para ejercer funciones de inteligencia y contrainteligencia. ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-La autoridad que imparte la autorización será responsable penal y disciplinariamente Para garantizar los derechos fundamentales de las personas, el Ministerio Público solicitará el condicionamiento de la disposición del artículo 14, bajo el entendido de que la autoridad que imparte la autorización mediante orden de operaciones o misión de trabajo, para la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia, será responsable penal y disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan a otros funcionarios u órganos del Estado. ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-Existe obligación de presentar un informe anual así como de informar las irregularidades que se detecten El artículo 18 utiliza equívocamente el término inspectores de policía, dado que esta clase de funcionarios ya existe en la estructura administrativa de las alcaldías con funciones de policía administrativa. El Ministerio Público considera que, para superar el equívoco, se debe precisar que los organismos adscritos a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional, que realizan actividades de inteligencia, son los que por virtud de este artículo están obligados a presentar los respectivos informes y a cumplir las demás tareas allí asignadas. El inciso primero del artículo 18, es EXEQUIBLE, siempre y cuando se entienda que la

2 Concepto 5314 obligación de presentar un informe anual de sus actividades corresponde a todos los organismos que desarrollan actividades inteligencia y contrainteligencia, en cabeza de sus Comandante o Director. Adicionalmente El parágrafo 5 de este mismo artículo es EXEQUIBLE, en la medida en que se entienda que el deber del jefe o director del organismo de inteligencia y contrainteligencia de informar al Presidente de la República sobre las irregularidades en tales funciones y actividades, se debe cumplir sin perjuicio del deber de formular las quejas o denuncias a que haya lugar. ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-Comisión legal de seguimiento En el artículo 23 se faculta a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes para diseñar conjuntamente los criterios y parámetros para la evaluación y calificación de los estudios de credibilidad y confiabilidad y los protocolos para garantizar la absoluta reserva de la información relacionada con tales estudios, lo que resulta cuestionable es que los destinatarios de dichos estudios son los mismos miembros del Congreso que van a conformar la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y los de las unidades legislativas de dichos parlamentarios. La norma es exequible en la medida en que los criterios y parámetros allí establecidos sean diseñados por un órgano diferente del Congreso de la República o de algunos de sus miembros. Llama poderosamente la atención que las labores de supervisión se hallan concentradas en organismos del propio gobierno, y, adicionalmente, que la Comisión Legal de Seguimiento a las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, no cuenta con medidas

coercitivas aplicables a los organismos o funcionarios y, a lo sumo puede proponer mociones de observación a los directores de los organismos de inteligencia y contrainteligencia o de censura a los ministros por desatención a los requerimientos o citaciones que les sean formuladas. INFORMACIÓN RESERVADA-Relacionada con la obtenida por los organismos de inteligencia y contrainteligencia Las labores de inteligencia y contrainteligencia permiten al Estado contar con la información suficiente y necesaria para el adecuado, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y la defensa del orden público y de las instituciones. Los organismos de inteligencia pueden realizar sus propias investigaciones, las cuales no pueden difundir en aras de la protección de los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la intimidad. Lo anterior, se enmarca dentro del llamado principio de reserva. Ello, sin embargo, no implica que la información obtenida no pueda ser conocida por las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales a efectos del cumplimiento de sus funciones –tal y como lo dispone el artículo 34 del proyecto-, o del propio investigado, a efectos de que pueda ejercer su defensa o solicitar aclaraciones y rectificaciones (artículo 15 de la Carta Política), a quienes, en consecuencia, no es oponible la reserva de la información (Sentencia T-444 de 1992). La reserva de la información obtenida por los organismos de inteligencia y contrainteligencia debe mantenerse durante un término razonable. Resulta acertado que sea el Presidente de la República, previa recomendación de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, la autoridad que puede extender el término legal de la reserva de información. No obstante, el término de reserva de 30 años prorrogable, en

términos de su razonabilidad y del deber de denuncia que se impone a los servidores 3 Concepto 5314 públicos, debe ser analizado a la luz del derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener las reparaciones que se prevén en instrumentos internacionales cuando existan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Internacional de los derechos Humanos. Dadas las anteriores consideraciones, el Ministerio Público solicitará a la Corte que declare exequible el inciso primero del artículo 33 del proyecto en estudio, bajo el entendido de que la reserva legal de la información recaudada por los organismos que adelantan actividades de inteligencia y contrainteligencia no es oponible al investigado, en los procesos penales, disciplinarios o fiscales, en pro de su defensa, y, tampoco lo es, cuando sea necesario, por parte de la persona sobre quien recae la información, la solicitud de aclaraciones o rectificaciones que versen sobre dicha información. ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-Requiere reglamentación para determinar quien puede acceder a la información obtenida La disposición del literal e) del artículo 36 otorga una facultad demasiado amplia a los miembros de la Fuerza Pública, para acceder a las informaciones de inteligencia y contrainteligencia, pues los incluye a todos “de acuerdo con sus funciones”. Esta normativa sería exequible en la medida de que el Gobierno Nacional reglamente de manera precisa cuáles son los miembros de la Fuerza pública que pueden acceder a la información recaudada a través de los servicios de inteligencia y contrainteligencia. RESERVA DE INFORMACIÓN-Frente a su violación la libertad configurativa del congreso en el campo penal es amplia

Las disposiciones modificatorias del Código Penal y del Código Penal Militar, contenidas en los artículos 40 a 49 del proyecto, se refieren a la tipificación de conductas punibles en que pueden incurrir los servidores públicos a título de dolo o culpa, ya sea en cuanto al acceso, divulgación de información o asunto sometido a secreto o reserva o revelación de invento, y a la consagración de algunas circunstancias de agravación punitiva relacionadas con el beneficio que de tales revelaciones o divulgaciones puedan obtener los grupos al margen de la ley o las organizaciones criminales o del beneficio que puedan obtener gobiernos extranjeros. Para esta finalidad el legislador goza de la libertad de configuración normativa, al amparo del deber que compete a las distintas ramas del poder público de participar en el diseño de una política criminal del Estado –Artículos 250.2 y 251.3 de la Carta Política-, cuyos límites están dados por la estricta aplicación de los principios que estructuran el Estado Social de Derecho, en especial el de legalidad y razonabilidad en la dosificación de las penas. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que, en cuanto la Constitución no regula la tipificación de conductas, los procedimientos, ni las penas, el margen de libertad configurativa del Congreso de la República, en política criminal es muy amplio, como lo ha reconocido la Corte, entre otras, en la Sentencia C-488 de 2009. 4 Concepto 5314 ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-Colaboración de entidades públicas y privadas Las normas relativas a la colaboración de las entidades públicas y privadas, de las

autoridades de policía judicial y de los operadores de servicios de telecomunicaciones, con los organismos que adelantan tareas de inteligencia y contrainteligencia, en cuanto persiguen un fin constitucionalmente válido, están ajustadas a los dictados de la Carta Política. La previsión legal de sujeción a lo dispuesto en el artículo 15 Superior para la interceptación de las comunicaciones, armoniza con la garantía constitucional del derecho a la intimidad y el buen nombre de las personas. 5 Concepto 5314 Bogotá, D.C., febrero 21 de 2012 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

E. S. D.

Ref.: Revisión constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria 263 de 2011 Senado - 195 de 2011 Cámara, “por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.

Magistrado Ponente: JORGE IVAN PALACIO PALACIO.

Expediente PE-033. Concepto 5314. Dentro de la revisión previa del proyecto de ley estatutaria de la referencia, rindo el concepto que por mandato de los artículos 242.2 y 278.5 de la Carta Política debo emitir en la oportunidad prevista en el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991, en concordancia con las previsiones del artículo 40 del mismo ordenamiento.

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 241.8 Superiores, la Corte es competente para decidir de manera definitiva sobre la

constitucionalidad del presente proyecto de ley estatutaria, tanto por su contenido material como por los vicios de procedimiento que puedan afectar el proceso de su formación.

2. Consideraciones previas.

6 Concepto 5314 El Proyecto de ley estatutaria 263 de 2011 Senado, 195 de 2011 Cámara, contempla el marco jurídico aplicable a los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, sus principios, entidades, requerimientos, el plan nacional de inteligencia, la coordinación entre organismos que tienen a cargo dicha actividad y la cooperación internacional, los mecanismos de control y supervisión, el deber de reserva y de denuncia, las modificaciones al Código Penal y la protección a los servidores que realizan estas labores. Conforme a lo previsto en el inciso tercero del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que regula los procedimientos y juicios que se adelantan ante la jurisdicción constitucional, la decisión de la Corte respecto de los vicios en el proceso de formación del proyecto de ley estatutaria tiene efectos de cosa juzgada y definitiva. Respecto de su contenido, es posible ejercer un control posterior por la vía de la acción pública de inconstitucionalidad. Así lo reconoce la Corte en la Sentencia C-011 de 1994 y lo reitera en la Sentencia C-1153 de 2005, en la cual precisa: Sobre este particular, valga reiterar, las consideraciones vertidas por la Corte en la sentencia C-011 de 1994, primera sentencia en la cual la Corporación abordó el estudio de una ley estatutaria, después de que fuera expedida la Constitución de 19912.

Los fallos que en ejercicio del control constitucional profiera la Corte Constitucional son, como se anotó, integrales. Por tanto, al momento de confrontar la norma revisada con la preceptiva constitucional, la Corte analiza todos y cada uno de los artículos del proyecto de ley estatutaria a la luz de todos y cada uno de los artículos del estatuto superior. En este sentido, los artículos que la Corte encuentre exequibles es porque son conformes con la totalidad del ordenamiento constitucional. Los que encuentre inexequibles son retirados del ordenamiento jurídico. Por tanto, una vez sancionado el proyecto y convertido en ley de la República, éste goza ya de un juicio de constitucionalidad favorable, constatado por medio de una sentencia. No sobra agregar que en sentencia de 9 de mayo de 1916 dijo la Corte suprema de Justicia que, tratándose de las objeciones presidenciales a una 2 Esta jurisprudencia ha sido reiterada profusamente por la Corte, entre otras en las recientes sentencias C-295 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-162 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-155 de 2005 (M.P. Manuel José cepeda Espinosa) y C-523 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 7 Concepto 5314 ley, declarada la exequibilidad, no podía después, por vía de la acción demandarse la ley porque desconocería la autoridad de cosa juzgada. En esa época no existía norma que estableciera la cosa juzgada constitucional hoy expresamente consagrada en el artículo 243 de la Constitución Política.

Ahora bien, las sentencias que la Corte Constitucional profiera en ejercicio del control que nos ocupa. “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, según el artículo 243 antes citado. En consecuencia, una ley estatutaria no sólo goza de constitucionalidad integral desde el inicio de su vigencia, sino que la sentencia que así lo constató goza de la fuerza de la cosa juzgada constitucional. Distinto sería, sin embargo, observa la Corte, el caso en el que el presunto vicio de inconstitucionalidad surja con posterioridad al control previo que ella realizó, evento en el cual ciertamente procede el control de constitucionalidad mediante acción ciudadana, de conformidad con el artículo 241 numeral 4° y 242 numeral 1°. Vale la pena destacar que la Cámara de Representantes, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 5ª de 1992, convocó a una audiencia pública para estudiar el proyecto de ley estatutaria presentado por el Gobierno Nacional. Esta audiencia se realizó el 14 de abril de 2011, con la asistencia de los representantes a la Cámara BERNER ZAMBRANO, CARLOS HERNANDEZ, CARLOS E. OSORIO CAMILO ABRIL, ALFONSO PRADA, HUGO VASQUEZ, VICTORIA VARGAS, GUILLERMO RIVERA, GERMAN NAVAS, HUMPREY ROA e IVAN CEPEDA, de juristas, algunos ciudadanos y de representantes de algunos colectivos de abogados.

3. Análisis del proceso de formación del proyecto de ley estatutaria.

El control de constitucionalidad del proceso de formación de los proyectos

de ley estatutaria, exige revisar el trámite de los mismos a la luz de los principios y reglas que regulan la actividad legislativa. El artículo 157 Superior establece que las leyes, tanto estatutarias como ordinarias, requieren en su trámite que se publique el proyecto antes de someterlo a debate en la comisión respectiva; que se apruebe el proyecto en las comisiones de las cámaras, lo que puede hacerse en sesión conjunta; que se apruebe en segundo debate en cada cámara; que el Gobierno sancione el proyecto, lo cual ocurre, en el caso de los proyectos de leyes 8 Concepto 5314 estatutarias, luego de que se haya realizado el control de constitucionalidad. Antes de cada debate el proyecto debe ser anunciado, conforme a lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003. Los artículos 158 y siguientes de la Constitución, establecen otras previsiones, como las relativas a que el proyecto debe referirse a una misma materia; a que los términos establecidos deben transcurrir entre los debates en las comisiones y en las plenarias, así como el lapso que debe mediar entre el traslado de una cámara a la otra; y a que el trámite de urgencia, si lo hubiere, siga las reglas fijadas. Para el caso particular de los proyectos de leyes estatutarias, el artículo 153 Superior dispone dos requisitos adicionales: su aprobación por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, y su trámite en una sola legislatura. El proyecto de ley estatutaria que se revisa, cuyo título es: “por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los

organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, fue presentado por el Gobierno Nacional a través del Ministro de Defensa RODRIGO RIVERA SALAZAR, conjuntamente con el Senador JUAN MANUEL GALAN, a consideración de la Cámara de Representantes el 28 de marzo de 2011. Se radicó en esta cámara como el número 195 de 2011 y su estudio correspondió a la Comisión Primera Constitucional. El proyecto y su exposición de motivos se publicaron en la Gaceta del Congreso 121 de 2011. La ponencia para primer debate en la comisión fue elaborada por un grupo de representantes, coordinado por Oscar Fernando Bravo y Carlos Eduardo Hernández, del cual hicieron parte Alfonso Prada Gil, Miguel Gómez Martínez, Hugo Velásquez, Germán Navas Talero, Victoria Eugenia Vargas, Juan Carlos Salazar, Gustavo Hernán Puentes y Germán Varón. 9 Concepto 5314 El texto de la ponencia y el pliego de modificaciones introducido por los ponentes, se publicaron en la Gaceta del Congreso 196 de 2011. Del anuncio previo para la respectiva votación del proyecto en la comisión, da cuenta el Acta 55, que contiene el desarrollo de la sesión llevada a cabo el 25 de abril de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 264 de 2011. Según aparece en la Gaceta 570 de 2011, la comisión estudió y votó algunos artículos del proyecto de ley estatutaria. Consta en la certificación del Secretario de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, del 7 de septiembre de 2011, que la ponencia fue votada, en dos bloques del

articulado, el día 26 de abril de 2011, con las mayorías exigidas en la Constitución y la ley. El texto del proyecto aprobado en primer debate y el informe de ponencia para segundo debate, en la Plenaria de la Cámara de Representantes con su respectivo pliego de modificaciones, se publican en la Gaceta del Congreso 233 de 2011. El anuncio previo para la votación del proyecto, según consta en las Gacetas del Congreso 523 y 539 de 2011, se hizo en las sesiones ordinarias del 4 y 10 de mayo de 2011. La plenaria estudió y votó el proyecto los días 10 y 11 de mayo de 2011, según consta en el Acta 60. Los artículos del proyecto y sus modificaciones fueron aprobados en la forma que se detalla en la Gaceta del Congreso 582 de 2011. Según certificación S.G.2. 2500/2011, expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado por la mayoría reglamentaria. El texto definitivo del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes aparece en la Gaceta del Congreso 286 de 2010. Sobre el trámite en el Senado de la República, el Secretario de la Comisión Primera, en certificación del 9 de septiembre de 2011, manifiesta que los 10 Concepto 5314 artículos del proyecto se votaron y aprobaron en tres bloques con las mayorías requeridas. Los Senadores Juan Manuel Galán, Luis Carlos Avellaneda, Hemel Hurtado, Jorge Eduardo Londoño y Juan Carlos Vélez actuaron como ponentes bajo la coordinación del Senador Eduardo Enríquez Maya en el

trámite previo al primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República. Esta ponencia y su pliego de modificaciones se publican en la Gaceta del Congreso 310 de 2011. El anuncio para votación del proyecto aparece en el Acta 56, que da cuenta de la sesión ordinaria del 25 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 491 de

2011. El proyecto fue debatido y aprobado en las sesiones del 31 de mayo y 1° de junio de 2011 en tres bloques, uno aprobado por 12 votos y los otros dos por 10 votos, según consta en la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República. De la votación dan cuenta las actas 57 y 58 que se publican en las Gacetas del Congreso 491 y 492 de 2011.

El informe de ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, con algunas correcciones de estilo y concordancia se publica en la Gaceta del congreso 394 de 2011. La ponencia fue presentada por los senadores Eduardo Enríquez Maya y Guillermo León Giraldo Gil bajo la coordinación del senador Juan Manuel Galán. Una vez debatido, el proyecto fue anunciado para su votación en la sesión del 8 de junio de 2011, cuya acta fue publicada en la Gaceta del Congreso 485 de 2011. El texto del proyecto fue aprobado por 57 senadores, bajo el sistema de votación nominal en la sesión 14 de junio de 2011, según Acta 61, publicada en la Gaceta del Congreso 486 de 2011. Del anuncio y forma en que fue votado el proyecto obra constancia expedida por el Secretario

General del Senado de la República en septiembre 6 de 2011, en la que informa a la Corte acerca del cumplimiento de lo dispuesto en la 11 Concepto 5314 Constitución Política sobre el anuncio previo y votación por mayoría absoluta. El texto definitivo aprobado por la plenaria se publica en la Gaceta del Congreso 456 de 2011. Al existir discrepancias entre lo aprobado por una y otra cámara, fue menester integrar una comisión de conciliación de la que hicieron parte el Senador Juan Manuel Galán y el Representante Fernando Bravo Realphe. El informe de conciliación se presentó a los presidentes de ambas cámaras el 14 de junio de 2011, junto con las aclaraciones y precisiones a los textos aprobados en las respectivas plenarias y en la comisión de conciliación. El texto unificado del proyecto se publica en la Gaceta 423 de 2011. El texto que acoge la comisión, según aparece en las Gaceta del Congreso 422 de 2011, es el aprobado por el Senado de la República. La discusión del texto conciliado y su aprobación se surtió en la sesión del 15 de junio de 2011, según consta en el Acta 62. El proyecto fue aprobado por 59 miembros del Senado de la República, de los 64 miembros que se encontraban presentes al momento de la votación, a través del sistema de votación nominal. La votación con las mayorías reglamentarias, consta en la Gaceta del Congreso 487 de 2011, hecho que es corroborado por la constancia expedida por el Secretario General del Senado fechada el 6 de

septiembre de 2011. No obstante, en el material probatorio que aparece en el expediente, no aparece información relativa al anuncio a la plenaria del Senado para la votación del proyecto conciliado, conforme lo exige el artículo 8° del Acto Legislativo 1 de 2003, modificatorio del artículo 160 de la Constitución Política. Frente a esta circunstancia, el Ministerio Público solicita a la Corte que decrete las pruebas necesarias para establecer lo ocurrido con dicho anuncio. 12 Concepto 5314 Respecto del anuncio y votación del proyecto conciliado en la Cámara de Representantes, obra certificación S.G.2. 2500-11 suscrita por el Secretario General de la Corporación en la cual se lee: El anuncio de aprobación del informe de conciliación del Proyecto de Ley Estatutaria de la referencia consta en el acta No. 72 del 15 de junio de

2011. Esta acta no ha sido publicada en la Gaceta del Congreso debido a que se encuentra en estado de elaboración en la sección de relatoría de esta Corporación, una vez se publicado estaremos remitiendo un ejemplar para su conocimiento.

Que en sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 16 de junio de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y cinco (155)

H. Representantes, fue considerado y aprobado por mayoría absoluta el informe de conciliación del Proyecto de Ley Estatutaria No. 195 de 2011

Cámara, 263 de 2011 Senado “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDEN

NORMAS PARA FORTALECER EL MARCO JURÍDICO QUE PERMITE A LOS

ORGANISMOS QUE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y

CONTRAINTELIGENCIA CUMPLIR CON SU MISIÓN CONSTITUCIONAL Y

LEGAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

La votación del Proyecto de Ley de la referencia se desarrolló de la siguiente manera: Por el SI: 97 votos, por el NO: 4 votos. Lo anterior consta en el Acta de sesión plenaria No. 73. Esta acta no ha sido publicada en la Gaceta del congreso debido a que se encuentra en estado de elaboración en la sección de relatoría de esta Corporación, una vez se publique se remitirá un ejemplar para su conocimiento. Esta certificación, en la que apenas se alude a la elaboración de unas actas que todavía no se han confeccionado y, por lo mismo, no se han publicado, es insuficiente para verificar si se cumple o no con el requisito de la mayoría calificada para aprobar el proyecto. Al no poder verificar este requisito, por no existir todavía el documento idóneo para hacerlo, el Ministerio Público solicita a la Corte que decrete las pruebas necesarias para establecer lo ocurrido. Luego de revisar los cuatro debates en las cámaras, s