PGN - ACTOS ADMINISTRATIVOS - La presunción de legalidad que los cobija solo puede ser desvirtuada p

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra los actos administrativos proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, ordenó suspender el pago de la mesada pensional y excluir de la nómina de pensionados a la demandante ACTOS ADMINISTRATIVOS-La presunción de legalidad que los cobija solo puede ser desvirtuada por el juez competente En tal virtud, la presunción de legalidad que ostentan los actos administrativos tan sólo puede ser desvirtuada por el juez del acto, de suerte que la pérdida de vigencia por derogatoria no trae aparejado el juicio de validez del mismo ACTO ADMINISTRATIVO-Pérdida de ejecutoria según la jurisprudencia del Consejo de Estado ACTOS ADMINISTRATIVOS-Pérdida de ejecutoriedad según la normatividad vigente REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Carácter particular y concreto

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP Bogotá D.C., 25 de abril de 2022 Honorables Magistrados

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A

Consejero Ponente: Dr. Gabriel Valbuena Hernández Ciudad RADICADO 08001-23-33-000-2019-00433-01 (0503-2022)

DEMANDANTE Ruby Judith Bovea Torres DEMANDADO Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Social-UGPP ACCIÓN O MEDIO DE Nulidad y Restablecimiento del Derecho CONTROL CONTROVERSIA Procedencia revocatoria directa pensión Foncolpuertos En la condición de Ministerio Público en el proceso judicial de la referencia, y estando en la oportunidad procesal1, procede esta Procuraduría Delegada a rendir concepto2, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1.1. Pretensiones. La señora Ruby Judith Bovea Torres, a través de apoderado especial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que cursó en primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, mediante el cual formuló las siguientes pretensiones: 1 Conforme al numeral 3.º del artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021, y el auto de fecha 14 de marzo de 2022 2 De conformidad con el ordinal 7º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 23, 28 y 30 del Decreto Ley 262 de 2000 y los artículos 300 y 303 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde al Ministerio Público intervenir como sujeto procesal especial en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando sea necesario en defensa de los intereses generales, del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP -Que se declare la nulidad de las Resoluciones 1420 del 29 de septiembre de 2008, RDP-29977 del 26 de julio de 2017, RDP-036834 del 25 de septiembre de 2017 y RDP-037425 del 28 de septiembre de 2017, dejadas sin efectos por el Consejo de Estado, pero revocadas de manera unilateral por la UGPP. -Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a restablecer el pago de la pensión reconocida a la señora Ruby Judith Bovea Torres, en la misma cuantía desde el mes de septiembre de 2007. -Que se reconozcan y paguen la indexación y los reajustes de los saldos insolutos por concepto de mesadas pensionales dejadas de percibir, con sus respectivos incrementos. -Que se paguen los aportes al Sistema General Social en Salud, sobre las mesadas dejadas de percibir y que se normalicen todas las obligaciones derivadas. -Que se le paguen la indexación e intereses moratorios causados. -Que se condene en costas y agencias en derecho. 1.2. Sustento Fáctico. Según la demanda los hechos fueron descritos así:

• A la señora Ruby Judith Bovea Torres, Foncolpuertos le reconoció una pensión de jubilación mediante Resolución 795 del 19 de abril de 1995, efectiva a partir de 16 de septiembre de 1990, pensión que fue reliquidada con la Resolución No. 1586 del 31 de julio de 1996. - Foncolpuertos, a través de la Resolución No. 982 del 31 de agosto de 2007, GIT para la Gestión del Pasivo Pensional de Puertos de Colombia, ordenó suspender los efectos jurídicos y económicos de la Resolución 795 del 19 de abril de 1995 de manera unilateral, razón por la cual la señora Ruby Judith Bovea Torres interpuso acción de tutela para la protección de sus derechos al debido proceso, defensa e igualdad. - Mediante fallo del 14 de noviembre de 2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló los derechos de la demandante, decisión que fue apelada por lo que el Consejo de Estado en sentencia del 4 de marzo de 2009 ordenó el pago de las pensiones atrasadas suspendidas a la causante, ordenando a la Sra. Ruby Judith Bovea Torres interponer la correspondiente

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No.

982 del 31 de agosto de 2007. - La UGPP profirió la Resolución No. 1420 del 29 de septiembre de 2008 mediante la cual revocó la Resolución No. 795 de 1995 sin el consentimiento de la causante de la pensión. - El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 6 de febrero de 2013, declaró la nulidad de la Resolución 982 del 31 de agosto de 2007 proferida por el Ministerio de la Protección Social. - Después de muchas comunicaciones y peticiones por parte de la señora Ruby Judith Bovea solicitando el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, la UGPP a través de la Resolución No. RDP 29977 del 26 de julio de 2017 ordenó suspender el pago de la mesada pensional y excluir de la nómina de pensionados a la demandante aduciendo que dentro de la sentencia no se hizo mención a la Resolución No. 1420 del 20 de septiembre de 2008, la cual fue confirmada en todas sus partes por las Resoluciones RDP 036834 del 25 de septiembre de 2017 y RDP 037425 del 28 de septiembre de 2017. - El Consejo de Estado, en fallo del 23 de febrero de 2018, ordenó la protección de los derechos fundamentales de la Sra. Ruby Judith Bovea Torres dejando sin efectos las Resoluciones 1420 del 29 de septiembre de 2008, RDP 29977 del 26 de julio, RDP-036834 del 25 de septiembre de 2017 y RDP-037425 del 28 de septiembre de 2017, sentencia confirmada con

providencia del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sección Cuarta de la misma Alta Corporación, ordenando además a la actora a instaurar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos arriba citados. 1.3. Disposiciones señaladas como vulneradas y concepto de violación. En criterio de la parte demandante, se violaron las siguientes disposiciones: los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 2, 14, 28, 35, 66, 73, 74 del CCA; y el artículo 97 del CPACA. Como concepto de violación afirmó que los actos acusados fueron proferidos de manera ilegal, vulnerando de manera directa y flagrante los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social. Advirtió que «LA ADMINISTRACIÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE al momento de

REVOCAR UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE HA RECONOCIDO UN DERECHO

PARTICULAR, el cual NO PODRÁ SER REVOCADO SIN EL CONSENTIMIENTO

EXPRESO Y ESCRITO DEL TITULAR»

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP Señaló que de acuerdo con la jurisprudencia no era procedente la revocatoria

directa del acto administrativo sin la autorización del particular por cuanto la obtención del beneficio pensional no fue logrado de manera ilegal, esto por cuanto la demandante no se le demostró que el reconocimiento a la pensión lo haya conseguido valiéndose de actuaciones fraudulentas o sin el lleno de requisitos establecidos por la ley para acceder a esta. Afirmó que el no pago de las mesadas pensionales le ocasionó la afectación al mínimo vital y móvil, teniendo en cuenta que tenía compromisos educativos de sus hijos, créditos de vivienda, manutención, servicios públicos etc.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La UGPP se opuso a las pretensiones afirmando que los actos demandados se encuentran ajustados a derecho y que son producto de una actuación administrativa de revisión integral de la pensión de la demandante.

Propuso las siguientes excepciones: LA RESOLUCIÒN 1420 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 SE ENCUENTRA

DEBIDAMENTE AJUSTADA A DERECHO, POR CUANTO ES UNA ACTUACIÒN

ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EN LA LEY 797 DEL 2003 y CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ADEMÀS QUE SE DIO EN CUMPLIMIENTO DE UNA DECISIÒN JUDICIAL ACTUALMENTE EN FIRME. Señaló que en atención a una orden judicial de la Fiscalía General de la Nación que termino en sentencia judicial en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá se expidió la Resolución No. 1420 del 20 de septiembre de 2008 concluyendo que la señora Ruby Judith Bovea no

cumplía con los requisitos establecidos en la convención 1989-1990 para acceder a su pensión, por lo que se revocó la Resolución No. 795 del 19 de abril de 1995. INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA PENSIÒN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL Y/O LEGAL. Al no ser la demandante beneficiaria de la pensión, por tanto, no tiene derecho a la pensión de jubilación que recibe actualmente y que si bien los actos demandados se encuentran sin efectos por un fallo de tutela, asegura que en dicha providencia no se tuvo en cuenta que la Resolución No. 795 de 1995 ya había sido dejada sin efectos, por tanto impartió un orden judicial sobre un acto administrativo que no tenía efectos jurídicos. COBRO DE LO NO DEBIDO. Por cuanto no tiene derecho a la pensión, no hay nada que pagar o compensar. BUENA FE. Pues todas las actuaciones se han efectuado en cumplimiento de sentencias judiciales, obligando a reconocer pagos sin justa causa, ocasionando de esta manera un detrimento patrimonial al Sistema General de Pensiones, al pagar una pensión sin cumplimiento de los requisitos legales. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Página 5 de 17

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3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2019, se declaró impedido para hacer un pronunciamiento de fondo respecto de la Resolución No. 001420 de 29 de septiembre de 2008 por encontrarse incursa en el supuesto de hecho definido en el artículo 66 numeral 3 del CCA – pérdida de fuerza ejecutoria, y declaró la nulidad de la Resolución No. RDP 029977 de 26 de julio de 2017 “Por la cual se ordena suspender el pago de una mesada pensional de la Sr. (a) BOVEA TORRES RUBY JUDITH, con CC No. 32.635.063”; Resolución No. RDP 036834 de 25 de septiembre de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución RDP 029977 del 26 de julio de 2017 (…)”; y Resolución No. RDP 037425 de 28 de septiembre de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación contra la Resolución 29977 del 26 de julio de 2017”, ordenando restablecer el pago de la mesada pensional a la demandante con inclusión en nómina y el pago de aporte al sistema general de seguridad social. Explicó el Tribunal, «es dable establecer que los efectos de la Resolución 001420 de 29 de septiembre de 2008 se han mantenido suspendidos por más de cinco (5) años, por razones de inejecución imputables al grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia Área de Pensiones, toda vez que el término para que la administración lo ejecutara prescribió el 06 de diciembre de

2013. Por consiguiente, la UGPP perdió competencia para hacerlo cumplir, deviniendo el fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por virtud de la causal tercera del artículo 66 del CCA., lo que conlleva a que este Tribunal se declare inhibido para hacer un pronunciamiento de fondo en tanto a su legalidad, por lo que así habrá de declararse.» Anota que, las Resoluciones Nos. 001420 de 29 de septiembre de 2008; RDP 029977 de 26 de julio de 2017; RDP 036834 de 25 de septiembre de 2017; Y RDP 037425 de 28 de septiembre de 2017, a través de las cuales se ordenó la suspensión del pago de la mesada pensional fueron expedidas sin cumplir los preceptos legales, y violando el derecho al debido proceso de la actora, pues dicha suspensión se fundamentó en «en una decisión que había perdido fuerza ejecutoria, lo que le conllevó a su retiro de la nómina de pensionados, razones suficientes para declarar su nulidad».

4. RECURSO DE APELACIÓN La UGPP interpuso recurso de apelación con fundamento en que si bien la demandante percibe su pensión por la orden impartida en un fallo de tutela, es claro que «no cumplió con los requisitos para acceder la pensión proporcional

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP que le fue reconocida por Foncolpuertos mediante acto administrativo que fue dejado sin efectos por la justicia penal y cuyo reconocimiento pensional causó un grave detrimento patrimonial al Erario Público detrimento que se sigue materializando en el tiempo a raíz del fallo de tutela que ordenó la inclusión en nómina de la señora demandante.» Advierte que «la señora demandante percibe actualmente por fallo de tutela una mesada pensional con cargo al Sistema General de Pensiones, pagada por el FOPEP sin tener derecho a la pensión que le fue reconocida mediante la Resolución 795 de 1995, la cual ya había sido dejada sin efectos por la Fiscalía General de la Nación en la providencia del 6 de julio de 2007 y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá en el fallo del 30 de mayo de 2008, señalando que: “SEXTO. Declarar sin efectos los actos administrativos de los cuales se derivaron los pagos objeto de peculado, mismos que se precisa se encuentran en la lista del cuadro adjunto al acápite de los hechos”, evidenciándose dentro del listado en el Nro. de orden 194 pág. 11 y 94, la Resolución 795 del 19 de abril de 1995 la cual reconoció la pensión de la actora» Finalmente, concluye que «el proceder del Grupo Interno para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia entidad que tenía a su cargo el pasivo pensional de la liquidada Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos hoy asumido por

la UGPP, ha sido ajustado a derecho al igual que los actos administrativos expedidos por la Unidad se encuentran revestidos de legalidad en atención a que se expidieron con el fin de evitar que se continuara lesionando el patrimonio público todo dentro de la facultades y deber de la entidad de ser garante de estos recursos. Finalmente revisado el expediente y los argumentos planteados por la parte demandante se consta que no acreditó prueba alguna de que si tenía derecho a la pensión que le fue reconocida con base en la convención que le era aplicable vigente año 1989-1990, por el contrario está demostrado que no cumplió ni los 50 años de edad, como tampoco los 50 años de servicio exigidos en el mencionado acuerdo convencional, para acceder a una pensión de jubilación, no estando contemplado dentro de dicha convención pensiones proporcionales como la que le fue reconocida a la señora Ruby Bovea.»

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO El debate en segunda instancia, atendiendo los argumentos de la entidad apelante, se contrae a determinar si como lo aduce la UGPP, los actos enjuiciados en nulidad se ajustan al ordenamiento jurídico, esto es si existen fundamentos fácticos y jurídicos para la revocatoria directa y unilateral de la Resolución 795 del 19 de abril de 1995, con la cual se reconoció la pensión de jubilación convencional a la señora Ruby Judith Bovea Torres, como exfuncionaria de la empresa Puertos de Colombia, así como de los actos

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP subsecuentes con los cuales se dispuso su reliquidación, como procedió la UGPP con la Resolución 1420 del 29 de septiembre de 2008, expedida con sustento en el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión del 30 de mayo de 2008, sentencia penal condenatoria contra el entonces director del Foncolpuertos.

6. TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO Para el Ministerio Público el a quo debió pronunciarse respecto de la legalidad de la Resolución 1420 de 2008, en tanto se trata del acto administrativo que, en aplicación del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, concluyó la actuación administrativa de revisión integral de la pensión de jubilación convencional reconocida a la actora.

En ese contexto, se considera que la revocatoria de la Resolución 795 del 19 de abril de 1995, con la cual se reconoció la pensión de jubilación convencional a la señora Ruby Judith Bovea Torres, como exfuncionaria de la empresa Puertos de Colombia, así como de los actos subsecuentes con los cuales se dispuso su reliquidación, se ajustó a lo normado en la Ley 797 de 2003, tanto en sus presupuestos fácticos como jurídicos, así como en cuanto al procedimiento, toda vez que a la actora le fue reconocida y pagada una

pensión para la cual no cumplió con los presupuestos o requisitos necesarios.

7. RAZONES EN QUE SE APOYA LA TESIS EXPUESTA 7.1. Revocatoria directa. En el ordenamiento jurídico colombiano, los actos administrativos, cuando concurran causas legales, deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos establecidos en el artículo 93 de la Ley

1437 de 2011:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

El artículo 97 se refirió a la revocatoria de los actos de carácter particular, así: ARTÍCULO 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Página 8 de 17

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento

previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. Por otra parte, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 previó la revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente, así: Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes. La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 2003, al analizar la constitucionalidad de la anterior disposición, razonó así: Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria

establecida en el artículo 19 de la ley 797 de 2003 tiene que cumplir satisfactoriamente con la ritualidad prevista en el Código Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al respecto rijan. Vale decir, con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo por el cual se declara la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las normas de carácter especial que deban privilegiarse al tenor del artículo 1 del mismo estatuto contencioso. Pero en todo caso, salvaguardando el debido proceso. Igualmente, mientras se adelanta el correspondiente Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Página 9 de 17

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP procedimiento administrativo se le debe continuar pagando al titular –o a los causahabientesde la pensión o prestación económica las mesadas o sumas que se causen, esto es, sin solución de continuidad. Y como respecto del titular obra la presunción de inocencia, le corresponde a la Administración allegar los medios de convicción que acrediten la irregularidad del acto que se cuestiona. Es decir, la carga de la prueba

corre a cargo de la Administración. Por lo tanto, los motivos que dan lugar a la hipótesis revocatoria del artículo 19 no pueden entenderse de manera indeterminada, aislada, ni al margen del debido proceso. Antes bien, la manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas como de los medios utilizados para acceder a la prestación económica que se cuestione, debe probarse plenamente en el procedimiento administrativo que contemplan las prenotadas disposiciones, para lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y por supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los términos preclusivos con que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada etapa o lapso procedimental. Así, la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que es, deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron al convencimiento del funcionario competente para resolver. En conclusión, entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos mandatos constitucionales y legales, particularmente, con el debido proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público. Recordando además que, en materia de supresión de actos administrativos, no es lo

mismo cuando interviene un funcionario administrativo que cuando interviene el juez; y que, en todo caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que reconoce una pensión o prestación económica sólo puede declararse cuando ha mediado un delito. Respecto a la revocatoria de actos administrativos de carácter prestacional señaló el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, del 20 de enero de 2011, Rad 25000-23-15-000-2010-03304-01(Ac): …respecto de actos administrativos de carácter prestacional, existe norma especial que regula las causales para su revocatoria directa sin el consentimiento expreso del titular de los derechos contenidos en aquellos, a saber las contenidas en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, según el cual corresponde a las Instituciones de Seguridad Social, o a quienes tengan a su cargo el pago de prestaciones Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Página 10 de 17

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP económicas, verificar de oficio cumplimiento de los requisitos necesarios para consolidar el derecho, así como la legalidad de los documentos que sirvieron para acreditarlos, cuando existan motivos que permitan

inferir que el reconocimiento de la prestación económica periódica fue indebido; disposición que en el presente caso debe aplicarse de preferencia, pues ha sido el legislador quien ha considerado que para este tipo especial de actos administrativos de contenido particular y concreto, por su naturaleza estrechamente relacionada con el derecho al trabajo, deben existir normas especiales de mayor rigurosidad cuando de sus revocatoria directa se trate. En este orden de ideas, con la expedición de la Ley 797 de 2003 (artículo 19), los responsables del pago de prestaciones económicas, deben verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la prestación periódica a cargo del tesoro público. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo, aún sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes para las investigaciones pertinentes. Por su parte en la sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional estableció que tal facultad otorgada a la Administración, es perfectamente válida en aras de proteger la objetividad, transparencia, moralidad y eficacia que la función administrativa requiere en orden al correcto reconocimiento y pago de las pensiones u otras prestaciones económicas propias del régimen de seguridad social, no obstante, determinó que tal atribución solamente puede ejercerse una sola vez, en respeto al "non bis in ídem", y durante su desarrollo debe respetarse celosamente el debido proceso administrativo, es decir, que se citen las

personas que puedan estar interesadas en las resultas de la actuación administrativa, con el objeto de que puedan expresar sus opiniones, presentar pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra y en general, para defender sus derechos subjetivos. Sobre este aspecto en particular la Corte Constitucional, expresó: "Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria establecida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 tiene que cumplir satisfactoriamente con la ritualidad prevista en el Código Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al respecto rijan. Vale decir, con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo por el cual se declara la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo (…), para lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Página 11 de 17

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Ruby Judith Bovea Torres Vs UGPP acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba,

de la publicidad y de la contradicción (…)". Así las cosas, mientras se adelanta el referido procedimiento administrativo, la Corte Constitucional dejó en claro que al titular de la pensión, se le debe continuar pagando, sin solución de continuidad, las mesadas o sumas que se caus