PGN-DAÑO A LA VIDA DE RELACION Definición

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Privación injusta de la libertad APELANTE ÚNICO-Imposibilidad de agravar la pena impuesta/APELANTE ÚNICO-Principio de la non reformatio in pejus/PRINCIPIO DE CONGRUENCIAAplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado …., cabe referirnos al inciso artículo 31 supremo que dispuso que todas las sentencias judiciales son apelables y el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. De la norma se desprende entonces el derecho fundamental de la non reformatio in pejus, el cual traduce en la imposibilidad del superior jerárquico, al momento de analizar y examinar el recurso presentado por el apelante único, hacer más gravosa o más penosa la decisión adoptada por el operador jurídico de primera instancia. CARGA DE LA PRUEBA-A quien alega un hecho o un derecho según regulación legal En razón a lo anterior, se considera que la parte demandante inobservó lo consagrado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que las partes persiguen, pues no logró probar en grado de certeza, que efectivamente salió de sus arcas patrimoniales el valor por treinta millones de pesos por concepto de pago de honorarios, en consecuencia, este despacho ha de concluir que la decisión del a quo de no reconocer los perjuicios por daño emergente se encuentra ajustada a derecho. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN-Debe obrar prueba de la existencia para reconocer perjuicios/DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN-Definición/DAÑO A LA

VIDA DE RELACIÓN-Es omnicomprensivo según jurisprudencia del Consejo de Estado De otra parte, respecto de la solicitud del actor en cuanto a que se le reconozcan perjuicios por concepto del daño a la vida de relación por cuanto el tribunal de instancia no se los reconoció por considerar que no concurrían pruebas suficientes que demostraran la existencia del referido daño no obstante que en el proceso reposaban declaraciones de personas que conocen a la señora Vergel Machado, esta delegada considera oportuno realizar, primeramente, unas anotaciones en relación con el referido daño, para así dilucidar lo referente a esa categoría de daño y poder determinar si se le debe reconocer o no dicho perjuicio al demandante. En ese sentido, cabe señalar que el daño a la vida de relación debe entenderse como el daño que impide a una persona gozar y disfrutar de los varios placeres de la vida.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033)

Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 27 de febrero de 2013 Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH (E)

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 13-22

Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01

(45.033)

Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la NaciónRama Judicial Honorable señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal especial, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

1. La Demanda 1

En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la señora Carmen Edilia Vergel Machado y otros presentaron demanda en contra de la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios materiales y morales causados a 1 Folio 114 a 131 del cuaderno No. 1.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros la demandante con ocasión de la privación injusta de la que fue objeto, por espacio de 21 meses y 3 días.

2. La Contestación

2.1. Rama Judicial2

Se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyendo que la Rama Judicial en ningún momento le causo un daño antijurídico al demandante, toda vez que el daño se debió a las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, pues ésta fue quien “ordeno la captura, resolvió la situación jurídica, dicto medida de aseguramiento y al final dicto Preclusión de la Investigación”, y en consecuencia no es posible predicarle responsabilidad a la Rama Judicial. En estos términos, el accionado manifestó: “(…) jamás al (a) señor(a) CARMEN EDILIA VERGEL MACHADO fue llamado a juicio o dictado sentencia en su contra ante un juzgado penal. Esta es razón suficiente para que se nieguen todas las pretensiones en cuanto a mi representada, pues ninguno de sus agentes causo un daño o perjuicio de orden material, moral, daño a la vida en relación o alteración alguna de las condiciones de existencia (…)” Es tanta la ausencia de legitimación en la causa que en ningún momento en el plenario aparece acto emitido por un Juez de la República dentro del expediente. Como se observa en las razones de la defensa, ningún funcionario de la Rama Judicial (…) fue el en ente que dictó la medida de aseguramiento con detención preventiva, pues el acto se produjo por un funcionario de la Fiscalía General de la Nación y es esta misma entidad la encargada para representarse, pues tiene autonomía administrativa y presupuestal.

Y agregó que: “Pretender imputar responsabilidad a mi representada es desconocer que el inicio de la investigación penal tuvo origen en la indicación que se hizo por la

Fiscalía General de la Nación al señalar a la señor(a) CARMEN EDILIA VERGEL MACHADO como participe en los hechos investigados, ante la evidencia de los hechos presentados y la especial gravedad que revestían los mismos”. 2 Folio 139 a 145 del cuaderno No. 1.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros Así mismo, en el mismo escrito, propuso como excepciones; a) Falta de legitimación en la causa por pasiva3; b) falta de relación de causalidad4; c) ineptitud de la demanda5; y d) la excepción genérica que consagra el artículo 164 del C.C.A. 2.2. Fiscalía General de la Nación6

Se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyendo que la Fiscalía actuó de manera diligente puesto que existieron pruebas que vinculaban a la señora Vergel Machado con el delito imputado, y en consecuencia, ello conllevo a que la Fiscalía General de la Nación iniciara una investigación preliminar y, decretará y practicará “las pruebas que estimó convenientes en aras de establecer la veracidad de los hechos puestos a su conocimiento, posteriormente, adopto las medidas que consideró pertinentes, entre ellas la de resolución de acusación”.

Añadió el demandado que: “(…) para que pueda fundarse la responsabilidad patrimonial de la

administración, representada por la Fiscalía General de la Nación, no es suficiente la existencia de un daño antijurídico, sino que el mismo debe estar vinculado en forma directa a la actuación por acción o por omisión de parte de la administración. La naturaleza misma del proceso penal, hace que este permita, entre otras restricciones, la de la propiedad y de la libertad, y de esta forma eventualmente se causa un perjuicio (…) (…) En consecuencia, no se incurre en falta o falla en el servicio judicial, y su pudiera presentarse alguna demora en decretarse la libertad de la aquí demandante, no se puede desprender a priori la responsabilidad patrimonial de mi representada; teniendo en cuenta que la señora CARMEN EDILIA VERGEL MACHADO, fue absuelta en segunda instancia del juicio, por expresa aplicación del principio universal del INDUBIO PRO REO, lo cual de tajo excluye la noción de detención injustificada, arbitraria y contraria a los requisitos jurisprudenciales y legales antes señalados: 3 Para ello argumento que en el libelo del proceso no consta ningún acto emitido por un Juez de la República, y por lo tanto, no es posible atribuirle legitimación a la Rama Judicial. 4 Considera el accionado que en el presente caso no existe relación de causalidad entre la actuación de la Rama Judicial y el demandante, comoquiera que la actuación desplegada se debió exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, la cual determinó la necesidad de ordenar la captura, definir la situación jurídica de los sindicados, dictar la medida de aseguramiento u declarar la preclusión de la investigación. 5 Como fundamento de la excepción, señaló que: “De las pruebas allegadas a la presente demanda,

consideramos que no se configura por parte de la Rama Judicialla falta del servicio alegada por parte del demandante, por no existir el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio presuntamente ocasionado (…)”. 6 Folio 153 a 165 del cuaderno No.1

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros Adicionalmente, la Fiscalía alegó como excepciones el rompimiento del nexo de causalidad7, ausencia del perjuicio reclamado, y la excepción genérica.

3. La Sentencia de primera instancia 8

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 15 de diciembre de 2011 accedió a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, el tribunal a quo señaló que el Estado debe ser declarado responsable por cuanto no logró desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos. En ese sentido, el tribunal indicó que: “(…) en tanto que el proceso penal terminó con la absolución y, debido a que el Estado –como en efecto no lo hizo en este procesono logró desvirtuar la presunción de inocencia de la señora Carmen Edilia Vergel Machado, como autora del delito que se le imputaba, la detención preventiva que tuvo que soportar resulta abiertamente injusta y desproporcionada, de suerte que el sacrificio del derecho a la libertad no se

vio compensado con la satisfacción del anhelo de justicia y conocimiento de la verdad material frente a los hechos investigados, circunstancias por las cuales la hoy actora debe ser indemnizada teniendo en cuenta que estuvo privada de la libertad por un lapso superior a un año”. En ese orden de ideas, el juez de instancia argumento que tanto la Nación-Fiscalía General de la Nación como la Nación-Rama Judicial eran solidariamente responsables patrimonial y administrativamente por la detención injusta de que fue objeto la hoy demandante, en los siguientes términos: (…) con respecto a la responsabilidad pretendida en cabeza de la NACIÓN, RAMA JUDICIAL (…) considera la Sala, que debe ser declarada administrativa y patrimonialmente responsable, por cuanto según se observa en el transcurso del actuar procesal, fue ésta, quien mediante sentencia de fecha 20 de octubre de 2008, declara responsable del delito de secuestro extorsivo a la hoy demandante, manteniendo con ellos, en el tiempo la privación de la libertad de la misma, ello, por cuanto si bien es cierto, dicha sentencia no cobro fuerza ejecutoria, por haber sido objeto de 7 El demandado fundamentó la excepción argumentado que: “(…)resulta evidente, según las pruebas obrantes, la culpa exclusiva de la víctima, pues el comportamiento irregular de CARMEN EDILIA VERGEL MACHADO, al mentir a la justicia sobre la señora LEONILDE GELVES CONTRERAS involucra también dentro de la investigación penal, fue el que puso en movimiento el ordenamiento penal en razón del cual se produjeron varias decisiones, entre ellas aquella que la privó de la libertad(…)”.

8 Folio 284 a 321 del cuaderno principal.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros apelación, también lo es que en atención a dicho pronunciamiento la hoy demandante tuvo que soportar una detención hasta el año 24 de julio 2009

(sic), lo cual cesó con ocasión del fallo absolutorio dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. En relación con la Fiscalía arguyó que: (…) para la Sala es claro que fue ésta, quien adelantó todo un proceso penal, y solicitó mantener en calidad de retenido a la hoy actora, cuando no se contaba con todos los medios probatorios suficientes para iniciarlo, por lo tanto, teniendo en cuenta que las actuaciones realizadas por dicha entidad también fueron generadoras del hecho dañoso (…) (…) En consecuencia, dicho de esta forma, y aplicando las normas y la jurisprudencia anteriormente anotada, Nación-Fiscalía General de la Nación, también es administrativa y patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de la señora CARMEN EDILIAR VERGEL MACHADO, ya que con dicha privación se le causó un daño antijurídico (…)

4. La apelación

Parte Actora9 Inconforme con lo decidido por el Tribunal Administrativo a quo, en relación con los

perjuicios indemnizados en la sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó se modificara la sentencia argumentando que si bien en el proceso se condenó a los demandados, los cierto es que los montos indemnizatorios no se ajustaron a la realidad probatoria del proceso. Explicó el accionante que: (…) el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar no reconoció los perjuicios materiales en su modalidad de Daño Emergente, aduciendo que en el plenario no se acredito los gastos en que supuestamente incurrió el accionante, lo que nos parece un despropósito, toda vez que a folio 111 del proceso podemos advertir la existencia de una Certificación auténtica emitida por el Doctor JOSE ANTONIO RIPOLL GRANADOS, abogado con TP. No. 57.782 del C.S.J. (…) donde en calidad de apoderado judicial dentro del proceso penal da fe que su poderdante la señora VERGEL MADADO, cancelo la suma de ($30.000.000.oo) TREINTA MILLONES DE PESOS, por concepto de defensa técnica que este asumió dentro del proceso penal.

Agregó además que: 9 Folio 323 a 326 del cuaderno principal.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros El Honorable Tribunal Administrativo del Cesar, no reconoció a favor de los

accionantes la compensación referente al daño a la vida en relación, por considerar que dentro del expediente no obran pruebas que puedan demostrar la afectación a la unión familiar que existía antes de la privación de la libertad, o de la alteración de las condiciones de existencia del acto. (…) Son las anteriores razones y la evaluación de las declaraciones de personas que conocen a la señora VERGEL MACHADO y que descansan en el dossier las que nos permiten soportar la solicitud que con respeto elevamos ante Ustedes y es reconocer y pagar a los accionantes a titulo de compensación por el daño en la vida de relación, sufridos por la señora VERGEL MACHADO, sus hijos, hermanos y su compañero permanente, por la zozobra, el miedo, al que estuvieron expuestos durante ese largo periodo, esto desequilibro el ambiente de unidad que reinaba en esa familia y que difícilmente podrá llegar a equilibrarse tanto al interior de la familia como con sus semejantes vecinos de la población de San Martin-Cesar, en donde le fueron hechas serias sindicaciones y señalamientos que no estaban en la obligación de soportar.

5. Conciliación 10

Según se observa dentro del libelo de la demanda, mediante audiencia de conciliación calendada el 5 de junio de 2012, la Fiscalía General de la Nación concilió con la parte demandante respecto del valor de la condena en los siguientes términos: (…) la Nación Fiscalía General de la Nación, quien manifiesta que el Comité de conciliación y repetición de la Fiscalía General de la Nación, en sesión celebrada el 26 de abril de 2012, decidió proponer formula

conciliatoria consistente en el 80% del 50% del valor de la condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación, en caso de acuerdo este pago estará sujeto a los señalado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes. (…). Seguidamente se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, quien señala que atendiendo el interés y animo de conciliación de la Fiscalía General de la Nación, sobre el monto objeto de conciliación manifestamos nuestro interés en aceptar dicho acuerdo y que se surtan las diligencias pertinentes en cuanto al recurso de apelación contra la Rama Judicial quien manifestó vehementemente su interés de no conciliar (…) 10 Folio 343 del cuaderno principal.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros Así las cosas, por auto del 14 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió aprobar el acuerdo conciliatorio mencionado anteriormente, para la cual expuso que: (…) estudiada el acta de conciliación anterior, que contiene el arreglo conciliatorio a que llegaron las partes (demandante y Fiscalía General de la Nación), y sus anexos, no existe nada distinto para el Tribunal que aprobarla, por reunir los requisitos legales, y no observar causal alguna que las vicie de nulidad,

En consecuencia, se decretará que el arreglo conciliatorio contemplado en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, consignado en la referida acta de conciliación, es valido y surte efectos jurídicos. Por lo expuesto, se, RESUELVE PRIMERO: Aprobar la conciliación consignada en el acta de fecha 5 de junio de 2012, suscrita entre el doctor OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRÁS, como apoderado de la parte actora y la doctora NIRKA TATIANA MORENO QUINTERO como apoderad de la Fiscalía General de la Nación, en los términos pactados.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

6. Problema Jurídico Le corresponde a este Despacho emitir sus observaciones en cuanto a si es procedente modificar la tasación de perjuicios realizada por el tribunal a quo en la sentencia de primera instancia.

7. Hechos Acreditados.

Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes11: 11 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros 1) A folio 197 del cuaderno 1 obra certificación suscrita por el Directos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar, en el cual se deja constancia de: “Que la interna CARMEN EDILIA VERGEL MACHADO, permaneció recluida en este establecimiento penitenciario y carcelario, desde 17 de Octubre de 2007, hasta 13 de marzo de 2008, sindicada por el delito de SECUESTRO EXTORSIVO”. 2) De acuerdo la certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, el cual da cuenta de que: “según los registros existentes en la base de datos sisipec web de la señora CARMEN EDILIA VERGEL MACHADO se tiene que dicha interna estuvo recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Valledupar EPAMSCVAL del 17 de Octubre de 2007 al 13 de marzo de 2008, posteriormente fue trasladada por descongestión del Establecimiento mediante Resolución No. 300-00065 del 12 de marzo de 2008 al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar EPAMSCVAL donde estuvo recluido del 13 de Marzo de 2008 al 27 de Julio de 2009 (…)” (folio 202 del cuaderno 1). 3) La Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Valledupar, mediante providencia del 10 de febrero de 2003 se abstuvo de

imponer medida de aseguramiento en contra de la señora Vergel Machado, y en consecuencia, ordena su libertad inmediata (folio 42 a 47 del cuaderno 1.). 4) Por resolución del 9 de mayo de 2006 con radicación No. 140650, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar resolvió precluir la investigación a favor de la señora Carmen Edilia Vergel Machado. 5) Mediante escrito radicado el 8 de junio de 2006, el señor Henry Buitrago interpone recurso de apelación en contra de la providencia que resuelve la preclusión del proceso (folio 225 del cuaderno 1 penal).

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros 6) Mediante resolución del 1 de agosto de 2007, la Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Valledupar-Cesar resuelve el recurso de apelación y profiriere acusación en contra de la señora Carmen Edilia Vergel Machado (folio 54 a 68 del cuaderno 1.) 7) Por sentencia del 20 de octubre de 2008 proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado decidió declarar responsable a la señora Carmen Edilia Vergel Machado por los delitos de Secuestro extorsivo y, en

consecuencia, es condenada a la pena de once (11) años de prisión (folio 71 a 84 del cuaderno 1). 8) Mediante sentencia del 17 de julio de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar-Sala de Decisión Penal, revoca en todas sus partes la sentencia del 20 de octubre de 2008, y en su ligar, absuelve de toda responsabilidad a la hoy demandante (folio 86 a 97 del cuaderno 1). 9) A folio 111 del cuaderno 1, obra “certificación de cobro de honorarios a la señora Carmen Edilia Vergel Machado” suscrita por el abogado José Antonio Ripoll Granados, en la cual el mismo manifiesta que: “Por concepto de honorarios Profesionales en la atención del Proceso desde la etapa posterior a la Indagatoria hasta la finalización del mismo la señora CARMEN EDILIA VERGEL MACHADO Canceló la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($30.000.000), pago que hizo la Sindicada y posteriormente procesada (…)”. 10)A folio 210 a 213 reposan declaraciones juradas de las señoras Yolanda Jiménez Vargas y Alicia Pachón Gómez, en las cuales dan cuenta de los daños sufridos con ocasión de la privación injusta de la que fue objeto la señora Carmen Edilia.

8. Caso Concreto

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros Teniendo en cuento que en el presente proceso, el 5 de junio de 2012, la Fiscalía General de la Nación y los demandantes conciliaron sobre “el 80% del 50% del valor de la condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación”, esta Delegada no emitirá observaciones al respecto, y en consecuencia, se atendrá a lo conciliado.

Ahora, previo adentrarnos en el análisis del caso concreto, este Despacho considera necesario realizar algunas consideraciones en relación con el derecho fundamental de la non reformatio un pejus, toda vez que la providencia del a quo fue recurrida únicamente por la parte demandante. En este orden de ideas, cabe referirnos al inciso artículo 31 supremo que dispuso que todas las sentencias judiciales son apelables y el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. De la norma se desprende entonces el derecho fundamental de la non reformatio in pejus, el cual traduce en la imposibilidad del superior jerárquico, al momento de analizar y examinar el recurso presentado por el apelante único, hacer más gravosa o más penosa la decisión adoptada por el operador jurídico de primera instancia. En estos términos, el Consejo de Estado recientemente manifestó que: La interdicción a la reforma en peor, que se encuentra íntimamente ligada a los derechos al debido proceso, de defensa, de doble instancia, entre otros, también se relaciona con el principio de congruencia de las decisiones

judiciales, por tanto, el ad quem tendrá competencia para abordar el juicio propuesto por el recurrente, pero circunscribiéndose al objeto propuesto en la apelación, esto es, sin examinar otros aspectos de la decisión, y mucho menos su integralidad, a no ser que existan puntos cuyo análisis sea imprescindible para resolver el problema formulado. Sumado a lo anterior, la competencia del juez también se restringe de forma negativa cuando sólo una de las partes del litigio apela la decisión del a quo, en este caso, el fallador de instancia no puede reformarla en peor, esto es, agravando las condiciones del recurrente al momento de interponer el recurso, por ende, tendrá que respetar y mantener como mínimo la providencia recurrida, materializando así el derecho de defensa y el principio de impugnación12. 12 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010; radicación: 18001-23-31-000-199701198-01(18357). C.P. Enrique Gil Botero.

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Expediente: 2000-1233-1000-2010-00433-01 (45.033) Demandantes: Carmen Edilia Vergel Machado y otros En desarrollo de lo anterior, y comoquiera que en el caso objeto de revisión se observa que el demandante –no obstante que la sentencia salió a su favorfue el

único que apeló la decisión del tribunala quo, esta Delegada advierte que las observaciones que desarrollará el Ministerio Público se harán de conformidad con el objeto propuesto por el recurrente, es decir, sobre la solicitud de modificar la sentencia en el sentido de reconocer una mayor indemnización a los demandantes y por lo tanto, de conformidad con el principio de la non reformatio in pejus, las consideraciones no referirán a lo concerniente a si existe o no responsabilidad del estado13, sino a determinar si la tasación realizada por el tribunal fue correcta o desacertada. Así las cosas, y en relación con la primera de las peticiones del recurrente, es decir, con la solicitud de que se le reconozca como daño emergente la suma de treinta millones de pesos por concepto de la defensa técnica que el señor José Antonio Ripoll Granados realizó en el proceso penal, en criterio de esta Delegada le asiste razón al tribunal de instancia al no reconocer el perjuicio por daño material14, toda vez que la demandante no tuvo éxito en acreditar los gastos en que -según su dichoincurrió. En efecto, se observa que la parte actora aportó como prueba una “certificación de cobro de honorarios a la señora Carmen Edilia Vergel Machado” suscrita -únicamentepor el abogado José Antonio Ripoll Granados; sin embargo, al examinar el proceso, este despacho encuentra que en relación con dicha certificación no se allegó ningún otro medio de prueba que corroborara lo manifestado en el referido documento, como lo hubiera sido el contrato de prestación de servicios profesionales que debió celebrarse entre la señora Carmen Edilia y el abogado con ocasión del proceso penal, así como tampoco se observa

13 El Consejo de Estado ha reiterado dicha posición: “De conformidad con el artículo 357 del C.P.C. la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de recurso. En consecuencia, la Sala se limitará al estudio de dichos argumentos, y por esa razón no entrará a estudiar cada uno de los elementos que comprometen la responsabilidad de la administración, como quiera que el recurso interpuesto cuestiona los argumentos expuestos por el a quo que negaron las pretensiones no conciliadas entre las partes. Sin perjuicio de lo dicho, es claro que el asunto se gobernó bajo el régimen de responsabilidad sujetiva por falla probada del servicio, por considerar que el hecho dañoso resulta imputable a la entidad pública condenada”. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 9 de marzo de 2011; radicación: 50001-23-31-000-1997-06394-01(18587). C.P. Gladys Agudelo Ordoñez. 14 El tribunal de instancia al respecto determinó que: ““(…) dentro del presente proceso no aparecen acreditados los gastos en que supuestamente incurrió la parte accionantes, o las sumas de dinero