PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La parte demandante no demostró que hubiera reclamado protección d

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No se configuró la falla del servicio FALLA DEL SERVICIO-No se acreditó en el expediente el nexo causal con el daño sufrido/DAÑO ANTIJURÍDICO-La parte demandante no demostró que hubiera reclamado protección de las autoridades públicas Inicialmente, debe ésta Delegada del Ministerio Público pronunciarse en concordancia con los argumentos esgrimidos por el A-quo, al comprobar que en la oportunidad procesal para allegar el material probatorio y demostrar el nexo causal con el daño sufrido, no se acreditó en el expediente que la parte demandante haya reclamado protección de las autoridades públicas, tampoco certificado alguno en relación con la situación de orden público que se estaba presentado en la carretera donde tuvieron lugar los hechos, para demostrar así la omisión de las entidades demandadas. Lo anterior indica para ésta Delegada, que si bien es cierto se allegó la póliza para los vehículos automotores terrestres que sufrieran pérdidas totales o parciales provenientes de actos terroristas por grupos al margen de la Ley, cabe advertir que la situación que se presentó el día 14 de agosto de 2000, fue un hurto de un vehículo automotor supuestamente por grupos al margen de la Ley, hecho que no se probó en materia penal; lo anterior en razón a que uno de los requisitos para que dicha póliza se hiciera efectiva, debía tratarse especialmente de actos terroristas, el hurto no cabe dentro de la definición de terrorismo, pues aquella se relaciona con que se provoque o mantenga un estado de

zozobra, terror a la población, mediante actos que pongan en peligro a las personas o bienes mencionados en el tipo penal. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No fue un acto terrorista si no que se trató de un hurto De tal manera que no se puede deprecar como acto terrorista, el hurto del cual fue objeto el actor, pues de acuerdo a como se presentaron los hechos no se observa un ataque terrorista del cual se pueda determinar que existía un deber de protección y vigilancia por parte del Ejercito o la Policía Nacional, en razón a que es físicamente imposible que éstas instituciones amparen aparte de la vida e integridad de las personas, el patrimonio económico de cada uno de los ciudadanos colombianos, de manera total y en todos los lugares del territorio nacional, aún teniendo en cuenta la situación del país para la época de los sucesos. En esa medida no se puede derivar responsabilidad de la Previsora S.A., pues la póliza sólo cubría atentados derivados de actos terroristas, en tal razón no puede entrar a responder, porque de acuerdo a los hechos de la demanda no fue un acto terrorista si no que, se trató de un hurto del cual no se logró establecer penalmente quiénes eran los responsables, acto delincuencial que no esta catalogado como ataque terrorista, requisito que es necesario para endilgar una posible acción u omisión de la administración, y de ahí afirmarse que existió un nexo de casualidad entre el daño sufrido y la actuación ilégitima del Estado. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No se acreditó el nexo de

causalidad de las entidades demandadas con el daño sufrido/AMENAZAS-No obra documento alguno que certifique solicitud de protección al Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB Es de observar al respecto que para ésta Delegada, los sucesos acontecidos en el año 2000, no se vislumbra nexo de causalidad con las entidades demandadas, según se puede evidenciar del material probatorio obrante en el sub examine, pues no se acreditó tampoco por parte del actor que para el momento de los hechos hubiera sufrido de amenazas por grupos al margen de la Ley, toda vez que no obra documento alguno que certifique solicitud de protección al Estado, requisito necesario para demostrar la supuesta omisión en la que habrían incurrido las instituciones demandadas. De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, no se logró hacer el análisis de forma objetiva, pues el material probatorio allegado no reunió los requisitos necesarios de una falla en el servicio, por tales motivos ésta Delegada concluye que la Nación – Ministerio De Defensa – Ministerio De Hacienda y Crédito Público –

Compañía De Seguros La Previsora S.A., no son administrativamente responsables de los perjuicios irrogados al actor por la declaratoria arriba descrita, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del caso objeto de estudio. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Responsabilidad del Estado por actos terroristas 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB CONCEPTO No. 068 / 2013

Bogotá, D.C., 5 de abril de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 470012331000200100807 01 (45814)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: Nelson Felipe Vives Lacouture

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA

PREVISORA S.A.

Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR el fallo. Temas: No se configuró la falla de servicio. / Los daños sufridos por las víctimas de actos

terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutiva de falla del servicio. / No puede considerarse como acto terrorista cualquier acto delincuencial contra los ciudadanos. / No se acreditó el nexo de causalidad de las entidades demandadas con el daño sufrido. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos.

El señor NELSON VIVES LACOUTURE, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicio causados, con

ocasión del hurto del cual fue víctima, por parte de un grupo subversivo, del vehículo de placas UGD-30, marca Kenworth, tracto camión modelo 1993, en hechos ocurridos el día 14 de agosto de 2000, en jurisdicción de la Zona Bananera ubicado en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena. Manifiesta en la demanda que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de garantizarle a la población Colombiana de los atentados contra los bienes de los ciudadanos, tomó la póliza ATMINHAC 2000, con la compañía de seguros La Previsora S.A., cuyo objeto es el amparar a todos los vehículos automotores terrestres que sufrieran pérdidas totales o parciales provenientes de huelgas, asonadas, amotinamientos, conmociones civiles, terrorismos, actos de grupos o movimientos al margen de la Ley, comprendida desde el 1 de abril de 2000 hasta el 1 de abril de 2001. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1. El apoderado de la NACIÓN – MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, contestó la demanda argumentando no constarle los hechos de la demanda, pero

consideró que el Ejercito Nacional no debía ser vinculado a la demanda, toda vez que no es función de esa entidad custodiar los bienes de los ciudadanos según lo establecido por la Constitución Nacional, por tanto sólo se podría demandar pero a la Policía Nacional, por las funciones establecidas en el artículo 217 de la Constitución Política. 1.2.2. El apoderado de COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., argumentó en su escrito no constarle los hechos propuestos de como ocurrió el siniestro, pero en lo relacionado con la póliza asegura la veracidad aduciendo que, el documento que relaciona el demandante no contiene una reclamación en forma, pues se limita a remitir una serie de documentos que no constituyen la totalidad de los requisitos exigidos por la póliza. Propone las excepciones de ausencia absoluta de mandato objetivo, inexistencia de reclamación en forma – ineptitud formal de la demanda por ausencia de prueba de la reclamación en forma y la objeción, petición antes de tiempo por no agotamiento de la vía gubernativa, falta de jurisdicción, de legitimación en causa actica y excepción genérica. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Magdalena, falló en sentencia del 11 de julio de 2012, negando las pretensiones de la demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB 1.3.1. En efecto la parte demandante fue víctima de un daño antijurídico, toda vez que según la denuncia formulada por el accionante, le fue hurtado un vehículo de su propiedad por un grupo al margen de la Ley. 1.3.2. Ahora respecto si tal daño se produjo como consecuencia de la inactividad del Estado, al no prestarle la debida vigilancia y protección a la vía por donde transitaba el tracto camión hurtado el 14 de agosto de 2000, determinó que dentro del expediente no se encuentra acreditado que la parte demandante haya reclamado protección de las autoridades públicas y si era obligación brindarla teniendo en cuentas las circunstancias del caso, pues no se acreditó la situación de orden público de la zona bananera y por tanto no se puede atribuir una obligación mayor de protección cuando le queda físicamente imposible, como así lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado del actor presentó recurso de apelación contra la sentencia denegatoria, argumentando lo siguiente:  Expone su inconformidad respecto del fallo, en razón a que la situación del orden público para el año 2000, fecha en la cual se presentaron los hechos de la demanda, era altamente peligrosa en las carreteras nacionales, por lo tanto no se trataba una circunstancia aislada, al contrario, era una situación cotidiana y un hecho notorio, el cual no requería de prueba, pues era una noticia de público conocimiento y de todos los días.

 Aduce que con el material probatorio se encuentra demostrado la relación de causalidad entre la omisión atribuible a la Nación - Ministerio de 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB Defensa, al deber y obligación constitucional de proteger y brindar seguridad, y la producción del daño relativo al hurto de un vehículo de su propiedad.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente las entidades demandadas por los perjuicios sobrellevados por el actor con ocasión del hurto del vehículo de su propiedad, por miembros de grupos al margen de la Ley, el 14 de agosto de 2000 en la jurisdicción de Zona Bananera, Departamento del

Magdalena? 2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes

presupuestos: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Actos de Terrorismo Según el Código Penal, el artículo 144 preceptúa al respecto: “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de

ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2666.66) a cincuenta mil (50,000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses.” 2.2.2. Responsabilidad del Estado por actos terroristas La Sección Tercera, el 9 de junio de dos mil diez (2010). Radicación: 230012331 000199708870 01 (18536), precisó al respecto lo siguiente: “…El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales

daños le sean atribuibles. Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la Corporación, bajo dos títulos básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. Tales criterios están vinculados, obviamente, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido éste su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado. Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a éste, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados; o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando éstas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones. Por lo tanto, los daños

sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque.” (subrayado y negrilla fuera de texto). 2.2.3. Cargas Procesales Estipula el Código de Procedimiento Civil en su artículo 177: “ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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2.3. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos:  Copia de la denuncia No 5499 ante la Fiscalía Once Seccional de fecha 16

de agosto de 2000, por parte del conductor del vehículo hurtado (Folio 14 a 17).  Carta dirigida a la compañía de seguros la Previsora S.A., del señor Nelson Vives Lacouture manifestando el hurto de un tracto camión de su propiedad (Folio 19).  Copia del seguro automóviles póliza terrorismo No 1002142 (Folios 44 a 57).  Interrogatorio de parte al señor Nelson Vives Lacouture (Folios 132 a 133), en el cual manifiesta: “…El vehículo en el momento del siniestro no tenía cobertura de seguro de incendio ni de hurto, ya que el vehículo había sido cancelado el crédito que tenía, el cual para ese momento tener la cobertura totales del seguro, básicamente los seguros que portaba el vehículo eran los de responsabilidad civil…”  Resolución de fecha 17 de septiembre de 2002, expedida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, por medio de la cual resolvió proferir resolución inhibitoria en el presente caso, 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB al no existir merito para abrir investigación criminal por el delito de Terrorismo (Folios 203 a 205). 2.4. Caso Concreto.

Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede ésta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, debe ésta Delegada del Ministerio Público pronunciarse en concordancia con los argumentos esgrimidos por el A-quo, al comprobar que en la oportunidad procesal para allegar el material probatorio y demostrar el nexo causal con el daño sufrido, no se acreditó en el expediente que la parte demandante haya reclamado protección de las autoridades públicas, tampoco certificado alguno en relación con la situación de orden público que se estaba presentado en la carretera donde tuvieron lugar los hechos, para demostrar así la omisión de las entidades demandadas.  Lo anterior indica para ésta Delegada, que si bien es cierto se allegó la póliza para los vehículos automotores terrestres que sufrieran pérdidas totales o parciales provenientes de actos terroristas por grupos al margen de la Ley, cabe advertir que la situación que se presentó el día 14 de agosto de 2000, fue un hurto de un vehículo automotor supuestamente por grupos al margen de la Ley, hecho que no se probó en materia penal; lo anterior en razón a que uno de los requisitos para que dicha póliza se hiciera efectiva, debía tratarse especialmente de actos terroristas, el hurto no cabe dentro de la definición de terrorismo, pues aquella se relaciona con que se provoque o mantenga un estado de zozobra, terror a la población, 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB mediante actos que pongan en peligro a las personas o bienes mencionados en el tipo penal. Descripción penal que se encuentra en el Código Penal, dentro de los Delitos contra Personas y Bienes protegidos por El Derecho Internacional Humanitario así “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla…”, nótese que son varias las conductas descritas en el tipo penal pero en ninguna de ellas aparece el hurto, tal y como también se puede vislumbrar del significado que trae el Diccionario Jurídico Colombiano, en la pagina 2220, que reza así “…El delito de terrorismo requiere para su estructuración de la presencia de varios elementos subjetivos los unos, de carácter objetivo los otros; es indispensable que exista por parte del sujeto agente, el propósito de provocar o mantener un estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, para alterar la paz, la tranquilidad o el orden publico, pero es necesario además, que este propósito trate de realizarse con actos que ponen en peligro la integridad física, la libertad de las personas, las edificaciones, medios de comunicación o de transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose para ello de medios capaces de causar estragos…”  De tal manera que no se puede deprecar como acto terrorista, el hurto del

cual fue objeto el actor, pues de acuerdo a como se presentaron los hechos no se observa un ataque terrorista del cual se pueda determinar que existía un deber de protección y vigilancia por parte del Ejercito o la Policía Nacional, en razón a que es físicamente imposible que éstas instituciones amparen aparte de la vida e integridad de las personas, el patrimonio económico de cada uno de los ciudadanos colombianos, de manera total y en todos los lugares del territorio nacional, aún teniendo en cuenta la situación del país para la época de los sucesos. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB En esa medida no se puede derivar responsabilidad de la Previsora S.A., pues la póliza sólo cubría atentados derivados de actos terroristas, en tal razón no puede entrar a responder, porque de acuerdo a los hechos de la demanda no fue un acto terrorista si no que, se trató de un hurto del cual no se logró establecer penalmente quiénes eran los responsables, acto delincuencial que no esta catalogado como ataque terrorista, requisito que es necesario para endilgar una posible acción u omisión de la administración, y de ahí afirmarse que existió un nexo de casualidad entre el daño sufrido y la actuación ilégitima del Estado.  Es de observar al respecto que para ésta Delegada, los sucesos

acontecidos en el año 2000, no se vislumbra nexo de causalidad con las entidades demandadas, según se puede evidenciar del material probatorio obrante en el sub examine, pues no se acreditó tampoco por parte del actor que para el momento de los hechos hubíera sufrido de amenazas por grupos al margen de la Ley, toda vez que no obra documento alguno que certifique solicitud de protección al Estado, requisito necesario para demostrar la supuesta omisión en la que habrían incurrido las instituciones demandadas.  De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, no se logró hacer el análisis de forma objetiva, pues el material probatorio allegado no reunió los requisitos necesarios de una falla en el servicio, por tales motivos ésta Delegada concluye que la Nación – Ministerio De Defensa – Ministerio De Hacienda y Crédito Público – Compañía De Seguros La Previsora S.A., no son administrativamente responsables de los perjuicios irrogados al actor 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45814 470012331000200100807 01 IJCB por la declaratoria arriba descrita, y proferirá concepto tendiente a instar al

H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del caso objeto de estudio.

III. CONCLUSIÓN Ésta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR, la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo del Magdalena de fecha 11 de julio de 2012, por los argumentos expuestos en el caso en concreto.

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co