PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La condición de desplazados no es suficiente para imputar responsa

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por perjuicios causados por desplazamiento forzado en hechos ocurridos en el municipio de mapiripan HECHO NOTORIO-No necesitan prueba Un hecho se considera notorio por la forma como ocurrió o por la divulgación que recibeel carácter de notorio de un hecho no lo exime del cumplimiento de la carga de la afirmación-. En el presente caso se tiene que la masacre de Mapiripán en 1997 y en Puerto Alvira en mayo de 1998, los hostigamientos y acoso por las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, así como el desplazamiento forzoso de los pobladores en esa zona del país es un hecho notorio y de ello dan cuenta pronunciamientos tanto internos y de organismos judiciales internacionales, como el despliegue publicitario efectuado sobre tales acontecimientos. DESPLAZAMIENTO FORZADO-No se aportó prueba al expediente para demostrar que los actores tuvieran esa condición Sin embargo, observa el Ministerio Público que no se aportó al expediente prueba indubitable que permita sostener que los actores tienen esa condición de desplazados por los hechos ocurridos en puerto Alvira en mayo de 1998, esto es, que la situación de desplazamiento forzoso de que son víctimas tuvo como hecho generador la incursión de las autodefensas, que constituye el hecho dañoso según la demanda. DAÑO ANTIJURÍDICO-La condición de desplazados no es suficiente para imputar responsabilidad a las demandadas La condición de desplazado no resulta suficiente en este caso para imputar

responsabilidad a las demandadas por el daño antijurídico que esa circunstancia le produce a los actores, por cuanto se imponía probar de manera clara que aquélla fue consecuencia de los hechos ocurridos en Mapiripán y Puerto Alvira en 1997 y 1998 –y no otro hecho de violencia de los tantos que se presentan en el país- , toda vez que la desprotección a la que se vio sometida esa población es el hecho objeto de debate por el que fueron llamados a responder las entidades accionadas. PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 049 / 2013

Bogotá, D.C, 28 de febrero de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 32.476 (500012315000 2000 00150 01)

Acción de Reparación DirectaACTOR: DAGOBERTO SUAREZ TOVAR y otros DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 2 de mayo de 2000 (fl. 36 C. 1), los señores Dagoberto Suárez Tovar y Dulcelina Nunpaque, en su nombre y en el de su hija menor Solanyi Suárez demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ministerio del Interior, para que se les declarara responsables de los perjuicios

(morales, materiales y sociales para los desplazados) causados por el desplazamiento forzado en los hechos ocurridos el 4 de mayo de 1998 en el Municipio de Mapiripán, Corregimiento de Puerto Alvira (Meta) y por los hechos, omisiones y actuaciones de los demandados posteriores a esa fecha una vez asentados provisionalmente en Villavicencio. 2 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) Señaló que entre el 14 y 20 de julio de 1997 se presentó una incursión paramilitar donde fueron asesinadas más de 30 personas y desparecidas otras 40 y el 6 de octubre de ese año las AUCC se tomaron la pista de aterrizaje de Puerto Alvira advirtiendo a la población que la zona era declarada de operaciones militares. Después de referirse a las comunicaciones elevadas a las autoridades señaló que el 4 de mayo de 1998 a la 1:30 de la tarde hicieron presencia en el casco urbano

de la Inspección de Policía de Puerto Alvira, 4 camiones de los cuales descendieron aproximadamente 200 hombres que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares y se identificaron como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, algunos con capuchas y pasamontañas y portaban armas de fuego de largo alcance como fusiles AK 47 y Lanzagranadas; taparon las salidas terrestre y fluviales, obligaron a los campesinos a salir de sus casas y los reunieron en la plaza, el polideportivo y la pista del aeropuerto local; a los campesinos se les acusó de auxiliares de la guerrilla y se les dijo que tenían 8 días para abandonar el pueblo y que regresaran a sus casas; 5 minutos después fueron avisados que debían presentarse en el parque deportivo y la pista del aeropuerto, fueron sacados a la fuerza de sus casas, sometidos a malos tratos físicos y verbales; congregados los dividieron por grupos hombres, mujeres y niños y con lista en mano preguntaron por los dirigentes comunales y cívicos y a varios habitantes de la población a quienes obligaron a dejar el grupo y fueron llevados a la estación de gasolina donde fueron asesinados. Ante la negativa de los habitantes de indicar si oras personas de la lista estaban presentes, escogieron a varias de sus posteriores víctimas fatales a quienes un paramilitar encapuchado señalaba, esas 14 personas fueron llevadas a la estación de gasolina fueron asesinados y sus cuerpos incinerados –relaciona el nombre de algunas víctimas-; los paramilitares quemaron una avioneta y obligaron a unas

personas a abrir huecos en la pista para colocar explosivos, otro grupo se dedicó a saquear el comercio y las viviendas; obligaron a entregar los vehículos y prendieron fuego a los establecimientos de comercio y vivienda. Señaló que a las 4:30 el comando paramilitar abandonó el caso urbano de Puerto Alvira y en su retirada asesinaron a otros 3 campesinos. Después los moradores 3 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) dieron aviso a las autoridades de Villavicencio y al Comité Internacional de la Cruz Roja quien a su vez se comunicó con un General de la VII Brigada. Indicó que ante la cruenta arremetida y las amenazas de que volverían a las familias sobrevivientes no les querido más solución que el éxodo forzado; algunas salieron ese mismo días otras hasta cuando fueron rescatadas por el CICR. El 5 de mayo de 1998 se hicieron presentes miembros del Ejército quienes hacia las 5 de la tarde realizaron un sobrevuelo ametrallando indiscriminadamente algunas zonas aledañas. Afirma que los hechos generaron terror y zozobra en los actores obligándolos a desplazarse forzadamente los días 7 y 15 de mayo de 1998, permaneciendo en Villavicencio, viviendo en condiciones deplorables, sin vivienda digna, sin recibir

ayuda humanitaria de emergencia, no han recibido planteamiento de soluciones definitivas en el marco de retorno ni reubicación rural; solamente han recibido apoyo de instituciones privadas y comunidad internacional. En Puerto Alvira el señor Dagoberto Suárez era carpintero y pequeño ganadero y el desplazamiento le ocasionó pérdida del taller de la asa de habitación del ganado, enseres, cultivos, semovientes, etc.; además del pago de arrendamiento y gastos extras de manutención y se han visto privados de los ingresos que usualmente recibían. 1.2. Contestación de la demanda. Las demandadas se opusieron a las pretensiones. Red de Solidaridad Social (fls. 49 a 62 c. 1). Se pronunció sobre los hechos y propuso las siguientes excepciones: a) falta de acervo probatorio y b) cobro de lo no debido. Como razones de la defensa afirmó que esa entidad no tiene dentro de su competencia aprender lo relacionado con el maneo del orden público y para la fecha de los hechos no coordinaba el Sistema Nacional de Atención a la Población desplazada. Para atender las necesidades deben solicitar la inclusión en el registro de Desplazados –ley 387 de 1997y en los archivos no obra documentos de los actores en el que den a conocer sus necesidades. 4 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 119 a 122 c. 1). Señaló

que no le constaba ninguno de los hechos y sostuvo que para que opere la falla del servicio se hace necesario probar los elementos, falla o falta del servicio, daño y relación de causalidad. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 127 a 132 c. 1). Dijo atenerse a lo que resultara probado y como razones de defensa adujo que por su naturaleza no militar ni su esencia en operaciones de guerra le corresponde a otras instancias operar en estas regiones. Agregó que se presentaba la causal de exoneración de hecho determinante y exclusivo de un tercero. Nación – Ministerio del Interior (fls. 135 a 144 c. 1). Pidió que los hechos se probaran y propuso las siguientes excepciones: a) inexistencia del derecho y b) falta de legitimación en la causa por pasiva. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 359 a 385 c. 2) El Tribunal Administrativo del Meta1 declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional – Policía Nacional, por los hechos ocurridos el 4 de mayo de 1998 en la Inspección de Policía de Puerto Alvira (M) y como consecuencia las condenó a pagar a favor de Dagoberto Suárez, Dulceina Numpaque y Sugein Solanyi el equivalente a 100 gr, de oro para cada uno, negó las demás pretensiones. El a-quo encontró probados los hechos del 4 de mayo de 1998 en la zona urbana de Puerto Alvira por la incursión de sujetos de las AUC donde le quitaron la vida a

indefensos campesinos y efectuaron otros ataques contra la población civil, hechos que obligaron a los habitantes a abandonar su lugar de residencia. Agregó que los actores se encuentran en el registro de desplazados de la Red de Solidaridad Social. Señaló que quienes crearon el estado de incertidumbre y desasosiego por los 1 Sentencia de 4 de octubre de 2005. Con salvamento de voto del Magistrado Álvaro Antonio Iregui quien señaló que no había evidencia del desplazamiento de la actora (sic) ni de los perjuicios reclamados, así como tampoco de la imputación a la demandada. 5 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) hechos del 4 de mayo de 1998 fue el grupo armado autodenominado AUC pero aunado a ello está la omisión de las autoridades quienes habían sido informadas previamente y de manera angustiosa por los habitantes de Puerto Alvira de la posible toma sin que hubiera una oportuna protección. En cuanto a la Red de Solidaridad Social dijo que no estaba demostrada por cuanto dentro de sus deberes no está la seguridad de los ciudadanos sino adelantar programas para amparar a las víctimas de la violencia en materia de asistencia humanitaria y de acuerdo con las pruebas el actor Dagoberto Suárez está incluido en el Registro Nacional de Población Desplazada y el 30 de octubre

de 2001 incluyó a su grupo familiar por lo que la Red carece de legitimación para responder por los hechos materia de debate. En cuanto a los perjuicios indicó el tribunal que los materiales no fueron plenamente demostrados; que los morales surgen de la aflicción de abandonar su lugar de residencia, su modo de subsistencia y huir ante el temor de ser lesionados dejando los bienes abandonados después de sufrir maltaros observar el asesinato de miembros de su comunidad, destrucción de sus bienes y llegar a la ciudad sin sustento económico, sin techo creando un malestar psíquico difícil de superar. Por ello reconoció 100 gr, de oro para cada uno de los actores 1.4. Apelación. El Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior apelaron el fallo. La Policía Nacional no lo sustentó dentro del término legal sino de manera extemporánea, por lo que se declaró desierto (fls. 417 y 432 c. 2). Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional (fls. 397 a 403 c. 2). Argumenta que se presentó el hecho de un tercero como generador del hecho. Que se trató de un hecho terrorista dirigido indiscriminadamente contra todos los habitantes , que si bien se efectuaron avisos de una posible incursión paramilitar se realizaron una serie de consejos de seguridad en la región de Mapiripán con la presencia de autoridades del orden departamental desvirtuando la aparente amenaza. Agregó que el estado no está obligado a lo imposible y no hay prueba que el estado hubiera obrado de manera negligente, no existe una omisión que 6 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) constituya la causa del hecho, ni tampoco un riesgo concreto y excepcional. Nación – Ministerio del Interior (fls. 404 a 409 c. 2). Alegó que existía incongruencia entre la prueba recaudada, la parte motiva de la sentencia y lo resuelto por el Tribunal. Afirma que no se desarrolló en la parte considerativa lo relacionado con la responsabilidad del Ministerio del Interior; pese a que el demandante no estaba registrado como desplazado cuando en cabeza del Ministerio estaba la ayuda humanitaria el tribunal no asume la prueba; solamente se inscribieron en octubre de 2001, después de radicada la demanda, entonces el Ministerio no estaba obligado a lo imposible, es decir atender una situación de desplazamiento que no era de conocimiento. Sostuvo que el daño sufrido por la parte demandante no era imputable al Ministerio del interior en tanto que no le corresponde el mantenimiento del orden público, ni la ubicación de las fuerzas de seguridad, ni realizar labores de inteligencia, ni la protección directa de los ciudadanos, además que no recibió solicitud de atención a los desplazados porque el actor solo lo hizo en octubre de 2001. 1.5. Conciliación. Por auto de 26 de noviembre de 2012 de conformidad con la facultad oficiosa otorgada en el art. 43 de la ley 640 de 2001, el Consejero Ponente fijó el 7 de marzo de 2013 (a las 4:15 p.m.) como fecha para llevar a cabo

audiencia de conciliación.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. El problema jurídico consiste en determinar si la Nación – Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional son responsables de los daños que sufrieron los actores como consecuencia de los hechos ocurridos en Puerto Alvira el 4 de mayo de 1998 con la incursión de los paramilitares que generaron su desplazamiento forzado.

7 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) Como la parte actora no apeló no hay lugar a pronunciamiento sobre las pretensiones que se negaron ni tampoco a agravar la condena impuesta en primera instancia (art. 357 cpc). 2.2. Responsabilidad por desplazamiento forzado. La SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C en sentencia de 21 de febrero de 2011.

Radicación número: 50001-23-31-000-2001-00171-01(31093), se refirió a la ley 387 de 1998 que regula la situación de desplazamiento forzado y que fue reglamentada por el Decreto 2569 de 2000 y frente al bloque de constitucionalidad indicó que el concepto de desplazamiento forzado se encuentra respaldo en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, ratificado por la ley 171 de

1994; que también es aplicable el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al igual que lo establecido en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Citó precedentes sobre el tema de la Corte Constitucional y de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos), y sostuvo: “(…), entendiendo que el concepto de desplazado, “… lejos de estructurarse con unos indicadores y parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles circunstancias en que una u otra persona es desplazada dentro del país. Son circunstancias claras, contundentes e inclusive subjetivas, como el temor que emerge de una zozobra generalizada, las que explican objetivamente el desplazamiento interno”2. A lo que se agrega, siguiendo el mismo precedente, que el concepto de desplazado, “… no es un derecho o facultad sino una noción que describe una situación fáctica cambiante, de la cual se desprende la exigibilidad de derechos y garantías para el afectado y su núcleo familiar, y de ahí que deba ser entendida y aplicada de manera amplia con arreglo al principio pro homine3, tal como lo recomiendan la jurisprudencia de esta corporación y los organismos internacionales, tomando en consideración, por lo menos tres elementos básicos identificados en los antecedentes reseñados: (i) la coacción, que hace necesario el traslado, (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la 2 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia T-268 de 27 de marzo de 2003.

3 (pie de página de la cita) Para esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. (Cfr. C-1056 de octubre 28 de 2004 y T-284 de abril 5 de 2006 del mismo año, ambas con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández). 8 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) propia nación y (iii) la inminencia o efectiva ocurrencia de hechos que puedan propiciar desarraigo”. Como consecuencia del desplazamiento forzado, se pone en evidencia las condiciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que tiene que afrontar la persona considerada como desplazado, “… entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto

de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”4. Ahora bien, si definida esta la situación de desplazado, la Sala encuentra necesario complementarla con los derechos que son amenazados y vulnerados cuando ocurre esta situación, lo que se precisó en el precedente jurisprudencial constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y se recoge en la sentencia T-967 de 2009 en los siguientes términos, “La citada decisión, señaló como derechos amenazados y vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, que claro está, no se trata de una lista exhaustiva, (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo; (iv) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (v) derechos económicos, sociales y culturales; (vi) implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (vii) el derecho a la salud; (viii) el derecho a la

integridad personal; (ix) el derecho a la seguridad personal; (x) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; (xi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades; (xii) el derecho a una alimentación mínima; (xiii) el derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de formación; (xiv) el derecho a una vivienda digna; (xv) el derecho a la paz; (xvi) el derecho a la personalidad jurídica y (xvii) el derecho a la igualdad”5. 4 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2006. “Asimismo, dentro de los efectos nocivos que provoca el desplazamiento forzado interno, se han destacado la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, nota 8, párraf.175. 5 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004 y T-967 de 2009. En la jurisprudencia de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos se sostiene: “En este sentido, la Corte observa que la situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente sentencia. Las circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a dichas personas, incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene origen en la desprotección sufrida durante las masacres, no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida (artículo 4 de la Convención) (supra párrs. 126 a 138), a la integridad personal (artículo 5 de la Convención) (infra párrs. 252 a 279) y a la libertad personal (artículo 7 de la Convención) (supra párrs. 149 a 153 y 168), sino también por la destrucción del ganado 9 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) (…) De acuerdo con la base conceptual anterior, la Sala debe examinar la responsabilidad del Estado siempre que se demuestre o acredite la i) la coacción que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); la

existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal); y la existencia de hechos determinantes como: “conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” 6. 8 La responsabilidad del Estado cuando se produce un desplazamiento forzado. Para el a quo, la responsabilidad de la entidad demandada debía analizarse bajo el régimen clásico de la falla en el servicio. Desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, el precedente de la Sala ha señalado, “Esta Sección del Consejo de Estado ha reiterado en varios pronunciamientos que en casos -como el que ahora ocupa la atención de la Salaen los cuales se endilga a la Administración una omisión derivada del presunto incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio”7. Dicho encuadramiento lleva a plantear la falla del servicio a partir de la omisión determinante en la que se encuentran incursas las autoridades públicas “en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido”, de tal manera que se hace necesario evaluar el contenido de las obligaciones fijadas por el ordenamiento jurídico a cada entidad u órgano de la administración pública llamado a cumplirlas y, el grado o nivel de cumplimiento para el caso

específico8. Sin duda, el presupuesto inicial está radicado en la omisión del Estado constituida por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales en virtud de las cuales debe preservarse los derechos de toda persona a no ser desplazado, desarraigado y despojado de sus bienes como consecuencia del conflicto armado interno, o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos o, del derecho internacional humanitario. y las viviendas, en violación de los derechos a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) (supra párrs. 173 a 188) y respeto a la vida privada y al domicilio (artículo 11.2 de la Convención) (supra párrs. 189 a 200). El conjunto de estos derechos vulnerados llevan al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de las víctimas y sus familiares a una vida digna?, en los términos anteriormente señalados, en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1° de julio de 2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148. 6 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009. 7 (pie de página de la cita) Sentencias de 8 de marzo de 2007, Exp. 27434; de 15 de agosto de 2007, Exps. 00004 AG y 00385 AG; de 18 de febrero de 2010, Exp 18436.

8 (pie de página de la cita) Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp 18436. 10 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 consejodeestado1@procuraduria.gov.co EXPEDIENTE No. 32.476 (500012315000 2000 00150 01) El reciente precedente de la Sala se plantea que la omisión del Estado como fundamento de la responsabilidad puede fundarse en la tesis de la posición de garante, con lo que se intenta superar la tesis de la falla del servicio, en la medida en “que cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual de llegarse a concretar el daño, éste resultará imputable a la Administración por el incumplimiento de dicho debe”9. En el mismo precedente se señaló que la posición de garante ya ha sido acogida en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, afirmándose, “La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos (sic) 1.1 y 2 de la Convención. “La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o ‘absoluta’, teniendo presentes conjuntamente los dos deberes generales, estipulados en

los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.”10 Se trata de afirmar la responsabilidad del Estado pese a que los hechos son causados por terceros, en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una “posición de garante institucional”, del que derivan los deberes jurídicos de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, tal como se consagra en el artículo 2 de la Carta Política. Luego, sustancial para endilgar la responsabilidad es que se deduzca a quién competía el deber de evitar las amenazas y riesgos para los derechos humanos de las personas afectadas. (…) (…) De acuerdo con la doctrina y el precedente jurisprudencial interamericano de Derechos Humanos, no puede construirse una cláusula general de responsabilidad en cabeza del Estado cuando se produce todo tipo de violaciones a los derechos humanos en su territorio, por lo tanto, “… tratándose de hechos de terceros que no han actuado en connivencia con la fuerza pública, y, en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la jurisprudencia internacional estructura la responsabilidad sobre la base de que se reúnan dos elementos: i) que el Estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos, y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta estructura el fundamento de la responsabilidad no es objetivo y está basado en la ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los derechos humanos. Por ende, si se presenta la violación a

9 (pie de página de la cita) Sentencia de