PGN - Concepto D-17737 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto D-17737 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
© PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Bogota, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Ciudad
Expediente: D-17737
Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 95.1 y 43.1 de ta Ley 136 de 1994, modificados por los artículos 37 y 40 (parciales) de la Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”; y artículos 49.2 y 111.2 (parciales) de la Ley 2200 de 2022 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”.
Concepto No.: 7651
De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir el concepto de rigor, en relación con la acción pública de inconstitucionalidad presentada ante esa Corporación dentro del proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES El 27 de abril de 2026, Carlos Mario Patiño González presentó acción pública de inconstitucionalidad contra de los artículos 95.1 y 43.1 de la Ley 136 de 1994, modificados por los artículos 37 y 40 (parciales) de la Ley 617 de 2000, y los artículos 49.2
inconstitucionalidad contra de los artículos 95.1 y 43.1 de la Ley 136 de 1994, modificados por los artículos 37 y 40 (parciales) de la Ley 617 de 2000, y los artículos 49.2 y 111.2 (parciales) de la Ley 2200 de 2022. En su criterio, tas expresiones acusadas desconocen los artículos 40.1 y 293 de la Constitución Política. A continuación, se resaltan los apartados demandados: Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional Artículo 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: "Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; e haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigenci te ley, l iputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de
funciones públicas”.O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: “Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de ta presente ley, ta de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.
Ley 2200 de 2022 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
2. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
ARTÍCULO 111. DE LAS INHABILIDADES DE LOS GOBERNADORES. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:
2. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de
ARTÍCULO 111. DE LAS INHABILIDADES DE LOS GOBERNADORES. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:
2. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de ta libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.
El accionante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de los apartes destacados, por cuanto establecen inhabilidades de carácter permanente para acceder a los cargos de alcalde, concejal, diputado y gobernador como consecuencia de la aplicación de la sanción de pérdida de investidura. Para sustentar su pretensión, formuló inicialmente cuatro cargos de inconstitucionalidad, los cuales fueron inadmitidos mediante Auto del 31 de agosto de 2026, por no cumplir con las cargas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, exigidas para tener por cumplidos tos presupuestos para la existencia de un concepto de violación. Presentado el escrito de corrección, la Magistrada Ponente, mediante Auto del 21 de septiembre de 2026, admitió el cargo relacionado con la presunta vulneración de los artículos 40.1 y 293 de la Constitución Política y rechazó los cargos restantes. El cargo admitido se fundamentó en el carácter permanente de la inhabilidad derivada de la pérdida de investidura para acceder a los cargos de alcalde, concejal, diputado y
cargos restantes. El cargo admitido se fundamentó en el carácter permanente de la inhabilidad derivada de la pérdida de investidura para acceder a los cargos de alcalde, concejal, diputado y gobernador. El accionante no cuestionó que la pérdida de investidura pudiera constituir el antecedente de una inhabilidad, sino que esta carezca de un límite temporal. A su juicio, aunque la restricción persigue fines legítimos relacionados con ta moralidad, la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, su carácter indefinido impone una limitación desproporcionada al derecho de acceder al desempeño de cargos públicos, pues convierte un hecho pasado en una presunción irreversible sobre la falta de idoneidad futura de la persona, sin considerar si, con el transcurso del tiempo, dicho59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antecedente conserva la misma relevancia frente a la finalidad del régimen de inhabilidades. Finalmente, se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera concepto en los términos del artículo 7 del Decreto 2067 de 1991. Esta decisión fue comunicada a través de oficio No. 357 del 30 de septiembre del año en curso. ll. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL De conformidad con los dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir respecto de la presente acción pública de inconstitucionalidad, en tanto se dirige contra una ley de la República.
Ill. CUESTIÓN PREVIA
A. MANIFESTACIÓN DE TRANSPARENCIA Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de
acción pública de inconstitucionalidad, en tanto se dirige contra una ley de la República.
Ill. CUESTIÓN PREVIA
A. MANIFESTACIÓN DE TRANSPARENCIA Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario realizar la presente manifestación de transparencia, pues pese a que no me encuentro formalmente inmerso en una causal de impedimento, fungí como secretario general del Senado de la República en el momento que fue radicado el proyecto de ley 486/20
Cámara-183/21 Senado que dio origen a la Ley 2200 de 2022. Si bien en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ya ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma. En efecto, mediante Auto 452 de 2025 la Corte Constitucional estableció que, si bien participé en el proceso de formación de la norma objeto de control, en tanto ejercí las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, lo cierto es que dicha actuación no fue activa y determinante en el proceso de formación de la norma acusada, ni guardaba relación con el asunto que la Corte debía resolver. En consecuencia, la Sala Plena concluyó que no se había demostrado alguna circunstancia que comprometiera mi independencia o imparcialidad para emitir concepto sobre la constitucionalidad de la norma. En esta ocasión, al revisar el contenido de la demanda D-17737 y del auto admisorio, no hay duda sobre la naturaleza de los cargos propuestos. Se trata de planteamientos de
norma. En esta ocasión, al revisar el contenido de la demanda D-17737 y del auto admisorio, no hay duda sobre la naturaleza de los cargos propuestos. Se trata de planteamientos de fondo o sustanciales, que, en principio, no tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República y, por tanto, estas últimas no guardan relación con la materia que le corresponde conocer a la Corte. Finalmente, formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir que participé en la expedición de ta Ley, pero mis actuaciones no fueron activas ni determinantes en el asunto bajo examen y, por tanto, no comprometen mi independencia e imparcialidad.O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA
B. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL De manera previa al análisis del cargo admitido, resulta necesario verificar si en el presente asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-952 de 2001 y C-146 de 2021, se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones relacionadas con las inhabilidades para acceder a cargos de elección popular. En particular, la primera providencia examinó la inhabilidad derivada de una condena penal, mientras que la segunda estudió la inhabilidad originada en la pérdida de investidura. Con dicho propósito, se examinará el alcance de ambas decisiones para determinar si impiden un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el cargo admitido en esta oportunidad.
El artículo 243 de la Carta Política establece que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del contro! jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, siendo esta una
nuevo pronunciamiento de fondo sobre el cargo admitido en esta oportunidad. El artículo 243 de la Carta Política establece que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del contro! jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, siendo esta una “institución jurídica procesal (...) mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”. En ese sentido, la cosa juzgada cumple una función negativa, “que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto”, y una función positiva, “que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas”?. La Corte Constitucional ha aludido a sus distintas tipologías, para precisar que esta institución puede ser absoluta o relativa, explícita o implícita, formal o material y aparente o real?. De acuerdo con esta doctrina, la cosa juzgada constitucional puede ser absoluta o relativa: absoluta, cuando no cabe un nuevo examen sobre el contenido normativo y relativa, cuando el pronunciamiento previo dejó abierta la posibilidad de análisis frente a cargos no estudiados en su momento”. Según el Alto Tribunal, la cosa juzgada absoluta ocurre en los eventos en los que el control constitucional ejercido por la Corte no se limitó a ciertos cargos o argumentos de inconstitucionalidad, sino que se hizo un juicio de compatibilidad entre ta norma y la totalidad de la Constitución Política. En esos términos, “se presenta cosa juzgada absoluta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra
totalidad de la Constitución Política. En esos términos, “se presenta cosa juzgada absoluta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto constitucional”. Esto ocurre en aquellos eventos, en los que el ordenamiento impone a la Corte un examen integral de la disposición, como ocurre en determinados procesos de control automático, por ejemplo, la revisión constitucional de tos proyectos de ley estatutaria o los decretos legislativos dictados bajo el amparo de un estado de excepción. La Corte Constitucional, ha establecido que para que se configure la cosa juzgada formal, deben concurrir los siguientes elementos estructurales: (i) identidad de norma demandada, (ii) existencia de una decisión previa de constitucionalidad proferida por la T Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2019. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 2011. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-064 de 2021. Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 2011. $ Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001.59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA Corte Constitucional y (iii) ausencia de modificación sustancial del texto legal o del parámetro constitucional que sirvió de fundamento al examen anterior. En el asunto bajo examen corresponde determinar si respecto de las disposiciones que establecen la inhabilidad para acceder a los cargos de alcalde, concejal, gobernador y
parámetro constitucional que sirvió de fundamento al examen anterior. En el asunto bajo examen corresponde determinar si respecto de las disposiciones que establecen la inhabilidad para acceder a los cargos de alcalde, concejal, gobernador y diputado, derivada de una sentencia de pérdida de investidura, opera la cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional se pronunció sobre disposiciones relacionadas en las Sentencias C-952 de 2001 y C-146 de 2021. En primer lugar, frente a la Sentencia C-952 de 2001, no se configuran los elementos necesarios para predicar la existencia de cosa juzgada constitucional, pues se advierte que, aunque en dicho pronunciamiento la Corte examinó parcialmente el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, el pronunciamiento de fondo recayó sobre la inhabilidad derivada de una condena penal, y no sobre la causal originada en la pérdida de investidura que se cuestiona en este proceso, tal como se muestra a continuación:
EXPEDIENTE D-17737
Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El
SENTENCIA C-952 DE 2001
Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: “Artículo 95, inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni | designado alcalde municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.” artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: “Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde, No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 1.Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la | presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.
En consecuencia, al no existir identidad entre el contenido normativo examinado de fondo en la Sentencia C-952 de 2001 y el supuesto que es objeto de control en esta oportunidad, no se configura cosa juzgada constitucional con fundamento en dicho pronunciamiento. Por consiguiente, resulta innecesario continuar con el examen de los demás presupuestos para determinar su configuración. Por otra parte, corresponde examinar la Sentencia C-146 de 2021, mediante la cual la Corte Constitucional estudió la expresión relativa a la pérdida de investidura contenida
demás presupuestos para determinar su configuración. Por otra parte, corresponde examinar la Sentencia C-146 de 2021, mediante la cual la Corte Constitucional estudió la expresión relativa a la pérdida de investidura contenida en los artículos 43.1 y 95.1 de la Ley 136 de 1994, así como en los artículos 30.1, 33.1, 37.1 y 40.1 de la Ley 617 de 2000. En cuanto al primer elemento, relativo a la identidad de la norma demandada, se advierte que existe coincidencia parcial entre las disposiciones examinadas en la Sentencia C146 de 2021 y las que son objeto de control en este proceso. En efecto, aquella providencia estudió las disposiciones de las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 que establecen la inhabilidad derivada de la pérdida de investidura, algunas de las cuales también se cuestionan en esta oportunidad. Sin embargo, la demanda actual comprende, además, los artículos 49.2 y 111.2 de la Ley 2200 de 2022, que no fueroneS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA objeto de pronunciamiento en la sentencia anterior. Por consiguiente, la identidad normativa debe analizarse únicamente respecto de tas disposiciones coincidentes, sin extender los efectos de la decisión previa a normas que no fueron examinadas, conforme se evidencia a continuación:
SENTENCIA C-146 DE 2021 EXPEDIENTE D-17737 « Ley136 de 1994
Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto
« Ley136 de 1994 Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. Artículo 33. De tas inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito come candidato ni elegido diputado:
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos politicos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la e Ley617 de 2000 "Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos O culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.
Artículo 40. de las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: “Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de ta
distrital: Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de ta vigencia de la presente ley, ta iputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”. + Ley2200 de 2022 Artículo 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
2. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido investidura de ista o la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. artículo 111. De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser inscrito como“S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: candidato, elegido 0 gobernador:
Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: candidato, elegido 0 gobernador: designado como
2. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de ta libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia if presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de ta libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
Artículo 40. de las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: "Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal: o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el
la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal: o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”. Así, se observa que la coincidencia en las disposiciones demandadas en la sentencia C146 de 2021 y el expediente objeto de estudio, únicamente se predica respecto de los artículos 40 y 95 la Ley 617 de 2000. En relación con el segundo elemento, es necesario determinar el alcance de la decisión y, en particular, si la Corte resolvió el mismo problema constitucional que se plantea en este expediente. Al respecto, en la Sentencia C-146 de 2021 la Corte examinó la presunta incompatibilidad de la inhabilidad derivada de la pérdida de investidura con el artículo 93 de la Constitución y el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El análisis se dirigió a establecer si esa restricción resultaba admisible a la luz de las condiciones previstas en el instrumento internacional para limitar el derecho a ser elegido. En contraste, el cargo admitido en el presente proceso cuestiona el carácter permanente de la inhabilidad por considerar que podría resultar desproporcionado frente al derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, previsto en el artículo 40.1 de la Constitución, y el presunto desconocimiento del artículo 293 superior. Por lo tanto,E PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA aunque ambas demandas se relacionan con la inhabilidad derivada de la pérdida de investidura, los parámetros constitucionates invocados son distintos. Esta diferencia resulta determinante para establecer el alcance de la decisión previa,
COLOMBIA aunque ambas demandas se relacionan con la inhabilidad derivada de la pérdida de investidura, los parámetros constitucionates invocados son distintos. Esta diferencia resulta determinante para establecer el alcance de la decisión previa, pues la declaración de exequibilidad contenida en la Sentencia C-146 de 2021 se circunscribió al cargo analizado en esa oportunidad. Derivado de ello, respecto de las disposiciones coincidentes, no se configura cosa juzgada constitucional que impida examinar el reproche actual. A su vez, frente a los artículos 49.2 y 111.2 de la Ley 2200 de 2022, tampoco se configura dicho fenómeno, dado que estas disposiciones no fueron objeto de control en aquella sentencia. En consecuencia, las Sentencias C-146 de 2021 y C-952 de 2001, no impiden que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre el cargo admitido en esta oportunidad, sin perjuicio de la relevancia que tas consideraciones de esa providencia puedan tener como precedente para resolver la controversia.
IV. PROBLEMA JURÍDICO En concordancia con el único cargo admitido, el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si las disposiciones demandadas, vulneran el derecho ser elegido, previsto en el artículo 40.1 de la Constitución, y desconocen el artículo 293 superior, al imponer una inhabilidad de carácter permanente para acceder a los cargos de alcalde, concejal, diputado y gobernador, como consecuencia de una sentencia de pérdida de investidura.
- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público realizará unas
pérdida de investidura.
- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público realizará unas precisiones sobre: a) el derecho a ser elegido y sus limitaciones; b) la naturaleza jurídica y finalidades constitucionales de la pérdida de investidura y las inhabilidades derivadas de ella; y; c) caso concreto.
A. El derecho a ser elegido y sus limitaciones.
El artículo 40.1 de la Constitución reconoce el derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido, el cual comprende tanto la posibilidad de participar en la elección de sus representantes como la de postularse para acceder a cargos de elección popular”. Este derecho tiene una doble dimensión: por una parte, comprende la posibilidad de participar activamente en la elección de los gobernantes, mediante el ejercicio del voto; por otra, garantiza la facultad de postutar el propio nombre para ser elegido representante en un cargo determinado”. En relación con esta última dimensión, la Corte Constitucional ha precisado que su protección busca permitir ta participación de los candidatos que cumplan los requisitos legates para postularse y, en caso de resuttar elegidos, garantizarles el ejercicio del mandato durante el periodo correspondiente, salvo que la elección sea declarada nula por vía judicial o que el mandato sea revocado en los términos previstos en la Constitución?, $ Artículo 40,1 de la Constitución Política. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-232 de 2014. 3 Ibidem.59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Pese asu carácter fundamental el derecho a ser elegido puede ser objeto de limitaciones
$ Artículo 40,1 de la Constitución Política. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-232 de 2014. 3 Ibidem.59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Pese asu carácter fundamental el derecho a ser elegido puede ser objeto de limitaciones o restricciones. En ese sentido, el artícuto 293 reza que “[s]in perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones.” Aunque este derecho puede estar sujeto a restricciones constitucional y legalmente admisibles, su ejercicio debe armonizarse con el interés público que persigue el régimen de inhabilidades?. En este ámbito, la Carta Política reconoce al Legislador un amplio margen de configuración para establecer las prohibiciones e impedimentos aplicables a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular en las entidades territoriales, conforme al artículo 293 superior. Esta potestad también encuentra fundamento en los artículos 123, 124 y 150.23 de la Constitución, que atribuyen al Legislador competencias relacionadas con la regulación de la función pública y el establecimiento de los requisitos y las condiciones para su ejercicio”, La Corte Constitucional ha señalado que el establecimiento de inhabilidades de carácter indefinid
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