PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Deber legal de soportarlo

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios causados por auxiliar de justicia DAÑO ANTIJURÍDICO-Deber legal de soportarlo Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. IMPUTACIÓN-Señalamiento de la autoridad En cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. FALLA DEL SERVICIO-Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia En cuanto a la falla en el servicio bajo el título de “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, por acciones u omisiones de los auxiliares de la justicia Pues bien, del estudio de los documentos aportados al proceso, es claro para el Ministerio Público que, en efecto, en el presente caso se configura la responsabilidad administrativa de la Rama Judicial no por el hecho de haber decretado la medida cautelar, puesto que de acuerdo con los elementos probatorios con que contaba el Juez del Circuito la medida de embargo y secuestro del inmueble LA QUERENCIA era procedente, dado que para ese entonces no se había demostrado que el demandado había obtenido de manera

fraudulenta la propiedad de aquél predio, lo que indujo al error al funcionario jurisdiccional, pero se reitera, tal equivocación obedeció a la culpa exclusiva del demandado y no a una mala práctica de la administración de justicia, pues a la postre, cuando se aclaró el asunto de la propiedad del inmueble el Juzgado Procedió a devolver el predio a sus legítimos dueños.

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., abril 25 de 2011 Expediente 760012331000-2002-03769-01 (40379)

Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones

Agroindustriales S. en C. En liquidación Doctor

JAIMA ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección C

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 11-80

Expediente: 760012331000-2002-03769-01(40.379) Demandante: Muñoz Gutiérrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación

Demandados: La Nación – Rama Judicial Honorable señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la rama Judicial, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa1 por intermedio de apoderada judicial, la sociedad MUÑOZ GUTIÉRREZ INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declarar administrativamente responsables a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL por los perjuicios que le fueron ocasionados al inmueble de propiedad de la demandante identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 370-0078230 durante el tiempo 1 Demanda presentada el 6 de septiembre de 2.002

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación que estuvo en custodia y administración del secuestre designado por el

Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali. Que como consecuencia de lo anterior; se condenara a la parte demandada al pago de los perjuicios sufridos los cuales estimó en $850.000.000, correspondientes al daño emergente y el lucro cesante. Como fundamentos de sus pretensiones se presentaron los que se sintetizan a continuación: 1.- El Juzgado doce civil del Circuito de Cali adelantó un proceso ejecutivo interpuesto por el Banco Comercial Antioqueño, hoy Banco Santander en contra del señor JORGE MARIO LÓPEZ CHEDE, dentro del cual por auto del 27 de octubre de 1993, se decretó medida cautelar de embargo y secuestro del bien inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No. 3700078230. 2.- La medida de embargo se hizo efectiva con la inscripción en la Oficina de Registro e instrumentos Públicos y para el secuestro se comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de La Cumbre, despacho que en desarrollo de la misma, designó como secuestre al señor VÍCTOR MANUEL RUBIO PEÑUELA, con quien se practicó la diligencia el 8 de marzo de 1994 y al finalizar dicha actuación, el inmueble se declaró legalmente secuestrado, con sus mejoras y se hizo entrega real y material al señor secuestre. 3.- La diligencia de secuestro se llevó a cabo sobre un inmueble que no era de propiedad del demandado en el proceso ejecutivo, pues su verdadero propietario era la sociedad INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LIMITADA, hoy MUÑOZ GUTIERREZ INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S. en C. EN LIQUIDACIÓN, tal y como quedó demostrado posteriormente cuando la Fiscalía Seccional 56 de la Unidad Primera de Delitos contra el Patrimonio

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación Económico mediante resolución del 20 de mayo de 1999 ordenó la cancelación de la escritura pública 4248 del 30 de junio de 1992 al demostrarse la configuración del delito de estafa para la obtención del título de propiedad sobre el bien inmueble rural, motivo por el cual se radicó nuevamente como propietaria a la sociedad aquí demandante.

4.- El día 21 de mayo de 1999 la Fiscalía comunicó la anterior decisión a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, al Juzgado Doce Civil del Circuito y al Juzgado Noveno Civil del Circuito pues en estos despachos judiciales cursaban procesos en contra del señor JORGE MARIO LÓPEZ CHEDE. 5.- El secuestre no cumplió con su deber de conservación del bien, por lo que el 14 de marzo de 1997 el ejecutado JORGE MARIO LÓPEZ CHEDE denunció penalmente la pérdida de los bienes existentes en el predio. 6.- El Juzgado Promiscuo Municipal de la Cumbre atendió la solicitud del Juzgado Doce Civil del Circuito hecha mediante oficio 838 del 4 de abril de 1997, comunicándole al secuestre la orden de rendir informes mensuales sobre su gestión y la indicación del estado del predio que le había sido entregado el 8 de marzo de 1994, orden que fue desatendida por el auxiliar de la justicia. 7.- El 18 de junio de 1997 el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali decidió relevar del cargo al auxiliar de la justicia VICTOR MANUEL RUBIO PEÑUELA, razón por la que fue designado el señor FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA, quien finalmente el 8 de septiembre de 2000 entregó el inmueble a la sociedad demandante. 8.- El inmueble rural fue entregado en pérdida total, en condiciones improductivas y sin rentabilidad alguna, pues en el acta de entrega se

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación estipuló que se hacía entrega sólo del globo de terreno, porque las construcciones y anexidades que existían sobre el predio habían desaparecido.

 La Contestación Rama Judicial Se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño sufrido por la sociedad demandante fue causado única y exclusivamente por el señor JORGE MARIO LÓPEZ CHEDE, quien obtuvo por medios fraudulentos la propiedad del inmueble, lo que derivó en el decreto y práctica de la medida cautelar decretada por el Juzgado Doce civil del Circuito de Cali, autoridad que junto al Juzgado Promiscuo Municipal de la Cumbre se ajustaron a las normas procedimentales y sustantivas y, que si bien es cierto que fue un funcionario judicial quien designó el auxiliar de la justicia, también lo es que tomó las medidas del caso, ordenando la constitución de la póliza de seguros.  La Sentencia de primera instancia El A quo mediante sentencia del 23 de marzo de 2010 declaró administrativamente responsable a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL de los perjuicios ocasionados a la sociedad MUÑOZ GUTIERREZ IVERIONES AGROINDUSTRIALES S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, con ocasión de la pérdida de los bienes existentes en el predio denominado LA QUERENCIA, secuestrados en diligencia del 8 de marzo de 1994 y en consecuencia, la condenó a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de

$252.886.733.  La apelación

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación La Rama Judicial solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y que en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, exponiendo que aunque los presuntos perjuicios fueron causados por actos o hechos que probablemente pueden ser imputables a la administración de justicia, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali obró de manera prudente y que su actuación no puede calificarse omisiva, imprudente, negligente o injusta que dé lugar a comprometer su responsabilidad.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado en el caso concreto? ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la

culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo.

Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD Se procederá a analizar si, en el caso concreto, se encuentra probada la existencia de un daño antijurídico y que éste a su vez sea imputable a la

administración, lo que conllevaría eventualmente a configurar responsabilidad administrativa de los entes de imputación demandados o si, por el contrario, existe alguna causal de exoneración de responsabilidad. En tratándose del tema de la responsabilidad administrativa del Estado, en primer término se establecieron unos parámetros por vía de evolución

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación jurisprudencial de la Sección Falladora, de donde se dijo que para poder endilgar responsabilidad al Estado, se deben acreditar tres elementos imprescindibles, a saber: i) la existencia de un daño, ii) la existencia de una acción u omisión atribuible a la administración y iii) la demostración de un nexo de causalidad entre la actividad de la administración y la producción del daño. Respecto de esta cláusula general de responsabilidad, la Sala ha manifestado, lo siguiente: “(…) La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 902, de una parte, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y, de otra, la obligación de que éste repita contra sus agentes, cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado a la reparación patrimonial.

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a

una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”3. Pero, se advierte que en la norma constitucional para derivar la responsabilidad del Estado no sólo se requiere que la víctima no esté obligada a soportar el daño, sino que además se precisa que el daño debe ser imputable a la entidad estatal demandada. (…)” 4 Ahora bien, en cuanto a las fallas del servicio de administración de justicia surgieron tres eventos en los cuales se podía configurar la responsabilidad administrativa del Estado como son: “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, “privación injusta de la libertad” y “error judicial o jurisdiccional”, siendo cada título de imputación distinto y por ende, su implicación es diferente al momento de pretender configurar la responsabilidad de la administración. 2 Artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández 4 Sentencia de junio 6 de 2007, Expediente 16460

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia definió el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad Estatal, como “aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” mientras que la Jurisprudencia del H.

Consejo de Estado reconoció que había derecho a la indemnización derivada del error jurisdiccional solamente cuando se tratara de un fallo, una sentencia o una providencia definitiva, manifiesta y ostensiblemente ilegal, es decir abiertamente contraria a derecho5; y, lo diferenció del “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, que se refiere los eventos en que la administración de justicia no actúa, lo hace deficientemente, o incurre en un retardo injustificado al adoptar las decisiones que corresponda, omisiones o irregularidades que causan daño a las partes o a terceros6, dejando en claro que las obligaciones del Estado son relativas y que, en consecuencia, únicamente puede exigírsele lo que esté a su alcance, de acuerdo con los medios de que dispone7. Ahora bien, en cuanto a la falla en el servicio bajo el título de “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, por acciones u omisiones de los auxiliares de la justicia, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, ha dicho lo siguiente: “(…) En el presente caso no se configuró un error judicial, porque a lo largo de los procesos ejecutivos se profirieron decisiones judiciales

equivocadas que fueron revocadas por la misma jurisdicción cuando resolvió los recursos ordinarios interpuestos por las partes. Sin embargo las conductas son constitutivas de un funcionamiento anormal de la administración de justicia. El artículo 69 de la ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia 5 Ver, entre otras, sentencia de 1 de octubre de 1992, exp: 7058., sentencias de 10 de septiembre de 1993, exp. 797-8211; 15 de septiembre de 1994, exp: 9391, 17 de noviembre de 1995, exp. 10.056. 6 Sentencia de 3 de junio de 1993, Exp.7859. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp: 12.791. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Todos los comportamientos probados dentro del proceso constituyen un defectuoso funcionamiento de la

administración de justicia, porque a través de sus jueces y auxiliares de justicia incurrió en acciones y omisiones que dilataron excesiva e injustificadamente el proceso ejecutivo adelantado ante el juez 19° civil de circuito e impidieron la terminación normal de este proceso dentro del cual, frente a la venta irregular de las mercancías por parte del secuestre, se dispuso la distribución de un dinero recuperado entre los dos acreedores a prorrata de sus créditos, que no resultó suficiente. Tales irregularidades resultan particularmente graves, si se tiene en cuenta que se produjeron en torno al decreto, práctica y efectividad de las medidas cautelares ordenadas legalmente dentro de un proceso ejecutivo. Como estas son actos que aseguran la efectividad del cobro ejecutivo, que cumplen una función inmediata de protección frente a las contingencias que afectan al proceso y sirven para contrarrestar los riesgos derivados de su imperfección, cualquier defecto en su trámite tiene implicaciones particularmente relevantes que conducen a la ineficacia de un derecho subjetivo previamente demostrado, cierto y exigible. La Sala concluye que mediante la valoración de la prueba recaudada en el proceso deduce que a Fernando Jiménez Hernández se le causó un daño antijurídico, consistente en la privación de que se realizara el correspondiente remate en el proceso ejecutivo que adelantó y el consecuente pago total de su crédito. En el caso concreto el comportamiento de la demandada, esto es el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, provocó una situación definitiva que condujo a detener el curso regular del proceso ejecutivo, en particular el remate legal de los bienes que “podía ser fuente de ganancias”

para el acreedor. Así mismo, el comportamiento del secuestre fue ilegal e incorpora los ingredientes subjetivos exigidos por la Constitución (art. 90) y la ley (art. 71 ley 270 de 1996 y ley 678 de 2001) para que proceda la responsabilidad personal del agente, pues, como se indicó, a pesar de que el juez 19 civil de circuito le manifestó al secuestre que no era legalmente procedente retirar los bienes de Almadelco y venderlos, éste decidió hacerlo por su cuenta y riesgo, lo que se traduce en un comportamiento gravemente culposo. No obstante lo anterior, como el secuestre pagó los derechos de almacenaje y consignó a órdenes del juzgado 19 civil de circuito la suma de $47’203.883 que fueron repartidos entre los acreedores a prorrata de sus créditos, la Sala condenará al secuestre al pago del cincuenta (50 o/o ) de la suma de dinero que deba pagar la Nación, de conformidad con la condena impuesta en esta sentencia. (negrillas fuera del texto) 8 8 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE - 22 de noviembre de 2001 - Radicación número: 25000-23-26-000-1992-830401(13164)

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones

Agroindustriales S. en C. En liquidación CASO CONCRETO En ese orden de ideas y pese a que la diligencia de secuestro del predio se llevó a cabo en octubre de 1994, es de anotarse que el deterioro del bien se gestó con el transcurrir del tiempo, a consecuencia no propiamente de la medida cautelar en sí misma, sino que el daño a la propiedad de los actores devino por un accionar abiertamente omisivo por parte de los señores VÍCTOR MANUEL RUBIO PEÑUELA y FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA auxiliares de la justicia que fungieron como secuestres del bien de propiedad de los aquí demandantes, el primero ejerció tal cargo entre el 8 de marzo de 1994 y el 18 de junio de 1997 y el segundo, entre el 18 de junio de 1997 y el 8 de septiembre de 2000, fecha en la que finalmente se hizo entrega del inmueble a la sociedad accionante. Los secuestres que nombró el juzgado son las personas a quienes se les confió el cuidado y administración del bien mientras permanecía a órdenes del despacho judicial9, pero, ello no es óbice para eximir la responsabilidad de la Rama Judicial, por cuanto los referidos auxiliares de la justicia son unos particulares que desempeñan su función bajo el control y vigilancia del Juzgado que los designó para tal cargo; tan es así que incluso el Juez puede requerirlos para que cumplan con sus funciones e incluso, puede sancionarlos cuando no cumplen a cabalidad con sus funciones imponiéndoles multas y además relevándoles de su cargo, todo

9 ART. 683.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 341. Funciones del secuestre y caución. El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo. Si los bienes secuestrados son consumibles y se hallan expuestos a deteriorarse o perderse, el secuestre los enajenará en las condiciones normales del mercado, consignará el dinero en la forma establecida en el artículo 10 y rendirá al juez informe de la venta. Cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución que el juez fije una vez practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido. No se exigirá caución al opositor a quien se dejen los bienes en calidad de secuestre, ni cuando las partes lo soliciten de común acuerdo. El gobierno reglamentará lo relacionado con el desempeño del cargo de secuestre y con la custodia, manejo y disposición de los bienes secuestrados.

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación ello, sin perjuicio de que en un evento dado el Juez está en la obligación de compulsar las respectivas copias para la investigación penal a que hubiere lugar.

Pues bien, del estudio de los documentos aportados al proceso, es claro

para el Ministerio Público que, en efecto, en el presente caso se configura la responsabilidad administrativa de la Rama Judicial no por el hecho de haber decretado la medida cautelar, puesto que de acuerdo con los elementos probatorios con que contaba el Juez del Circuito la medida de embargo y secuestro del inmueble LA QUERENCIA era procedente, dado que para ese entonces no se había demostrado que el demandado JORGE LÓPEZ CHEDE había obtenido de manera fraudulenta la propiedad de aquél predio, lo que indujo al error al funcionario jurisdiccional, pero se reitera, tal equivocación obedeció a la culpa exclusiva del señor LÓPEZ CHEDE y no a una mala práctica de la administración de justicia, pues a la postre, cuando se aclaró el asunto de la propiedad del inmueble el Juzgado Procedió a devolver el predio a sus legítimos dueños. No obstante lo anterior, lo que sí es motivo de reproche a los entes de imputación demandados, es las condiciones en que fue devuelto el bien embargado, pues el predio “LA QUERENCIA” estuvo a órdenes del Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali por espacio de más de seis años, lapso en el cual el accionar del Juez no fue lo suficientemente diligente frente a la negligente actitud de los señores auxiliares de la justicia, pues basta con cotejar el acta de la diligencia de secuestro calendada 8 de marzo de 1994 con el acta de entrega del inmueble de fecha 8 de septiembre de 2000 y el material fotográfico anexado al expediente para establecer el daño sufrido por la demandante materializado en la pérdida de valor del

inmueble. En el acta de secuestro del 8 de marzo de 1994 se estableció lo siguiente:

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación “(…) en el terreno hay dos casas levantadas una es la principal, prefabricada cubierta con tejas de eternit y pisos de cemento rústico, consta de cuatro habitaciones, sala, comedor y servicios sanitarios, la cocina está construida en ladrillo limpio, puertas y ventanas de madera en regular estado de presentación y conservación. La segunda vivienda la ocupa el mayordomo y su familia, está levantada en paredes prefabricadas, cubierta con teja de eternit, y pisos de cemento, consta de cinco habitaciones, servicios sanitarios y cocina en ladrillo en regular estado de presentación y conservación. En el terreno también se halla construido un establo con paredes en ladrillo cubierto con tejas de eternit, y abrevaderos en concreto, con bodega para guardar los alimentos con estructura metálica para el techo, pisos en cemento. El inmueble está dotado de acueducto y energía. Hay cultivos de plátano en extensión aproximada de una plaza, una parte del terreno que da a la vereda Zaragoza tiene bosque y en los alrededores de la vivienda hay plantas ornamentales, el predio tiene un área de 20.5 hectáreas y está dividido en cinco potreros, con pastos grass e imperial. Un poco más arriba de las casas hay dos tanques para

almacenamiento de agua, uno en concreto y el otro en paredes de ladrillo. (…) (…) se declara legalmente secuestrado el inmueble objeto de la misma, con sus mejoras y se hace entrega real y material al señor VÍCTOR MANUEL RUBIO PEÑUELA, secuestre. Quien manifiesta recibirlo en el estado en que se encuentra dejando el predio en manos de los mismos mayordomos. (…)” (negrillas fuera del texto original) Ya para el momento en que se llevó a cabo la diligencia de entrega del predio, 8 de septiembre de 2000, el inmueble LA QUERENCIA presentaba las siguientes condiciones: “(…) el estado actual del predio es completamente enmalezado, los senderos están en condiciones lamentables y de difícil acceso debido a la maleza. Se deja constancia que no se entregan las casas, anexidades y accesorios del predio descritas en el acta que contiene la diligencia de secuestro de marzo ocho (8) de mil novecientos noventa y cuatro (1994) realizado por el juzgado promiscuo municipal de la cumbre (Valle), en cumplimiento de la comisión impartida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Santiago de Cali. (…) De la casa principal solo se entregan pedazos de partes en pisos de retal de tablón en muy mal estado y también la chimenea que formaba parte de la vivienda igualmente en mal estado. Desde cualquier ángulo en el que se observe hoy el inmueble la maleza cubre totalmente dicho espacio del predio. CASA DEL MAYORDOMO (…) De esta casa sólo se entregan escombros y solo existen pedazos de una pared que hacía

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Demandante: Muñoz Gutierrez Inversiones Agroindustriales S. en C. En liquidación parte del baño. (…) No entrego ni el establo ni los potreros porque no existen, sólo hay escombros y maleza, quedando un muro de ladrillo. (…) al momento de esta diligencia sólo hago entrega del globo de terreno, porque las construcciones y anexidades que existían sobre el predio desparecieron: los ladrillos, el techo, el eternit, las instalaciones eléctricas e hidráulicas, la madera, y todos los materiales y elementos que hacían parte de tales construcciones y anexidades desaparecieron. El globo de terreno está completamente enmalezado.

Dejo constancia que en las condiciones deplorables descritas en este documento recibí el inmueble, es decir, el predio se encontraba completamente en ruinas, enmalezado. Las construcciones y anexidades que el inmueble tenía cuando fue secuestrado inicialmente no existen (…)” (negrillas fuera del texto) De los textos arriba citados, así como de los demás medios de prueba allegados al expediente, es posible advertir que sí se ocasionó un daño antijurídico a la parte accionante y a su vez, que éste guarda relación con la actividad de administración de justicia en cabeza del Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, porque dicho despacho judicial no hizo uso de todos las herramientas jurídico procesales con las que contaba para solicitar a tiempo la rendición de cuentas del secuestre VÍCTOR MANUEL

RUBIO PEÑUELA y llegado el caso, removerlo del cargo con la debida prontitud, en aras