PGN - Concepto D-17722 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto D-17722 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

CS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Bogotá, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Ciudad

Expediente: D-17722

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 23 y 25 de la Ley 1908 de 2018, «por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones».

Concepto No.: 7645

De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de Constitución Política, procedo a rendir concepto en el proceso de revisión de la constitucionalidad del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES El 22 de julio de 2026, Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23 y 25 de la Ley 1908 de 2018, cuyo texto se presenta a continuación: Ley 1908 de 2018

ARTÍCULO 23. Adiciónese el artículo 307A de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: Artículo 307A. Término de la detención preventiva. Cuando se trate de delitos cometidos por miembros de Grupos Delictivos Organizados el término de la medida de aseguramiento privativa de la libertad no podrá exceder de tres (3) años. Cuando se trate de Grupos Armados Organizados, el término de la medida de aseguramiento privativa de la libertad no podrá exceder de cuatro (4) años. Vencido el término anterior

trate de Grupos Armados Organizados, el término de la medida de aseguramiento privativa de la libertad no podrá exceder de cuatro (4) años. Vencido el término anterior sin que se haya emitido sentido del fallo, se sustituirá la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad que permita cumplir con los fines constitucionales de la medida en relación con los derechos de las víctimas, la seguridad de la comunidad, la efectiva administración de justicia y el debido proceso. La sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad deberá efectuarse en audiencia ante el juez de control de garantías. La Fiscalía establecerá la naturaleza de la medida no privativa de la libertad que procedería, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida que justifiquen su solicitud. PARÁGRAFO. La solicitud de revocatoria para miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados solo podrá ser solicitada ante los jueces de control de garantías de la ciudad o municipio donde se formuló la imputación y donde se presentó o deba presentarse el escrito de acusación. ARTÍCULO 25. Adiciónese el artículo 317A de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25/08/2026O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Artículo 317A. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento en los casos de miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados tendrán vigencia durante toda la actuación.

Artículo 317A. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento en los casos de miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.

2. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad, cuando se trate de modalidad de renuncia.

3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez de conocimiento. 4, Cuando transcurridos cuatrocientos (400) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento

Penal.

5. Cuando transcurridos quinientos (500) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio por causa no imputable al procesado o a su defensa.

6. Cuando transcurridos quinientos (500) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya emitido el sentido del fallo.

PARÁGRAFO 1. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. PARÁGRAFO 2. No se contabilizarán los términos establecidos en tos numerales 5 y 6

improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. PARÁGRAFO 2. No se contabilizarán los términos establecidos en tos numerales 5 y 6 del presente artículo, cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor. PARÁGRAFO 3. La libertad de los miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados solo podrá ser solicitada ante los jueces de control de garantías de la ciudad o municipio donde se formuló la imputación, y donde se presentó o donde deba presentarse el escrito de acusación. Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por causa objetiva o de fuerza mayor, por hechos ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido el motivo que la originó. PARÁGRAFO 4. No se aplicarán las causales contenidas en los numerales 2 y 3 cuando el procesado se haya acogido al proceso de sometimiento contenido en el Título Ill de esta ley. El demandante señaló que las normas acusadas infringen los artículos 1, 2, 13, 28, 29, 93 y 228 de la Constitución, los artículos 1.1, 2, 7.5,8.1,8.2,24y29.b dela Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 2.2, 9.3, 14.2 y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consecuentemente, la Corte debe disponer que los procesados por delitos atribuidos a grupos armados organizados

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consecuentemente, la Corte debe disponer que los procesados por delitos atribuidos a grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO) sigan el régimen general previsto en el Código de Procedimiento Penal (artículos 307, par. 1 y 317, CPP), el cual contiene términos ampliados y prórrogas judiciales para asuntos complejos. Para sustentar lo anterior, presentó cuatro cargos: Primer cargo. Las normas acusadas desatienden el estándar de plazo razonable y el carácter estrictamente temporal de la detención preventiva. Son, en su criterio, autorizaciones legales de detención prolongada que no exigen una motivación por parte del juez de conocimiento al momento de imponerta. Segundo cargo. Los artículos demandados vulneran la presunción de inocencia en tanto prolongan una medida de aseguramiento más allá de lo necesario y convierten una medida cautelar preventiva en una especie de pena anticipada. Con ello «tratan al procesado como culpable anticipado y vacian de contenido los artículos 29 de ta Constitución, 8.2 de la CADH y 14.2 del PIDCP»

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25/08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Tercer cargo. Las disposiciones vulneran el derecho a la igualdad en materia de garantías procesales. Como sustento presentó un test de igualdad estricto según el cual la medida no es conducente (la detención del procesado no acelera ni asegura la

Tercer cargo. Las disposiciones vulneran el derecho a la igualdad en materia de garantías procesales. Como sustento presentó un test de igualdad estricto según el cual la medida no es conducente (la detención del procesado no acelera ni asegura la investigación, y hay otras herramientas normativas), ni es necesaria (existe un medio menos lesivo e idóneo como es el régimen calificado vigente que incluye duplicación de términos y prórroga judicial), ni es proporcionada en sentido estricto (sacrifica de manera cierta, prolongada y automática la libertad y presunción de inocencia por un beneficio apenas conjetural). Cuarto cargo. Los artículos incurren en un desconocimiento del principio de no regresividad y progresividad al imponer limitaciones al derecho fundamental a la libertad personal. Antes de la normativa acusada el tope común aplicable a miembros de organizaciones criminales era de un año prorrogable hasta a dos años. No obstante, el tope se triplicó y cuadruplicó, lo que comporta una regresión normativa. Así, el demandante presentó como solicitud la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 23 y 25 de la Ley 1908. Como pretensión primera subsidiaria, solicitó declarar la inexequibilidad de las expresiones ‘no podrá exceder de tres (3) años”, ‘no podrá exceder de cuatro (4) años” y “Vencido el término anterior sin que se haya emitido sentido del fallo” del artículo 307A. Además, la inexequibilidad del inciso primero y de los numerales 4, 5 y 6 del artículo 317A de la Ley 906 de 2004. Esto, «con la integración normativa a que haya lugar respecto de los apartes que pierdan contenido deóntico autónomo». La segunda pretensión subsidiaria consiste en

la integración normativa a que haya lugar respecto de los apartes que pierdan contenido deóntico autónomo». La segunda pretensión subsidiaria consiste en declarar la inexequibilidad de las disposiciones acusadas con efectos diferidos y exhortar al Congreso de la República para que expida «una regulación que armonice la persecución de la criminalidad con las garantías constitucionales y convencionales, sobre la base de la excepcionalidad, la revisión judicial periódica e individualizada de la medida y términos compatibles con el estándar del plazo razonable». El magistrado sustanciador admitió la demanda por los cargos propuestos y dio traslado al Procurador General de la Nación. Lo anterior, se comunicó a esta entidad mediante oficio No. 340 del 10 de septiembre de 2026. ll. COMPETENCIA La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la presente acción pública de inconstitucionalidad, por cuanto cuestiona expresiones contenidas en la Ley 1908 de 2018. En esa medida, el Alto Tribunal se encuentra en el supuesto del numeral 4 del artícuto 241 de la Constitución, en tanto la demanda se dirige contra una ley de la República.

Ill. CUESTIÓN PREVIA: MANIFESTACIÓN DE TRANSPARENCIA Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario realizar la presente manifestación de transparencia, pues pese a que no me encuentro formalmente en una causal de impedimento, participé en la elaboración de la norma por calidad de secretario general del Senado de la República que desempeñé en el trámite de expedición de la Ley 1908 de 2018.

formalmente en una causal de impedimento, participé en la elaboración de la norma por calidad de secretario general del Senado de la República que desempeñé en el trámite de expedición de la Ley 1908 de 2018.

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 ¡ Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Así, en ejercicio de los deberes y funciones de dicho cargo, participé de forma verbal y escrita durante el respectivo trámite, conforme a los antecedentes que constan en fuentes oficiales y que se reseñan a continuación:

1. El Proyecto de Ley ‘por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones” de iniciativa del Gobierno Nacional, fue radicado ante ta Secretaría General del Senado de ta República el 19 de marzo de 2018 y fue publicado el 20 del mismo mes y año, y enviado a la Comisión Primera

Constitucional Permanente del Senado.

2. El Proyecto fue aprobado en primer debate en sesiones conjuntas del 5 de junio de 2018 y en segundo debate el día 20 de junio de 2018 por las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

3. Durante el debate de la iniciativa ante la Plenaria del Senado de la República, intervine en la inclusión en el orden del día y anuncio del proyecto de ley, así como la publicación en la Gaceta del Congreso de las respectivas ponencias, informes, actas y textos aprobados. Asimismo, se dio lectura a la ponencia del Proyecto de

intervine en la inclusión en el orden del día y anuncio del proyecto de ley, así como la publicación en la Gaceta del Congreso de las respectivas ponencias, informes, actas y textos aprobados. Asimismo, se dio lectura a la ponencia del Proyecto de Ley 198/18 Senado y 227/18 Cámara.

4. Eltexto definitivo fue aprobado en dicha sesión, según publicación y constancia por expedida por el suscrito.

5. Finalmente, la Ley 1908 del 9 de julio el 2018, fue sancionada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial No. 50.649 de julio de 2018, así como en la Gaceta del Congreso 579 de 2018.

Si bien en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ya ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma. En efecto, la presente demanda resulta análoga a la analizada por la Corte Constitucional en el Auto 1171 de 2025, en el cual se precisó que, si bien participé en el proceso de formación de la norma objeto de controt en tanto ejerci las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, lo cierto es que dicha actuación no fue activa ni determinante en el proceso de formación de la norma acusada, ni guardó relación directa con el asunto que la Corte debía resolver. Por lo anterior, la Sala Plena concluyó que no se encontraba demostrada circunstancia alguna que comprometiera mi independencia o imparcialidad para emitir concepto

acusada, ni guardó relación directa con el asunto que la Corte debía resolver. Por lo anterior, la Sala Plena concluyó que no se encontraba demostrada circunstancia alguna que comprometiera mi independencia o imparcialidad para emitir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición cuestionada. En esta ocasión, al contrastar el contenido de la demanda bajo radicado D-17722 y de los autos proferidos por esa Corporación?, no hay duda sobre la naturaleza de los cargos admitidos, que plantean vicios de fondo que no tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República. 1 Corte Constitucional. Auto 1171 de 2025, en el cual se resuelve el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación para rendir concepto dentro del proceso de constitucionalidad del expediente D-16487. ? Corte Constitucional. Autos 283, 402, 406, 455, 670, 1920 y 1171 de 2025, mediante los cuales se resolvieron los impedimentos presentados por el Procurador General de la Nación.

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 6015878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN En suma, formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir a la Corte que participé en la expedición de la Ley 1908 de 2018, pero mis actuaciones no fueron activas ni determinantes en el asunto bajo examen y, por tanto, no comprometen mi independencia e imparcialidad. Esto, con el propósito de salvaguardar la celeridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia y

actuaciones no fueron activas ni determinantes en el asunto bajo examen y, por tanto, no comprometen mi independencia e imparcialidad. Esto, con el propósito de salvaguardar la celeridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia y evitar dilaciones en este proceso.

IV. PROBLEMA JURÍDICO En atención al cargo admitido, para el Ministerio Público, la Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: Determinar si los artículos 23 y 25 de la Ley 1908 de 2018, que amplían los términos en la investigación y judicialización de conductas delictivas asociadas al actuar de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, vulneran los derechos fundamentales a ta igualdad, la libertad personal, el debido proceso y otras garantías procesales incorporadas al ordenamiento jurídico (art. 1, 2, 13, 28, 29, 93 y 228, C.P.) de las personas procesadas por conductas presuntamente relacionadas con su pertenencia a esas estructuras criminales.

  1. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, el Ministerio Público se referirá a (i) la libertad de configuración normativa en materia penal, y (ii) los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la acción penal para, posteriormente, (iii) dar solución al problema jurídico planteado.

A. Libertad de configuración normativa en el ámbito penal Los artículos 114 y 150.2 de la Constitución Política le otorgaron al Legislador la competencia para determinar ta política criminal del Estado colombiano. Es en el escenario deliberativo y democrático por excelencia donde se deben discutir asuntos relacionados con la respuesta penal a conductas consideradas reprochables o

competencia para determinar ta política criminal del Estado colombiano. Es en el escenario deliberativo y democrático por excelencia donde se deben discutir asuntos relacionados con la respuesta penal a conductas consideradas reprochables o causantes de un perjuicio social, lo que habilita al Congreso de la República para “adoptar - entre otras decisioneslas de criminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, etc”, Esa atribución le permite diseñar dicha política, crear conductas punibles, fijar las penas correspondientes y definir el procedimiento para su investigación y juzgamiento, labor que encuentra límites derivados del catálogo de derechos de las personas respecto del ejercicio del poder punitivo del Estado. Específicamente, ese amplio margen de configuración (i) no puede comprometer los valores, principios y derechos establecidos en el texto superior, en los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos ratificados por Colombia, (ii) debe ser respetuoso de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, y (iii) Corte Constitucional. Sentencias C-248 de 2004 y C-1086 de 2008, reiteradas en la Sentencia C-334 de 2013. 4 Corte Constitucional. Sentencias C-084 de 2013 y C-035 de 2026.

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co

4 Corte Constitucional. Sentencias C-084 de 2013 y C-035 de 2026.

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Cádigo: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN seguir el principio de intervención mínima, según el cual el ejercicio de la potestad punitiva y sancionatoria del Estado opera únicamente cuando todas las demás alternativas de control social fallan, Frente a este asunto, la jurisprudencia constitucional precisó que el margen de configuración normativa no es absoluto y ha contribuido a fijar el alcance de la atribución del Legislador en materia penal. Con ese propósito, indicó que el diseño de la política criminal está sujeto, de una parte, a unos límites de carácter explícito, que corresponde a las prohibiciones expresas contenidas en la carta política, tales como la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes y la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (artículos 11, 12 y 34, C.P. respectivamente). De otra parte, también aplican unos límites implícitos, que le imponen al Legislador el deber de actuar de forma razonable y proporcionada para garantizar la protección de los principios, derechos y deberes establecidos en ta Constitución, es decir, orientar su gestión bajo la pauta de los principios de necesidad (ultima ratio) del derecho penal de culpabilidad, de tesividad, de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, de legalidad, entre otros.

la pauta de los principios de necesidad (ultima ratio) del derecho penal de culpabilidad, de tesividad, de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, de legalidad, entre otros. La Corporación” también señaló que la legitimidad de las normas procesales pende de su proporcionalidad y razonabilidad, elementos que garantizan la coherencia y equilibrio que aportan a la materialización del concepto de justicia y el consecuente amparo de los intereses en pugna. Bajo esta lógica, una regla procesal excesiva y desproporcionada frente al resultado que pretende obtener con su utilización, implica una vuineración del derecho al debido proceso. En este sentido, la libertad de configuración legislativa del diseño punitivo debe sujetarse a un estándar constitucional mínimo: (i) la política criminal debe ser preventiva, porque el derecho penal en su condición de ultima ratio solo puede apelar al castigo cuando los demás recursos para combatir la criminalidad han fracasado; (ii) se debe respetar de forma rigurosa el principio de libertad personal, privilegiando el uso y la aplicación de penas alternativas; (iii) es prioritario perseguir fines de resocialización, por lo que las sanciones deben combinar el ideal retributivo con la visión de la justicia restaurativa; (iv) las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales; (v) la creación de normas penales debe ser sostenible en términos económicos y (vi) debe ser especialmente sensible a la situación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad respecto del Estado®. Se destaca entonces que el ejercicio del amplio margen de configuración en materia de política criminal encuentra límites en el respeto de los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política y tos tratados internacionales en

Se destaca entonces que el ejercicio del amplio margen de configuración en materia de política criminal encuentra límites en el respeto de los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política y tos tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia, así como en tos principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, lo que también implica la garantía del derecho fundamental al debido proceso. $ Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2026. $ Corte Constitucional. Sentencias C-488 de 2009, C-501 de 2014, C-297 de 2016, C-411 de 2022, C-080 de 2025, entre otras. 7 Corte Constitucional. Sentencia C-099 de 2022. 3 Corte Constitucional. Sentencias T-443 de 2025 y C-035 de 2026.

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Cadigo: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25/08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

B. Las garantías procesales del sujeto pasivo de la acción penal La facultad punitiva del Estado, en tanto mecanismo de control social coercitivo, está sujeta a los límites fijados en la Constitución Política, texto que estructuró las instituciones procedimentales y sustantivas, así como el catálogo de derechos fundamentales que deben preservarse en el ejercicio del derecho penal. Por su relevancia, se describen las siguientes: Presunción de inocencia. El artículo 29 de la Constitución señata que «toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable», previsión de carácter fundamental que guarda armonía con

relevancia, se describen las siguientes: Presunción de inocencia. El artículo 29 de la Constitución señata que «toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable», previsión de carácter fundamental que guarda armonía con instrumentos de derecho internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2) y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2). En ese mismo sentido, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal establece que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme la decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal, correspondiéndole al órgano de investigación y acusación criminal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal, carga que no podrá invertirse. Además, dispone que toda duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Al tratarse de una presunción, aún de raigambre constitucional, excepcionalmente admite modulaciones “cuando un interés suficientemente importante lo justifique”, esto es, que obedezca a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Debido proceso probatorio. Supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en toda actuación judicial o administrativa, de donde se deriva el derecho a presentar y solicitar pruebas, a controvertir las que se presenten en su contra, a la publicidad de las evidencias, a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los estándares constitucionales y legales previamente definidos, a que el operador decrete y practique elementos probatorios de oficio, y a que el juzgador evalúe las

decretadas, recolectadas y practicadas con base en los estándares constitucionales y legales previamente definidos, a que el operador decrete y practique elementos probatorios de oficio, y a que el juzgador evalúe las pruebas incorporadas al proceso”. Lo anterior se apoya en la regla de exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, derivada del derecho ai debido proceso establecido en el artículo 29 Superior en los siguientes términos: “fejs nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Esto adquiere una particular relevancia en tanto al juez le corresponde adoptar las decisiones respectivas a partir de una ponderación integral de todas las pruebas sometidas a su conocimiento, lo que garantiza la libertad probatoria en materia penal y el derecho al debido proceso’. Derecho a la libertad y detención preventiva. De conformidad con el artículo 28 Superior, toda persona es libre, con lo cual el Constituyente dispuso que la libertad personal es un derecho fundamental, mandato que se incorporó al Código de Procedimiento Penal en el artículo 2. Consecuentemente, toda 9 Corte Constitucional. Sentencia C-034 de 2026 Proceso; Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 j www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versidn: 5 | Fecha: 25//08/2026 YNO PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN limitación a la misma debe ser interpretada de manera restrictiva y su aplicación sólo procede cuando resulte razonable y proporcional frente a los siguientes fines: (i) garantizar la comparecencia del imputado y evitar su fuga; (ii) asegurar la conservación de la prueba, previniendo ta obstrucción o

aplicación sólo procede cuando resulte razonable y proporcional frente a los siguientes fines: (i) garantizar la comparecencia del imputado y evitar su fuga; (ii) asegurar la conservación de la prueba, previniendo ta obstrucción o manipulación del proceso, y (iii) proteger a la comunidad, en especial a las víctimas, frente a la posibilidad de reiteración delictiva o de amenazas a derechos fundamentales"’. Son esos los únicos fines en los que la Fiscalía General de la Nación puede sustentar la solicitud de comparecencia de los investigados al proceso con la consecuente restricción de la libertad, asunto que será evaluado por el juez de control de garantías, quien adoptará la decisión siguiendo de manera estricta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Vale señalar que la imposición de la detención preventiva debe tener carácter excepcional y limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia y proporcionalidad”, lo cual exige estándares rigurosos para su decreto. Así, la Corte Constitucional"? consideró que, conforme al principio pro homine, el ejercicio interpretativo de toda disposición relativa a la privación de la libertad debe tender a comprenderla de forma restrictiva y a preferir la opción que resulte más favorable a los derechos del imputado (art. 295, CPP, y art. 29, inciso 3, C.P.). Además, siguiendo el principio pro libertate, se exige preferir la solución jurídica que implique el menor grado de afectación a la libertad personal y que, en cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la excepcionalidad de la detención preventiva presupone que puede imponerse cuando resulte estrictamente idónea, necesaria y ponderada, dado que se trata de la

en cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la excepcionalidad de la detención preventiva presupone que puede imponerse cuando resulte estrictamente idónea, necesaria y ponderada, dado que se trata de la alternativa más gravosa dentro del catálogo de medidas cautelares (arts. 27 y 295, CPP). Por último, dicha medida está sujeta a un doble criterio de provisionatidad: por un lado, debe respetar un plazo razonable de duración y, por el otro, debe cesar cuando desaparezca la finalidad procesal que motivó su imposición, toda vez que su carácter es meramente instrumental y no sancionatorio.

C. Solución del caso concreto Los cargos admitidos por el despacho ponente plantean que las expresiones acusadas no son compatibles con la Constitución Política. Para la Procuraduría General de la

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