PGN - DAÑO ANTIJURIDICO En el expediente no se encuentra acreditado quien causó su muerte

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio por muerte DAÑO ANTIJURÍDICO-En el expediente no se encuentra acreditado quien causó su muerte De las pruebas obrantes en el plenario y de acuerdo al escrito de la demanda se desprende, que el día 5 de octubre de 2.001 en la ciudad de Medellín, se realizó el levantamiento del cadáver del señor. Si bien lo único que se encuentra debidamente acreditado es la existencia del daño antijurídico como es la muerte del señor, es menester señalar que en el expediente no se encuentra acreditado quien causó su muerte, pues no existen pruebas que suministren certeza de la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional sobre los cargos que se le endilgan. No obstante, el daño referido decimos que no es imputable a la demandada, ya que esta Delegada, igualmente que el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, admite que la persona que solicita las pruebas debe estar pendiente de pagar las copias, estar pendiente del proceso y cumplir con los términos establecidos para tal fin y así poder fundamentar la existencia de responsabilidad de la parte demandada. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-No existen las pruebas suficientes para poder endilgarle responsabilidad a la Policía Nacional/PRUEBASEs obligación de la parte que solicita la prueba tramitarla pues la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no es de oficio Esta Delegada no comparte lo planteado por la apelante cuando manifiesta que: "Al Juez también le está dada la obligación de decretar pruebas de oficio pruebas para arribar a la

verdad, no limitarse a atacar a la parte demandante, cuando el despacho omitió decretar las pruebas solicitadas para así valorarlas y llegar a la certeza de lo ocurrido”, porque ya como se analizó es obligación de la parte que solicita la prueba tramitarla, pues la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no es de oficio, ni tampoco dispone de los medios para hacer llegar los procesos. La obligación es de la apoderada de hacer llegar las pruebas solicitadas, la falencia probatoria no es atribuible al Tribunal sino a la apoderada de la parte demandante que no fue fiel al cumplimiento de sus deberes profesionales, lo cual genera una eventual responsabilidad disciplinaria, pues a folios 33 y 34 del cuaderno de pruebas, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó las pruebas tanto documentales, testimoniales, dictamen pericial y prueba trasladada del proceso cursado ante la Justicia Penal Militar solicitada por la parte demandante, así como también a folio 39 del cuaderno de pruebas obra copia de diligencia de audiencia pública en la cual se deja constancia que la apoderada de la parte demandante no asistió, así como tampoco comparecieron los testimonios citados en la demanda para declarar dentro del proceso. En modo alguno la apoderada de la parte demandante puede escudar su inoperancia en la facultad oficiosa del Juez Contencioso, pues ésta se ejerce sólo en las circunstancias señaladas por la Ley, cuando existiendo pruebas juiciosamente allegadas al plenario, al momento del fallo le surgen dudas que pueden subsanarse a través de otras pruebas. Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T atribuibles a título de responsabilidad administrativa a la parte demandada, por lo que deberá confirmarse la sentencia de primera instancia. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia que lo conllevaron a denegar las pretensiones de los demandantes y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida. La Procuraduría General de la Nación en la búsqueda de la eficiencia y la transparencia del debido proceso y protección de las garantías básicas constitucionales, a través de esta Delegada solicita sea exonerada de responsabilidad patrimonial el Ministerio de Defensa-Policía Nacional. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01

E.A.S.T CONCEPTO No. 53 / 2013

Bogotá, 06 de marzo de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor MAURICIO FAJARDO GOMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200303474 01 (44872)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: JAIRO GARCÍA ARIAS Y OTROS.

DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA–POLICÍA NACIONAL.

Sentido del Concepto: Solicitud para CONFIRMAR. / No existen las pruebas suficientes para poder endilgarle responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. / Es obligación de la parte que solicita la prueba tramitarla y hacer llegar las pruebas solicitadas, la falencia probatoria no es atribuible al Tribunal sino a la apoderada de la parte demandante que no fue fiel al cumplimiento de sus deberes profesionales.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda – Hechos: 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01

E.A.S.T

Los señores JAIRO GARCÍA ARIAS y GRACIELA ARBELÁEZ DUQUE, a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, entablaron demanda, contra el MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL para que se les declare administrativamente responsables de los daños materiales y morales que les causaron la muerte del señor HENRY AUGUSTO GARCÍA

ARBELÁEZ.

El día 5 de octubre de 2.001, siendo la 01:10 horas en el sector de Manrique, carrera 46 con calle 76 de la ciudad de Medellín, se realizó el levantamiento del cadáver de quien en vida respondía al nombre de HERNRY AUGUSTO GARCÍA ARBELÁEZ, ultimado en forma violenta. “A través del pesquisitorio la Fiscalía General de la Nación estableció que alguna participación tenía el personal policial al que correspondía la vigilancia del sector, por lo que dispuso que debía conocer de la investigación penal”. 1.2. La contestación. 1.2.1. Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Se opone que no conoce los hechos que se menciona en la demanda, los que son vagos e indeterminados.  Expuso que no se tiene ninguna prueba que demuestre con certeza que fueron miembros de la Institución, causantes del hecho que se demanda.  Argumentó que lo único que reposa en el contenido del expediente son los innumerables memoriales enviados por la apoderada de los autores en los cuales manifiesta de forma reiterada que no logró la ubicación de los 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T diferentes testigos que se tenían programados para que se versionaran frente a la ocurrencia de los hechos.  Propone como medios exceptivos la falta de legitimación en la causa por pasiva porque dentro de los hechos narrados en la demanda no es posible endilgar responsabilidad a la Policía Nacional, bajo ningún título. 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia, deniega las pretensiones, mediante sentencia proferida el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), manifestando en resumen los siguientes argumentos:  Sobre la forma como ocurren los hechos no existe absolutamente nada, pues ni siquiera se narra que pasó, como fueron las circunstancias de los hechos en los cuales fue asesinado o falleció, quien fue el autor de dicha muerte.  La apoderada de la parte actora fue negligente al no citar los testigos o diligenciar las pruebas que solicitó y no asistir a las diligencias de audiencia, por la cual ante la asombrosa orfandad probatoria y la falta de diligencia de la apoderada, a pesar de los diferentes requerimientos.  Concluyó que no existe en el proceso prueba sobre los cargos que se endilgan en el libelo introductor a la parte accionada.

1.4. Argumentos de la apelación 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T La apoderada de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo siguiente (Folios 51 a 54 del cuaderno del Consejo de Estado):  No comparte la posición del Tribunal, por cuanto considera que con la presentación de la demanda, se solicitó a ese despacho traer a este proceso como prueba trasladada obrante en su totalidad en el sumario 1434 del Juzgado 187 Penal Militar - Policía Metropolitana del Valle de Aburra, la cual no se decretó.  Consideró que al Juez también le está dada la obligación de decretar pruebas de oficio para arribar a la verdad, no limitarse a atacar a la parte demandante, cuando el despacho omitió decretar las pruebas solicitadas para así valorarlas.  Arguye que el despacho solo se limitó a decir que no había suficiente material probatorio, por cuanto el abogado del demandante, no había aportado pruebas al proceso, sin más esfuerzos durante todos estos años.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos:

2.1.1. ¿Existe o no responsabilidad patrimonial de la Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte del señor HENRY AUGUSTO GARCÍA

ARBELÁEZ?

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E.A.S.T

2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual; por lo que los elementos indispensables para la declaración de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado.

Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la

del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración. El Tribunal trae a colación el siguiente proveído del Consejo de Estado con

ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra del 24 de febrero de 2005 Rad 8500123-31-000-1993-00074-01(14170), donde se dijo: "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante que la norma constitucional hace énfasis En la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el

interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio." 2.2.2. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código de Procedimiento Civil Art. 177 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Así lo ha repetido el Consejo de Estado, v. gr: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 1 del C. de P. Civil, 77 de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho

en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos."' 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T 2.2.3. Del concepto conducencia y pertinencia de la prueba. Sobre la diferencia entre los conceptos de conducencia y pertinencia de la prueba. El Consejo de Estado en providencia del 19 de agosto de 2010 M. P

HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS sostuvo: (…) "La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de que, con la comparación que se haga se pueda saber si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio. La pertinencia es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y que ese medio probatorio solicitado no esté prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar. En tanto que la pertinencia se refiera a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar." (Subrayado y negrilla fuera del texto) De conformidad con lo anteriormente expuesto se tiene que la Ley otorga libertad en cuanto a los medios de prueba que pueden ser aportados por las partes dentro de un proceso, siempre que sean útiles para la formación del convencimiento del Juez, toda vez que la decisión que tome este último debe fundarse en las pruebas que se alleguen. El artículo 168 del C.C.A. señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez

rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso”. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T 2.3. Las pruebas obrantes. Obran los siguientes en el plenario:  A folio 6 del cuaderno de pruebas obra copia del registro civil de defunción expedido por la Notaría Décima del Círculo de Medellín, en el que consta la muerte de Henry Augusto García Arbeláez el 5 de octubre de 2001.

2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe destacar las siguientes situaciones:  De las pruebas obrantes en el plenario y de acuerdo al escrito de la demanda se desprende, que el día 5 de octubre de 2.001 en la ciudad de Medellín, se realizó el levantamiento del cadáver del señor HENRY AUGUSTO GARCÍA ARBELÁEZ.  Si bien lo único que se encuentra debidamente acreditado es la existencia del daño antijurídico como es la muerte del señor HENRY AUGUSTO GARCÍA, es menester señalar que en el expediente no se encuentra acreditado quien causó su muerte, pues no existen pruebas que suministren certeza de la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional sobre los cargos que se le endilgan.  Para esta Delegada es acertada la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, cuando manifiesta en la sentencia “Sobre la forma como ocurren los hechos no existe absolutamente nada, pues ni siquiera se narra que 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T pasó, como fueron las circunstancias de los hechos en los cuales fue asesinado o falleció, quien fue el autor de dicha muerte, pues nisiquiera se

tomó el trabajo la apoderada de la parte actora, de citar los testigos o diligenciar las pruebas que solicitó o de asistir a las diligencias de audiencia, por la cual ante la asombrosa orfandad probatoria y la falta de diligencia de la apoderada, a pesar de los diferentes requerimientos que en varias oportunidades el Tribunal le hizo, no queda más que negar las pretensiones de la demanda como atinadamente lo solicita la apoderada de la Policía Nacional”.  No obstante, el daño referido decimos que no es imputable a la demandada, ya que esta Delegada, igualmente que el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, admite que la persona que solicita las pruebas debe estar pendiente de pagar las copias, estar pendiente del proceso y cumplir con los términos establecidos para tal fin y así poder fundamentar la existencia de responsabilidad de la parte demandada.  Esta Delegada no comparte lo planteado por la apelante cuando manifiesta que: "Al Juez también le está dada la obligación de decretar pruebas de oficio pruebas para arribar a la verdad, no limitarse a atacar a la parte demandante, cuando el despacho omitió decretar las pruebas solicitadas para así valorarlas y llegar a la certeza de lo ocurrido”, porque ya como se analizó es obligación de la parte que solicita la prueba tramitarla, pues la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no es de oficio, ni tampoco dispone de los medios para hacer llegar los procesos. La obligación es de la apoderada de hacer llegar las pruebas solicitadas, la falencia probatoria no es atribuible al Tribunal sino a la apoderada de la parte demandante que no

fue fiel al cumplimiento de sus deberes profesionales, lo cual genera una eventual responsabilidad disciplinaria, pues a folios 33 y 34 del cuaderno 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01 E.A.S.T de pruebas, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó las pruebas tanto documentales, testimoniales, dictamen pericial y prueba trasladada del proceso cursado ante la Justicia Penal Militar solicitada por la parte demandante, así como también a folio 39 del cuaderno de pruebas obra copia de diligencia de audiencia pública en la cual se deja constancia que la apoderada de la parte demandante no asistió, así como tampoco comparecieron los testimonios citados en la demanda para declarar dentro del proceso. En modo alguno la apoderada de la parte demandante puede escudar su inoperancia en la facultad oficiosa del Juez Contencioso, pues ésta se ejerce sólo en las circunstancias señaladas por la Ley, cuando existiendo pruebas juiciosamente allegadas al plenario, al momento del fallo le surgen dudas que pueden subsanarse a través de otras pruebas.  Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a la parte demandada, por lo que deberá confirmarse la

sentencia de primera instancia.  Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia que lo conllevaron a denegar las pretensiones de los demandantes y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida.  La Procuraduría General de la Nación en la búsqueda de la eficiencia y la transparencia del debido proceso y protección de las garantías básicas constitucionales, a través de esta Delegada solicita sea exonerada de responsabilidad patrimonial el Ministerio de Defensa-Policía Nacional. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45489 440012331000200900152 01

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III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, debe ser CONFIRMADA, exonerando administrativamente a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte del señor HERNRY AUGUSTO GARCÍA ARBELÁEZ, consecuentemente negando las súplicas de la demanda.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co