PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Definición según jurisprudencia del consejo de estado y doctrina e

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad por daños materiales como consecuencia de ataque terrorista ESTADO-Responderá por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de autoridades públicas, según art. 90 de la Constitución RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Descansa en el daño antijurídico y la imputación DAÑO ANTIJURÍDICO-Definición según jurisprudencia del Consejo de Estado y doctrina española ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Evolución Jurisprudencial del Consejo de Estado sobre regímenes de responsabilidad adtiva PRUEBAS OBRANTES-No son suficientes para que se declare responsabilidad de entidades accionadas/DOCUMENTOS-No existen de haber solicitado actuación de entidades accionadas para atender emergencia …Aunque existe certificación del Ejército Nacional frente a la ocurrencia del acto terrorista que el 14 de diciembre de 2013 perpetraron insurgentes de las FARC, el plenario adolece de pruebas suficientes que permitan acceder al reconocimiento de los perjuicios que por tales hechos solicitó la parte actora, pues la constancia de la incineración del tractor y remolque realizada por dicho grupo subversivo solo da cuenta que INVERTRAC S.A. figuraba como locataria de los mismos, pero no de la existencia de la relación contractual entre esta y Leasing Banco de Occidente y Leasing Bancolombia, ni de la efectiva ocurrencia del derrame del crudo transportado que se presentó en la citada fecha….. ….. independiente del valor probatorio que pueda asistir a los documentos aportados por la parte actora, el Ministerio Público encuentra que, incluso, habiendo existido los

citados pagos o el derrame de crudo que supuestamente tuvo que atender y costear INVERTRAC S.A., en el presente asunto tampoco hay lugar a declarar la responsabilidad de las entidades accionadas, toda vez que no existe constancia de haber informado o solicitado la actuación de las mismas para atender la emergencia o de razones que exigieran medidas especiales de protección en la zona por un inminente ataque terrorista a la población o sus transeúntes. EXPEDIENTES-No obra prueba en estos de amenazas o informes que advirtieran sobre ataque terrorista contra población de zona …..Conforme a lo anterior, encuentra la Delegada que no obra en el expediente prueba de amenazas o información que permitiera presagiar un supuesto

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-903268 ataque terrorista contra la población que habitaba o transitaba por la zona, la fuerza pública (en este caso Policía y Ejército) no estaba obligada a prevenir un peligro o riesgo desconocido, el cual, por haber sido perpetrado por un tercero (FARC), hace que el daño padecido por la parte actora no le resulte imputable y, por ende, que sea exonerada de responsabilidad en el presente asunto. En lo que atañe a la Corpoamazonía y a la Alcaldía de Puerto Asís, para hacerlas responsables por el reconocimiento de los perjuicios que generó la incineración de los automotores y el supuesto derrame de crudo que era

transportado en los mismos, el Ministerio Público tampoco encontró documentos que soportaran la intervención de las citadas ni requerimiento alguno que la parte actora hubiese realizado para conminarlas a mitigar las consecuencias del atentado terrorista. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-No procede en sub examine a cargo de entidades accionadas/INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-No es viable condena por pago de estos/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe confirmar De conformidad con las normas citadas, las pruebas allegadas, la jurisprudencia invocada, y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, esta Procuraduría Delegada encuentra que no existen elementos de juicio para declarar la responsabilidad administrativa y consecuente condena al pago de perjuicios a cargo de las entidades accionadas, por lo cual, al no serles imputables el perjuicio padecido por la parte actora se estima apropiada la negación de las pretensiones contenida en la decisión de primera instancia. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, comedidamente solicita a la H. Corporación, que en este evento, SE

CONFIRME LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 2 250002336000201600498 01(59361)

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 28 de noviembre de 2017

Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 17-107

Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 250002336000201600498 01(59361)

Actor: Invertrac S.A.

Demandado: Ministerio del Medio Ambiente, Policía Nacional, Ejército Nacional, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la

Amazonía, Alcaldía de Puerto Asís Honorable Señor Consejero, Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la Sociedad Invertrac S.A. solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que declarara la responsabilidad de las entidades accionadas por un atentado terrorista ocurrido el 14 de diciembre de 2013, en el que integrantes de las FARC incineraron dos camiones de su propiedad y generaron un derrame de petróleo que los obligó a incurrir en gastos para descontaminar la zona.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que, de manera solidaria, se condenara a las entidades demandadas al pago de los perjuicios materiales ocasionados en el citado acto terrorista.

Contestación Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 3 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms

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La entidad indicó que conforme al material probatorio allegado al plenario no se lograba establecer el nexo entre la supuesta omisión de la entidad y el daño alegado en la demanda, por lo cual se opuso a la obligación de resarcir los perjuicios solicitados por la parte actora y, en su defensa, propuso la excepción hecho de un tercero. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Indicó que como la parte actora fue víctima de los actos de un grupo armado no podía endilgársele responsabilidad alguna por los hechos objeto de demanda, ya que se presentaba lo que se denominaba como el hecho exclusivo y determinante de un tercero, el cual rompía el nexo causal con el servicio público que constitucionalmente tenía asignado. Agregó que aunque la parte demandante allegó las facturas con las que pretendía demostrar los costos en los que incurrió para recuperar la zona afectada con el derrame de petróleo, el citado daño no está acreditado por la autoridad ambiental u otra autoridad competente ni tampoco el sitio exacto donde se habría presentado el citado derrame. Otras entidades Frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde la audiencia inicial se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva. Corpoamazonía contestó la demanda de manera extemporánea. La Alcaldía de Puerto Asís no hizo uso de su derecho a contestar la demanda dentro del término previsto legalmente.

Sentencia de primera instancia Por providencia del 5 de abril de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) Descendiendo al caso en concreto, la sala encuentra que si bien está acreditado dentro del proceso la existencia del hecho, esto es, el ataque realizado el 14 de diciembre de 2014, por miembros del frente 48 del bloque sur de las FARC de acuerdo a la certificación emitida por el Ejército Nacional, en donde resultó incinerado un vehículo de placa SSQ-128 y un remolque N. 60020 que estaban a cargo de la empresa demandante en calidad de locatario para el día de los hechos pero, así mismo no hay medio de prueba alguna que conduzca a una total certeza que el vehículo objeto de la incineración transportaba crudo para cuando se dio la quema de los mismos. Como tampoco, que ese crudo se haya derramado sobre una fuente hídrica tal y como se menciona en el escrito de la demanda. 4 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms

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Por ello, para la sala no se encuentra acreditado el nexo causal entre el hecho por el cual se demandó la responsabilidad de las demandadas y el daño objeto de reclamación ya bien si bien obran facturas en donde se hace alusión a elementos utilizados para la descontaminación de una fuente hídrica lo cierto es que tal y como lo expresó el testigo WILLMAN ALEJANDRO CAMACHO TOVAR. INVERTRAC S.A. no estaba obligado a

realizar la presunta descontaminación a consecuencia del riego del crudo y máxime cuando no se tiene certeza de la causación del mismo. (…) Quiere decir lo anterior, que el daño debe comportar de ciertas características indispensables para que proceda su indemnización, pues de no ser así, no revestiría responsabilidad de la entidad demandada para configurar responsabilidad del Estado, y de ser ello, inocuo sería proseguir con el análisis de los demás elementos que configuran la misma, pues el daño es el pilar esencial sobre el cual se edifica la responsabilidad. Sin embargo, dentro del proceso no existe medio probatorio alguno que dé certeza de la existencia del presunto daño alegado por la parte actora, toda vez que es incierto e hipotético el hecho de que haya tenido que incurrir en gastos como consecuencia de la descontaminación de una fuente hídrica que ni siquiera se dice cuál fue. En ese orden de ideas, en el caso concreto, al no estar probado el daño a consecuencia de las entidades demandadas que supuestamente causaron al demandante, no es procedente realizar el examen jurídico y táctico de los elementos de la responsabilidad, como el nexo de causalidad. (…)” Apelación La apoderada de la parte actora indicó que, contrario a lo señalado por el A quo, en el expediente obraba el “MANIFIESTO DE CARGA DE VEHÍCULO SSQ128 de fecha 14 de diciembre de 2013”, y que en dicho documento se mencionaba que lo transportado era crudo, por lo cual, al haberse incinerado el vehículo en que se transportaba lo lógico era concluir que se causó

contaminación ambiental, por lo cual solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia y, en su lugar, condenar, de manera solidaria a que las demandadas respondan por los perjuicios que le fueron ocasionados a su representada.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Problemas Jurídicos 5 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-903268  ¿Son atribuibles a las entidades demandadas, Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Corpoamazonía y Alcaldía de Puerto Asís, los daños causados por la incineración de vehículos que transportaban crudo y la mencionada contaminación ambiental que recuperó la parte actora? Análisis Jurídico El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o

antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. En cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañoso 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996,

expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de

2003. 6 250002336000201600498 01(59361)

5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-903268 interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifiesta el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Caso concreto Los hechos de la demanda fueron sintetizados en la decisión de primera

instancia en los siguientes términos: “1.- Señala que INVERTRAC S.A., es una empresa de transporte la cual, dentro de sus objetos principales esta la del transporte del crudo y sus derivados por medio de carro tanque. Ahora bien, el día 14 de diciembre de 2013, se encontraba prestando servicio de carga de crudo a una petrolera, por la zona de Putumayo, ese día, a las 8:00 am, en la vereda Ancurá - Puerto Asís-, el grupo terrorista FARC, interceptó el vehículo, abriendo las válvulas y dejando caer el producto en la vía e incineran el automotor. 2.- Sostuvo la demandante que con ocasión de lo anterior, se decidió realizar la descontaminación causada por el derrame generada por las FARC a causa de la omisión del Estado en la protección de la zona, en el entendido que aunque no era responsabilidad de la parte actora resolvió tomar medidas para evitar el daño ambiental incalculable e irreparable. 3.- Posteriormente, mencionó que tuvo que asumir el costo del producto crudo ante la empresa petrolera, el cual si bien en algún momento fue reconocido por el seguro, este valor pagado se originó en algo diferente. Por ellos, y como consecuencia del 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28

de junio de 2006, expediente 1995-00196. 7 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-903268 atentado terrorista, el demandante dice haber sufrido un daño emergente y lucro cesante.” Daño Causado Se encuentra acreditado que el 14 de diciembre de 2013, integrantes de la compañía de orden público “Erick González Martínez Acosta” del frente 48 “Pedro Martínez” del Bloque Sur de las SATT-FARC, en la vía que conduce del municipio de Puerto Asís – La Alea, a la altura de la vereda Ancurá, detuvieron e incineraron el tracto camión de placa SSQ-128 y el remolque N. 60020, los cuales eran de propiedad de LEASING BANCO DE OCCIDENTE y LEASING BANCOLOMBIA, respectivamente, los cuales tenía la firma INVERTRAC S.A. en calidad de locatario (folio 5 – cuaderno de pruebas No. 2). La parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad y condena al pago de los perjuicios generados por Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Ejército Nacional, Corporación para el Desarrollo Sostenible para el Desarrollo del Sur de la Amazonía y la Alcaldía de Puerto Asís, ya que, en su consideración, por omisiones de las citadas entidades se habría generado el atentado terrorista y, a su vez, la mitigación del daño producido por el derrame con cargo al presupuesto de la entidad demandante. Aunque existe certificación del Ejército Nacional frente a la ocurrencia del acto

terrorista que el 14 de diciembre de 2013 perpetraron insurgentes de las FARC, el plenario adolece de pruebas suficientes que permitan acceder al reconocimiento de los perjuicios que por tales hechos solicitó la parte actora, pues la constancia de la incineración del tractor y remolque realizada por dicho grupo subversivo solo da cuenta que INVERTRAC S.A. figuraba como locataria de los mismos, pero no de la existencia de la relación contractual entre esta y Leasing Banco de Occidente y Leasing Bancolombia, ni de la efectiva ocurrencia del derrame del crudo transportado que se presentó en la citada fecha. Como en la demanda se solicitó el pago del lucro cesante dejado de percibir por los vehículos incinerados, dicho perjuicio debió ser reclamado por sus legítimos propietarios, esto es, Leasing Banco de Occidente y Leasing Bancolombia, ya que siendo sus legítimas propietarias, eran las entidades legitimadas para reclamar tanto el daño emergente (valor de los vehículos), como el lucro cesante generado por la incineración de los mismos (canon de arrendamiento dejado de percibir). Para obtener la reparación del lucro cesante padecido por INVERTRAC S.A. debió allegarse documentos en los que constara lo dejado de percibir por la falta de uso de los citados rodantes para el servicio de transporte, pero como los mismos no le pertenecían, lo lógico era que suscribiera nuevos contratos de arrendamiento de vehículos para poder continuar con su objeto comercial de transporte y comercio de combustibles (folio 1 – cuaderno principal). Frente a los gastos en los que tuvo que incurrir para mitigar los daños

generados por el derrame de petróleo, tal como lo concluyó el A quo, no existe prueba válida que demuestre el lugar exacto en el que se produjo tal hecho ni 8 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-903268 de reporte o atención que autoridades ambientales o de socorro hubiesen prestado a la citada emergencia. Aunque la parte actora allegó dos facturas de venta emitidas por la Fundación Ecológica del Putumayo por una supuesta atención prestada en la vereda Angora del municipio del Putumayo para recoger residuos especiales sólidos y líquidos de operación petrolera, solo una de ellas aparece con fecha de emisión, pero ninguna registra cuándo se realizó el servicio ni el lugar exacto en el que fue prestado. Frente al valor en que incurrió la parte actora para transportar los vehículos incinerados existen dos certificaciones del revisor fiscal de la firma demandante en la que se da cuenta de haber transportado tales restos desde el lugar de los hechos hasta la ciudad de Neiva (Huila), pero tales documentos no demuestran la erogación realizada por la firma demandante para asumir dicho pago, sino que afirman la movilización de los rodantes y el costo que ello tenía. Pese a lo anterior, independiente del valor probatorio que pueda asistir a los documentos aportados por la parte actora, el Ministerio Público encuentra que, incluso, habiendo existido los citados pagos o el derrame de crudo que supuestamente tuvo que atender y costear INVERTRAC S.A., en el presente asunto tampoco hay lugar a declarar la responsabilidad de las entidades accionadas, toda vez que no existe constancia de haber informado o solicitado

la actuación de las mismas para atender la emergencia o de razones que exigieran medidas especiales de protección en la zona por un inminente ataque terrorista a la población o sus transeúntes. Sobre el particular el Consejo de Estado4 tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: “(…) 32.- Cabe recordar que esta Corporación ha examinado en numerosas oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que terceras personas ajenas a la administración lo causaran5. Es el caso de los llamados “actos terroristas”, cometidos usualmente por miembros de grupos armados ilegales, si bien otro tipo de bandas criminales, con un menor grado de organización y jerarquía, pueden producirlos. 33.- Al respecto, el derecho interamericano, siguiendo la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos6, ha 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SALA PLENAConsejero ponente: RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO - Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil quince (2015) - Radicación número: 05001-23-31-000-1997-01439-01(29274) 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 29 de julio

de 2013, exp. 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Osman vs. Reino Unido, demanda n.° 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Kiliç vs. Turquía, demanda n.° 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 9 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-903268 dicho con claridad que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares está condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo7. En armonía con esta postura, esta Corporación ha afirmado: No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal8. (…)” Conforme a lo anterior, encuentra la Delegada que no obra en el expediente prueba de amenazas o información que permitiera presagiar un supuesto ataque terrorista contra la población que habitaba o transitaba por la zona, la

fuerza pública (en este caso Policía y Ejército) no estaba obligada a prevenir un peligro o riesgo desconocido, el cual, por haber sido perpetrado por un tercero (FARC), hace que el daño padecido por la parte actora no le resulte imputable y, por ende, que sea exonerada de responsabilidad en el presente asunto. En lo que atañe a la Corpoamazonía y a la Alcaldía de Puerto Asís, para hacerlas responsables por el reconocimiento de los perjuicios que generó la incineración de los automotores y el supuesto derrame de crudo que era transportado en los mismos, el Ministerio Público tampoco encontró documentos que soportaran la intervención de las citadas ni requerimiento alguno que la parte actora hubiese realizado para conminarlas a mitigar las consecuencias del atentado terrorista. CONCLUSIÓN De conformidad con las normas citadas, las pruebas allegadas, la jurisprudencia invocada, y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, esta Procuraduría Delegada encuentra que no existen elementos de juicio para declarar la responsabilidad administrativa y consecuente condena al pago de perjuicios a cargo de las entidades accionadas, por lo cual, al no serles imputables el perjuicio padecido por la parte actora se estima apropiada la negación de las pretensiones contenida en la decisión de primera instancia. 2000, párr. 62 y 63; Öneryildiz vs. Turquía, demanda n.° 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr.

93. 7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C n.° 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C n.° 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C n.° 192, párr. 78. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth. 10 250002336000201600498 01(59361)

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Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, comedidamente solicita a la H. Corporación, que en este evento, SE CONFIRME LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Del señor Consejero,

MARIA ISABEL POSADA CORPAS

Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado 11 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms

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III. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problemas Jurídicos  ¿Son atribuibles a las entidades demandadas, Nación – Ministerio de

Defensa – Ejército Nacional, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Corpoamazonía y Alcaldía de Puerto Asís, los daños causados por la incineración de vehículos que transportaban crudo y la mencionada contaminación ambiental que recuperó la parte actora? Análisis Jurídico El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. En cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta

antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. 12 250002336000201600498 01(59361) 5aCdeE/MIPC/Llms

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En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio9, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbit