PGN - Concepto D-17651 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto D-17651 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Bogotá, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Ciudad

Expediente: D-17651

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de los artículos 60 y 61 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”

Concepto No.: 7641

De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir el concepto de rigor en relación con la demanda presentada ante esa Corporación, en contra de los artículos 60 y 61 de la Ley 2195 de 2022.

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Fabián Ricardo Fonseca Pacheco presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 60 y 61 de la Ley 2195 de 2022, las cuales se transcriben a continuación: “Artículo 60. Adiciónese el artículo 344 a la Ley 472 de 1998, el cual quedará así: Artículo 34A.Sentencia en los casos de corrupción. En los casos en que la amenaza o vulneración al derecho colectivo hayan sido producto de un acto de corrupción que causare un daño al patrimonio público, el juez en la sentencia deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, una multa al responsable de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales

de corrupción que causare un daño al patrimonio público, el juez en la sentencia deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, una multa al responsable de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. Artículo 61. Adiciónese un parágrafo al artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en tos medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el dafio haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coS&S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción”. Mediante Auto del 3 de agosto de 2026, el magistrado sustanciador inadmitió la

deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción”. Mediante Auto del 3 de agosto de 2026, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda. Consideró que, aunque el accionante alegó la vulneración del debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales, sustentó sus reproches en lo que el legislador omitió al regular la mutta prevista en las normas demandadas. Por etlo, en esa providencia se sostuvo que no era claro si el cargo correspondía a una omisión legislativa relativa o a una vulneración directa de los preceptos acusados frente a las normas superiores invocadas, lo que impedía tener por acreditados los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. El 11 de agosto de 2026, el demandante presentó escrito de corrección en el que precisó que el cargo se formulaba por omisión legislativa relativa, bajo la modalidad de regulación procesal deficiente contraria al artículo 29 de la Constitución. Según el demandante, el Legislador reguló una multa judicial de naturaleza sancionatoria sin establecer, como condición necesaria para su imposición, que la posible multa, el acto de corrupción que la fundamenta, la conducta atribuida y los criterios de graduación hubieran sido comunicados al posible destinatario e incorporados al debate procesal antes de la sentencia, con oportunidad efectiva de defensa, prueba y contradicción. A su juicio, ni la Ley 472 de 1998, ni la Ley 1437 de 2011, ni et Código General del Proceso —aplicable de forma supletoria— ofrecen una solución obligatoria, uniforme y concreta a esa omisión, lo que genera un déficit de

2011, ni et Código General del Proceso —aplicable de forma supletoria— ofrecen una solución obligatoria, uniforme y concreta a esa omisión, lo que genera un déficit de protección frente al artícuto 29 superior, sin que dicha garantía dependa de soluciones interpretativas variables según el criterio de cada juez. El magistrado sustanciador, mediante Auto del 26 de agosto de 2026, admitió la demanda de inconstitucionalidad por omisión tegislativa relativa. En el mismo auto admisorio, se ordenó correr traslado al Procurador Generat de la Nación para que rinda concepto en los términos del artículo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991. Esto último, se surtió mediante Oficio No. 331 del 7 de septiembre de 2026.

H. COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 60 y 61 de la Ley 2195 de 2022, en tanto se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un texto normativo que hace parte de una ley de ta República.

II. CUESTIÓN PREVIA -MANIFESTACIÓN DE TRANSPARENCIA Teniendo en cuenta que el artículo 278 del texto Superior me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario reatizar la presente manifestación de transparencia, pues pese a que no me encuentro formalmente en una causal de impedimento, en mi otrora calidad de secretario ! Previa inadmisión en auto del 3 de agosto de 2026.

Carrera 5 # 15-80, Bogota D.C | PBX: (601) 5878750 |

formalmente en una causal de impedimento, en mi otrora calidad de secretario ! Previa inadmisión en auto del 3 de agosto de 2026. Carrera 5 # 15-80, Bogota D.C | PBX: (601) 5878750 | www. procuraduria.gov.co59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN general del Senado de la República, participé en el trámite de expedición de la Ley 2195 de 2022?. Si bien, en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ya ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma. En efecto, mediante Auto 452 de 2025 la Corte Constitucional estableció que, si bien en ese entonces participé en el proceso de formación de la norma objeto de control, en tanto ejercí las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, lo cierto es que dicha actuación no fue activa y determinante en el proceso de formación de la norma acusada, ni guardaba relación con el asunto que la Corte Constitucional debía resolver. En consecuencia, la Sala Plena concluyó que no se había demostrado alguna circunstancia que comprometiera mi independencia o imparciatidad para emitir concepto sobre la constitucionalidad de la norma. En esta ocasión, al revisar el contenido de la demanda D-17651 y del auto admisorio, no hay duda sobre la naturaleza del cargo propuesto. Se trata de planteamientos de fondo que, en principio, no tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República y, por tanto, estas últimas no guardan

no hay duda sobre la naturaleza del cargo propuesto. Se trata de planteamientos de fondo que, en principio, no tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República y, por tanto, estas últimas no guardan relación con la materia que le corresponde conocer a la Corte Constitucional. Finalmente, estimo pertinente aclarar que formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir a la Corte Constitucional que participé en la expedición de la norma, pero mis actuaciones no fueron activas ni determinantes y por tanto no comprometen mi independencia e imparcialidad. Así mismo, se pone de presente con el propósito de salvaguardar la celeridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia y evitar dilaciones en este proceso.

IV. PROBLEMA JURÍDICO En concordancia con el cargo admitido, el problema jurídico consiste en determinar si el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa que vulnera el derecho al debido proceso al establecer la imposición automática de una multa judicial de naturaleza materialmente sancionatoria, sin prever un procedimiento previo para su adopción que garantice al eventual destinatario conocer oportunamente la posible sanción, el acto de corrupción que la fundamenta, la conducta que se le atribuye y los criterios para su graduación, así como ejercer, antes de la sentencia, sus derechos de defensa, contradicción y prueba respecto de tales aspectos.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Procuraduría examinará (a) el margen de configuración del legistador en materia procesal y sus límites generales, así como (b) la figura de la omisión legislativa relativa.

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Procuraduría examinará (a) el margen de configuración del legistador en materia procesal y sus límites generales, así como (b) la figura de la omisión legislativa relativa. Posteriormente, (c) expondrá la posición del Ministerio Público respecto de la cuestión objeto de análisis.

A. El margen de configuración del Legislador en materia procesal ? Gacetas del Congreso: 1249 de 2020, 1589 de 2021, 1639 de 2021, 110 de 2022, 386 de 2022 y 574 de 2022

Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La Corte Constitucional ha sostenido de manera constante que el diseño de los procesos judiciales y disciplinarios corresponde al ámbito de configuración normativa del Legislador?. Esta competencia encuentra fundamento en la cláusula general de competencia prevista en el artículo 150 de ta Constitución Política, que faculta al Congreso para regular los procedimientos judiciales y administrativos y, dentro de ellos, aspectos relacionados con la competencia de las autoridades, las etapas procesales, los términos, el régimen probatorio, las cargas de las partes y los recursos procedentes. En materia sancionatoria, dicha potestad comprende no solo la definición de las conductas reprochables y de las sanciones aplicables, sino también la determinación de las reglas procesales mediante las cuales se hace efectiva la potestad sancionadora del Estado. No obstante, el Alto Tribunal ha advertido que dicha facultad no tiene carácter

la determinación de las reglas procesales mediante las cuales se hace efectiva la potestad sancionadora del Estado. No obstante, el Alto Tribunal ha advertido que dicha facultad no tiene carácter absoluto. Así, estableció que la validez constitucional de las normas procesales depende de que respeten las garantías fundamentales de la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, la buena fe y la prevalencia del interés general y del derecho sustancial, así como que respondan a criterios de razonabilidad y proporcionatidad®. De conformidad con lo anterior, las garantfas del debido proceso constituyen uno de los límites generales a la potestad de configuración normativa del Legislador. Según la Corte Constitucional, este derecho constituye un pilar esencial de las sociedades democráticas y se relaciona con el ejercicio de otros derechos, como el acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y la igualdad. Su dimensión material garantiza que toda persona pueda acudir ante los jueces competentes para obtener la protección de sus intereses, mediante mecanismos procesales específicos y obtener una decisión de fondo. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el debido proceso es un derecho fundamental y, al mismo tiempo, un límite al ejercicio del poder público. Esto, en tanto exige que toda actuación judicial o administrativa se ajuste a reglas previamente establecidas y respete garantías como la legalidad, el juez natural, la defensa y contradicción, la doble instancia, el derecho a ser oído, la publicidad y el acceso efectivo a la justicia”. Estas garantías son interdependientes y buscan evitar decisiones arbitrarias y asegurar que las autoridades adopten sus determinaciones con fundamento en hechos debidamente acreditados y conforme al ordenamiento jurídico?.

efectivo a la justicia”. Estas garantías son interdependientes y buscan evitar decisiones arbitrarias y asegurar que las autoridades adopten sus determinaciones con fundamento en hechos debidamente acreditados y conforme al ordenamiento jurídico?. En esos términos, el debido proceso desarrolla el principio de legalidad, pues constituye un límite al ejercicio del poder y una garantía frente a la arbitrariedad de las autoridades estatales. Estas no pueden actuar a su arbitrio, sino con sujeción a las reglas procedimentales y sustanciales previstas en la ley? En consecuencia, corresponde al Legislador definir las etapas de cada actuación, las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa, la interposición de los recursos y acciones 3 Corte Constitucional. Sentencia C-763 de 2009. 4 Ibid. $ Corte Constitucional. Sentencias C-680de 1998, C-1512 de 2000, C-763 de 2009 y C-030 de 2024. $ Corte Constitucional. Sentencias C-474 de 2023, C-227 de 2009, C-1195 de 2001, C-330 de 2000, SU-091 de 2000, C-353 de 2022, C-163 de 2019 y T-146 de 2022. ? Corte Constitucional. Sentencia C-034 de 2014. 8 ibid. Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019. Carrera 5 # 15-80, Bogota D.C | PBX: (601) 5878750 | www. procuraduria.gov.coS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA procedentes, así como el cumplimiento del principio de publicidad. A estas reglas deben sujetarse los jueces y funcionarios administrativos en ei ejercicio de sus competencias”.

www. procuraduria.gov.coS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA procedentes, así como el cumplimiento del principio de publicidad. A estas reglas deben sujetarse los jueces y funcionarios administrativos en ei ejercicio de sus competencias”. Tratándose de sanciones impuestas por el juez, la Corte ha precisado que el poder sancionador de la autoridad judicial no es absoluto y debe sujetarse al desarrollo previo de un proceso que garantice al presunto infractor el derecho de defensa"!. En ese sentido, ha exigido que, con anterioridad al acto que impone la sanción, el destinatario tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar su práctica!??. En lo que tiene que ver con el derecho a la defensa, se advierte que, de conformidad con los artículos 29 Superior y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías judiciales, dentro de un plazo razonable, y a disponer del tiempo y de los medios necesarios para preparar su defensa”?. Para la Corte Constitucional, este derecho implica que quienes se encuentren sometidos a un proceso judicial o administrativo puedan utilizar todos los medios legítimos y adecuados para proteger sus intereses. En este sentido, dicho derecho comprende: (i) la posibilidad de ser escuchados para exponer razones y argumentos frente a las pretensiones en su contra, (li) la facultad de aportar pruebas, solicitar su práctica y controvertir las que se alleguen en su contra, y (iii) a ejercer los recursos previstos en el ordenamiento juridico™. En relación con el derecho de contradicción, la jurisprudencia constitucional ha

práctica y controvertir las que se alleguen en su contra, y (iii) a ejercer los recursos previstos en el ordenamiento juridico™. En relación con el derecho de contradicción, la jurisprudencia constitucional ha señalado que esta garantía se vincula directamente con la necesidad de asegurar el debate probatorio. En ese contexto, comprende la facultad de presentar y solicitar pruebas, participar en su práctica, exponer argumentos y recurrir las decisiones desfavorables®, En conclusión, la facultad det Legislador para configurar los procesos judiciales e imponer sanciones, aunque amplia, no es ilimitada. El debido proceso opera como uno de sus límites, en cuanto garantía frente a la arbitrariedad y desarrollo del principio de legalidad, y exige que las actuaciones judiciales se sujeten a reglas previamente establecidas que aseguren la defensa, ta contradicción, la publicidad y el acceso efectivo a la justicia. Cuando la actuación tiene por objeto imponer una sanción, esas exigencias se proyectan con especial relevancia sobre el ejercicio del ius puniendi. La jurisprudencia constitucional ha señalado que no es suficiente que la ley describa la conducta y prevea la sanción, sino que debe indicar además el procedimiento aplicable, pues sin él no es posible garantizar el ejercicio pleno de la defensa ni controlar la validez de la decisión sancionatoria. Dicho procedimiento debe permitir al destinatario ser oído, conocer oportunamente la actuación, aportar y controvertir pruebas e impugnar la decisión.

B. La omisión legislativa relativa

Ibid. Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2001. Y Ibid.

conocer oportunamente la actuación, aportar y controvertir pruebas e impugnar la decisión.

B. La omisión legislativa relativa

Ibid. Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2001. Y Ibid. Y Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-353 de 2022 y C-163 de 2019. 4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-261 de 2025, T-268 de 2018, T-051 de 2016, T-018 de 2017 y T-544 de 2015. 15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2025. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coeS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION La jurisprudencia constitucional ha precisado que las omisiones legislativas relativas “se presentan cuando el legislador al regular o crear una institución omite una condición o elemento que, según la Constitución, resulta esencial para garantizar su armonización con el ordenamiento superior”, caso en el que puede intervenir la Corte para efectos de su corrección”, De esta manera, el carácter amplio de esta figura permite su activación no solo ante la ausencia de garantías, sino también frente a regulaciones incompletas o deficientes respecto de sujetos asimilables, pues elto “asegura que el ordenamiento legal sea coherente con la Constitución, garantizando que no exista una desigualdad de trato injustificada”, La configuración de esta clase de omisiones presupone los siguientes elementos: (i) la existencia de una norma sobre la cual recae el cargo y que excluye de sus consecuencias jurídicas, casos que son asimilables o, por el contrario, no incluye un

La configuración de esta clase de omisiones presupone los siguientes elementos: (i) la existencia de una norma sobre la cual recae el cargo y que excluye de sus consecuencias jurídicas, casos que son asimilables o, por el contrario, no incluye un elemento normativo; (ii) la existencia de una obligación de hacer impuesta directamente por la Constitución al Legislador y que este omitió y que le ordenó regular la materia respecto de sujetos o situaciones determinadas; (1) que la omisión presentada no tenga una razón suficientemente válida, caso en el que la Corte debe estudiar si la omisión es caprichosa o fundada en argumentos válidos; y, (iv) que la falta de justificación de la exclusión genere desigualdad negativa frente a los sujetos amparados por la norma”? Ahora bien, la estructuración de un cargo por omisión legislativa relativa impone al demandante una carga argumentativa reforzada “debido a que el cargo no se dirige directamente contra un texto explícito de naturaleza legal sino frente a una exclusión que resulta contraria a la Carta”. Es por ello que le corresponde explicar con claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia la norma sobre la que considera que se presenta la omisión, el deber constitucional omitido por el Legistador y las razones que constatan la configuración de dicha omisión. En suma, la omisión legislativa relativa constituye una herramienta excepcional de control que opera únicamente cuando existe una disposición concreta, un deber constitucional específico incumplido y una exclusión carente de justificación objetiva que genere una desigualdad contraria a la Carta. Su procedencia exige, además, una estructuración rigurosa del cargo y el cumplimiento estricto de los requisitos de aptitud sustantiva de la demanda.

que genere una desigualdad contraria a la Carta. Su procedencia exige, además, una estructuración rigurosa del cargo y el cumplimiento estricto de los requisitos de aptitud sustantiva de la demanda.

C. Postura del Ministerio Público en el presente caso Como se indicó, para la configuración de una omisión legislativa relativa se debe verificar, en primer lugar, la existencia de una disposición legal sobre la cual pueda recaer el reproche de constitucionalidad, esto es, sobre una norma efectivamente expedida por el Legislador, cuya regulación resulte incompleta por excluir de sus consecuencias jurídicas a sujetos o supuestos que, de acuerdo con la Constitución Política, debían recibir el mismo tratamiento, o por omitir un elemento normativo cuya incorporación resulte constitucionalmente obligatoria. 1 Corte Constitucional. Sentencia C-052 de 2025.

"1bidem. 1 Ibidem. ibidem. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-166 de 2023. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coeS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA En el caso concreto, no se configura este primer presupuesto. Los articulos demandados se limitan a ordenar al juez imponer una muita al responsable, adicional al daño que deba ser reparado, cuando se cumplan tres supuestos: {i) que el asunto se tramite a través de alguno de los procesos a los que se refieren las normas, esto es, las acciones populares, de reparación directa o de controversias contractuales; (ii) que la sentencia declare la responsabilidad o amenaza o vulneración; y (iti) que el daño

se tramite a través de alguno de los procesos a los que se refieren las normas, esto es, las acciones populares, de reparación directa o de controversias contractuales; (ii) que la sentencia declare la responsabilidad o amenaza o vulneración; y (iti) que el daño haya sido causado por un acto de corrupción. Las disposiciones no excluyen a ningún sujeto o supuesto que, conforme a la Constitución, debiera recibir el mismo tratamiento, ni establecen un trato diferenciado. Tampoco omiten un elemento de una regulación procesal previamente adoptada, pues las normas no regulan procedimiento alguno para la imposición de la multa. Lo que el demandante cuestiona es, en realidad, la ausencia de un procedimiento que anteceda a la imposición de la multa. Ese reproche no recae sobre un elemento omitido de una regulación existente, sino sobre la inexistencia de regulación en esa materia. La diferencia es relevante. Habría una regulación procesal deficiente, como la que invoca el demandante, si el Legislador hubiese diseñado un trámite previo a la multa y, al hacerlo, hubiera dejado por fuera alguna de las garantías del debido proceso, por ejemplo, la posibilidad de controvertir la prueba o de impugnar la decisión. Pero ese no es el caso: el Congreso no reguló un procedimiento incompleto, sino que no reguló ninguno. Esa situación corresponde a una omisión legislativa absoluta, frente a la cual la Corte Constitucional carece de competencia, pues su controt se limita a las omisiones relativas. Alo anterior se suma que, aun en gracia de discusión, la presunta omisión no podría ser suplida por esta Corporación. Para resolver el cargo, habría que establecer cuáles

controt se limita a las omisiones relativas. Alo anterior se suma que, aun en gracia de discusión, la presunta omisión no podría ser suplida por esta Corporación. Para resolver el cargo, habría que establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales debe imponerse la multa. Por ejemplo, que la posible sanción, el acto de corrupción que la fundamenta, la conducta atribuida y los criterios de graduación sean comunicados al destinatario e incorporados al debate procesal antes de la sentencia, con oportunidad efectiva de defensa, prueba y contradicción. Además, habría que decidir en qué momento procesal se formula la imputación, cuáles son los términos de cada etapa, y si la multa se impone de oficio o debe solicitarse en la demanda. Esas decisiones admiten múltiples diseños igualmente compatibles con el artículo 29 de la Constitución y corresponden al ámbito de configuración normativa del Legislador (art. 150 C.P.). Una sentencia integradora no podria adoptarlas sin sustituirlo, pues supondría crear una regulación procesal completa y no corregir una exclusión puntual o completar un elemento esencial determinado por la Constitución. De manera reiterada, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción pública de inconstitucionalidad permite controlar las omisiones legislativas relativas, pero no las absolutas. Ello obedece a que el juicio de constitucionalidad exige la existencia de un objeto normativo susceptible de ser confrontado con la Constitución. Cuando el Legislador no ha expedido regulación alguna sobre la materia, no existe disposición tegal cuyo contenido pueda ser sometido al juicio de validez constitucional. Por ello, en palabras de la Corte, frente a las omisiones absolutas “se carece de objeto sobre

Legislador no ha expedido regulación alguna sobre la materia, no existe disposición tegal cuyo contenido pueda ser sometido al juicio de validez constitucional. Por ello, en palabras de la Corte, frente a las omisiones absolutas “se carece de objeto sobre el cual pueda recaer el análisis a cargo de la Corte”. De ahí que, respecto del cargo admitido por la Corte, esto es, la omisión legislativa relativa en tanto omite las previsiones necesarias para garantizar el debido proceso de 21 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1996. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los destinatarios de la multa, la Procuraduría General de la Nación considera que la censura formulada corresponde, en realidad, a una omisión legislativa absoluta. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación se permite poner de presente que, en la demanda inicial, el accionante no formuló su reproche como una omisión legislativa relativa. En ella explicó las razones por las cuales la facultad del juez de imponer la multa, sin que esta se encuentre precedida de un proceso específico, desconocería el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial. Luego, en el escrito de corrección el demandante precisó el cargo bajo la modalidad de omisión legislativa relativa. En efecto, aunque no se configure una omisión legislativa en tos términos propuestos en el escrito de corrección, lo cierto es que el demandante estructuró ese reproche a partir de una supuesta deficiencia en la regulación procesal que, a su juicio,

En efecto, aunque no se configure una omisión legislativa en tos términos propuestos en el escrito de corrección, lo cierto es que el demandante estructuró ese reproche a partir de una supuesta deficiencia en la regulación procesal que, a su juicio, desconoce las disposiciones constitucionales referidas. Porto tanto, en aplicación del principio pro actione, que orienta la interpretación de los requisitos de la demanda en favor de una decisión de fondo, esta Procuraduría considera que subsiste una controversia de fondo relacionada con las garantías del debido proceso que amerita un pronunciamiento por parte de este Ministerio Público. Pues bien, la Procuraduría General de la Nación advierte que los artículos 60 y 61 de la Ley 2195 de 2022 resultan arbitrariamente contrarios al debido proceso. Ello es así porque ordenan al juez imponer en la sentencia una multa de hasta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, adicional al daño probado y graduada según la gravedad de la conducta, el grado de participación y la capacidad económica, sin que el Legislador haya previsto el procedimiento previo que debe antecederla. Esa falta de garantías es incompatible con el artículo 29 de la Constitución y, por conexión, con tos artículos 228 y 229. Para sustentar esta conclusión se analizará, en primer lugar, la naturaleza de la multa; en segundo lugar, la exigencia constitucional de un procedimiento previo cuando se impone una sanción; en tercer lugar, por qué los diseños procesales existentes no suplen esa exigencia; y, finalmente, los efectos de esa carencia sobre la igualdad, la seguridad jurídica y otras garantías del debido proceso. En primer orden, la multa prevista en las normas acusadas tiene naturaleza

los diseños procesales existentes no suplen esa exigencia; y, finalmente, los efectos de esa carencia sobre la igualdad, la seguridad jurídica y otras garantías del debido proceso. En primer orden, la multa prevista en las normas acusadas tiene naturaleza sancionatoria. La naturaleza jurídica de una medida no depende de la denominación que te asigne el Legislador ni del tipo de proceso en el que se inserte, sino de su función y de sus rasgos estructurales. En ese sentido, una vez examinados los elementos normativos de los artículos 60 y 61, todos apuntan en la misma dirección, esto es, que la mu

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