PGN - Concepto D-17694 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto D-17694 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Bogotá, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Ciudad

Expediente: D-17694

Referencia: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 66 (parcial) y 78 (parcial) de la Ley 1123 de 2007, “por la cual se establece el Código Disciplinario del

Abogado”.

Concepto No.: 7642

De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir el concepto correspondiente a la demanda presentada ante esa Corporación, contra artículos 66 (parcial) y 78 (parcial) de la Ley 1123 de 2007.

I. ANTECEDENTES El 15 de julio de 2026, los ciudadanos Fredy Yamid Bejarano Aragón y Leonardo Mauricio Bernal Sánchez interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “distintas a la sentencia” contenida en los artículos 66, parágrafo, y 78 de la Ley 1123 de 2007, los cuales se trascriben a continuación, conforme al texto publicado en el Diario Oficial No. 46.519: “LEY 1123 DE 2007

ARTICULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para: (...) PARÁGRAFO. El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto

ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva”. ARTÍCULO 78. COMUNICACIONES. Se debe comunicar al quejoso las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia adjuntándole copia de la decisión a la dirección registrada en el expediente al día siguiente del pronunciamiento. Se entenderá cumplida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo. Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente.” El magistrado sustanciador, mediante Auto del 1 de septiembre de 20262, admitió la demanda respecto a la presunta vulneración de los artículos 13, 29, 31, 228 y 229 superiores. Y En las Sentencias C-540 de 2010 y C-031 de 2014 la Corte Constitucional se inhibió de pronunciarse de fondo sobre ta constitucionalidad de la norma enunciada en este parágrafo. 2 Previa inadmisión en providencia del 10 de agosto de 2026. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA Los accionantes precisaron que, en los procesos sancionatorios adelantados contra

Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA Los accionantes precisaron que, en los procesos sancionatorios adelantados contra abogados conforme a la Ley 1123 de 2007, el quejoso no tiene la calidad de sujeto procesal o interviniente y que, por tanto, las facultades y garantías previstas para estos no le resultan automáticamente aplicables. No obstante, sostuvieron que el Legislador le reconoció un régimen especial que le permite formular y ampliar la queja, aportar pruebas e impugnar las decisiones que ponen fin anticipado a la actuación. A partir de ello, cuestionaron que se le excluya especificamente de la posibilidad de conocer y recurrir la sentencia absolutoria.

En relación con la violación del artículo 13 del texto superior, los demandantes alegaron que las expresiones acusadas establecen un trato desigual entre tos quejosos de los procesos disciplinarios regulados por la Ley 1123 de 2007 y aquellos sometidos al régimen de la Ley 1952 de 2019 que regula los procesos disciplinarios adelantados en contra de servidores de la Rama Judicial, puesto que a estos últimos “se lefs] comunica la decisión de archivo y el fallo absolutorio (art. 129 Ley 1952/2019)23 y se le[s] faculta expresamente para recurrir dicho fallo absolutorio (art. 110, parágrafo 1°, ibidem)”. Respecto a la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, sostuvieron que el derecho al debido proceso comprende, para el quejoso, una garantía mínima de publicidad efectiva de la decisión que pone fin a la actuación. Por etlo, consideran que

Respecto a la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, sostuvieron que el derecho al debido proceso comprende, para el quejoso, una garantía mínima de publicidad efectiva de la decisión que pone fin a la actuación. Por etlo, consideran que las disposiciones acusadas desconocen dicho derecho al impedirle conocer la sentencia y ejercer control sobre ella, sin que para ello sea necesario reconocerle la condición de sujeto procesal o interviniente. Frente a la violación del artículo 31 superior, los accionantes afirmaron que el reproche no se dirige contra la existencia una excepción general a la doble instancia, sino contra la exclusión específica del quejoso de la posibilidad de apelar la sentencia, lo que resulta incoherente dentro del propio estatuto del quejoso. En cuanto a la vulneración del artículo 228 del texto superior, alegaron que las normas demandadas desconocen la prevalencia del derecho sustancial, pues impiden que el interés legítimo del quejoso en que se investigue la conducta denunciada y en conocer el resultado de la actuación, es decir, la sentencia. A su juicio, esta restricción impide controvertir eventuales errores o arbitrariedades contenidos en la decisión definitiva. Finalmente, respecto a ta violación del artículo 229 de la Constitución, sostuvieron que la imposibilidad de conocer y recurrir la sentencia, a pesar del interés legítimo que el quejoso tiene en la actuación disciplinaria y de su participación durante el trámite, vacía de contenido material su derecho de acceso a la administración de justicia. En esa misma decisión se corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera concepto en los términos det artículo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991. Esta

de contenido material su derecho de acceso a la administración de justicia. En esa misma decisión se corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera concepto en los términos det artículo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991. Esta decisión fue comunicada a la Procuraduría General de la Nación mediante Oficio No. 337 del 10 de septiembre de 2026. ll. COMPETENCIA La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la presente acción pública de inconstitucionalidad, por cuanto cuestiona disposiciones contenidas en la 3 Escrito de corrección de la demanda registrado el 19 de agosto de 2026 en el expediente digital. Pág. 5. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Ley 1123 de 2007. En esa medida, se encuentra en el supuesto del numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, en tanto la demanda se dirige contra una Ley de la República. ltl. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO En atención a los cargos admitidos, los problemas jurídicos se circunscriben a determinar si: - ¿La expresión acusada vuinera el artículo 13 de la Constitución al establecer un trato diferente entre el quejoso sometido al régimen de la Ley 1123 de 2007, quien no puede impugnar la sentencia absolutoria, y el quejoso sujeto al régimen de ta Ley 1952 de 2019, quien sí puede recurrir dicha decisión?

no puede impugnar la sentencia absolutoria, y el quejoso sujeto al régimen de ta Ley 1952 de 2019, quien sí puede recurrir dicha decisión? - ¿La expresión demandada contenida en los artículos 66, parágrafo, y 78 de la Ley 1123 de 2007 vulneran los artículos 29, 31, 228 y 229 de la Constitución, al excluir al quejoso de la notificación formal y de la posibilidad de impugnar ta sentencia que pone fin al proceso disciplinario, pese a que el propio régimen tegal le reconoce facultades de participación dentro del proceso? lv. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público se referirá (a) al margen de configuración legislativa en materia disciplinaria, (b) el derecho al debido proceso y sus garantías de defensa, contradicción y publicidad, (c) el acceso a la administración de justicia, para finalmente (d) presentar el análisis del caso concreto.

A. La libertad de configuración legislativa en materia disciplinaria La Corte Constitucional ha sostenido de manera constante que el diseño de los procedimientos disciplinarios corresponde al ámbito de configuración normativa del Legislador. Esta competencia encuentra fundamento en la cláusula general de competencia prevista en el artículo 150 de la Constitución Política, que faculta al Congreso para regutar los procedimientos judiciales y administrativos y, dentro de ellos, aspectos relacionados con la competencia de las autoridades, las etapas procesales, los términos, el régimen probatorio, las cargas de las partes y los recursos procedentes.

En materia disciplinaria, dicha potestad comprende no solo la definición de las conductas constitutivas de falta y de las sanciones aplicables, sino también la

los términos, el régimen probatorio, las cargas de las partes y los recursos procedentes. En materia disciplinaria, dicha potestad comprende no solo la definición de las conductas constitutivas de falta y de las sanciones aplicables, sino también la determinación de las reglas procesales mediante las cuales se hace efectiva la potestad sancionadora del Estado. En desarrollo de esta línea jurisprudencial, la Corte ha precisado que le corresponde al Legislador establecer los mecanismos de impugnación que proceden dentro de cada actuación disciplinaria, así como fijar sus requisitos, oportunidades y condiciones de procedencia. En particular, puede definir “el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, esto es, los recursos de reposición, apelación, u otros, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos”®. Corte Constitucional. Sentencia C-763 de 2009. $ Ibid. $ Corte Constitucional. Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000 y C-763 de 2009. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026eS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA No obstante, el Alto Tribunal ha advertido que dicha facultad no tiene carácter absoluto. Así, estableció que la validez constitucional de las normas procesales depende de que respeten las garantías fundamentales del debido proceso y de que respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. En efecto, ta jurisprudencia ha señalado que la

Así, estableció que la validez constitucional de las normas procesales depende de que respeten las garantías fundamentales del debido proceso y de que respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. En efecto, ta jurisprudencia ha señalado que la libertad de configuración legislativa está limitada por las garantías constitucionales y que debe ejercerse de forma compatible con los derechos de defensa, contradicción, publicidad, imparcialidad y acceso a la administración de justicia®. Bajo ese entendimiento, ha establecido que la regulación de los recursos constituye una típica manifestación de la potestad de configuración normativa del Congreso?. Así, la determinación de las decisiones que son susceptibles de impugnación y las que no, no se encuentra definida directamente por la Constitución, sino que hace parte de las opciones legítimas de política legislativa que corresponden al Legislador”? En consecuencia, el control constitucional no recae sobre la conveniencia de la regulación adoptada, sino sobre la verificación de que las restricciones o limitaciones previstas no resulten arbitrarias, irrazonables o desproporcionadas frente a las garantías que integran el debido proceso". Ahora bien, si bien el principio de doble instancia constituye una garantía relevante dentro de los procedimientos sancionatorios del Estado, su aplicación no tiene carácter absoluto. En la Sentencia C-095 de 2003, la Corte sostuvo que ta doble instancia"? favorece los derechos de impugnación y contradicción, y contribuye a preservar la legalidad y corrección de las decisiones administrativas y judiciales. Sin embargo, aclaró que la Constitución no exige que todas las actuaciones o decisiones estén sometidas necesariamente a revisión por un superior funcional, razón por la cual el

legalidad y corrección de las decisiones administrativas y judiciales. Sin embargo, aclaró que la Constitución no exige que todas las actuaciones o decisiones estén sometidas necesariamente a revisión por un superior funcional, razón por la cual el Legistador puede establecer excepciones cuando existan razones constitucionalmente válidas que las justifiquen??. En esa misma decisión, la Corte reconoció expresamente que la libertad de configuración legislativa comprende la facultad de limitar el alcance de la doble instancia y, por consiguiente, de definir cuáles determinaciones admiten recursos y cuáles quedan excluidas de ellos. No obstante, advirtió que las excepciones al régimen general de impugnación son de interpretación restrictiva y deben responder a finalidades constitucionalmente legítimas, sin afectar el núcleo esencial del debido proceso ni el ejercicio efectivo del derecho de defensa'.

B. El derecho al debido proceso, los derechos de defensa, contradicción y publicidad El artícuto 29 de la Constitución garantiza el debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas’®. La Corte ha entendido que esta garantía comprende, entre otros elementos, el derecho de defensa y contradicción, así como el conocimiento oportuno de las actuaciones y decisiones que puedan afectar la posición jurídica de quienes participan en el proceso”. 7 Corte Constitucional. Sentencia C-763 de 2009 y C-030 de 2024. 8 Ibid. Corte Constitucional. Sentencia C-763 de 2009. ibid.

Ibid. Artículo 31 de la Constitución Politica. Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2003. “bid. 1 Ibid.

Corte Constitucional. Sentencia C-763 de 2009. ibid. Ibid. Artículo 31 de la Constitución Politica. Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2003. “bid. 1 Ibid. 16 Cfr, Corte Constitucional. Sentencias C-641 de 2002 y C-980 de 2010. Ibid. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La jurisprudencia constitucional ha reconocido una relación estrecha entre la notificación de las decisiones judiciales y la efectividad del derecho de defensa. En particular, ha señalado que la falta de notificación de una decisión puede configurar una vulneración del debido proceso cuando priva a la persona de la oportunidad de controvertirla. La Corte ha reiterado esta regla al examinar casos en los que la falta de notificación de una providencia impidió ejercer oportunamente los mecanismos de defensa correspondientes'®. En ese orden de ideas, el debido proceso constituye un pilar esencial de las sociedades democráticas y se relaciona con el ejercicio de otros derechos, como el acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y la igualdad. Su dimensión material garantiza que toda persona pueda acudir ante los jueces competentes para obtener la protección de sus intereses, mediante mecanismos procesales específicos y una decisión de fondo??. A su vez, el debido proceso desarrotla el principio de legalidad, pues constituye un límite al ejercicio det poder y una garantía frente a la arbitrariedad de las autoridades estatales.

decisión de fondo??. A su vez, el debido proceso desarrotla el principio de legalidad, pues constituye un límite al ejercicio det poder y una garantía frente a la arbitrariedad de las autoridades estatales. Estas no pueden actuar a su arbitrio, sino con sujeción a las reglas procedimentales y sustanciales previstas en la ley”. En consecuencia, corresponde al Legislador definir las etapas de cada actuación, las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa, la interposición de los recursos y acciones procedentes, así como el cumplimiento del principio de publicidad. A estas reglas deben sujetarse los jueces y funcionarios administrativos en el ejercicio de sus competencias”, Tratándose de sanciones, la Corte ha precisado que el poder sancionador no es absoluto y debe sujetarse al desarrollo previo de un proceso que garantice al presunto infractor el derecho de defensa”. En ese sentido, ha exigido que, con anterioridad al acto que impone la sanción, el destinatario tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar su práctica”, En lo que tiene que ver con el derecho a la defensa, se advierte que, de conformidad con los artículos 29 Superior y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías judiciales, dentro de un plazo razonable, y a disponer del tiempo y de los medios necesarios para preparar su defensa”. Para ta Corte Constitucional, este derecho implica que quienes se encuentren sometidos a un proceso judicial o administrativo puedan utilizar todos los medios legítimos y adecuados para proteger sus intereses. En este sentido, dicho derecho comprende: (i) la posibitidad de ser escuchados para exponer razones y argumentos

sometidos a un proceso judicial o administrativo puedan utilizar todos los medios legítimos y adecuados para proteger sus intereses. En este sentido, dicho derecho comprende: (i) la posibitidad de ser escuchados para exponer razones y argumentos frente a las pretensiones en su contra, (ii) la facultad de aportar pruebas, solicitar su Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2025. 19 Ibid. También véanse las Sentencias C-474 de 2023, C-227 de 2009, C-1195 de 2001, C-330 de 2000, SU-091 de 2000, C-353 de 2022, C-163 de 2019 y T-146 de 2022. 2 Cr. Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019. "Ibid. 2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2001. 2 Ibid. 24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-353 de 2022 y C-163 de 2019. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026E PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA práctica y controvertir las que se alleguen en su contra, y (iii) a ejercer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”. En relación con el derecho de contradicción, la jurisprudencia constitucional ha señalado que esta garantía se vincula directamente con la necesidad de asegurar el debate probatorio. En ese contexto, comprende la facultad de presentar y solicitar pruebas, participar en su práctica, exponer argumentos y recurrir las decisiones desfavorables”.

señalado que esta garantía se vincula directamente con la necesidad de asegurar el debate probatorio. En ese contexto, comprende la facultad de presentar y solicitar pruebas, participar en su práctica, exponer argumentos y recurrir las decisiones desfavorables”. Por su parte, el artículo 228 de la Constitución establece el principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades y exige que sus decisiones sean puestas en conocimiento de quienes tengan un interés jurídico en ellas”. La Corte ha señalado que este principio constituye una garantía del debido proceso, pues exige, por un lado, que las decisiones estén debidamente motivadas y, por otro lado, el deber de ponerlas en conocimiento de los sujetos procesales con interés jurídico en la actuación, a través de los mecanismos establecidos en la ley, con el fin de que puedan ejercer los derechos a la defensa y de contradicción”. La publicidad cumple, además, una doble función. Por una parte, permite el escrutinio de la actividad de las autoridades y favorece la transparencia y el control de sus decisiones, salvo las excepciones previstas por la ley”. Por otra, en su dimensión procesal, garantiza que las personas involucradas conozcan las actuaciones judiciales o administrativas que puedan afectar sus derechos o intereses. Por ello, la publicidad no constituye una mera formalidad, sino un presupuesto de eficacia de las actuaciones y una garantía frente a decisiones arbitrarias. En esta segunda dimensión, la notificación constituye el acto procesal mediante el cual se materializa el principio de publicidad, pues permite poner en conocimiento de las partes y de los terceros con interés el contenido de las providencias que se profieren dentro de un proceso judicial. Su finalidad esencial consiste en hacer efectivo el

se materializa el principio de publicidad, pues permite poner en conocimiento de las partes y de los terceros con interés el contenido de las providencias que se profieren dentro de un proceso judicial. Su finalidad esencial consiste en hacer efectivo el principio de publicidad y garantizar los derechos de defensa y contradicción, como elementos esenciales del debido proceso. El Alto Tribunal ha sostenido que la notificación en debida forma garantiza, en primer lugar, que la persona a quien concierne una determinada decisión conozca su contenido?, Esta garantía resulta indispensable para el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, pues fija con certeza la fecha en que se produce la comunicación oficial de la decisión y, a partir de ella, habilita al interesado para ejercer los medios jurídicos previstos para la protección de sus intereses. En segundo lugar, la notificación en debida forma contribuye a la continuidad del trámite judicial o administrativo sin dilaciones injustificadas. Por una parte, activa los términos preclusivos para el ejercicio de las actuaciones procesales y, por otra, previene 25 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-261 de 2025, T-268 de 2018, T-051 de 2016, T-018 de 2017 y T-544 de 2015. % Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2025. ? Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2018, C-980 de 2010 y C-341 de 2014. 2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-341 de 2014, C-980 de 2010 y C-114 de 2003. 2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-268 de 2018.

2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-341 de 2014, C-980 de 2010 y C-114 de 2003. 2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-268 de 2018. 30 Cfr, Corte Constitucional. Sentencias T-261 de 2025, T-268 de 2018, C-872 de 2003 y T-580 de 2010. 31 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-029 de 2021, T-229 de 2019, T-181 de 2019, T-268 de 2018, T-105 de 2010, T-489 de 2006, G-783 de 2004, C-783 de 2004, G-270 de 2004 y T-238 de 1996. % Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-238 de 1996. % Ibid. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA irregularidades que puedan conducir a la nulidad de lo actuado. Así, la adecuada notificación de las decisiones judiciales garantiza el acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y los principios de celeridad y economía procesal. Por el contrario, la falta de notificación, “en especial, cuando se trata de actos o providencias que, por su trascendencia dentro del trámite, inciden en los derechos de las partes o terceros del proceso, es una omisión que repercute en las posibilidades de defensa de tales personas y obstruye el curso normal de los procedimientos, dando

providencias que, por su trascendencia dentro del trámite, inciden en los derechos de las partes o terceros del proceso, es una omisión que repercute en las posibilidades de defensa de tales personas y obstruye el curso normal de los procedimientos, dando lugar, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la notificación”, En suma, la notificación trasciende la mera formalidad de comunicar el inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, pues constituye un instrumento para hacer efectivo el principio de publicidad y garantizar que los sujetos procesales conozcan el contenido de las decisiones y, con ello: (i) dota de transparencia a la administración de justicia; (ii) garantiza el ejercicio de tos derechos de contradicción, defensa e impugnación; y (iii) obliga a los sujetos procesales a adecuar voluntaria o coactivamente sus actos a lo ordenado por el juez”,

C. El derecho de acceso a la administración de justicia El artículo 229 de la Constitución consagra el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, garantiza que toda persona pueda acudir a las instancias jurisdiccionales, incluso sin la representación de un abogado en los casos previstos por la ley. Este derecho asegura la posibilidad de reclamar la protección y el restablecimiento de derechos e intereses legítimos, bajo procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías constitucionales y legales, Este derecho constituye una garantía fundamental que asegura ta convivencia pacífica y la satisfacción de derechos e intereses concretos”. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar el acceso a la justicia a todos los individuos, a través del uso de los

Este derecho constituye una garantía fundamental que asegura ta convivencia pacífica y la satisfacción de derechos e intereses concretos”. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar el acceso a la justicia a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico”. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado el Alto Tribunal “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”, La Corte en Sentencia C-037 de 1996 señaló que el acceso a la administración de justicia implica que cualquier persona pueda solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Este derecho no se agota en la presentación de pretensiones procesales, sino que exige efectividad. Se cumple cuando el juez, conforme a la ley, garantiza igualdad entre las partes, analiza las pruebas, alcanza un convencimiento libre, aplica la Constitución y la % Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-029 de 2021, T-229 de 2019, T-181 de 2019, T-268 de 2018, T-105 de 2010, T-489 de 2006, C-783 de 2004, C-270 de 2004, T-003 de 2001 y T-238 de 1996. 35 Ibid. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002. 37 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2018, C-270 de 2004 y T-238 de 1996.

35 Ibid. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002. 37 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2018, C-270 de 2004 y T-238 de 1996. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-799 de 2011. 39 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2011. “Ibid. $ Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA ley y, en su caso, declara la vigencia y realización de los derechos amenazados o vulnerados”. De esa manera, la jurisprudencia ha concluido que el derecho en mención tiene un contenido múltiple, del que se pueden identificar tres categorías: “(i) aquéllas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente las que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o la ejecución material del fallo”.

La primera comprende al: (i) derecho de acción; (li) a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones”; y (iii) a que ta oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional”. La segunda incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por un tribunal

de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional”. La segunda incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso”; (viii) que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias; (ix) que se prevean herramientas necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos recursos”, La última de las categorías abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla lo previsto en esta, Así las cosas, el derecho de acceso a la administración de justicia guarda una relación estrecha con el debido proceso, pues solo mediante la oportunidad y capacidad efectiva de impulsar pretensiones jurisdiccionates se garantiza un proceso justo, recto y garantista, que decida sobre los derechos en controversia. En definitiva, el derecho a acceder a la justicia no se satisface con la existencia de recursos y procedimientos formales, sino que exige que estos resulten idóneos y eficaces para garantizar la p

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