PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Configuración

LIBERTAD INDIVIDUAL O FÍSICA-Es un derecho fundamental Luego de efectuar el análisis conjunto de la normatividad indicada se puede concluir, sin lugar a dudas, que la libertad individual se consagra y constituye como un derecho fundamental, que únicamente puede verse limitado o condicionado en los eventos que de manera previa han sido señalados en la misma ley o en la Constitución. Así mismo se consignó que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que sí bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también lo es, que esas medidas restrictivas no pueden ser tan arbitrarias o desproporcionadas que desconozcan la finalidad de dicho derecho, y terminen en una privación injusta de la libertad. DAÑO ANTIJURÍDICO-Configuración Para el lapso en que de acuerdo con las demandantes se configuró el daño considerado como antijurídico, es decir desde el 31 de julio de 2003 al 8 de febrero de 2005 se encontraban vigentes de un lado, el artículo 90 de la Constitución Política, y, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionadas con el actuar de la administración de justicia. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Se configura la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación/PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO-Aplicación Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se configura la responsabilidad administrativa

de la Fiscalía General de la Nación, dado que la privación de la libertad de que fueron objeto los recluidos resulta injusta, en tanto no se desvirtuó la presunción de inocencia que los cobijaba y por el contrario, se dio aplicación a la figura del in dubio pro reo, dado que durante todo el proceso penal no se logró determinar que ellos hubieran sido autores del delito de rebelión, pues como anotó el Juzgador penal los testimonios que sirvieron de fundamento para decretar una medida de aseguramiento, no contaban la certeza suficiente que permitiera condenar a los demandantes, pues se tornaron en testimonios contradictorios con los que no podía determinarse con convicción la participación de los investigados en el delito de rebelión.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 22 de junio de 2011

Doctora

RTUH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826

Ref.: Concepto 11129

Acción de Reparación Directa Radicado.19001233100020010031401 (40204)

Actor: Nelson José Arboleda y otros

Demandado: NaciónFiscalía General de la

Nación.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 31 de agosto de 2010 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Demanda

Loa señores Nelson José Arboleda Ibarra, Edwin Perdomo Carillo, Harold Perdomo Carillo, Samir Prado Perdomo y Eduardo Antonio Estrada Téllez, presentaron demanda1 de Reparación Directa contra la NaciónFiscalía General de la Nación, solicitando se declarara a la demandada administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, al haber 1 Fls. 40 a 53 del cuaderno 1. 2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 estado privados de la libertad desde el 31 de julio de 2003 al 6 de octubre de 2005. El día 9 de julio de 2003 se informó a la Fiscalía Seccional 132 adscrita a la tercera Brigada de Cali, que a través de actividades de inteligencia y entrevistas por parte de miembros del Batallón Pichincha de Cali, se logró

recopilar información respecto de las milicias urbanas de la columna móvil Jacobo Arenas de la ONT=FARC, que delinquen en el perímetro urbano de Santander de Quilichao. En el informe mencionado, se dice que hacen parte de ese grupo insurgente entre otros los señores Arboleda Ibarra, Perdomo Carillo, Prado Perdomo y Estrada Téllez, de acuerdo con lo mencionado por la guerrillera Sandra Milena Sandoval quién de manera voluntaria se entregara a las autoridades el 13 de junio de 2003. Con fundamento en dicha información la Fiscalía de conocimiento, ordenó apertura de de investigación previa, mediante proveído del 9 de julio de

2003. En el curso de la investigación se reciben diversos testimonios, se entregan informes de inteligencia por parte de DAS – GAULA en los que se solicita se emitan ordenes de captura en contra de los hoy demandantes. Así que el 29 de julio de 2003, la Fiscalía Seccional 132 haya dispuesto la captura de los demandantes además de allanamientos a sus lugares de residencia.

El día 31 de julio de 2003, los hoy demandantes fueron capturados y sometidos a diligencia de indagatoria por la Fiscalía de conocimiento; para concluir el 20 de agosto del mismo año resolviéndoles situación jurídica ordenando medida de aseguramiento de detención preventiva. Continuando con el proceso, la Fiscalía 1ª Seccional de Santander de Quilichao, profirió el 26 de enero de 2004 resolución de acusación en contra de los hoy demandantes, como autores del delito de rebelión. 3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 Finalmente, en etapa de juzgamiento el 3 de octubre de 2004 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao concede la libertad provisional a los procesados por haberse cumplido más de 6 meses y no haberse fijado fecha para llevar a cabo audiencia pública. En consecuencia el 7 de septiembre del mismo año se llevó a cabo la diligencia, para concluir el 6 de octubre de 2005 con sentencia de absolución de los cargos imputados a los procesados, ordenando su libertad, toda vez que en el curso del proceso penal no se logró desvirtuar la inocencia de aquellos.

2. Contestación de la Demanda Dentro del término legal correspondiente la demandada Fiscalía General de la Nación por medio de su apoderado presentó contestación de la demanda2, manifestando que la privación que sufrieron los Señores Arboleda Ibarra, Perdomo Carillo, Prado Perdomo y Estrada Téllez no puede ser tildada de injusta, puesto que dicha medida se fundó en pruebas serias, legalmente aportadas al proceso penal, con lo cual queda claro que no se vulneraron derechos de aquél, ajustándose la providencia a las normas propias del proceso penal. Finaliza, proponiendo las excepciones de inexistencia de la pretendida responsabilidad de la Entidad demandada, ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia del nexo causal de responsabilidad, y finalmente manifiesta que el caso bajo estudio se presenta

una culpa exclusiva de las víctimas.

3. Sentencia de Primera Instancia En sentencia calendada 31 de agosto de 2010 el Tribunal Administrativo del Cauca3 declaró administrativamente responsable a la NaciónFiscalía General de la Nación por los daños inferidos a los accionantes, sustentando

su decisión en los siguientes argumentos: “(…) En este caso, es evidente que la parte demandante ha sufrido un perjuicio por la privación de su libertad y su vinculación en un proceso 2 Fls. 75 a 90 del cuaderno número 1. 3 Fls. 182 a 197 del cuaderno principal. 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 penal que concluyó con sentencia absolutoria a favor de los demandantes. El régimen de responsabilidad respaldado en el daño antijurídico, atribuible al Estado la obligación de reparar los perjuicios causados en ejercicio de actuaciones tanto ilícitas como lícitas, así haya existido apego a la legalidad por parte de la Fiscalía a proferirle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En este caso la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao del 06 de octubre de 2005, fue por la convicción de inocencia a la que se llegó dentro del proceso penal, lo que configura, sin lugar a dudas, la existencia de un

daño antijurídico, pues la privación de la libertad realmente ocurrió y en desarrollo del procedimiento dentro del proceso se llegó a la conclusión sobre la inocencia de los encartados. ”

4. Recurso de Apelación Fiscalía General de la Nación - actuando dentro del término legal interpuso recurso de apelación4 contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través del cual solicita se revoque la sentencia impugnada, y se dicte en su lugar la que en derecho deba reemplazarla, por cuanto no se demostraron los elementos de una falla del servicio que permitiera edificar una responsabilidad a cargo de la Administración, pues el acervo probatorio relacionado en la sentencia de primera instancia no fue el suficiente para que pudiera demostrarse la falla, por lo cual el daño que hubiera sido causado a los demandantes no era antijurídico, ya que hubo una investigación seria y contundente por parte de la Fiscalía de conocimiento, la cual arrojó indicios graves contra los procesados, por lo cual la medida privativa de la libertad en ningún momento fue injusta.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico El problema jurídico a resolver en el sub examine es: 4 Fls. 200 a 216 del cuaderno principal. 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826  ¿Cuando en el curso del proceso penal se concluye con sentencia a

favor del procesado, por cuanto la duda razonable se resolvió a favor de él –in dubio pro reo-, incurre la Administración en una privación injusta de la libertad? Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligado a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la

responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no 6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. En efecto, el artículo 285 de la Constitución Política Colombiana consagra el derecho a la libertad como “fundamental”, mientras que en el inciso 4° del artículo 29 establece la presunción de inocencia respecto de todas las personas cuando no se les haya declarado judicialmente culpables. Estos derechos se encuentran amparados también en normas jurídicas de carácter internacional, que han sido oportunamente ratificadas por Colombia, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos6 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”7;

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…". 5 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 6 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972. 7 Tema que ha sido ampliamente estudiado por la Sección Tercera en sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente: 14698. Consejera Ponente: María Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente: 16013. Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar. 8 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204)

5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 Luego de efectuar el análisis conjunto de la normatividad indicada se puede concluir, sin lugar a dudas, que la libertad individual se consagra y constituye como un derecho fundamental, que únicamente puede verse limitado o condicionado en los eventos que de manera previa han sido señalados en la misma ley o en la Constitución. Legalidad de la Actuación Para el lapso en que de acuerdo con las demandantes se configuró el daño9 considerado como antijurídico, es decir desde el 31 de julio de 2003 al 8 de febrero de 2005 se encontraban vigentes de un lado, el artículo 90 de la Constitución Política, y, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionadas con el actuar de la administración de justicia. Así mismo se consignó que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que sí bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también lo es, que esas medidas restrictivas no pueden ser tan arbitrarias o desproporcionadas que desconozcan la finalidad de dicho derecho, y terminen en una privación injusta de la libertad. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 30 de julio de 2008, expediente:

15726. Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar. “(…) este se torna en jurídicamente relevante una vez es tomado en consideración por el derecho como

daño antijurídico resarcible, “…de tal forma que el daño jurídicamente relevante constituye una especie del daño entendido en sentido genérico (o en sentido naturalístico) y el daño antijurídico una especie del daño jurídico relevante, cuando su relevancia deriva de su antijuridicidad. El daño o perjuicio que las normas jurídicas pretenden repara o evitar no es cualquier daño, sino únicamente aquél que frustra expectativas aseguradas por el derecho” La nota de antijuridicidad, es la calificación en sentido convencional que se predica de lo contrario a derecho, lo cual sin lugar a dudas es una tautología, y aunque, el concepto como tal fue elaborado por la dogmática penal, pasó a ser una categoría general del derecho. En ese contexto, es claro que la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado - en materia contractual y extracontractual-, contenida en el artículo 90 ibídem, se soporta única y exclusivamente en los elementos antes referidos de daño antijurídico e imputación -entendida esta última como atribución de la respectiva lesión-, sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo componentes a efectos de configurar la responsabilidad.” 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 Esta Agencia del Ministerio Público con base en los argumentos referidos en

líneas anteriores, reitera que el régimen que deberá estudiarse en este caso concreto es el de responsabilidad objetiva, con fundamento en lo establecido en diversa jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se ha establecido que aunado a lo señalado en el derogado Código de Procedimiento PenalDecreto ley 2700 de 1991 en su artículo 414, que señalaba los presupuestos bajo los cuales se determinaba una privación injusta de la libertad; también se constituye tal, cuando la absolución tiene como argumento la aplicación de la figura del in dubio pro reo; en este sentido los siguientes fallos del Alto tribunal de lo Contencioso Administrativo: “Se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de dicho derecho, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. C., o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo –sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima– el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de

vivir en sociedad.”10 Igualmente, en fallo del 15 de abril de 2010, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, se dijo que: “(…) tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo, reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009.

Radicado: 25508. Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa. Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por

autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento.(…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto) Por lo tanto, se procederá a analizar si, en el caso concreto, se encuentra probada la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, que conlleve a configurar responsabilidad administrativa al ente de imputación demandado o si, por el contrario, existe alguna causal de exoneración de responsabilidad. Caso concreto De conformidad con las pruebas que obran en el proceso, se tiene que los señores Nelson José Arboleda Ibarra, Edwin Perdomo Carillo, Harold Perdomo Carillo, Samir Prado Perdomo y Eduardo Antonio Estrada Téllez, fueron vinculados a un proceso penal de acuerdo como se relata en la resolución de acusación, luego de haberse presentado diversos informes de inteligencia ante la Fiscalía Seccional 132 adscrita Tercera Brigada, por

analistas “blanco FARC S2 Batallón Pichincha” el primero el día 28 de julio de 2003 y el segundo el 9 de agosto del mismo año, en los que pone de presente el testimonio de dos desmovilizadas de las FARC, que contaron acerca de las actividades realizadas por miembros de las milicias urbanas de 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 la Columna Móvil Jacobo Arenas, que delinquen en el municipio de Santander de Quilichao.11 Continuando con la investigación penal la Fiscalía 132 recibió diversos testimonios de desmovilizados de las FARC, quienes dijeron acerca de las actividades de este grupo en Santander de Quilichao relacionando como miembros de aquel grupo entre otros a los hoy demandantes; por ello que el día 29 de julio de 2003 la Jefe de la Unidad Investigativa Gaula – Valle, ordenó se hiciera allanamiento en las residencias de los implicados, y a su vez se hiciera efectiva la detención preventiva de los mismos. El día 26 de 2004 la Fiscalía Primera – Unidad delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, teniendo en cuenta las pruebas anteriormente señaladas, resuelve dictar resolución de acusación contra los procesados señores Nelson José Arboleda Ibarra, Edwin Perdomo Carillo, Harold Perdomo Carillo, Samir Prado Perdomo y Eduardo Antonio Estrada

Téllez por ser considerados como autores del delito de rebelión.12 Finalizando el procedimiento penal, el Juzgado Primero Penal del Circuito mediante sentencia del 6 de octubre de 2005 resolvió absolver a todos los procesados de los cargos que por el delito de rebelión le formulara la Fiscalía de conocimiento; bajo los siguientes argumentos: “Lo cierto es que la apreciación en conjunto de la prueba individualmente analizada, legal, regular y oportunamente allegada a la actuación, resulta ineludible concluir que con base en ella no es posible alcanzar la certeza sobre la responsabilidad de los acusados, fluctuando ente la imputación efectuada y el estado de inocencia alegado, pero sin la convicción para detenernos en una de las dos tesis, la sustentada por el ente acusador o la elevada por la defensa (…) Así las cosas, existiendo una duda razonable acerca de la tipicidad de la conducta penal que se juzgue, apelando al principio universal del favor rei, que procesalmente se manifiesta a la luz de la norma rectora de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 7°, del C. de.

P. Penal, de que toda duda debe resolverse en favor del procesado, 11 Fl. 16 del cuaderno 2. 12 Fls. 16 a 26 del cuaderno 2.

11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip

IUS-2011-215826 (…), toda vez que judicialmente no fue posible desvirtuar el estado de inocencia que legal y constitucionalmente los ampara.”13 Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se configura la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación, dado que la privación de la libertad de que fueron objeto los señores Nelson José Arboleda Ibarra, Edwin Perdomo Carillo, Harold Perdomo Carillo, Samir Prado Perdomo y Eduardo Antonio Estrada Téllez resulta injusta, en tanto no se desvirtuó la presunción de inocencia que los cobijaba y por el contrario, se dio aplicación a la figura del in dubio pro reo, dado que durante todo el proceso penal no se logró determinar que ellos hubieran sido autores del delito de rebelión, pues como anotó el Juzgador penal los testimonios que sirvieron de fundamento para decretar una medida de aseguramiento, no contaban la certeza suficiente que permitiera condenar a los demandantes, pues se tornaron en testimonios contradictorios con los que no podía determinarse con convicción la participación de los investigados en el delito de rebelión. Lo anterior, se constituyó en argumento sólido que permitió absolver a los señores Nelson José Arboleda Ibarra, Edwin Perdomo Carillo, Harold Perdomo Carillo, Samir Prado Perdomo y Eduardo Antonio Estrada Téllez del punible que se les endilgó, con lo que surge para los accionantes el derecho a ser indemnizados por tal detención. CONCEPTO Finalmente, al estar determinada lo injusta que fue la privación de la libertad de que fueron objeto los señores Nelson José Arboleda Ibarra, Edwin

Perdomo Carillo, Harold Perdomo Carillo, Samir Prado Perdomo y Eduardo Antonio Estrada Téllez y encontrarse que existe nexo causal entre la actividad desplegada por la AdministraciónFiscalía General de la Nación y el perjuicio que debieron soportar los demandantes, cual fue la detención su detención sumado a una afectación directa a su patrimonio; el 13 Fls. 43 a 58 del cuaderno 2. 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826 Estado debe entrar a responder por los perjuicios causados a los accionantes. Con justificación en lo anterior esta Agencia del Ministerio Público, le solicita de manera respetuosa al H. Consejo de Estado se considere confirmar el fallo de primera instancia, pues en el caso bajo examen se encuentra determinada la existencia de un daño antijurídico, se probaron los hechos que sustentan la demanda, y el nexo causal entre ellos; lo que lleva a determinar que existe fundamento para endilgar responsabilidad al Estado. De la señora Consejera,

ISNARDO JAIMES JAIMES

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 13 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020010031401 (40204) 5aCdeE. IJJ/cip IUS-2011-215826