PGN - ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO - Marco normativo

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO - Marco normativo
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO-Procedía la deducción en el impuesto a la renta pues no se requería la factura IMPUESTO A LA RENTA-La deducción del artículo 158-3 del Estatuto Tributario es especial y no requiere la factura/IMPUESTO A LA RENTADeducción por compra de activos fijos reales productivos Lo anterior por cuanto la deducción del artículo 158-3 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1766 de 2004, es especial y las normas mencionadas, dentro de sus requisitos para la procedencia de la deducción, no exigen la existencia de una factura. El Consejo de Estado, en sentencia de 23 de marzo de 2006, al estudiar la legalidad del artículo 2 del Decreto 1766 de 2004, consignó:… ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO-Requisitos que debe cumplir quien pretenda hacer valer esta deducción De la misma manera, los requisitos que debe cumplir quien pretenda hacer valer esta deducción, son los consagrados en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario y su Decreto Reglamentario 1766 de 2004 y no, como lo pretende la entidad demandada, que la única forma de probar la inversión efectiva es con la factura de venta en los términos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, la cual es una norma general para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO-Marco normativo El artículo 158-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 68 de la Ley 863 de 2003, establece: …

…Este artículo otorga la posibilidad, a los contribuyentes de renta, de deducir al 30% de las inversiones que efectivamente realicen en activos fijos reales productivos. A su vez, el artículo 1° del Decreto 1766 del 2004, reglamentario de la anterior norma, señala: … …Así mismo, en el artículo 2°, el Decreto 1766 de 2004, definió el activo fijo real productivo como los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio y participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, y que se deprecian o amortizan fiscalmente. La Administración no ha desvirtuado la realidad de la inversión realizada en la adquisición de activos fijos reales productivos (tren de laminación) …es más la reconoce pero la rechaza por no existir factura sobre dicha venta. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5 87 87 50 ext. 11931 www.procuraduria.gov.co Expediente 22650 2 IMPUESTO A LA RENTA-Las deducciones por gastos deben cumplir los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario 3.- En lo relacionado con los gastos rechazados por un valor de $25’421.000, son de recibo los reparos de la entidad demandada, por cuanto para que dichos gastos por concepto de aportes al Comité Cívico Barrio Colombia y cuotas de sostenimiento al Club el Nogal, sean reconocidos fiscalmente, se requiere que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir que deben ser

expensas necesarias, realizadas en el desarrollo de actividad productora de renta y que tenga relación de causalidad con dichas actividades y proporcionadas con cada actividad. Como el cumplimiento de los anteriores requisitos no se encuentra probado en el expediente, no procede su aceptación. Al respecto, en sentencia de 12 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado ha reiterado su posición, en los siguientes términos:… Expediente 22650 3 Concepto 223 2017-715185 Bogotá D.C., 14 de agosto de 2017 Señores

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Doctor HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS Referencia: 15001233100020070074801

Radicado: 22650

Asunto: Impuesto de renta

Actor: GRUPO SIDERURGICO DIACO S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005, expedida por el Procurador General de la Nación, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto, en el asunto de la referencia, dentro del trámite de la segunda instancia. ANTECEDENTES 1.- El 15 de abril de 2005, la sociedad DIACO S.A., presentó la declaración del impuesto de renta del año gravable 2004.

2.- El 13 de diciembre de 2005, la División de Fiscalización Tributaria de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, profirió el Requerimiento Especial 900004, el cual fue respondido por la sociedad. 3.- El 23 de agosto de 2006, la División de Liquidación de la DIAN - Tunja, profirió la Liquidación Oficial de Revisión 200642006000031, mediante la cual modificó la declaración de renta presentada por DIACO S.A., por el año Expediente 22650 4 gravable 2004, reduciendo el saldo a favor de $11.676’362.000 a $1.619’049.000. 4.- La liquidación oficial fue objeto de recurso de reconsideración, resuelto mediante la Resolución 200012007000001 del 17 de julio de 2007, por la cual la Administración aceptó parcialmente los argumentos planteados en el recurso, reduciéndose el saldo a favor de $11.676’362.000 a $10.842’687.000. 5.- La sociedad DIACO S.A., mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 200642006000031 de 23 de agosto de 2006 y de la Resolución 20012007000001 de 17 de julio de 2007. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la sociedad que se declarara la firmeza de la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año 2004. Invocó como normas violadas, el Decreto 1766 de 2004 y los artículos 158-3, 771-2 y 107 del Estatuto Tributario.

6.- El Tribunal Administrativo de Boyacá, profirió sentencia el 30 de marzo de 2016, con la cual declaró la nulidad de los actos demandados y la firmeza de la declaración privada presentada por la sociedad DIACO S.A., por el año gravable 2004, previas las siguientes consideraciones: 6.1.- Después de hacer una breve reseña histórica sobre el beneficio de la deducción especial por inversión en activos fijos, contemplado en el artículo 158-3 del E.T, reglamentado por el Decreto 1766 de 2004, concluyó que el propósito del legislador al establecer la deducción, fue la adquisición de bienes tangibles que participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta. Expediente 22650 5 El artículo 771-2 del E.T., es una regla general, que en concordancia con el artículo 615 Ibídem, está dirigida a todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera. Entonces, la venta de un activo fijo debe ser facturada en la medida en que el vendedor del activo esté obligado a ello, al tenor del artículo 615 del E.T. Solo quienes se dediquen a la venta habitual de bienes, son los que están obligados a expedir factura de venta o documento equivalente; pero si vende de manera ocasional sus bienes no lo obliga a expedir factura. Los artículos 616-2 del E.T., 2 del Decreto 1001 de 1997 y 6 del Decreto 3050 de 1997 dentro de las excepciones a la regla general establecen las

“enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos para el enajenante o arrendador no comerciante” DIACO S.A., tiene por objeto la producción, transformación, comercialización y venta de hierro, acero, bronce y aluminio a partir de chatarra o minerales que le permiten obtener estos productos. En ese sentido, de acuerdo al inventario físico de maquinaria y equipo que LAMINACIONES MUZA (liquidada) le vendió a la sociedad (Fls. 160-198), se tiene que tales bienes son reales y se integran al patrimonio de DIACO, participando en el proceso productivo de dicha sociedad (transformación y venta de hierro, aluminio o cualquier otra aleación). Los bienes fueron enajenados por fuera del giro ordinario del negocio de la empresa liquidada y los bienes son tangibles y utilizables en la actividad productora de renta del contribuyente DIACO S.A. El artículo 158-3 y su decreto reglamentario, no establecieron una tarifa legal probatoria para la procedencia del descuento especial por inversión en activos fijos. Expediente 22650 6 El artículo 771-2 del Estatuto Tributario, consagra la regla general para la procedencia de costos y deducciones, exigiendo la expedición de la factura o documento equivalente. No obstante, existen casos excepcionales señalados por la ley, en los que el vendedor no se encuentra en la obligación de expedir factura, lo que ocurre cuando el vendedor persona natural o jurídica, en calidad de no comerciante, vende bienes que constituyen para él activos fijos. El artículo 615 del E.T., señala que los únicos obligados a expedir factura con

las personas que tengan la calidad de comerciantes; es decir, quienes vendan bienes dentro del giro ordinario de sus negocios, más no las personas que lo hagan de manera ocasional, como en el presenta cado que la venta de su planta industrial, obedeció a la liquidación de la sociedad Laminaciones Muza. La sociedad actora, aportó copia de la oferta mercantil irrevocable de venta de activos formulada por Laminaciones Muza Ltda., a la sociedad DIACO; copia del acta de entrega de los activos fijos ofrecidos junto con el acta de verificación de funcionamiento de los mismos y el certificado del revisor fiscal de Laminaciones Muza, consistente en la venta de los mismos por valor de $6.850’000.000 (Fls. 145 – 204); estos documentos son soportes de orden interno que junto con las notas de contabilidad gozan de credibilidad. Así las cosas, los anteriores documentos constituyen plena prueba de la operación de inversión en activos fijos productivos realizada por la sociedad DIACO S.A., por lo cual prospera la deducción del 30% del mencionado valor. El Consejo de Estado1, sobre la no obligación de expedir factura o documento equivalente, sostuvo: “De acuerdo con los artículos 616-2 ibídem, 2 del Decreto 1001 de 1997 y 6 del Decreto 3050 de 1997, no se requiere la expedición de 1 Sentencia de 23 de septiembre de 2010, radicado 16739 Expediente 22650 7 factura o documentos equivalente en los siguientes casos: […]; enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos para el enajenante o arrendador no comerciante; […]”

Por lo anterior, la venta de activos fijos que realizó la sociedad Laminaciones Muza Ltda., lo hizo por fuera del giro normal de sus negocios, por lo cual se entiende que, para ese momento, dicha persona jurídica no actuó como comerciante. Los requisitos en este caso serían los establecidos por el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997, para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables por operaciones realizadas con no obligados a facturar. 6.2.- De acuerdo con su objeto social, DIACO S.A. se dedica a la producción, transformación, comercialización, venta y transporte de materia prima, así como de los productos finales relacionados con hierros, aceros y otros minerales, es decir, se encarga de realizar todo el proceso que tiene que ver con la empresa siderúrgica y metalúrgica. En lo que tiene que ver con el pago al Club El Nogal (cuotas de sostenimiento) por $23’860.075, la Sala considera que dicho gasto tiene relación de causalidad, como quiera que razonablemente y por costumbre constituye una práctica empresarial que los directivos se reúnan en espacios adecuados para la realización de actividades empresariales. Además, son proporcionales, atendiendo los ingresos reportados por la compañía. En cuanto al pago por aportes al Comité Cívico Barrio Colombia, por valor de $1’560.000, le fue aceptado por la Administración, según se desprende de la Resolución 200012007000001 de 17 de julio de 2007 (Fls. 54-69). 7.- La Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra

la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes puntos: Expediente 22650 8 7.1.- El a quo no realizó pronunciamiento sobre cada una de las partidas que fueron rechazadas por la DIAN, calificadas como deducibles y que son objeto de esta demanda; siendo cinco, sólo de pronunció sobre dos. Sin embargo, accedió a todas las pretensiones. 7.2.- La inversión en activos fijos, no cuenta con el soporte documental adecuado que le permita acceder a la deducción del 30% de la inversión efectivamente realizada. La Resolución 200012007000001 del 17 de julio de 2007, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración, rechazó la suma de $2.055’000.000, por concepto de maquinaria y equipo; $82’974.103, por concepto de maquinaria de chatarrización y $1’996.652, por concepto de una factura por valor diferente, para un total rechazado de $2.139’970.000. .- Respecto al valor de $2.055.000.000, correspondiente al 30% del valor de maquinaria y equipo, adquirido a la empresa LAMINACIONES MUZU LTDA., el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1766 de 2004, exige requisitos para acceder a la deducción, entre los que se encuentra que debe ser una inversión efectiva en activos fijos reales productivos adquiridos. La inversión efectiva se prueba con la factura de venta, pues existe obligación legal de expedir la misma (art. 771-2 del E.T.).

El Tribunal, sustenta su fallo en el artículo 616-2 del E.T., que nada refiere sobre la venta de activos fijos, por parte de personas jurídicas de la calidad que ostenta el proveedor LAMINACIONES MUZA LTDA. Tampoco se refiere a esta venta, el artículo 2 del Decreto 1001 de 1997. Expediente 22650 9 El artículo 6 del Decreto 3050 de 1997 (norma utilizada como sustento jurídico), según el cual, no existía la obligación de expedir factura o documento equivalente en las enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos, para el enajenante o arrendador, que tenga la calidad de no comerciante; fue derogado por el artículo 27 del Decreto Nacional 522 de 2003, es decir, para el año 2004, había desaparecido de la vía jurídica. En los términos del artículo 615 del E.T., LAMINACIONES MUZA LTDA., ostentaba la calidad de comerciante en el momento de enajenar los activos fijos, por lo que estaba en la obligación de expedir factura. Este documento no se acreditó en el expediente, entonces no es posible aceptar la deducción dispuesta en el artículo 158-3 del E.T., pues no se acreditó la inversión realizada en activos fijos productivos. .- Respecto al valor de $82’974.103 por concepto de maquinaria para chatarrización, correspondiente al 30% del valor de la maquinaria cancelado a CESAR ECHEVERRY, JAIME ORTIZ PELA, ELECTROMAS E.U y RAMON VEGA, rechazado, el Tribunal no se pronunció; sin embargo anuló totalmente

los actos acusados, vulnerando el debido proceso. .- En cuanto al valor de $1’996.652 por diferencia de valor en una factura y su registro, por activos fijos reales adquiridos a DISTRACOM Y CIA. LTDA., fue rechazado y el error reconocido y aceptado por la sociedad en la respuesta al requerimiento especial (Fl. 451), quien expresó que la diferencia en el valor de las facturas, se traduce en un 30% no deducible por valor de $1’995.652,2. 7.3.- En cuanto a los gastos rechazados por un total de $25’421.000, en ningún momento la DIAN aceptó la deducción por el pago al Comité Cívico Barrio Colombia por $1’560.000. Respecto a los gastos por sostenimiento al Club el Nogal, por $23’861.000, no tienen relación de causalidad con los resultados obtenidos por la sociedad, Expediente 22650 10 pues no está probado que sean para la actividad de la empresa y no es necesario realizarlos para producir renta, lo que lleva a calificarlo como suntuarios, innecesarios o superfluos, que se generan por la simple razón de ser socio del mismo.2 Entonces, estas cuotas de sostenimiento no son deducibles de acuerdo con el artículo 107 del E.T. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de estudio la legalidad de las Resoluciones 200642006000031 del 23 de agosto de 2006 y 20001200700001 del 17 de julio de 2007, por las cuales la DIAN – TUNJA modificó la declaración de renta presentada por la sociedad DIACO S.A., por el año gravable 2004.

En los términos del recurso de apelación, se debe establecer (i) si frente a todas las operaciones de inversión de activos fijos reales productivos, de las que se desprende la deducción glosada por la DIAN, prospera la nulidad declarada por el Tribunal de primera instancia y (ii) si los pagos realizados por la sociedad DIACO S.A., por concepto de aportes al Comité Cívico Barrio Colombia y cuotas de sostenimiento al Club el Nogal, son deducibles en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Precisado lo anterior, la Procuraduría Sexta Delegada procede a rendir concepto, previas las siguientes consideraciones: 1.- Observa esta agencia del Ministerio Público, que efectivamente el tribunal no hizo pronunciamiento alguno sobre la deducción por la inversión de maquinaria y equipo, comprada a CESAR ECHEVERRY, JAIME ORTIZ, ELECTROMAS 2 Sentencia Sección Cuarta del Consejo de Estado, Expediente 16800, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Expediente 22650 11 E.U y RAMON VEGA, la cual asciende a $82’974.103. Sin embargo, con ello no está violando el debido proceso de la entidad demandada, pues del texto de la demanda no se desprende ningún cargo tendiente a desvirtuar la glosa en esa partida. Igualmente, respecto de la partida por diferencia del valor de la factura y el valor registrado, por la cual se rechazó una deducción de $1’995.652, tampoco se pronunció la demandante y no es cierto que ese valor haya sido aceptado por la

Administración en la Resolución 200012007000001 de 17 de julio de 2007. Al contrario, esa glosa fue aceptada por la sociedad actora en la vía administrativa cuando al contestar el requerimiento especial (Fl. 451), expresó: “Respecto de las transacciones realizadas el tres de mayo de 2004 entre Distracom y Diaco, y que corresponden a las facturas CTO1830 y CTO1831, se acepta que las mismas fueron registradas por un valor diferente al del documento. Tal como se advierte en el requerimiento especial, esas dos facturas suman $69’000.000 y no $75’652.174, diferencia que se traduce en un 30% no deducible igual a $1’995.652,2”. Por lo tanto, prospera el cargo de la entidad apelante, contra la nulidad declarada por el Tribunal, frente al rechazo de la deducción por los valores de $82’974.103 y $1’995.652. Rechazo éste que se debe mantener. 2.- Respecto de la deducción de $2.055’000.000, correspondiente al 30% del valor del tren de laminación ($6.850’000.000), adquirido por la sociedad demandante a la sociedad LAMINACIONES MUZA LTDA., frente al cual formuló cargos la actora, este Despacho considera que los reparos de la entidad apelante, contra la sentencia de primera instancia, no están llamados a prosperar. Lo anterior por cuanto la deducción del artículo 158-3 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1766 de 2004, es especial y las normas Expediente 22650 12 mencionadas, dentro de sus requisitos para la procedencia de la deducción, no

exigen la existencia de una factura. El Consejo de Estado, en sentencia de 23 de marzo de 2006, al estudiar la legalidad del artículo 2 del Decreto 1766 de 2004, consignó: “[…]. Ahora bien, es claro que el 30% de la inversión realizada en activos fijos reales productivos, no es propiamente una "expensa necesaria", pues una cosa es que por disponerlo así el legislador, se de a la "inversión" el tratamiento de "deducción", con la finalidad de estimular al sector productivo; y otra distinta, que por tal circunstancia se cambie la naturaleza jurídica de la inversión. Así que, la deducción especial de que se trata, atiende para su procedencia, a los requisitos específicos previstos en la norma legal que la consagra y no a los que de manera general alude el artículo 107 del Estatuto Tributario, para los gastos deducibles que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta.”3(negrillas de la Delegada). De la misma manera, los requisitos que debe cumplir quien pretenda hacer valer esta deducción, son los consagrados en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario y su Decreto Reglamentario 1766 de 2004 y no, como lo pretende la entidad demandada, que la única forma de probar la inversión efectiva es con la factura de venta en los términos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, la cual es una norma general para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. El artículo 158-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 68 de la Ley 863 de

2003, establece: “Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1.La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo. 3 Expediente 15086, C.P. Dra. Ligia López Díaz Expediente 22650 13 El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”. (negrillas de la Delegada) Este artículo otorga la posibilidad, a los contribuyentes de renta, de deducir al 30% de las inversiones que efectivamente realicen en activos fijos reales productivos. A su vez, el artículo 1° del Decreto 1766 del 2004, reglamentario de la anterior norma, señala: “Deducción especial. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, podrán deducir en la determinación del Impuesto sobre la renta de los años gravables de 2004 a 2007, inclusive, por una sola vez en el período fiscal en el cual se adquiera, el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos que se efectúen entre el

1° de enero de 2004 y el 31 de diciembre del año 2007. Esta deducción igualmente procederá, cuando los activos fijos reales productivos se adquieran bajo el sistema leasing con opción irrevocable de compra.” (negrillas fuera de texto) Así mismo, en el artículo 2°, el Decreto 1766 de 2004, definió el activo fijo real productivo como los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio y participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, y que se deprecian o amortizan fiscalmente. La Administración no ha desvirtuado la realidad de la inversión realizada en la adquisición de activos fijos reales productivos (tren de laminación) que DIACO S.A. hizo a la sociedad LAMINACIONES MUZA LTDA., es más la reconoce pero la rechaza por no existir factura sobre dicha venta. Es así como en el texto de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial (Fls. 55 y s.s.), consignó la Administración: “[…], lo que se discute no es su existencia, sino el cumplimiento de requisitos para su aceptación, ya que el documento que presenta no sustituye la factura de venta, por lo que se rechaza la suma de $2.055’000.000.”. Expediente 22650 14 Por lo anterior, probada la inversión efectivamente realizada en la adquisición de activos fijos reales productivos, mediante las copias de la oferta mercantil, del acta de entrega, del acta de verificación de funcionamiento de los activos fijos reales productivos, el certificado del revisor fiscal de la sociedad vendedora

y las notas de contabilidad; procede la deducción, sin que sea requisito para ello la existencia de una factura en la que se consigne la venta de activos fijos, realizada por la sociedad LAMINACIONES MUZA LTDA. Entonces, no procede el cargo contra la sentencia del a quo. 3.- En lo relacionado con los gastos rechazados por un valor de $25’421.000, son de recibo los reparos de la entidad demandada, por cuanto para que dichos gastos por concepto de aportes al Comité Cívico Barrio Colombia y cuotas de sostenimiento al Club el Nogal, sean reconocidos fiscalmente, se requiere que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir que deben ser expensas necesarias, realizadas en el desarrollo de actividad productora de renta y que tenga relación de causalidad con dichas actividades y proporcionadas con cada actividad. Como el cumplimiento de los anteriores requisitos no se encuentra probado en el expediente, no procede su aceptación. Al respecto, en sentencia de 12 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado ha reiterado su posición, en los siguientes términos: “En cuanto a las cuotas de administración pagadas al Club Puerto Peñalisa, la Sala encuentra que no cumplen con los requisitos exigidos para que las erogaciones sean deducibles en el impuesto de renta. Si bien la sociedad afirma que esta erogación corresponde al pago de una casa ubicada en el club, utilizada para relaciones públicas, lo cierto es que en el expediente no se encuentra probada su injerencia en la productividad de la sociedad, ni que la expensa se hizo en cumplimiento de las Expediente 22650 15 obligaciones inherentes a la buena gestión empresarial, lo que demostraría

que es necesaria para la actividad productora de renta de la empresa. Al no encontrarse probado que la erogación reúne todos los presupuestos del artículo 107 del Estatuto Tributario, no procede la deducción por este concepto.” 4 En el presente asunto, al no encontrarse probados los requisitos exigidos por el artículo 107 del E.T., procede el cargo de la entidad apelante, frente al reconocimiento que de dichos gastos hizo la sentencia del a quo. Por todo lo expuesto, esta agencia del Ministerio Público, solicita a la Honorable Sala, revocar la sentencia de 30 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su defecto, declarar la nulidad parcial de los actos demandados, con relación al desconocimiento de la deducción por $2.055’000.000 equivalente al 30% de la inversión efectivamente realizada en activos fijos productivos, la cual procede al estar demostrado que realmente se hizo la inversión en el tren de laminación. De los Señores Consejeros,

MAURICIO MICHEL MOLANO CURREA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado

Proyecto: Clara Martínez

4 Expediente 19708, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

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